Derecho Administrativo y Régimen Local

En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones que: Las establecidas en una ley Orgánica. Las establecidas en una ley Ordinaria. La necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. La necesaria para el mantenimiento del orden y moral públicos protegidos por la ley.

El presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha, de acuerdo con art. 14 del Estatuto autonomía de CLM: Es nombrado por el Rey y ostenta la superior representación de la Región, así como la ordinaria del Estado en la misma. Es nombrado por las Cortes de Castilla la Mancha y ostenta la superior representación del Estado en la Región, así como la ordinaria en el Estado. Es nombrado por las Cortes de Castilla la Mancha y ostenta la superior representación de la Región, así como la ordinaria del Estado en la misma. Es nombrado por el Rey y ostenta la superior representación del Estado en la Región, así como la ordinaria en el Estado.

Según la Constitución Española, en el caso de que el Congreso niegue la confianza al Gobierno: El Gobierno cesa automáticamente y se procede a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99 de la CE. El Gobierno presenta su dimisión y se procede a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99 de la CE. Se produce la disolución automática de las Cortes Generales y se procede a la designación de presidente según art. 99 de la CE. Se produce inmediatamente la disolución de las Cortes Generales y se procede a elecciones generales según lo dispuesto en el artículo 99 de la CE.

Según el artículo 149 de la CE el Estado tiene competencia exclusiva sobre: Las alteraciones de términos municipales. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. La gestión en materia de protección del medio ambiente. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

De acuerdo con el artículo 14 del TUE, el presidente de la Comisión europea es elegido por: El Consejo Europeo. El Parlamento Europeo. La Comisión Europea por mayoría simple. La Comisión Europea por mayoría absoluta.

Sobre el precedente administrativo, señale la opción correcta: El precedente administrativo es una fuente del Derecho equiparable a la costumbre y obliga siempre a resolver en el mismo sentido. El precedente administrativo es irrelevante: la Administración puede apartarse libremente de sus decisiones anteriores sin motivación. La Administración no puede separarse del precedente administrativo salvo autorización legal o judicial expresa. No es fuente del Derecho en sentido propio, pero su existencia puede incidir en el deber de motivación y en la aplicación del principio de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad cuando se resuelve en sentido distinto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los elementos del acto administrativo?. El fin es elemento esencial y puede ser indeterminado. La competencia es elemento irrenunciable del órgano. La forma es irrelevante si hay eficacia material. El objeto puede ser imposible si hay interés público.

Sobre restricciones a la invalidez de los actos administrativos, señale la correcta: La conversión permite reconducir a otro acto válido si concurren requisitos. La conservación exige repetir los actos conservados pero manteniendo sus efectos. La convalidación procede también en actos nulos de pleno derecho si se motiva debidamente. La convalidación elimina retroactivamente toda invalidez.

Conforme al artículo 104 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la declaración de lesividad de actos anulables favorables, es correcto que: La anulación la realiza la propia Administración en la resolución. Puede instarla el interesado beneficiario del acto. Es presupuesto para impugnar judicialmente el acto. No exige audiencia a quienes aparezcan como interesados.

Conforme al artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es la afirmación correcta sobre los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos?. Sustituyen automáticamente cualquier recurso por ministerio de la ley. Requieren previsión legal o reglamentaria específica. Implican siempre una decisión vinculante para las partes. Solo pueden implantarse por acuerdo entre interesados.

Conforme a la regla general sobre trámites adicionales o distintos en el procedimiento común, su incorporación exige: Resolución del órgano instructor. Orden ministerial motivada. Instrucción interna del departamento. Ley motivada y proporcional.

Conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué condición es exigible para que, antes de la iniciación del procedimiento, puedan adoptarse medidas provisionales?. Que exista informe del servicio jurídico en todo caso. Que se aprecie urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. Que el interesado preste caución suficiente. Que se haya abierto formalmente la fase de instrucción.

La negativa del órgano instructor a abrir el período probatorio: Determina nulidad de pleno derecho en todo caso. Produce anulabilidad siempre, aunque no haya indefensión. Es anulable si causa indefensión. Carece de efectos jurídicos por el principio antiformalista.

Conforme al artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el órgano competente pretende resolver sobre cuestiones conexas no planteadas por los interesados, antes debe: Conceder audiencia por un plazo no superior a quince días. Abrir información pública por veinte días. Solicitar dictamen consultivo en todo caso. Requerir ratificación expresa del interesado.

Según el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, es de: Quince días hábiles. Veinte días hábiles. Dos meses. Seis meses.

Según el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: En los litigios entre administraciones públicas, será preceptiva la interposición previa de recurso de reposición. En los litigios entre administraciones públicas, no cabrá interponer recurso en vía administrativa, si bien la Administración recurrente podrá requerirla previamente para que anule o revoque el acto recurrido. En los litigios entre administraciones públicas, no cabrá interponer recurso en vía administrativa, si bien necesariamente la Administración recurrente la deberá requerir previamente para que anule o revoque el acto recurrido. En los litigios entre administraciones públicas, no cabrá interponer recurso en vía administrativa, y no cabrá tampoco la interposición de requerimiento previo de ningún tipo.

¿Contra cuál de los siguientes NO cabe recurso contencioso-administrativo? (art. 25 LJCA). Las disposiciones de carácter general. Los actos de trámite no cualificados. Los actos de trámite que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. La inactividad de la administración.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las disposiciones generales de las entidades locales, corresponde su conocimiento a (art. 10 LJCA): Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Los juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial.

¿Cuál de los siguientes contratos queda excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a su artículo 11?. Contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Contratos que tengan por objeto la adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Contratos de arrendamiento de bienes muebles.

La revisión de oficio de actos preparatorios y de adjudicación de los contratos se efectúa conforme a: El Título V, Capítulo I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Libro I, Título III, Capítulo V del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Directamente por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El Libro Primero, Título I, Capítulo VI de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Cuando el contrato del sector público jerarquiza los documentos que lo integran, la prevalencia ante contradicciones se determina, salvo error manifiesto, por: El orden de incorporación al expediente. El informe técnico de valoración. El documento con mayor rango reglamentario. El orden pactado de prioridad acordado por las partes.

Fuera de los casos en que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público permite la modificación, si fuera necesario ejecutar un contrato en forma distinta a la pactada: Se acuerda la modificación si hay mutuo acuerdo de las partes. Se suspende el contrato hasta que se acuerde la modificación. Ha de resolverse el contrato y celebrar otro. Se sustituye el pliego por instrucciones internas previa audiencia al contratista.

El plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización de cesión de contratos, conforme al artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es de: Un mes, con silencio desestimatorio. Dos meses, con silencio estimatorio. Tres meses, con silencio desestimatorio. Quince días, con silencio estimatorio.

El régimen de autorización consistente en que el interesado presenta un documento suscrito por él en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa para el ejercicio de un derecho o actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener el cumplimiento de sus obligaciones inherentes a dicho ejercicio, se denomina (art. 69 LPAC): Licencia de actividad. Comunicación previa al ejercicio de actividad. Concesión demanial. Declaración responsable.

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos (art. 32 LRJ): Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor. Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Únicamente en caso de que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. En ningún caso podrá ser indemnizado sin tener que acudir previamente a la vía judicial contencioso-administrativa.

Son principios de la potestad sancionadora, expresamente regulados en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, entre otros: Los principios de transparencia e integridad. Los principios de capacidad económica y progresividad. Los principios de legalidad y proporcionalidad. Los principios de autonomía y eficiencia.

Los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se iniciarán (art. 58 LPAC): De oficio por acuerdo del órgano competente o a instancia del interesado; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia. De oficio por acuerdo del órgano competente; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia. De oficio por acuerdo del órgano competente; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por traslado previo de diligencias previas judiciales. De oficio por acuerdo del órgano competente, pero siempre por propia iniciativa del instructor.

El plazo de prescripción para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es de (art. 67 LPAC): Cuatro años desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Un año desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Seis meses desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Tres meses desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Según el artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa, para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa: Declaración de legalidad expropiatoria y administrativa. Declaración de interés público y utilidad común. Declaración de utilidad pública o interés social. Declaración de interés particular de bienes la expropiación.

Según el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa, el plazo que tienen los propietarios para presentar hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estimen el objeto que se expropia es de: Un mes. Treinta días. Veinte días. Diez días.

Contra la resolución del Jurado de expropiación procederá (art. 35 LEF): Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. Recurso contencioso-administrativo. Recurso ordinario ante la jurisdicción civil.

¿Cuál de los siguientes NO constituye una causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Que el solicitante no pruebe suficientemente tener un interés claro en el asunto, ya que está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Que la solicitud se refiera a información en curso de elaboración o publicación general. Que se trate de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Que sean solicitudes manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado.

¿Cuál de las siguientes entidades instrumentales puede ejercer potestades administrativas? (LRJ). Las Sociedades Mercantiles públicas, siempre. Las Fundaciones. Las Entidades Públicas Empresariales. Ninguna de las anteriores.

¿Qué órgano es el competente para acordar la creación de un Organismo Público Local en un Ayuntamiento? (art. 85 bis LRBRL). El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. El Pleno, en todo caso. El Pleno en los municipios de régimen común, y la Junta de Gobierno Local en los municipios de Gran Población.

¿Para cuál de los siguientes servicios NO se declara reserva a favor de las entidades locales en el artículo 86 de la Ley de Bases del Régimen Local?. Abastecimiento de agua potable. Depuración de aguas residuales. Recogida y tratamiento de residuos. Pavimentado de calles.

La modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que supuso la creación de un régimen singular para los municipios de gran población fue introducida por: Ley 40/1981, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

NO es una potestad atribuida a las entidades locales territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Potestad legislativa. Potestad financiera. Potestad sancionadora. Potestad tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales, una vez aprobada inicialmente la Ordenanza, se debe someter a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de: 1 mes. 20 días. 30 días. El sometimiento a información pública y audiencia a los interesados debe ser anterior a la aprobación inicial de la Ordenanza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son elementos del Municipio: Término municipal, padrón de habitantes y reglamento orgánico. Territorio, población y organización. Territorio, padrón de habitantes y organización. Término municipal, población y reglamento orgánico.

Dentro de los datos obligatorios que, según el artículo 16.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deben figurar en la inscripción en el Padrón municipal, NO se incluye: Nacionalidad. Certificado o título escolar o académico. Certificado descriptivo del empleo desempeñado. Domicilio habitual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, esta compuesta por: A. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. B. Un número de Concejales, entre los que necesariamente debe figurar el Alcalde, no superior al tercio del número legal de los mismos. C. El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos. D. Un número de Concejales, entre los que necesariamente debe figurar el Alcalde, no superior a la mitad del número legal de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en todos los Ayuntamientos, independientemente de su población existe: a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. b. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas. c. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo se organiza en: a) Órganos centrales, territoriales y organismos públicos. b) Órganos interiores, periféricos y generales. c) Órganos superiores, directivos y organismos públicos. d) Órganos generales, singulares y directivos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, NO es una competencia municipal propia: a. Parques y jardines públicos. b. Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. c. Protección de la salubridad pública. d. Protección del medio natural.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas. Dicha iniciativa económica puede ejercerse en régimen de monopolio en la siguiente actividad: a. Transporte público de viajeros. b. Servicio de extinción de incendios. c. Servicio de educación infantil. d. Mantenimiento de zonas verdes.

En los municipios con una población entre 50.001 y 100.000 residentes, el número de concejales a elegir, de conformidad con la escala señalada en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, es: A. 17 concejales. B. 21 concejales. C. 25 concejales. D. 29 concejales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección del Alcalde, siendo proclamado aquel que, en primera votación, obtiene: a) La mayoría simple de los votos de los concejales. b) La mayoría absoluta de los votos de los concejales. c) La mayoría de 3/5 de los concejales. d) La mayoría de 2/3 de los concejales.

En los municipios de gran población, en aplicación de lo dispuesto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación del proyecto de presupuesto corresponde a: a. El Alcalde. b. La Junta de Gobierno Local. c. El Pleno. d. La Comisión Especial de Cuentas.

Los conflictos de atribuciones que surjan entre concejales, serán resueltos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por: a. El Alcalde. b. La Junta de Gobierno Local. c. El Pleno. d. La Comisión Disciplinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en caso de que el beneficiario de una subvención subcontrate la actividad subvencionada y el porcentaje máximo de subcontratación no se fije en las bases reguladoras de la subvención, tal porcentaje no podrá exceder del: a. 10% del importe de la actividad subvencionada. b. 30% del importe de la actividad subvencionada. c. 50% del importe de la actividad subvencionada. d. 70% del importe de la actividad subvencionada.