Derecho CE e Internacional Civil.
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Título del Test:
![]() Derecho CE e Internacional Civil. Descripción: Opsición 678 |



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¿Es el recurso de inconstitucionalidad una impugnación directa?. A Sí, es una impugnación directa y abstracta contra la norma. B No, solo puede plantearse dentro de un procedimiento judicial en curso. C Solo en los casos en que lo autorice el Tribunal Supremo. D Únicamente cuando la norma ya ha sido aplicada en un caso concreto. ¿Es la jurisdicción constitucional una jurisdicción rogada?. A Siempre, sin excepción: El TC nunca actúa de oficio. B En algunos procedimientos, no; en el recurso de amparo actúa de oficio. C Solo en el recurso de inconstitucionalidad. D Solo en la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Se puede impugnar un reglamento mediante recurso de inconstitucionalidad?. A Sí, si el reglamento vulnera derechos fundamentales. B Sí, siempre que lo interponga el Defensor del Pueblo. C No, solo pueden impugnarse normas con rango de ley. D Sí, pero únicamente ante la Sala de lo Contencioso del TC. ¿Puede cualquier persona física impugnar una ley por ser ésta inconstitucional mediante recurso de inconstitucionalidad?. A Sí, si acredita un interés legítimo directo. B Sí, si recoge 500.000 firmas de apoyo. C No; la legitimación activa está restringida a órganos e institucionales cualificados (art. 162.1.a CE). D Sí, siempre que acuda representada por letrado. ¿Puede un tribunal ordinario inaplicar una ley porque la considere inconstitucional?. A Sí, si motiva adecuadamente la decisión de inaplicación. B Sí, si el Tribunal Supremo ya la ha declarado contraria a derecho. C No; debe elevar la cuestión al TC y suspender el procedimiento hasta su resolución. D Solo si lo solicitan ambas partes litigantes. ¿Debe un juez elevar la cuestión de inconstitucionalidad al TC porque lo solicite una de las partes?. A Sí, si la solicitud está motivada jurídicamente. B Sí, si lo solicitan ambas partes. C No; el juez decide soberanamente según su propia duda razonable y fundada. D Solo si el Ministerio Fiscal lo pide también. Si lo solicitan ambas partes litigantes, ¿debe el juez elevar la cuestión de inconstitucionalidad al TC?. A Sí, si ambas partes están de acuerdo, el juez está vinculado. B No; tampoco la solicitud conjunta de ambas partes obliga al juez. C Sí, en todo caso, para garantizar el derecho de defensa. D Depende: sí en materia penal, no en materia civil. ¿Puede el TC elevarse a sí mismo una cuestión de inconstitucionalidad?. A No, nunca; solo los órganos judiciales ordinarios pueden hacerlo. B Sí, en el recurso de amparo cuando deba aplicar una norma de cuya constitucionalidad tenga dudas. C Sí, en cualquier procedimiento ante el TC. D No, porque el TC tiene jurisdicción rogada. ¿En qué tipo de procedimiento constitucional puede el TC elevar una cuestión a sí mismo?. A En ninguno; el TC no puede auto cuestionarse. B En el recurso de inconstitucionalidad. C En el recurso de amparo. D En cualquier procedimiento constitucional. ¿Quién es competente para conocer del recurso de amparo ordinario?. A El Tribunal Constitucional en todo caso. B Un tribunal ordinario. C El Tribunal Supremo como órgano de casación. D La Audiencia Nacional para asuntos de especial trascendencia. ¿En qué Título de la Constitución Española se regula el Tribunal Constitucional?. A Título I — De los derechos y deberes fundamentales. B Título VI — Del Poder Judicial. C Título VIII — De la organización territorial del Estado. D Título IX — Del Tribunal Constitucional (arts. 159-165 CE). ¿Qué significa que el TC sea un «legislador negativo»?. A Que puede crear normas cuando detecta lagunas legislativas. B Que puede modificar el contenido de las leyes para adecuarlas a la CE. C Que solo puede invalidar normas contrarias a la CE, sin crear normas nuevas. D Que tiene iniciativa legislativa exclusivamente en materia de derechos fundamentales. ¿Cuál es la regla general sobre los efectos temporales de una sentencia de inconstitucionalidad?. A Efectos ex tunc: Se anulan todas las sentencias firmes dictadas aplicando la norma. B Efectos ex nunc (pro futuro): La nulidad no afecta a situaciones consolidadas por sentencias firmes con cosa juzgada. C Efectos ex tunc, salvo en materia penal. D Los determina el TC discrecionalmente caso a caso. ¿Cuál es la excepción al principio de efectos ex nunc de la declaración de inconstitucionalidad?. A Cuando la norma afecta a contratos en curso de ejecución. B En procesos penales y contencioso-administrativos sancionadores, si la inconstitucionalidad favorece al reo. C Cuando el TC así lo declara expresamente por razones de interés público. D Cuando la norma haya producido daños económicos cuantificables. Cuando el Gobierno central impugna una norma autonómica mediante recurso de inconstitucionalidad, ¿qué efecto inmediato se produce?. A No se produce ningún efecto cautelar: la norma sigue en vigor. B La norma queda derogada definitivamente. C La norma queda suspendida automáticamente; el TC debe pronunciarse en 5 meses. D El TC tiene 1 año para pronunciarse sobre la suspensión. ¿Cuál de estos sujetos NO está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad?. A Un ciudadano particular afectado directamente por la ley. B El Defensor del Pueblo. C 50 Diputados o 50 Senadores. D Las Asambleas legislativas de las CC. AA. ¿Por qué la cuestión de inconstitucionalidad actúa como «red de seguridad» del sistema constitucional?. A Garantiza que el TC actúe de oficio cuando detecta normas inconstitucionales. B Asegura que todas las leyes sean revisadas antes de entrar en vigor. C Permite controlar normas inconstitucionales que no fueron impugnadas directamente por los legitimados políticos, evitando que queden indefinidamente en vigor. D Protege a los ciudadanos frente a los actos inconstitucionales de los jueces. ¿Qué derechos NO son protegibles mediante recurso de amparo constitucional?. A El derecho a la igualdad (art. 14 CE). B El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). C El derecho a la vivienda (art. 47 CE) y demás principios rectores del Capítulo III. D La libertad de expresión (art. 20 CE). ¿Por qué el recurso de amparo constitucional es subsidiario?. A Porque solo lo puede interponer el Ministerio Fiscal. B Porque solo procede tras agotar todos los recursos disponibles en la vía judicial ordinaria. C Porque el TC lo admite únicamente si tiene especial trascendencia constitucional. D Porque tiene un plazo de interposición de 20 días desde la resolución. ¿Qué reforma introdujo el requisito de «especial trascendencia constitucional» en el recurso de amparo?. A La Constitución de 1978. B La reforma de la LOTC de 2007. C La LO 7/2015. D La reforma constitucional de 1992. ¿Cuál es la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. A Bruselas. B Estrasburgo. C Luxemburgo. D Ámsterdam. ¿Puede el Tribunal de Justicia actuar en Pleno, según el art. 251 TFUE?. A No, solo podrá actuar en Sala o Gran Sala. B Sí, en todo caso. C Sí, cuando el Estatuto así lo disponga. D No, en ningún caso. ¿Cuántos jueces integran el Tribunal General de la UE?. A 27 Jueces, uno por Estado miembro. B 11 Jueces elegidos por el Parlamento Europeo. C 54 Jueces, dos por cada Estado miembro. D 15 Jueces designados por el Consejo. ¿Cuál es el objeto del recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE)?. A Controlar la legalidad de los actos de las instituciones europeas. B Controlar la inactividad de las instituciones europeas. C Declarar que un Estado miembro ha incumplido obligaciones del Derecho de la UE. D Interpretar normas europeas para los tribunales nacionales. Si un Estado no cumple la sentencia del TJUE por incumplimiento, ¿qué puede hacer la Comisión?. A Expulsar al Estado de la UE. B Someter el asunto de nuevo al TJUE para que imponga multas coercitivas (art. 260 TFUE). C Dictar directamente las medidas necesarias. D Acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuáles son los motivos tasados del recurso de anulación (art. 263 TFUE)?. A Solo violación de los Tratados. B Incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados y desviación de poder. C Solo incompetencia y desviación de poder. D Cualquier infracción del Derecho de la UE. ¿Cuál es la diferencia entre recurrentes privilegiados y no privilegiados en el recurso de anulación?. A Los privilegiados no pueden recurrir actos del Parlamento Europeo. B Los privilegiados (Estados, PE, Consejo, Comisión) pueden recurrir sin justificar interés concreto; los no privilegiados deben acreditar afectación directa e individual. C Los no privilegiados tienen más plazo para recurrir. D Los privilegiados solo pueden recurrir reglamentos. ¿Qué requisito previo exige el recurso por omisión (art. 265 TFUE)?. A Interponer antes un recurso de anulación. B Requerir formalmente a la institución y esperar 2 meses sin que defina su posición. C Agotar los recursos en todos los tribunales nacionales. D Obtener autorización previa del Parlamento Europeo. ¿Cuándo están OBLIGADOS los jueces nacionales a plantear la cuestión prejudicial al TJUE?. A Siempre que una de las partes lo solicite. B Cuando contra sus resoluciones no quepa recurso ordinario en el Derecho interno (última instancia). C Solo en procesos penales. D Cuando lo autorice el Tribunal Supremo del Estado. Un juez español detecta que una ley nacional es contraria a un reglamento europeo. ¿Puede inaplicarla directamente?. A No: debe elevar la cuestión de inconstitucionalidad al TC. B Sí: puede inaplicarla directamente por el principio de primacía del Derecho de la UE. C Solo si el TS ya lo ha declarado previamente. D Debe consultar al Ministerio de Justicia. ¿Por qué la cuestión prejudicial es la «piedra angular» del sistema europeo?. A Permite a los ciudadanos recurrir directamente ante el TJUE. B Garantiza la aplicación uniforme del Derecho UE en todos los Estados y asegura el principio de primacía. C Controla la legalidad de los actos de las instituciones. D Sustituye al recurso de anulación en casos urgentes. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de anulación (art. 263 TFUE)?. A Un mes desde la publicación del acto. B Dos meses desde la publicación, notificación o conocimiento del acto. C Tres meses desde la publicación del acto. D No hay plazo específico. ¿En qué caso el Tribunal General puede remitir un asunto al Tribunal de Justicia?. A Cuando considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o coherencia del Derecho de la UE. B Siempre que el asunto supere una cierta complejidad técnica. C Cuando alguna de las partes lo solicite. D Cuando el asunto sea de especial importancia económica. Contra las resoluciones de los tribunales especializados, ¿ante qué órgano se interpone el recurso de casación?. A Ante la sala de casación del Tribunal General. B Ante el Tribunal de Justicia de la UE. C Ante el Tribunal General. D Ante el Tribunal de Función Pública. ¿Qué órgano puede crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General?. A El pleno del TJUE. B El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. C El Consejo Europeo. D El Tribunal de Justicia. ¿Se considera que la interrupción de tratamientos médicos que mantienen la vida del paciente entra en el ámbito de disposición de las autoridades estatales?. A Sí; los Estados tienen un margen de apreciación para regularlo respetando el art. 2 CEDH. B No; la interrupción de tratamientos es siempre decisión exclusiva del médico. C No; solo el paciente puede decidir sobre la interrupción de su tratamiento. D Sí, pero únicamente si así lo prevé expresamente la ley del Estado. ¿Tiene el Estado obligaciones positivas en materia de derecho a la vida (art. 2 CEDH)?. A Sí; el Estado tiene obligaciones tanto negativas (no matar) como positivas (adoptar medidas para salvaguardar la vida). B No; el art. 2 solo impone la obligación negativa de no causar la muerte. C Solo en situaciones excepcionales de guerra o estado de excepción. D Solo cuando el riesgo para la vida proviene de terceros. ¿Significan las obligaciones positivas del Estado en materia de vida protegerla en toda situación y a cualquier precio?. A Sí, sin excepción. B No; el encarnizamiento u obstinación terapéuticos constituyen el límite de esas obligaciones. C Solo en el caso de enfermos mentales. D Sí, salvo que el paciente haya otorgado disposiciones anticipadas. ¿Tienen las obligaciones positivas del Estado un límite en el encarnizamiento u obstinación terapéuticos?. A No; el Estado siempre debe mantener todos los tratamientos posibles. B Sí; el encarnizamiento terapéutico constituye el límite a las obligaciones positivas del Estado sobre el derecho a la vida. C Solo en pacientes terminales oncológicos. D Sí, pero solo si el paciente lo solicita expresamente. ¿Quién decide sobre el encarnizamiento u obstinación terapéuticos?. A El paciente, en ejercicio de su autonomía. B El médico, con criterios técnicos y deontológicos. C Los parientes más cercanos del paciente. D Un comité de bioética del hospital. ¿Son las disposiciones anticipadas del paciente el único límite a las obligaciones del Estado sobre la vida?. A Un límite, pero no el único; también opera el criterio del encarnizamiento terapéutico aunque no haya instrucciones anticipadas. B El único límite reconocido por el TEDH. C No constituyen ningún límite; solo vinculan al médico. D Solo son límite cuando han sido otorgadas ante notario. ¿Tienen los parientes del paciente alguna capacidad de decisión en situaciones de final de vida?. A Sí, con carácter general, especialmente cuando el paciente no puede manifestar su voluntad. B No; la decisión corresponde siempre exclusivamente al médico. C Solo cuando exista un documento notarial que los autorice. D Solo en caso de urgencia vital. ¿Cuándo ejercen los parientes su capacidad de decisión en situaciones de final de vida?. A Nunca; corresponde siempre al médico. B Cuando el paciente está inconsciente y no puede manifestar su propia voluntad. C Siempre, incluso cuando el paciente está consciente y capaz. D Solo en la última semana de vida del paciente. En situaciones de final de vida, ¿puede la normativa estatal limitar la autonomía del paciente a recibir tratamiento si el médico lo considera inapropiado? Y si es así, ¿es eso una limitación del derecho a la vida?. A Sí y sí: las normas pueden limitar esa autonomía, y ello constituye una limitación del art. 2 CEDH, que puede estar justificada y ser proporcionada. B No; las normas estatales no pueden limitar la autonomía del paciente. C Sí, pero no constituye limitación del derecho a la vida. D No; en este supuesto prima siempre la voluntad del paciente. En situaciones de controversia entre el paciente y los médicos sobre el final de vida, ¿debe intervenir la autoridad judicial?. A Sí, para proporcionar una decisión final y definitiva con garantías. B No; corresponde al comité de bioética del hospital. C Solo si el paciente está en estado vegetativo. D No; la decisión final siempre corresponde al médico. ¿A qué organización pertenece el TEDH?. A A la Unión Europea como órgano jurisdiccional supremo. B Al Consejo de Europa (fundado en 1949), distinto de la UE. C A las Naciones Unidas. D Al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál es el plazo para presentar demanda ante el TEDH desde la resolución interna definitiva?. A 6 meses (plazo original del CEDH de 1950). B 1 año desde la fecha de la violación. C 4 meses, desde la entrada en vigor del Protocolo n.º 15 (agosto de 2021). D 2 años, equiparado al plazo civil español. ¿Qué porcentaje aproximado de demandas son inadmitidas por el TEDH?. A El 20%. B El 50%. C El 80%. D El 95%. ¿Qué mecanismo prevé el ordenamiento español para ejecutar las sentencias del TEDH?. A La revisión de oficio por el Ministerio de Justicia. B El recurso de revisión ante el Tribunal Supremo (art. 5 bis LOPJ, introducido por LO 7/2015). C Un nuevo recurso de amparo ante el TC. D No existe ningún mecanismo interno. ¿Qué establece el art. 6 del CEDH?. A La prohibición de la tortura y los tratos inhumanos. B La libertad de expresión. C El derecho a un proceso equitativo, la presunción de inocencia y la asistencia letrada. D La prohibición de discriminación. ¿Cuántos magistrados componen el TEDH?. A Un número igual al de miembros del Consejo de Europa. B 27, uno por cada Estado miembro de la UE. C 10 magistrados. D 20 magistrados. Para que sea admisible la demanda ante el TEDH, ¿qué requisito previo es indispensable en España?. A Presentar previamente una queja ante el Defensor del Pueblo. B Agotar los recursos internos, incluido el recurso de amparo ante el TC. C Obtener el apoyo expreso de una ONG de derechos humanos. D Presentar la demanda dentro de los 4 meses desde la ocurrencia del hecho. ¿Qué prohíbe el art. 7 del CEDH?. A La discriminación por origen. B La detención arbitraria. C Condenar por un acto que no era infracción cuando fue cometido (principio de legalidad penal: nullum crimen sine lege). D La esclavitud y el trabajo forzado. ¿Cuál es el cuarto motivo de denegación de la cooperación jurídica internacional por las autoridades españolas (art. 14 Ley 29/2015)?. A Que el Estado requirente no sea miembro de la UE. B Que el importe de la diligencia supere el límite establecido. C Que la solicitud no reúna los requisitos formales exigidos (p. ej., falta de traducción al español). D Que el procedimiento principal sea penal, no civil. ¿Cuál es la fuente de la que resulta la ley extranjera aplicable al fondo de un litigio con elemento internacional?. A La voluntad de las partes expresada en el contrato litigioso. B La norma de conflicto del Derecho Internacional Privado (arts. 8-12 CC), que establece un punto de conexión para determinar qué ley aplica. C El Derecho europeo siempre determina la ley aplicable al fondo. D El juez elige libremente la ley que considera más justa. ¿En qué consiste el principio de aplicación integral del Derecho extranjero?. A El juez siempre aplica el Derecho español por defecto cuando las partes no prueban la ley extranjera. B La tendencia creciente a que el juez se informe activamente del Derecho extranjero y lo aplique aunque no esté suficientemente probado por las partes. C Las partes están siempre obligadas a probar el Derecho extranjero sin excepción. D El Derecho extranjero solo se aplica si existe tratado bilateral entre España y ese Estado. ¿Qué es el «dictamen de jurisconsultos» como medio de prueba del Derecho extranjero?. A Un documento emitido por el Ministerio de Justicia español. B Un dictamen redactado por dos juristas expertos en el Derecho extranjero aplicable, con sus firmas certificadas. C Una resolución del TJUE que interpreta el Derecho extranjero aplicable. D Un informe del cónsul del Estado extranjero sobre su sistema jurídico. ¿Quién tiene la carga de probar el contenido del Derecho extranjero en un proceso seguido en España?. A El juez español, que debe conocer el Derecho aplicable de oficio. B Las partes, en particular la parte que pretenda que se aplique la ley extranjera. C El Ministerio de Justicia, que debe facilitar la información al juez. D El cónsul del Estado cuya ley deba aplicarse. Un tribunal español debe resolver la propiedad de un inmueble situado en Francia. ¿Qué norma de conflicto aplica?. A Art. 9.1 CC: ley de la nacionalidad del propietario. B Art. 10.1 CC (lex rei sitae): la ley del lugar donde se sitúa el inmueble → ley francesa. C Art. 10.5 CC (lex voluntatis): la ley elegida por las partes. D Art. 3 LEC: siempre la ley española porque el proceso se sigue en España. ¿Cuál es la diferencia entre la legalización ordinaria y la apostilla del Convenio de La Haya de 1961?. A La legalización ordinaria es gratuita; la apostilla tiene coste elevado. B La legalización requiere tres pasos sucesivos de autenticación; la apostilla los sustituye por un único trámite ante una autoridad designada. C La apostilla solo vale para documentos notariales. D La legalización ordinaria es más rápida que la apostilla. Según el art. 14 de la Ley 29/2015, ¿cuál es el primer motivo de denegación de la cooperación jurídica internacional activa?. A Que la solicitud no esté traducida al español. B Que la diligencia solicitada sea contraria al orden público español. C Que la competencia judicial internacional sea exclusiva de los tribunales españoles. D Que el contenido del acto no corresponda a las atribuciones de las autoridades españolas. ¿Qué tipo de cooperación jurídica se produce cuando el cónsul español en otro país notifica una demanda a un demandado domiciliado allí?. A Cooperación activa: el Estado extranjero actúa a petición del tribunal español. B Cooperación pasiva: el propio Estado español (su cónsul) actúa en territorio extranjero. C Cooperación recíproca entre España y ese Estado. D No es cooperación jurídica internacional propiamente dicha. El art. 3 LEC establece la lex fori regit processum. ¿Cuál es su consecuencia práctica más importante?. A El juez español puede aplicar el procedimiento del Estado cuya ley rija el fondo. B Aunque la ley aplicable al fondo sea extranjera, el procedimiento en España se rige siempre por las normas procesales españolas. C Las partes pueden pactar aplicar el procedimiento del Estado cuya ley rija el fondo. D Solo se aplica en procesos civiles, no en procesos mercantiles. ¿Qué es el «forum shopping» y por qué el Derecho lo restringe?. A La práctica de elegir el tribunal más cercano al domicilio del demandado. B La práctica de elegir maliciosamente el foro más favorable a los propios intereses, que se restringe para garantizar la igualdad de las partes y la coherencia del sistema. C El derecho de las partes a elegir el tribunal que prefieran. D La obligación del actor de presentar la demanda donde se produjeron los hechos. ¿Qué artículo de la LOPJ regula la competencia judicial internacional en materia laboral?. A Art. 22 LOPJ. B Art. 22 bis LOPJ. C Art. 24 LOPJ. D Art. 25 LOPJ. ¿Cuándo puede derogar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles el acuerdo de las partes?. A Siempre que ambas partes sean mayores de edad y estén de acuerdo. B Solo en materias de libre disposición (sin interés público indisponible), art. 22 bis LOPJ. C Nunca; la competencia judicial internacional es de orden público. D Solo si la sumisión se hace a un tribunal de un Estado miembro de la UE. ¿En qué materia regula el Reglamento (UE) 2016/1103?. A Procedimientos de insolvencia con elemento internacional. B Obligaciones de alimentos entre parientes con elemento internacional. C Efectos patrimoniales de los regímenes económico matrimoniales con elemento internacional. D Sucesiones mortis causa con elemento internacional. El Convenio CMR (1956) sobre transporte internacional de mercancías por carretera, ¿en qué nivel del orden de prelación se sitúa?. A Primer nivel, porque es Derecho de la UE. B Segundo nivel, como tratado internacional multilateral en vigor para España. C Tercer nivel, como norma nacional equivalente a la LOPJ. D No forma parte del orden de prelación. ¿Qué diferencia a los foros concurrentes de los foros exclusivos en competencia judicial internacional?. A Los concurrentes son más frecuentes que los exclusivos. B En los concurrentes varios Estados son competentes y el actor elige; en los exclusivos solo un Estado es competente y el demandado puede oponer excepción de falta de jurisdicción si se acude a otro. C Los exclusivos solo operan en materia penal. D Los concurrentes los determina el juez; los exclusivos, las partes. ¿Por qué los tratados internacionales ocupan el segundo nivel del orden de prelación?. A Porque el Reglamento Bruselas I bis así lo establece. B Porque una vez ratificados por España no puede modificarlos unilateralmente (principio pacta sunt servanda, art. 96.1 CE). C Porque son normas más recientes que la LOPJ. D Porque son aprobados por las Cortes Generales y la LOPJ solo por el Gobierno. ¿Cuándo se aplican las normas nacionales de la LOPJ sobre competencia judicial internacional?. A Siempre, con independencia de que exista norma europea o convencional. B Solo en defecto de norma europea y de tratado internacional en vigor para España. C Cuando las partes hayan pactado la sumisión a los tribunales españoles. D Solo en litigios entre ciudadanos españoles. ¿Qué regula el Reglamento (UE) 2019/1111, conocido como «Bruselas II ter»?. A Materia civil y mercantil general. B Materia matrimonial y de responsabilidad parental (en vigor desde agosto de 2022). C Procedimientos de insolvencia con elemento internacional. D Obligaciones de alimentos con elemento internacional. ¿Existe un reglamento europeo general sobre competencia judicial internacional en todas las materias?. A Sí, el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) regula todas las materias. B Sí, el Reglamento general de 2010 cubre todas las materias. C No; la regulación europea es sectorial mediante reglamentos por materias específicas. D No existe ninguna norma europea sobre esta materia. ¿Cuál es el primer nivel del orden de prelación de fuentes en materia de competencia judicial internacional?. A Los tratados internacionales bilaterales suscritos por España. B La LOPJ (arts. 22-25 LOPJ). C El Derecho de la Unión Europea (reglamentos sectoriales): primacía sobre todas las demás fuentes. D Los convenios multilaterales de Naciones Unidas. |





