Test sobre derecho administrativo nivel 2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales en el territorio español habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante: Ley ordinaria. Ley orgánica. Real Decreto-ley. Real Decreto-legislativo.

El Título V del Estatuto de Autonomía de Andalucía va referido a: La organización institucional de la Comunidad Autónoma. El poder judicial en Andalucía. Economía, Empleo y Hacienda. Administración.

El plazo de información al público al cual están sometidas las Ordenanzas Municipales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, será de: Un máximo de treinta días. Un mínimo de treinta días. Quince días hábiles. Quince días naturales.

Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: En ningún caso. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. En todos los casos.

El procedimiento de contratación abierto simplificado, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se podrá utilizar si: El valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en el caso de contratos de obra. El valor estimado sea igual o inferior a 143.000 euros en el caso de contratos de suministro y de servicios. El valor estimado sea igual o inferior a 221.000 euros en el caso de contratos de suministro y de servicios. Ninguna de las respuestas es correcta.

Están incluidos en el ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores de dichos servicios. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

Según el artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo de audiencia del interesado para formular alegaciones y presentar documentos y justificantes en un recurso administrativo será: No inferior a tres ni superior a cinco días. No inferior a cinco ni superior a diez días. No inferior a diez ni superior a quince días. No superior a quince ni superior a veinte días.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa, entre otras: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Todas son correctas.

Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Las materias en las que así se determine por norma con rango de Ley. Todas son correctas.

Según establece el artículo 44 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, entre otras, a la siguiente regla: La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas aprobarán el proyecto de estatuto. Las Juntas de Gobierno Local de todos los ayuntamientos aprobarán los estatutos. Todas son falsas.

Señale la respuesta correcta en relación con la figura del responsable del contrato regulada en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público: En los contratos de obras las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de esa Ley. Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato que deberá ser, en todo caso, una persona física vinculada a la entidad contratante. El responsable del contrato será, como regla general, la unidad administrativa encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos. Todas las respuestas anteriores son falsas.

De acuerdo con el artículo 156.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo de presentación de proposiciones en un procedimiento abierto de obras sujeto a regulación armonizada de una Administración Pública, no será inferior a: Quince días. Veinte días. Veinticinco días. Treinta y cinco días.

Según el artículo 29.6.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Púbico ¿Cuál es el plazo de duración que no podrán exceder, incluyendo las posibles prórrogas, los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obra y la explotación de servicio: 10 años. 25 años. 40 años. 75 años.

Con carácter general, e virtud de lo establecido en el artículo 103.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Púbico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿Cabe la revisión de precios de los contratos del sector público?. Sí, cuando la revisión de precios sea periódica. Sí, cuando la revisión de precios sea predeterminada. Sí, cuando la revisión de precios sea periódica y predeterminada. No, no cabe nunca la revisión de precios.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, respecto de los derechos retributivos, los trienios son: Una retribución complementaria. Una retribución básica. Una paga extraordinaria. Una indemnización.

No se encuentran dentro de la clasificación de empleado público, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del estatuto Básico del Empleado Público, el: Personal directivo profesional. Personal eventual. Personal funcionario interino. Personal laboral temporal.

Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional es una función de: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene e el Trabajo. La Consejería competente en materia de empleo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En los supuestos de expropiación forzosa, el artículo 53 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 prevé que será título bastante para la inscripción de la transmisión del dominio en el Registro de la Propiedad: La justificación del pago del justiprecio. La justificación del pago del precio y de liquidación de los correspondientes impuestos y gravámenes. El acta de ocupación y los justificantes de pago o consignación del precio, o del correspondiente resguardo de depósito. La Resolución del Jurado Provincial de Expropiación, fijando el justo precio.

El plazo para interponer recurso de lesividad, según el literal del artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, será de: Seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Un año a contar desde la fecha de la declaración de lesividad.

Establece la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía en su artículo 88.2, que se desarrollará la ejecución de las actuaciones de transformación urbanística mediante: Ejecución sistemática para las actuaciones de mejora urbana. Ejecución sistemática para actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico. Ejecución asistemática para actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico. Ejecución sistemática sobre el hábitat rural diseminado cuando sea necesaria para alcanzar los objetivos de conservación, protección y mejora establecidos en el instrumento de ordenación urbanística.

Entre las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, no se encuentra: Ley orgánica. Decreto Ley. Decreto Legislativo. Todas lo son.

Según el artículo 50 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una de las siguientes modalidades de referencia temporal: Sello electrónico cualificado de tiempo. Marca de tiempo. Las opciones "Sello electrónico cualificado de tiempo." y "Marca de tiempo." son correctas. Metadato de tiempo.

¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de ampliación de plazos regulado en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. El recurso potestativo de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de revisión. No cabe recurso.

Según el art.59 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, los impuestos exigidos por las Haciendas locales son: De carácter obligatorio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). De carácter potestativo, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). De carácter obligatorio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Todos son obligatorios.

Conforme al artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación al personal eventual: Es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza, entre otras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. El TREBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipo de personal. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. Todas son ciertas.

Según el art. 43 de la Constitución, la protección de la salud: es un objetivo ineludible de las Comunidades Autónomas. Es un principio general de Derecho. es un derecho constitucional. es una medida de fomento no vinculante.

Según el art. 57 de la Constitución, en el orden de sucesión al trono, en el mismo grado es preferible: la mujer al varón. el varón a la mujer. no hay preferencias por sexos. la mujer, si es de mayor edad que el varón.

Según el art. 68 de la Constitución, el Congreso de los Diputados se compone: De 300 diputados. De 400 diputados. De 450 diputados. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados.

Según el art. 71 de la Constitución, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad: sí por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. sí, para cualquier actividad pública o privada que realice. no, solamente la disfrutan los diputados. no, solamente la disfrutan los senadores.

Según el art. 119 de la Constitución, la justicia será gratuita: Para todos los ciudadanos en segunda instancia. Preferentemente en los procesos contencioso-administrativos. Solamente en los procesos penales. Cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Según el art. 140 de la Constitución, la misma garantiza la autonomía: de las Diputaciones Provinciales. de las Delegaciones Territoriales. de las Subdelegaciones de Gobierno. de los municipios.

Según el art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPAC), esta ley se aplica: Entre otras, a las Entidades que integran la Administración Local. Exclusivamente a la Administración General del Estado. Exclusivamente a la Administración de las Comunidades Autónomas. Exclusivamente a la Administración Local.

Según el art. 5 de la Ley 39/2015 (LPAC), para formular solicitudes en nombre de otra persona: Debe acreditarse la representación. Se presume la representación salvo para gestiones de mero trámite, en la que es obligatoria la presentación de un poder notarial. No cabe presentar solicitudes en nombre de otra persona, en ningún caso. Es necesaria la presencia del representado en la oficina administrativa correspondiente.

Según el art. 30 de la Ley 39/2015 (LPAC), los plazos que se señalan: por meses, se computarán de fecha a fecha, descontando los sábados, domingos y festivos. por días, se entenderán que estos son naturales. por meses, se computarán desde la fecha de publicación en un diario oficial. por días, se entenderán que estos son hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y festivos.

Según el art. 40 de la Ley 39/2015 (LPAC), toda notificación de un acto administrativo debe ser cursada, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado, en el plazo de: 1 día. 5 días. 10 días. 15 días.

Según el art. 43 de la Ley 39/2015 (LPAC), las notificaciones por medios electrónicos: serán siempre potestativas. se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. será siempre obligatoria. se entenderá rechazada si transcurren dos meses desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Según el art. 47 de la Ley 39/2015 (LPAC), los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho: si tienen un contenido imposible. si incurren en desviación de poder. si incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. si causa indefensión de los interesados.

Según el art. 53 de la Ley 39/2015 (LPAC), los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: Identificar solamente a las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Identificar solamente a los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Identificar cualquier autoridad o funcionario respecto a cualquier tipo de procedimiento.

Según el art. 94 de la Ley 39/2015 (LPAC), los interesados: no podrán desistir de sus solicitudes, salvo disposición reglamentaria que lo permita. no podrán desistir de sus solicitudes, pero sí renunciar a sus derechos. podrán desistir de sus solicitudes y renunciar a sus derechos, en cualquier caso. podrán desistir de sus solicitudes o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

Según el art. 124 de la Ley 39/2015 (LPAC), contra la resolución de un recurso de reposición: podrá interponerse potestativamente un nuevo recurso de reposición o un recurso contencioso-administrativo. no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, en ningún caso. no podrá interponerse de nuevo dicho recurso salvo que se fundamente en infracción del ordenamiento jurídico. podrá interponerse nuevo recurso de reposición, si se demuestra que ha existido desviación de poder.

Según el art 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), podrán tener la consideración de Municipio de Gran Población: cualquier municipio de más de 75.000 habitantes que lo solicite. cualquier municipio de más de 100.000 habitantes que lo solicite. cualquier municipio de más de 125.000 habitantes que lo solicite. cualquier municipio de más de 75.000 habitantes, que presente circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

Según el art 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en los municipios de gran población, la organización y funcionamiento del Pleno: la dispondrá el Alcalde al inicio de la legislatura. la dispondrá la Junta de Gobierno Local al inicio de la legislatura. podrá contenerse en el Reglamento Orgánico Municipal. se regulará mediante Ordenanzas Generales.

Según el apartado 5 del art. 122 de la LRBRL, en los municipios de gran población corresponde al Secretario General de Pleno: la redacción de las actas de los Plenos. la redacción de las actas de los Plenos y de la Junta de Gobierno Local. el asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones, pero siempre que esta última función la ejerza por delegación del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. El asesoramiento legal a la Junta de Gobierno Local.

Según el art. 123 de la LRBRL, en los municipios de gran población es competencia del Pleno: nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde. La concesión de cualquier tipo de licencia. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. La aprobación del proyecto de presupuesto.

Según el art. 124 de la LRBRL, en los municipios de gran población, es competencia del Alcalde: aprobar las relaciones de puestos de trabajo. aprobar las ofertas de empleo público. aprobar inicialmente el planeamiento general. representar al Ayuntamiento.

Según el art. 127 de la LRBRL, en los municipios de gran población es competencia de la Junta de Gobierno Local: dictar Bandos. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a a otro órgano. La Jefatura de la Policía Municipal. La determinación de recursos propios de carácter tributario.

Según el art. 129 de la LRBRL, el titular de la Asesoría Jurídica en los municipios de gran población: deberá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho. Deberá ser funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Podrá ser contratado laboral, siempre que sea Licenciado en Derecho. Deberá ser funcionario y además ser un profesional de reconocido prestigio.

Según el art. 130 de la LRBRL, en los municipios de gran población, el Interventor General Municipal es: Innecesario, sus funciones las puede ejercer la Asesoría Jurídica. Un órgano superior municipal. Un órgano directivo. Un órgano superior y directivo del municipio de gran población.

Según el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿Qué derechos y libertades son susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución , y a la objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta de la Constitución. Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución. Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Sólo los derechos y libertades que se contienen en la sección primera del capítulo II, del Título primero (artículos 36 al 54).

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece en su artículo 2 que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses , de conformidad con los principios de... Descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia. Proximidad, eficacia y centralización. Desconcentración, eficacia y eficiencia. Descentralización, proximidad , participación y eficiencia.

En relación a la forma de los actos administrativos, el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que: Se producirá por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Será por escrito, en cualquier caso. Las respuestas "Se producirá por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia." y "En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede." son correctas.

De acuerdo con el artículo 96.5 de la Ley 39/2015 se podrá adoptar la tramitación simplificada de un procedimiento sancionador: Cuando la infracción tenga la consideración de leve. Cuando el infractor reconozca su responsabilidad. Cuando la cuantía se reduzca. Ninguna respuesta es correcta.

La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 37 establece que la contratación verbal: Está prohibida en todo caso. Sólo se permite cuando el contrato es de emergencia. Es obligatoria con carácter general. Se utiliza sólo en los contratos de suministro.

Según el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez formalizado un contrato con una unión temporal de empresas, cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación: Se suspenderá la ejecución del contrato y se iniciará el procedimiento para la resolución del mismo. Se procederá, en todo caso, a una nueva licitación del contrato. Continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos. Continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que se hubiera ejecutado el contrato al menos en un 50% de su importe.

A efectos de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, según su artículo 12 , el suelo se clasifica en: Suelo urbano y suelo rústico. Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rural.

Es un instrumento de ordenación urbanística detallada según el articulo 60 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: El Plan General de Ordenación Municipal. El Plan de Ordenación Urbana. El Plan Básico de Ordenación Municipal. Ninguna es correcta.

Según el artículo 41 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las entidades locales excepcionalmente, y por razones de interés público, podrán realizar cesiones en precario de bienes patrimoniales por plazo: Inferior a un año. Inferior a dos años. De 3 años. Los bienes patrimoniales de las entidades locales no pueden ser cedidos en precario.

El art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dispone que con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos: Controlarán la aplicación del principio de igualdad. Adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Impulsarán las acciones igualitarias. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el daño alegado para ser constitutivo de un supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?. Ser efectivo y evaluable económicamente. Ser probable, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Ninguna es correcta.

De conformidad con el artículo 17.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca : La legislación del Estado. La legislación de las Comunidades Autónomas donde se integren. Es una competencia exclusivamente regulada por cada Ayuntamiento. Ninguna es correcta.

Tal y como se dispone en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Concejales son elegidos: Por el Alcalde. Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Por el Alcalde o por los vecinos. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), ¿por qué normativa se rige el personal laboral de las Administraciones Públicas?: a) Por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, exclusivamente. b) Por el Estatuto Básico del Empleado Público y resto de normativa de funcionarios de carrera, exclusivamente. c) Por las normas establecidas por la Administración Pública donde presta servicio el personal laboral. d) Por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, además de por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan. Por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, exclusivamente. Por el Estatuto Básico del Empleado Público y resto de normativa de funcionarios de carrera, exclusivamente. Por las normas establecidas por la Administración Pública donde presta servicio el personal laboral. Por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, además de por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.

Según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuales son todas las circunstancias que pueden generar el nombramiento de un funcionario interino: La existencia de plazas vacantes, la ejecución de programas de carácter temporal, el exceso o acumulación de tareas y la sustitución transitoria de los titulares. La existencia de plazas vacantes y la sustitución transitoria de los titulares. La existencia de plazas vacantes, la sustitución transitoria de los titulares, la ejecución de programas de carácter temporal. La existencia de plazas vacantes, la sustitución transitoria de los titulares y el exceso o acumulación de tareas.

El artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986 habilita a las entidades locales para recobrar por sí mismas la tenencia de sus bienes: En cualquier momento para cualquier bien. En el plazo de un año para cualquier bien. En cualquier momento si son demaniales, y en el plazo de un año a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación si son patrimoniales. En cualquier momento si son patrimoniales, y en el plazo de un año a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación si son demaniales.

La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a sistemas generales y locales no incluidos ni adscritos a un ámbito de actuación o unidad de ejecución deberá tener lugar , en aplicación del artículo 116 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: Dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del instrumento de ordenación urbanística que legitime la actividad de ejecución. Dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de ordenación urbanística que legitime la actividad de ejecución. Dentro de los tres años siguientes a la aprobación del instrumento de ordenación urbanística que legitime la actividad de ejecución. La Ley no establece plazo para su expropiación u ocupación.

En la la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, el artículo 138 establece que las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor: Están sujeto a licencia. Están sometidos a declaración responsable. Será objeto de comunicación previa a la Administración. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En la Ley Andaluza 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 40 somete a los Planes Parciales de Ordenación a: Evaluación ambiental estratégica simplificada. Evaluación ambiental estratégica ordinaria. Evaluación ambiental estratégica simplificada sólo cuando establezcan un marco para proyectos y requieran evaluación por afectar a la Red Natura 2000. No están sometido a evaluación ambiental estratégica.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, ¿En cuál de los siguientes supuestos se exceptúa esta obligación?. El pacto o convenio. La prescripción. La caducidad del procedimiento. El desistimiento de la solicitud.

Establece el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna una serie de valores superiores de su ordenamiento jurídico. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un valor superior?: Igualdad. Legalidad. Pluralismo político. Justicia.

El artículo 80 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas prevé que en el procedimiento administrativo, los informes serán, salvo disposición expresa, en contrario: Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Ninguna de las anteriores es correcta.

Entre los medios de ejecución forzosa regulados en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no se encuentra el/la: Desahucio administrativo. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas.

Según el tenor literal del artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros y cuya actuación tenga carácter vinculante. Las unidades administrativas a las que se les atribuya funciones jurídicas, así como aquellas que, preceptivamente, actúen frente a terceros. Las unidades administrativas a las que, preceptivamente, se les atribuya funciones jurídicas, así como aquellas cuya actuación tenga carácter vinculante frente a terceros.

A tenor del artículo 232,6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad se denominan: Obras de restauración. Obras de rehabilitación. Obras de conservación. Obras de mantenimiento.

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando éste sea mayor de: 16 años. 12 años. 18 años. 14 años.

Puede atribuirse a un órgano de distinta Administración: La delegación de firma. La delegación de competencias. La avocación. La encomienda de gestión.

La declaración de lesividad: Podrá ser recurrible en alzada. No será susceptible de recurso. Podrá ser recurrible mediante recurso potestativo de reposición. Podrá ser objeto de los recursos que se estimen oportunos.

Según el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación se realizará mediante: Instrucción del órgano superior. Orden de servicio del órgano superior. Acuerdo motivado. Acto expreso o presunto.

¿Cuál es el sistema selectivo de funcionarios de carrera que puede aplicarse sólo en virtud de ley, con carácter excepcional?. Oposición. Concurso-Oposición. Concurso. Libre designación.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos dictados en ejercicio de potestades discrecionales: Ponen fin a la vía administrativa. Serán motivados. No son recurribles en vía administrativa. Podrán establecer excepciones o derogar la aplicación de normas generales, cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición reglamentaria.

Según el artículo 32 de la Ley 7/99 de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, indica la respuesta incorrecta sobre las concesiones de dominio público: No podrán exceder de setenta y cinco años. Se pueden extinguir por revocación de la concesión por la Administración. Se pueden extinguir por mutuo acuerdo. No se pueden extinguir por renuncia del concesionario.

Conforme al art 164 del TRLHL, en el Presupuesto general de las Entidades Locales se integrará: El Presupuesto de la propia Entidad. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca parcialmente a la Entidad local. Los de los Organismos autónomos independientes de ésta. Todas las respuestas son correctas.

Es un acto administrativo: La demolición de una edificación en situación legal de ruina urbanística. Es correcta la opción "La demolición de una edificación en situación legal de ruina urbanística." así como la resolución del Ayuntamiento ordenando dicha demolición. La resolución del ayuntamiento ordenando dicha demolición. La solicitud de un ciudadano solicitando la demolición de un edificio declarado en situación legal de ruina urbanística.

De acuerdo al Real Decreto-Ley 7/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de transformación urbanísticas son: a) Las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente, las actuaciones de nueva edificación y las de rehabilitación edificatoria. b) Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación de la edificación existente y las de rehabilitación edificatoria. c) Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación. d) Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente. Las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente, las actuaciones de nueva edificación y las de rehabilitación edificatoria. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación de la edificación existente y las de rehabilitación edificatoria. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.

Conforme al Art. 37 de la Ley de Suelo y rehabilitación Urbana, para la valoración del suelo urbanizado que no esté edificado: Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad superior. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad inferior. Ninguna de las respuestas es incorrecta.

Según el art. 7 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales, los efectos no utilizables de las Entidades Locales: No se consideran bienes a ningún efecto. Se clasifican como bienes patrimoniales. Se clasifican como bienes a extinguir. Ninguna es correcta.

Según el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Relativas a información puramente divulgativa. Que se refieran a información ya elaborada o publicada. Que se refieran a información adquirida en el ejercicio de sus funciones por un Ayuntamiento.

Conforme al Art 217.1 del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano a que afecte el reparo formulado por el órgano interventor no esté de acuerdo con este, corresponderá resolver la discrepancia: A la Junta de Gobierno Local. Al Pleno de la entidad local. Al presidente de la entidad local. Al Secretario General de la Corporación.

Según el art. 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006 de 24 de Enero), el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales de las Entidades Locales, excepto las de carácter gratuito temporal del art. 41 de la Ley 7/1999, en cuanto a su preparación y adjudicación se regirá por: El Derecho Privado. La normativa reguladora de contratación de las Administraciones Públicas. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo. La legislación hipotecaria.

Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la aprobación: De las Ordenanzas Locales. De las Ordenanzas fiscales. Del Reglamento Orgánico. Ninguna respuesta es correcta.

¿Podrán ser objeto de los contratos de servicios, los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos? (Artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014): No. Sí. En ningún caso. No, salvo excepciones.

Según el art. 48 de la Ley 30/2015 de 1 de octubre, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo implicará: La nulidad del acto, cuando el plazo no fuera preclusivo. La anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La revocación de acto. La rectificación del acto, de oficio o a instancia de los interesados.

Indica la respuesta incorrecta. Según el art. 26 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: Se considerarán privados los contratos celebrados por entidades del Sector Público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Se considerarán privados los celebrados por entidades del Sector Público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por las normas de derecho privado con carácter general, aplicándose la Ley 9/2017 LCSP supletoriamente. Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean la condición de poder adjudicador, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322 de la citada Ley de Contratos del Sector Público.

Conforme al art. 177 del RD.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, cuando no pueda demorarse la realización de un gasto específico y determinado y en el presupuesto en vigor no exista crédito para ello, ¿Qué modificación presupuestaria deberá realizarse?. Suplemento de crédito. Ampliación de crédito. Transferencia de crédito. Crédito extraordinario.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, entró en vigor: El mismo día de su publicación. El 20 de noviembre de 2017. El 9 de febrero de 2018. El 9 de marzo de 2018.

De acuerdo con los términos del artículo 6,2 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: Es causa de anulabilidad del acto administrativo. Supone una infracción no subsanable. No afecta por sí solo a la validez del acto administrativo. Es causa de nulidad del acto administrativo.