Derecho Administrativo II UNIR 2026

Señala la respuesta correcta en relación con la revisión de oficio del artículo 106 de la Ley 39/2015: Sólo cabe respecto de los actos administrativos y no de los reglamentos. Se puede iniciar de oficio por la Administración o a instancia del interesado. Cabe contra actos que no sean firmes en la vía administrativa. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, debe resolverse por la Administración en el plazo de tres meses.

2. La falta de justificación del destino de la subvención otorgada tiene como consecuencias: Exclusivamente el reintegro de la subvención percibida, con los intereses moratorios devengados. El reintegro de la subvención percibida, con los intereses moratorios devengados, sin perjuicio de la posible imposición de una sanción administrativa en función de las circunstancias del caso concreto. Tratándose de un incumplimiento meramente formal, la imposición de la sanción correspondiente prevista en la Ley 38/2003 General de Subvenciones. La decisión de reintegro de la subvención percibida que se ejecutará mediante apremio administrativo dirigido contra la entidad colaboradora que gestionó el pago y, subsidiariamente, contra el beneficiario de la subvención.

Un ciudadano desea poner en marcha una pequeña cafetería y, según la normativa vigente, presenta un documento firmado en el que manifiesta que cumple todos los requisitos legales exigidos y que dispone de la documentación acreditativa, sin esperar a una inspección o resolución expresa de la Administración. ¿Qué tipo de técnica utiliza la Administración en este caso para controlar el inicio de la actividad del ciudadano?. Autorización administrativa. Declaración responsable. Ejecución subsidiaria. Orden de policía.

Un funcionario presenta recurso contencioso-administrativo contra una sanción de suspensión de empleo y sueldo de dos meses impuesta por una Consejería autonómica. ¿Qué órgano es competente para conocer el recurso en primera instancia?. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunal Constitucional.

En relación con el recurso de alzada, selecciona la opción correcta: El plazo para interponerlo es tres meses y el plazo para resolverlo es de un mes. El plazo para interponerlo y resolverlo es de un mes. El plazo para interponerlo es de un mes y el plazo para resolverlo es de tres meses. El plazo para interponerlo es de un mes y el plazo para resolverlo es de dos meses.

El Ayuntamiento decide externalizar la recogida de basuras adjudicando el servicio a una empresa privada mediante concurso público. Posteriormente, dicha empresa exige que se cambien unilateralmente los términos del contrato y aumentar la tarifa. ¿Está la Administración obligada a aceptar la modificación propuesta por la empresa?. Sí, si la empresa amenaza con dejar de prestar el servicio. No, la Administración conserva prerrogativas en la interpretación y modificación del contrato. Sí, siempre que se justifique. No, la Administración extinguirá el contrato.

El uso común de los bienes de dominio público: Requiere de autorización o concesión por parte de la Administración, dependiendo de los casos. Corresponde a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. Requiere que la Administración otorgue una autorización expresa. Requiere que la Administración otorgue una concesión.

En el supuesto de que una empresa ocupe unas oficinas en zona portuaria, habiendo vencido la vigencia de la concesión demanial que obtuvo en su día ¿Qué medidas puede adoptar la Autoridad Portuaria para desalojar y recuperar la posesión de esas oficinas?. El desahucio administrativo, previa declaración formal de la extinción del título concesional y requerimiento de desalojo. La recuperación posesoria en el plazo máximo de un año desde la extinción de la concesión. La imposición de multas coercitivas y, si ello no causa efecto, la interposición de un juicio de desahucio ante la jurisdicción contencioso administrativo. El desalojo forzoso, con auxilio incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si bien es preceptivo obtener siempre y previamente una autorización judicial del orden contencioso administrativo.

En el ámbito de la contratación pública, son contratos privados: Los que sean de importe inferior a 50.000 euros. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones públicas y por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

En relación con los informes del procedimiento administrativo común: La regla general es que son vinculantes y preceptivos. La regla general es que el plazo para su emisión es de quince días hábiles. La regla general es que son facultativos y no vinculantes. La regla general es que son facultativos y no vinculantes. Además, que el plazo para su emisión no puede ser superior a dos meses.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido dará lugar a: El silencio administrativo positivo. La desestimación por silencio administrativo negativo. La prescripción de la infracción. La caducidad y el archivo del procedimiento.

El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración.

La gestión de subvenciones debe respetar los principios de: Publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad. Reserva de ley. Jerarquía normativa. Silencio positivo.

Los ejes sobre los que se apoya el sistema de medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo son: El principio non bis in idem y el fumus boni iuris. El fumus boni iuris, el periculum in mora y la ponderación de los intereses en juego. Únicamente la ponderación de intereses en juego, públicos y privados. Únicamente el periculum in mora.

Están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las siguientes categorías: Los contratos privados. Los contratos atípicos. Los contratos sujetos a regulación armonizada. Los convenios y encomiendas de gestión.

¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. Tres meses. Seis meses. Un año. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

La Administración desea encargar la limpieza de sus edificios públicos y opta por la modalidad de contrato de servicios. El contrato se adjudica mediante un procedimiento abierto en el que cualquier empresario interesado puede licitar. ¿Qué principio rige este procedimiento?. Libre concurrencia y transparencia. Discrecionalidad administrativa. Exclusividad para empresas públicas. Silencio administrativo estimatorio.

En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. No, en ningún caso. Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.

La cláusula "sin perjuicio de tercero" en el ámbito de las autorizaciones supone jurídicamente: La necesidad de obtener cuantas otras autorizaciones o licencias sean exigibles por el resto de normativa aplicable. La exoneración de responsabilidad por la Administración respecto de lo autorizado. Un mero formalismo sin efectos jurídicos prácticos. La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar situaciones jurídico-privadas.

El contrato de concesión de servicios implica: Transferencia del riesgo operacional al concesionario. Pago total por la Administración. Ausencia de tarifas. Gestión obligatoriamente directa.

Las autorizaciones: Son técnicas de condicionamiento. Son técnicas ablatorias. Son técnicas de información. Son técnicas de identificación.

Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿Qué tiene que solicitar o presentar en su Ayuntamiento para poder comenzar con la explotación?. Deberá solicitar una licencia y esperar a su resolución para comenzar la explotación. Deberá solicitar una concesión de actividad y esperar a su resolución para comenzar la explotación. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, pudiendo una vez presentada iniciar la explotación. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, debiendo esperar para iniciar la explotación a resolución expresa del Ayuntamiento.

El procedimiento administrativo común se aplica: En el ámbito de la Administración General del Estado. En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas. En el ámbito del sector público institucional. En todos los anteriores.

El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria.

El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones es: Nominativo directo. Concursal paccionado. Digital ordinario. Concurrencia competitiva.