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Derecho administrativo I SEPTIEMBRE 2024 UNED

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Título del Test:
Derecho administrativo I SEPTIEMBRE 2024 UNED

Descripción:
Examen DAI 1 de SEPTIEMBRE 2024

Fecha de Creación: 2025/05/30

Categoría: Otros

Número Preguntas: 22

Valoración:(2)
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Temario:

Señale la afirmación correcta: a) Basta con constatar la existencia de una administración pública para concluir que su actividad está sujeta al Derecho administrativo. b) Los particulares nunca pueden actuar sometidos a Derecho administrativo, aunque ejerzan funciones públicas. c) La actuación de las Cortes Generales, del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas relacionada con la gestión del patrimonio y el personal propios está sujeta a normas importantes del Derecho administrativo general.

Señale la afirmación correcta: a) El Tribunal Constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad y el principio non bis in idem a partir de las disposiciones constitucionales. b) El principio de Estado de Derecho se agota en una dimensión formal o “legalista”. c) La supremacía jurídica de la Administración vulnera el principio de igualdad y es incompatible con la Constitución.

El ejercicio de la potestad legislativa de urgencia: a) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto de declaración del estado de alarma. b) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto-ley. c) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto legislativo.

Señale la afirmación correcta: a) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan únicamente a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE. b) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan únicamente a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía. c) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE y a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía.

Señale la afirmación correcta: a) El reglamento ejecutivo presupone la existencia de una ley, un artículo de una ley o un conjunto de leyes. b) El reglamento ejecutivo requiere la previa habilitación de una ley para ser dictado. c) El reglamento ejecutivo presupone la inexistencia de una reserva de ley.

Las disposiciones reglamentarias que adopte el presidente del Gobierno revestirán la forma de: a) Real decreto del presidente. b) Orden del ministro de la Presidencia. c) Orden del presidente.

Señale la afirmación correcta: a) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es igual que el que dispone la normativa reglamentaria estatal. b) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es mayor que el que dispone la normativa reglamentaria estatal. c) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es inferior al que dispone la normativa reglamentaria estatal.

¿Los estatutos de las universidades públicas de las comunidades autónomas necesitan una aprobación administrativa?. a) No, basta su aprobación por el claustro de la universidad. b) Sí, por la comunidad autónoma correspondiente. c) Sí, por el Consejo de Ministros.

Señale la afirmación correcta: a) La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de jerarquía normativa. b) La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de competencia. c) El principio de jerarquía normativa y el de competencia confluyen por igual en la relación de la norma local con la ley.

¿Quién puede dejar sin aplicar una disposición o un acto administrativo nacional que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea, sin necesidad de esperar a que el órgano competente declare formalmente esa incompatibilidad?. a) Cualquier órgano judicial. b) Cualquier autoridad administrativa. c) Cualquier órgano judicial y cualquier autoridad administrativa.

Entre las características comunes de la organización administrativa de las distintas comunidades autónomas no se incluye: a) La fragmentación y rigidez de las estructuras departamentales. b) El peso desproporcionado de la confianza política en las estructuras directivas. c) La escasez de entes instrumentales.

Señale la afirmación correcta: a) Los órganos consultivos jurídicos autonómicos son órganos de existencia necesaria en todas las comunidades autónomas. b) Los órganos consultivos jurídicos autonómicos son competentes únicamente para cuestiones jurídico-administrativas. c) En la composición de los órganos consultivos jurídicos autonómicos se pueden integrar miembros natos, electivos y permanentes.

La personalidad jurídica: a) Se predica del Estado. b) Se predica de la administración en su conjunto como poder ejecutivo distinto del poder judicial y del poder legislativo. c) Cada administración territorial y cada entidad pública o privada del sector público tiene personalidad jurídica única.

La Constitución española: a) En su art. 103 enumera una serie de principios de naturaleza organizativa que declara expresamente aplicables a todas las administraciones públicas y no solo a la del Estado. b) Su art. 103 hace alusión a una serie de principios de naturaleza organizativa y a algunos otros que determinan cómo la administración debe realizar su actividad. c) No establece principios de organización ni de actuación que quedan en manos de lo que regule el legislador estatal y autonómico.

En relación con la regulación de la organización estatal: a) Se contiene en la Ley de régimen jurídico del sector público, que contiene la regulación del gobierno, sus órganos de apoyo y de la administración territorial y periférica del Estado, y en la Ley anual de presupuestos generales del Estado. b) Se contiene en la Ley del Gobierno, que regula el Gobierno, en la Ley de régimen jurídico del sector público que regula la administración territorial e institucional y en la Ley General Presupuestaria. c) Se contiene en la Ley de régimen jurídico del sector público, que contiene la regulación del gobierno, sus órganos de apoyo y de la administración territorial y periférica del Estado, y en la Ley General Presupuestaria.

Los colegios profesionales: a) Además de asumir la representación de la profesión tienen encomendadas las funciones públicas de regulación de la profesión y el ejercicio de la disciplina sobre sus colegiados. b) Aprueban el Estatuto general de la profesión. c) Pueden ser creados por una ley del Estado o por leyes autonómicas y ambos tipos de leyes pueden decidir libremente cuándo la adscripción a los mismos es obligatoria.

El principio de jerarquía: a) Es un principio de organización que exige que existan varios órganos con una competencia material coincidente y que el superior jerárquico tenga facultades que garanticen que su criterio va a prevalecer sobre el del órgano inferior. b) Todos los órganos administrativos, sin excepción y sea cual sea su función, están relacionados entre sí por el principio de jerarquía. c) Las dos anteriores son correctas.

En el caso de la suplencia puede afirmarse que: a) La competencia se ejerce en todos los casos de ausencia del titular y con carácter temporal por otro órgano distinto. Por ello el acto se entenderá dictado por el órgano que actúa en sustitución del que está vacante. b) La competencia se ejerce por el órgano que la tiene atribuida y lo que cambia es su titular. c) En el acto dictado por el suplente se debe indicar que la competencia se ejerce “por suplencia”.

El control sobre las entidades locales: a) Cualquier tipo de control vulnera la autonomía local; así que, si el Estado considera que la actividad o inactividad de las entidades locales es ilegal, debe limitarse a impugnarla ante los tribunales. Esta impugnación tendrá automáticamente efectos suspensivos del acto ilegal. b) Caben controles genéricos de legalidad y puntuales de oportunidad, que pueden ejercer indistintamente el Estado y las Comunidades Autónomas. c) Existen algunos controles administrativos excepcionales que permiten a las Comunidades Autónomas y al Estado adoptar las medidas necesarias para cumplir sustitutoriamente una obligación con cobertura presupuestaria que la entidad local ha incumplido, o al Estado disolver los órganos de gobierno de la entidad local cuando el incumplimiento sea cualificado y consista en una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga, además, el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Las autoridades independientes: a) Se rigen por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión. b) Se les aplica en primer lugar la regulación que contiene la Ley de régimen jurídico del sector público sobre los organismos autónomos y supletoriamente la legislación especial del sector sometido a supervisión. c) Se denominan independientes porque, aunque sean administración institucional del Estado, no dependen del Gobierno sino del Congreso de los Diputados o, en su caso, del Rey.

RESERVA: En relación con los municipios de gran población puede afirmarse que: a) El criterio a tener en cuenta para su creación es exclusivamente el de la población. b) Cuando un municipio, que se ha convertido en municipio de gran población porque tiene más de 250.000 habitantes, disminuye su población por debajo de esta cifra, deja de tener la consideración de municipio de gran población. c) La aplicación del régimen de municipio de gran población en algunos casos es automática, pero en otros hace falta un acuerdo de los parlamentos autonómicos.

RESERVA: La tesis de la autonomía institucional provincial como mantenimiento de la institución en términos recognoscibles: a) No impidió que se considerara plenamente constitucional la Ley catalana que, en su deseo de impulsar la comarca como entidad local supramunicipal, ordenó la transferencia de todas las competencias de las diputaciones provinciales a la Generalidad de Cataluña. b) No impidió que se considerara plenamente constitucional la asunción por las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra de todas las competencias que en el régimen ordinario correspondían a las diputaciones provinciales. c) Permitió la declaración de inconstitucionalidad del precepto del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminó a las provincias de la organización territorial de la Comunidad Autónoma porque, según el Tribunal Constitucional, el hecho de tener las Islas como entidades locales no permitía eliminar a la provincia como entidad local.

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