Derecho Administrativo I

Por lo que se refiere a la delegación de competencias, y de acuerdo con la Ley 40/2015, hay que afirmar: No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento cuando la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. Cuando la norma reguladora de un procedimiento prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe, sólo podrá delegarse la competencia para resolverlo una vez que se haya emitido dicho dictamen o informe preceptivo. No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

En relación con las decisiones de las Conferencias Sectoriales, y de conformidad con la Ley 40/2015, debe afirmarse que pueden revestir la forma de: Acuerdo y directriz. Acuerdo y recomendación. Recomendación y directriz.

Por lo que se refiere al control de la Administración hay que afirmar que el control de legalidad: Es el que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento y, asimismo, hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional. Es el que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento. Es la que hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional.

Por lo que se refiere a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y de acuerdo con lo establecido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Del Gobierno, debe afirmarse que dicha Comisión. En ningún caso podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Sí podrá con carácter general adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Sólo podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno en un caso: cuando el Gobierno le delegue la aprobación de reglamentos (Decretos Legislativos).

En relación con el nombramiento de los Secretarios Generales Técnicos de los Ministerios, la Ley 40/2015 establece que: Serán nombrados por Orden Ministerial entre funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas. Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. Serán nombrados por Orden Ministerial, pero solamente entre funcionarios de carrera del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 o A2.

En relación con el control de las comunidades Autónomas, y de acuerdo con la Constitución, deber afirmarse que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa el control de: La administración autónoma y sus normas reglamentarias. La constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas exclusivamente. Las dos respuestas anteriores son correctas.

Son municipios de gran población, entre otros: Los municipios que sean capitales de provincia, siempre. Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 75.000 habitantes. Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros (municipios): En Mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichas mancomunidades tienen personalidad jurídica. En Mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichas mancomunidades no tienen personalidad jurídica. Solamente en Consorcios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichas Consorcios no tienen personalidad jurídica.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución española en relación con la provincia: La provincia es una entidad local. La provincia es una división territorial desconcentrada para el cumplimiento de las actividades del Estado, pero no tiene la consideración de entidad local. La provincia no tiene la consideración de entidad local, aunque sí personalidad jurídica propia.

¿Prevé la Ley de Bases de Régimen Local la posibilidad de disolver los órganos de las Corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales?. No, en ningún caso. Sí, por el Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado. Sí, por el Consejo de Ministros o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.

En relación con las Entidades públicas empresariales de ámbito estatal, puede afirmarse: Que el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas se rige por el Derecho público. Que el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas se rige por el Derecho privado. Que no resulta posible que las entidades públicas empresariales ejerzan potestades públicas, en ningún caso.

En relación con las potestades de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, puede afirmarse: Que no está investida de la potestad reglamentaria. Que podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten expresamente para ello. Que podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión sin necesidad de previa habilitación.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado está compuesta por: El Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros Natos Vitalicios y el Secretario general. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros Natos Vitalicios, los Consejeros Natos, los Consejeros Electivos y el Secretario general.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo: Cada semana en los Ayuntamientos de municipios de más de 25.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Cada dos semanas en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Tribunal de Cuentas es: El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración actúa: Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con sometimiento pleno a la ley, exclusivamente. Con sometimiento pleno a la ley, a la moral y al orden público.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución, el desarrollo de los derechos fundamentales debe realizarse mediante,. leyes orgánicas. leyes ordinarias. decretos leyes.

El precedente administrativo: Se puede distinguir de la costumbre, entre otras cosas, porque el precedente no tiene por qué estar avalado por un cierto grado de reiteración o antigüedad. No se distingue de la costumbre, porque tanto la costumbre como el precedente han de estar avalados por un cierto grado de reiteración o antigüedad. No se distingue de la costumbre, porque tanto la costumbre como el precedente han de estar avalados por un cierto grado de reiteración o antigüedad y porque, además, tanto la costumbre como el precedente son obligatorios o vinculantes, sin posibilidad por tanto de que la Administración pueda separarse de ni de una ni de otro.

Por lo que se refiere a la distinción entre Reglamentos y actos administrativos ( o actos administrativos generales) debe afirmarse que: Dicha distinción no tiene relevancia, porque el régimen jurídico que se aplica a unos y a otros es el mismo. Dicha distinción no tiene relevancia, porque el procedimiento para su aprobación es el mismo. Dicha distinción tiene relevancia porque el régimen jurídico que se aplica a unos y a otros no es el mismo.

¿Pueden los ministros aprobar reglamentos?. No, sólo puede hacerlo el Consejo de Ministros. No, sólo puede hacerlo el Presidente del Gobierno. Sí, en las materias propias de su Departamento.