Derecho Administrativo II MOD:A 2023

¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo?. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. Sólo en el supuesto de recurrir contra la inactividad material de la Administración. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. Sólo si ya se habían acordado medidas provisionales en sede administrativa.

Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: La redacción de un proyecto. La realización de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio.

En un procedimiento para la concesión de subvenciones, el transcurso del plazo máximo para dictar la resolución dará lugar a: La caducidad y el archivo del procedimiento. El silencio administrativo positivo a favor del peticionario de la subvención. El silencio administrativo negativo, entendiéndose desestimadas las peticiones de subvención. El desistimiento por la Administración del procedimiento.

Son actos administrativos ablatorios: Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. Aquellos que crean una situación ex novo. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección.

La actividad promocional o de fomento consiste en: Imponer, por parte de las Administraciones Públicas, sanciones a los destinatarios del Derecho administrativo que incumplen la normativa establecida. Hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los administrados. Incentivar, por parte de las Administraciones Públicas, la actividad y las conductas de los particulares que pueden beneficiar al interés público o al interés general. Ninguna de las anteriores.

El procedimiento administrativo tiene por objeto: Regular los requisitos de invalidez y eficacia de los actos administrativos. Regular los requisitos de validez y eficacia de los reglamentos. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Ninguna de las anteriores.

La revisión de oficio por la Administración requiere: Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho en el acto a revisar, que éste sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho y que el acto a revisar sea firme. Que concurra una causa de nulidad o anulabilidad, que el acto a revisar sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. Que se trate de un acto favorable al interesado, que sea firme y que se obtenga la declaración de lesividad.

En el ámbito de la actividad de ordenación, ¿Qué supone jurídicamente la cláusula "sin perjuicio de tercero" en las autorizaciones administrativas?: La necesidad de obtener cuantas otras licencias o autorizaciones sean exigibles por aplicación del resto de normativa aplicable. La exoneración de responsabilidad de la Administración. Un formalismo arcaico sin efectos jurídicos reales. La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo de la relación jurídica entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar situaciones jurídico-privadas.

Las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia carecen de competencia para conocer de los siguientes asuntos: Recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. Recursos contra los actos dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales. Recursos de apelación contra sentencias y actos de los Juzgados de lo contencioso-administrativo. Recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico de las.

En la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública o interés social debe efectuarse: Por ley. Por decisión del Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Alcalde según la administración territorial que decida la expropiación. Es suficiente por una disposición general de rango reglamentario. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En derecho sancionador, las infracciones leves: Caducan a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. Prescriben al año, salvo que una ley establezca otro plazo. Prescriben a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante. Que su régimen legal es el vigente al momento de su nacimiento en lugar del correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa.

Para que exista responsabilidad patrimonial el daño ha de ser: Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. Efectivo, moral, individualizable y jurídico. Efectivo, evaluable económicamente y antijurídico.

La mutación demanial supone: La transformación en bien de naturaleza patrimonial. El cambio de destino del bien demanial a otro uso, fin o servicio público. La pérdida de la condición demanial.

La autotutela declarativa de la Administración supone: La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. La potestad de ejecutar los actos administrativos sin el auxilio judicial. La potestad de revocar sus propios actos.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando entra en juego el silencio administrativo ¿la Administración puede resolver tardíamente?. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en un sentido u otro. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición del interesado. Únicamente podrá resolver en sentido favorable al interesado. Sí, pero en los supuestos en que sea aplicable el régimen del silencio positivo la Administración sólo podrá resolver en tal sentido.

Señala el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador: La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. La Administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. El órgano instructor es distinto del competente para resolver.

La gestión indirecta de un servicio público debe realizarse conforme al siguiente régimen: Mediante un contrato de concesión de servicios, de naturaleza administrativa y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. Mediante la reserva de titularidad del servicio a favor de la Administración pública competente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público las siguientes categorías: Los contratos mixtos. Los contratos privados. Los contratos sujetos a regulación armonizada. Las concesiones sobre bienes demaniales.

El uso privativo de un bien demanial requiere: De una autorización administrativa. De una concesión administrativa. De una concesión por regla general, salvo para ocupaciones de menos de cuatro años para lo que bastará una autorización. De un contrato público adjudicado tras una licitación por el procedimiento restringido.