Derecho administrativo general 21-16-19 19-16-25

Según el tenor literal del art. 31.1 de la Constitución Española: Todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progreso que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance fiscal. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

De conformidad con el tenor literal del art. 54 de la Constitución Española: Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Congreso. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título II, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

De acuerdo al tenor literal del art. 135.4 de la Constitución Española: Los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y Comunidades Autónomas y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Según la literalidad del art. 117.3 de la Constitución Española: El ejercicio de la potestad judicial en determinados procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes y reglamentos, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

¿En qué artículo de la Constitución se establece literalmente que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento?. 117. 118. 119. 120.

Según la literalidad del art. 13.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril: La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.500 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Conforme al tenor literal del art. 15 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la condición de vecino se adquiere. al presentar declaración responsable con la documentación exigida. en el mismo momento de solicitar su inscripción en el Padrón. en el momento de su declaración como residente. en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

El art. 20.1 d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril establece literalmente: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título XII, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y superen los 20.000 habitantes, siempre que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría de votos afirmativos, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

Señale la respuesta correcta acorde al tenor literal del apartado 2 del art. 24 de la Ley7/1985 de 2 de abril: En los municipios señalados en el artículo 120 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 127. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 126.

¿Qué establece el art. 23.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de forma literal?. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Comisión municipal de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. Los Concejales sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. Los Concejales sustituyen, en función de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

¿Según el art. 123 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales es una competencia delegable?. Solo son delegables la aprobación y modificación de las ordenanzas. No. Es delegable sólo en el Alcalde. Si.

Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos: No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. No podrán tipificar delitos, o faltas administrativas, ni establecer penas o sanciones. No podrán establecer penas o sanciones, ni exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. No podrán establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

El régimen disciplinario de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se rige: Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015. Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 128/2018. Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 y por las especialidades previstas en el Real Decreto 128/2018. Ninguna es correcta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 19 de la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, dentro de los deberes del contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico se encuentra: Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico común, cuando sean procedentes, de conformidad con lo establecido en esta ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico, de conformidad con lo establecido en esta ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico, cuando sean procedentes, de conformidad con lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico común, de conformidad con lo establecido en esta ley y en su Reglamento.

Según el art. 152 de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: La notificación del acuerdo de paralización podrá realizarse al promotor, y al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas. La notificación del acuerdo de paralización podrá realizarse, al promotor, o al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas. La notificación del acuerdo de paralización podrá realizarse a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas. La notificación del acuerdo de paralización podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas.

De acuerdo con el artículo 158 de la ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencia directa para el restablecimiento de la legalidad ante las actuaciones que vulneren la ordenación territorial. Se entiende que inciden en la ordenación territorial los actos y usos que afecten, entre otros, a: Suelos rústicos protegidos por la presente Ley de demás legislación en la materia. Suelos rústicos especialmente protegidos por legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza. Suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial. Suelos rústicos especialmente protegidos por esta Ley, su Reglamento y demás legislación sectorial.

En qué artículo de la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía se regula la graduación de las sanciones en materia de disciplina urbanística: 164. 153. 178. 169.

Conforme al art. 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de objetividad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

Conforme al artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 65, sin derecho a compensación alguna: - Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. - Por razones organizativas que den lugar a la supresión de los puestos asignados. - Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. - Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. - Por renuncia del funcionario que cubre la plaza. La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: - Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. - Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. - Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. - Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 65, sin derecho a compensación alguna: - Por la cobertura del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. - Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. - Por la finalización del plazo autorizado. - Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: - Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. - Por renuncia del funcionario que cubre la plaza. - Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. - Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

¿Dónde se regula la adquisición de bienes y derechos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía?. Titulo II, Capítulo II, artículos del 19 al 28. Titulo I, Capítulo II, artículos del 9 al 15. Título III, Capítulo I, artículos del 54 al 75. Título III, Capítulo II, artículos del 56 al 81.

Según el tenor literal de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su apartado 5 se establece: En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos estructurales o de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. En las Entidades Locales será obligatoria la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes tangibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este.

Según el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos (señale la incorrecta): De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, serán inválidos, entre otras, por la siguiente causa: Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho civil y administrativo a que se refieren los artículos siguientes. Cuando lo sean todos sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes. Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o de la resolución final, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes. Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes.

El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del presupuesto general de la Entidad Local, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del: 15 de octubre de cada año. 15 de septiembre de cada año. 30 de septiembre de cada año. 15 de diciembre de cada año.

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los recursos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa económica y financiera.

Señale cual de los siguiente recursos no constituye la hacienda de las entidades locales: Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. Los recargos exigibles sobre los impuestos de las mancomunidades de las que forme parte. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. El producto de las operaciones de crédito.

Los ayuntamientos exigirán con carácter obligatorio, los siguientes impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Los interesados en un procedimiento administrativo tiene los siguientes derechos (señale la opción incorrecta): A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. Nunca pueden actuar asistidos de asesor. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

Contempla el art. 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como causa de terminación del procedimiento: La suspensión del mismo por causas imputables al interesado. La prescripción. El allanamiento. El desistimiento.

De acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de: Un mes. Tres meses. Cuatro años. Veinte días hábiles.

Según dispone el artículo 65.2 de la Ley 39/2015, cuando la Administración acuerde de oficio el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, notificará a los: Particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo entre, cinco y quince días, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Interesados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Interesados, concediéndoles un plazo entre, cinco y quince días, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

Según el tenor literal del artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial en los casos recogidos en el artículo 32 apartados 4 y 5 de la Ley 40/2015?. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización, o se manifieste su efecto lesivo. Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en virtud del tenor literal del artículo 67.2 de la Ley 39/2015?. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Además de lo previsto en el artículo 65, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Además de lo previsto en el artículo 65, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

En el supuesto de ser preceptivo en un expediente de responsabilidad patrimonial la emisión del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; ¿Qué plazo tienen para emitir el citado dictamen según dispone el articulo 81.2 de la Ley 39/2015?. 1 mes. 2 meses. 6 meses. 10 días.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 82.5 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia a: Interesados. Contratista. Particulares presuntamente lesionados. Particulares presuntamente interesados y contratista.

¿En qué artículo de la ley 40/2015 se regulan los criterios para calcular las indemnizaciones derivadas de un procedimiento de responsabilidad patrimonial?. 31. 32. 33. 34.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la ley sobre Régimen Jurídico del Sector Público, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: Un año anterior a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Dos años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Seis meses anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

Según dispone el artículo 112.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre: Las leyes podrán sustituir el recurso de reposición, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de alzada podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. Las leyes podrán sustituir cualquier tipo de recurso admnistrativo, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, sin respetar su carácter potestativo para el interesado. Las leyes no podrán sustituir el recurso de alzada en ningún caso.

Contra una disposición administrativa de carácter general, ¿qué tipo de recurso administrativo se puede interponer?. Alzada. Reposición. Alzada o reposición dependiendo el supuesto de hecho. No cabrá recurso en vía administrativa.

¿Cual es el plazo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada?. 1 mes. 2 meses. 3 meses. 15 días.

Según la LO 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos de personas fallecidas: Está prohibido en todo caso. Solo puede realizarse con autorización judicial. Puede ejercerse por personas vinculadas al fallecido, salvo prohibición expresa. Se rige exclusivamente por el Código Civil.

El consentimiento según el Reglamento General de Protección de Datos debe ser: Tácito si el interesado no se opone. Libre, específico, informado e inequívoco. Presunto en relaciones contractuales. Siempre escrito y notarial.

Conforme al art. 22 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, en materia de acceso, si la solicitud se refiere a información que ya ha sido publicada: Se inadmitirá automáticamente. Se archivará sin más trámite. Se podrá indicar al solicitante cómo acceder a la información publicada. Se denegará por pérdida sobrevenida del objeto.

Según el tenor literal del art. 5.4 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia deberá publicarse: En boletines oficiales exclusivamente. En el Portal de Transparencia correspondiente. En las sedes electrónicas ó páginas web. Mediante comunicación individual a los interesados.

El uso de lenguaje inclusivo en la actuación administrativa tiene como finalidad principal: Modificar la gramática oficial del Estado. Sustituir todos los sustantivos masculinos por femeninos. Introducir fórmulas duplicadas en todos los documentos sin excepción. Garantizar la visibilidad de mujeres y hombres y evitar expresiones que reproduzcan estereotipos de género.

De acuerdo al art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007. de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el acoso por razón de sexo se diferencia del acoso sexual porque: No requiere reiteración. No tiene naturaleza discriminatoria. No exige connotación sexual, sino que se basa en el sexo de la persona. Solo se da en el sector privado.

En Windows, el “Administrador de tareas” permite: Editar el registro del sistema. Gestionar procesos en ejecución y supervisar el rendimiento del sistema. Configurar exclusivamente impresoras. Crear bases de datos.

En LibreOffice Calc, la referencia absoluta de una celda se expresa mediante: $A$1. A1. A$1. #A1.

En los sistemas ofimáticos, el formato ODT corresponde a: Un archivo ejecutable. Un formato de documento de texto abierto utilizado por LibreOffice Writer. Un archivo comprimido del sistema operativo. Una base de datos relacional.

Para crear una tabla dinámica correctamente, el rango de datos debe: Contener al menos una fórmula. Estar ordenado alfabéticamente. Estar protegido contra escritura. Estar estructurado con encabezados de columna sin filas ni columnas en blanco intermedias.

¿En qué letra del art. 18.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril se recoge, dentro de los derechos y deberes de los vecinos, el de ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral?. b. a. c. h.

Diga cuál es la Ley de patrimonio de las Administraciones Públicas: Ley 43/2003. Ley 55/1980. Ley 20/2005. Ley 33/2003.

Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición de las ordenanzas fiscales en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial, así como las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a: 50.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. 20.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. 15.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.

Según el tenor literal del artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por prevención?. Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, protocolos de actuación, en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

El uso de macros en LibreOffice: Permite automatizar tareas mediante scripts. Está siempre deshabilitado y no puede activarse. Solo sirve para cambiar el idioma del programa. Sustituye a las fórmulas en Calc.