Derecho Admtvo 1. Tema 9 (manual)

Según el texto, la creación de las entidades del sector público institucional se justifica fundamentalmente por: a) El principio de eficacia. b) El principio de publicidad y transparencia. c) El principio de legalidad.

De las 448 entidades que forman parte del sector público institucional estatal según la LGP 47/2003, ¿Cuántas pertenecen al sector público fundacional?. a) 212. b) 200. c) 37.

Señale cuál de los siguientes tipos de entes NO forma parte del sector público institucional estatal conforme al artículo 84.1 de la LRJSP: a) Autoridades administrativas independientes. b) Corporaciones de derecho privado. c) Consorcios.

Si al cómputo de las 448 entidades estatales añadimos las autonómicas y las locales, el número aproximado total de entidades del sector público institucional alcanza: a) Aproximadamente 448. b) Aproximadamente 5 075. c) Aproximadamente 212.

Según la tipología del sector público institucional estatal (art. 84.1 LRJSP), las universidades públicas no transferidas se integran en: a) Las sociedades mercantiles estatales. b) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. c) Una categoría propia de la administración institucional.

El principio que justifica la creación de las entidades del sector público institucional para gestionar tareas especializadas es: a) El principio de descentralización funcional. b) El principio de coordinación administrativa. c) El principio de unidad de mando.

Según el manual, ¿Qué potestad NO puede atribuirse a las entidades con funciones típicamente administrativas?. a) La potestad sancionadora. b) La potestad expropiatoria. c) La potestad de inspección.

Señale cuál de estas afirmaciones NO es característica de las entidades encargadas de la gestión de servicios públicos en sentido prestaciones: a) Sus actividades suelen regirse por precios políticos que no cubren costes. b) Son actividades prestacionales con ánimo de lucro. c) A menudo prestan servicios gratuitos o parcialmente subvencionados.

De acuerdo con el artículo 128.2 de la Constitución, las entidades del tercer grupo: a) Pueden realizar actividad económica compitiendo en igualdad con empresas privadas. b) Se limitan exclusivamente a fines sociales y asistenciales. c) No pueden ser sometidas a las reglas del mercado.

La Biblioteca Nacional de España, según el texto, tiene encomendada principalmente la función de: a) Gestionar recursos hídricos de las cuencas estatales. b) Ejecutar la potestad tributaria del Estado. c) Conservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental.

La clave del éxito de la administración institucional radica e. a) El abandono del principio presupuestario de unidad de caja. b) La coordinación contable bajo unidad de dirección. c) El mantenimiento del principio de tesorería única.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO describe correctamente el principio de unidad de caja: a) Exige que todos los fondos públicos confluyan en una única tesorería. b) Permite a cada entidad del sector público gestionar su propia caja de forma independiente. c) Impone una gestión coordinada con unidad contable y bajo una única dirección.

El quiebre del principio de caja única implica que la entidad institucional: a) Sigue compartiendo su caja con la administración matriz. b) Mantiene unidad de contabilidad con la administración de origen. c) Disponga de una caja separada gestionada con independencia.

Atribuir personalidad jurídica a una entidad institucional permite, principalmente: a) Una gestión presupuestariamente independiente y una caja separada. b) Que todas sus obligaciones se imputen directamente a la administración matriz. c) La plena autonomía territorial en su actuación.

Señale la opción NO facilitada por la atribución de personalidad jurídica: a) Funcionar como título de imputación de derechos y deberes a la nueva entidad. b) Que las relaciones jurídicas se establezcan con la persona jurídica creada. c) La total independencia de la entidad respecto de la administración matriz.

En la descentralización funcional, la entidad institucional: a) Contrata y asume obligaciones con terceros, respondiendo con su patrimonio. b) No dispone de personal propio ni órganos de gobierno. c) Está exenta de recibir instrucciones de la administración matriz.

Según la STS de 16 de noviembre de 2009, la doctrina del levantamiento del velo permite a los jueces: a) Penetrar en el sustrato real de las entidades para evitar fraudes de ley. b) Conceder personalidad jurídica a entidades sin ella. c) Eximir de responsabilidad a la administración matriz.

Actualmente, dentro del sector público estatal, solo carecen de personalidad jurídica: a) Los organismos autónomos. b) Las sociedades mercantiles estatales. c) Los fondos.

Según el manual, las entidades con personalidad jurídico-privada incluyen: a) Las agencias estatales reguladas por la LOFAGE. b) El Banco de España. c) Las sociedades anónimas o sociedades mercantiles y las fundaciones de Derecho privado.

Señale la afirmación NO correcta sobre la personificación y el derecho aplicable inicialmente: a) Las entidades de derecho público se regían por el Derecho administrativo. b) Las empresas nacionales se regían exclusivamente por el Derecho público. c) Las sociedades anónimas estatales se sometían al Derecho mercantil, civil y laboral.

La ruptura de la relación entre personificación y régimen jurídico se produjo cuando: a) Las leyes de creación dotaron de personalidad público-jurídica a entidades que aplican el Derecho privado. b) Se excluyó a las fundaciones estatales del régimen de subvenciones. c) El Tribunal Supremo dictaminó que sólo el Estado puede crear entidades con PJ.

De las siguientes opciones, ¿Cuál NO describe una consecuencia de dotar de personalidad jurídica a una entidad institucional?. a) Título de imputación de derechos y deberes a la nueva persona jurídica. b) Autonomía total en materia de descentralización territorial. c) Gestión presupuestaria independiente con caja separada.

Tradicionalmente, sólo las entidades con personificación pública podían: a) Celebrar contratos mercantiles. b) Recibir subvenciones. c) Tener funcionarios reservados para el ejercicio de potestades públicas.

La LOFAGE prohibió que las sociedades mercantiles estatales: a) Dispusieran de facultades que implicasen ejercicio de autoridad pública. b) Solicitase participaciones privadas. c) Formaran parte de la administración institucional.

La Ley 38/2003 (General de Subvenciones) permitió por primera vez que: a) Las universidades públicas convocaran subvenciones con fondos de la administración. b) Las fundaciones del sector público institucional, con PJ-privada, adjudicaran ayudas en procedimientos públicos. c) Los organismos autónomos otorgaran subvenciones sin control previo.

Según el art. 2.2 b) de la LRJSP, las entidades de derecho privado vinculadas al sector público: a) Se sujetan a la Ley del Procedimiento Administrativo cuando ejerzan potestades administrativas. b) Quedan excluidas de toda regulación de potestades. c) Sólo pueden ejercer funciones asistenciales.

La línea divisoria clave para distinguir potestades públicas de simples funciones administrativas radica en: a) El tipo de contrato que suscribe la entidad. b) La forma jurídica (pública o privada) de la entidad. c) La existencia de una situación de desigualdad entre la autoridad y el destinatario.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 limita su competencia a las entidades de “derecho público” para: a) Resolver los actos administrativos unilaterales que rijan por Derecho administrativo. b) Conocer recursos civiles entre particulares. c) Controlar la ejecución de contratos mercantiles.

El Consejo de Estado recomendó NO: a) Permitir que sociedades mercantiles estatales ejercieran potestades administrativas excepcionales. b) Dotar de PJ-privada a las fundaciones estatales. c) Incluir en la LRJSP un precepto sobre responsabilidad patrimonial.

En la sentencia RJ2014\6637, el TS afirmó que los daños de una sociedad mercantil íntegramente pública que presta servicios públicos: a) Debían dirimirse en la vía contencioso-administrativa. b) Se juzgaban según el art. 1902 del Código Civil. c) Quedaban excluidos de la responsabilidad patrimonial.

El art. 35 de la LRJSP establece que la responsabilidad patrimonial de entidades con PJ-privada: a) Se regirá por el art. 1902 CC. b) Dependerá del ámbito competencial de la administración matriz. c) Se exigirá conforme al régimen administrativo de responsabilidad de la Administración.

La doctrina del levantamiento del velo en el contexto de la administración institucional: a) Exime de responsabilidad a la entidad instrumental. b) Permite al juez imputar a la administración matriz para evitar fraude de derechos de terceros. c) Solo se aplica a sociedades anónimas privadas.

Se denominan “entes apátridas” a aquellas entidades del sector público institucional que: a) Carecen de personalidad jurídica y quedan excluidas del sector público. b) No encajan en ninguna de las categorías previstas en el artículo 84.1 de la LRJSP. c) Solo prestan servicios de asesoramiento y control constitucional.

El artículo 6.5 del derogado RDLeg 1091/1988 en materia presupuestaria definía las sociedades estatales y remitía a legislación específica para el resto de entes, conocidos como: a) Entes modelo. b) Entes apátridas. c) Entes fundacionales.

Según el artículo 134.2 CE, los presupuestos de las entidades del sector público institucional deben: a) Aprobarse independientemente de los Presupuestos Generales del Estado. b) Integrarse en los Presupuestos Generales del Estado. c) Remitir sus excedentes al Tribunal de Cuentas.

La Ley General Presupuestaria agrupa las entidades del sector público institucional en tres subsectores atendiendo a: a) La forma jurídica (pública o privada). b) El criterio material de su actividad e ingresos. c) Su tamaño presupuestario.

No se puede minorar la deuda pública trasladándola a entidades con personificación privada porque: a) Todas las entidades integradas en los presupuestos estatales computan deuda según su actividad material. b) Sólo las entidades con personificación privada están excluidas del cómputo. c) El Tribunal de Cuentas prohíbe expresamente subterfugios de deuda.

Materialmente, las entidades del subsector administración se caracterizan porque: a) Obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de bienes y servicios al mercado. b) Realizan la mayoría de su actividad de forma gratuita o a precios no significativos. c) Funcionan con estricta lógica de beneficio económico.

El sector público empresarial, según la LGP, agrupa a entidades cuya actividad principal es: a) La redistribución de la renta sin ánimo de lucro. b) La prestación de un servicio público económico o la venta de bienes/servicios. c) La conservación del patrimonio cultural.

Formalmente, en el sector público empresarial la personalidad jurídica: a) Debe ser necesariamente de derecho público. b) Puede ser pública o privada. c) Está prohibida la personificación privada.

El subsector fundacional está compuesto exclusivamente por: a) Fundaciones del sector público estatal. b) Entidades públicas empresariales reconvertidas en fundaciones. c) Universidades no transferidas.

La regulación presupuestaria es menos flexible para el subsector administración que para los otros porque: a) Se rige por el principio de eficacia en la prestación de servicios de contenido económico. b) Está excluido del mecanismo de estabilidad presupuestaria. c) No tiene obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.

El objetivo principal de las primeras directivas europeas de los años setenta en materia de contratación pública fue: a) Garantizar que los contratos públicos se adjudiquen siempre a empresas nacionales. b) Abrir el mercado de la contratación pública a empresas de todos los Estados miembros, con condiciones iguales de acceso. c) Simplificar los procedimientos para acelerar la inversión pública.

La expresión “oferta económica más ventajosa” significa: a) La oferta con el precio más bajo, sin considerar la calidad. b) La combinación óptima entre calidad y precio. c) La oferta que genere un mayor volumen de empleo.

El concepto funcional de “poder adjudicador” EU incluye tres requisitos. Señale cuál NO forma parte de ellos: a) Que la entidad realice actividades de interés general predominando sobre la rentabilidad. b) Que cuente con personalidad jurídica, pública o privada. c) Que sus ingresos procedan mayoritariamente de fondos comunitarios.

En la transposición inicial de las directivas, España excluyó de la LCSP a las entidades con personalidad jurídica privada, como las sociedades mercantiles y fundaciones, porque: a) Consideraba que no eran poderes adjudicadores. b) Carecían de capacidad jurídica para contratar. c) Su tráfico mercantil era irrelevante para el interés público.

Según la LCSP, para que una entidad de derecho público dependiente de una administración territorial sea considerada “Administración pública” basta con que: a) Su actividad principal no sea la producción para el mercado y no reciba la mayor parte de sus ingresos de contraprestaciones. b) Tenga un presupuesto anual superior a 10 millones de euros. c) Haya sido creada antes de 2000.

Los “poderes adjudicadores que no son administraciones públicas”, según la LCSP, pueden tener personalidad jurídica: a) Solo pública. b) Pública o privada; la LCSP no distingue. c) Solo privada.

Según el artículo 149.1.18 CE, corresponde al Estado dictar la legislación básica sobre: a) El estatuto de los empleados públicos y el acceso en condiciones de igualdad. b) La organización de los colegios profesionales. c) El régimen local y competencias de las entidades territoriales.

De acuerdo con el TREBEP (RDL 5/2015), solo pueden tener funcionarios: a) Todas las entidades públicas, incluidas las sociedades mercantiles estatales. b) Las administraciones territoriales y las entidades de derecho público del Estado. c) Las fundaciones y consorcios vinculados al sector público.

En las administraciones y entidades públicas que pueden tener funcionarios también puede existir: a) Exclusivamente personal eventual. b) Personal laboral, aunque las funciones que impliquen potestades públicas están reservadas a funcionarios. c) Solo personal directivo sin vinculación estatutaria o contractual.

La determinación de si una entidad de derecho público del sector institucional tendrá funcionarios depende principalmente de: a) El tipo de personalidad jurídica (pública o privada). b) Si sus funciones son mayoritariamente administrativas o centradas en producción de bienes/servicios de mercado. c) La antigüedad de la entidad.

El personal laboral de estas entidades se regula: a) Exclusivamente por el TREBEP en todos sus preceptos. b) Por el derecho laboral general, con aplicación supletoria de los escasos preceptos del TREBEP que le refieren. c) Por la normativa de la OIT.

Las entidades de derecho privado del sector público: a) Pueden tener funcionarios siempre que así lo autorice su ley de creación. b) Solo disponen de personal laboral, al que no se le aplica la mayoría de los preceptos del TREBEP salvo los relativos a igualdad, mérito, capacidad y publicidad. c) Quedan fuera de cualquier regulación sobre acceso al empleo público.

El artículo 85 de la LRJSP obliga, antes de crear una entidad institucional, a elaborar: a) Un informe del Tribunal de Cuentas. b) Un plan de actuación con líneas estratégicas y programación plurianual. c) Un acuerdo del Parlamento.

El plan inicial para la creación de organismos públicos debe NO incluir: a) Justificación de la forma jurídica elegida frente a otras opciones. b) Detalle de la estructura organizativa y previsión de personal directivo. c) Programas de formación externa para personal eventual.

El plan de actuación aprobado para crear la entidad debe revisarse cada: a) Cinco años. b) Tres años. c) Año.

Dentro del concepto “organismos públicos” del sector público institucional estatal se incluyen: a) Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias. b) Sociedades mercantiles estatales y fundaciones. c) Consorcios y fondos sin personalidad jurídica.

En materia de contratación, los organismos autónomos son considerados: a) Entidades privadas ajenas a la LCSP. b) Administraciones públicas, por lo que sus contratos son administrativos y siguen los procedimientos de licitación. c) Poderes adjudicadores “solo en obra pública”.

El personal de los organismos autónomos: a) Está sujeto al TREBEP si es funcionario, o al derecho laboral general si es laboral, con el mismo régimen que el personal de las administraciones territoriales. b) No puede tener personal laboral, solo funcionarios. c) Se rige exclusivamente por convenios colectivos del sector privado.

La autonomía de gestión de los organismos autónomos se manifiesta en que pueden: a) Crear tributos propios. b) Gestionar de forma independiente su patrimonio para financiar infraestructuras sin integrarlo en la caja común del Estado. c) Negociar convenios colectivos sin intervención ministerial.

Las entidades públicas empresariales son de derecho público y tienen encomendado principalmente: a) La regulación de sectores económicos. b) La prestación de servicios o explotación de infraestructuras de interés general con contraprestación. c) El otorgamiento de subvenciones.

Respecto al régimen jurídico, las entidades públicas empresariales se rigen: a) Exclusivamente por el derecho administrativo. b) Por el derecho privado salvo cuando ejerzan potestades públicas, que se rigen por el derecho administrativo. c) Por la normativa de la LGP en todos sus ámbitos.

Su financiación de las entidades públicas procede principalmente de: a) Las consignaciones presupuestarias del Estado. b) La explotación de su patrimonio y los ingresos de los servicios que prestan. c) Las liberalidades de terceros y donaciones.

Excepcionalmente, las entidades públicas empresariales pueden completar su financiación con: a) Contribuciones obligatorias de los ciudadanos. b) Ingresos procedentes de presupuestos generales del Estado o transferencias de capital de administraciones territoriales, cuando lo prevea su ley de creación. c) Préstamos del Banco de España sin autorización.

A diferencia de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales pueden depender: a) Solo de una comunidad autónoma. b) De la administración o de un organismo autónomo. c) Exclusivamente de la Administración General del Estado.

Según el artículo 118.1 LRJSP, entre las entidades del sector público estatal se cuentan: a) Todas las universidades públicas, fueran o no transferidas. b) Solo las universidades públicas no transferidas. c) Las universidades públicas y privadas que reciban fondos estatales.

Tras el traspaso de competencias a las comunidades, la única universidad que permaneció estatal fue: a) La Universidad Complutense de Madrid. b) La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). c) La Universidad Autónoma de Barcelona.

El Consejo de Estado desempeña desde el siglo XVI la función de: a) Administración de justicia penal. b) Alta función consultiva del gobierno. c) Gestión de presupuestos autonómicos.

A partir de la Constitución de Cádiz, al Consejo de Estado se le añadió también la función de: a) Dictar reglamentos sin control parlamentario. b) Control de la actividad administrativa no conforme con la jurisdicción judicial. c) Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo.

Según el artículo 107 CE, el Consejo de Estado es: a) Órgano consultivo del Gobierno del Estado. b) Órgano jurisdiccional especializado. c) Agencia independiente del Parlamento.

El Consejo de Estado puede emitir dictámenes preceptivos en procedimientos autonómicos cuando: a) La comunidad autónoma carezca de órgano consultivo propio. b) Lo solicite el Tribunal Constitucional. c) Exista una propuesta unánime del Senado.

Los consejeros permanentes del Consejo de Estado: a) Se nombran por la Asamblea General de Naciones Unidas. b) Son elegidos por real decreto entre quienes han ostentado determinados altos cargos o desempeñado funciones relevantes. c) Tienen un mandato de cuatro años renovable.

Los consejeros electivos del Consejo de Estado: a) Se eligen por sufragio universal en la universidad. b) Son nombrados por real decreto entre personas con cargos de especial relevancia y su mandato dura cuatro años. c) Permanecen en el cargo mientras ejerzan de diputados o senadores.

El presidente del Consejo de Estado: a) Goza de inamovilidad como los consejeros permanentes. b) Se nombra y cesa libremente por el Consejo de Ministros, sin inamovilidad. c) Es designado por el Rey con acuerdo del Tribunal Constitucional.

Según el artículo 136 CE, el Tribunal de Cuentas tiene la función de: a) Emitir dictámenes preceptivos para la creación de entidades del sector público. b) Fiscalizar la gestión económica del Estado y las cuentas de todo el sector público, incluidos los autonómicos y locales. c) Nombrar a los interventores generales de las comunidades autónomas.

Para garantizar su independencia, el Tribunal de Cuentas: a) Depende directamente del Gobierno. b) Depende directamente de las Cortes Generales y les presenta un informe anual. c) Depende de la Intervención General del Estado.

El estatuto de los consejeros del Tribunal de Cuentas es similar al de: a) Los miembros del Consejo de Estado. b) Los jueces, para asegurar su independencia. c) Los altos cargos del Gobierno.

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por: a) El Pleno del Congreso, por mayoría absoluta. b) Las Cortes Generales: seis por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría de tres quintos. c) El Consejo de Ministros, por real decreto.

El mandato de los consejeros del Tribunal de Cuentas dura: a) Cuatro años, coincidiendo con la legislatura. b) Nueve años, inamovible y superior a una legislatura. c) Un periodo indefinido hasta los 70 años.

Para evitar conflictos de intereses, la LOTCu prohíbe nombrar consejeros que en los dos años anteriores: a) Hayan sido diputados o senadores. b) Hayan gestionado fondos públicos o percibido subvenciones. c) Hayan trabajado en la abogacía del Estado.