Derecho Civil 1.1 General y Persona Uned

Las leyes: Pueden recobrar vigencia si se deroga la norma que las derogó. Nunca tienen efecto retroactivo. Pueden ser derogadas por una norma posterior si sobre una misma materia aquellas resultan incompatibles con ésta. Siempre entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE,.

Según el art. 1.1. del C.C., las fuentes del ordenamiento jurídico son: La ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del Derecho. La ley, los principios generales del Derecho y, en defecto de éstos, la costumbre. La ley, la costumbre y la jurisprudencia, pero los principios generales del Derecho complementarán el ordenamiento jurídico. Ninguna de las anteriores es correcta.

La doctrina del Tribunal Constitucional: Constituye jurisprudencia que complementa el ordenamiento jurídico, según el artículo 1.6 del Código Civil. Es un criterio de interpretación de las normas, no vinculante para los órganos jurisdiccionales. Vincula a todos los Jueces y Tribunales. Vincula a los Jueces y Tribunales en la medida en que sea acogida por el Tribunal Supremo.

Indique cuál de las siguientes frases define mejor el papel que juegan los principios generales del derecho en nuestro sistema de fuentes: Los principios generales del derecho se hallan en el primer lugar en el orden de prelación de fuentes, de manera que se aplican con preferencia a la ley, dado su carácter informador de ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho son fuente del derecho en la medida en que son reconocidos por la jurisprudencia. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley, con preferencia a la costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

En el ordenamiento jurídico español: Son fuentes exclusivamente la ley y la costumbre. La ley aplicable solo regirá en defecto de la costumbre y la jurisprudencia. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin prejuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca cada Audiencia Provincial en el ámbito de su jurisdicción, al interpretar y aplicar la ley.

Sobre la jurisprudencia, señalar la respuesta que es correcta: Los criterios que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán directamente aplicables por los Jueces y Tribunales para resolver, sin esperar que el legislador lo incorpore al ordenamiento interno. La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales vincula a los órganos judiciales de la provincia. Las sentencias del Tribunal Constitucional limitan su eficacia vinculante frente al legislador que tendrá la obligación de adaptar leyes a sus pronunciamientos. Los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo son de obligatoria aplicación por los Jueces y Tribunales.

En el cómputo civil del tiempo: En los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, se comienza a contar dicho día, el cual queda excluido. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. En el cómputo civil se excluyen los días inhábiles. En el cómputo civil del tiempo, agosto es un mes inhábil.

Cómputo procesal del tiempo: En el cómputo procesal o judicial se descuentan los días inhábiles. Solo son días inhábiles los domingos y los del mes de agosto. Los plazos de prescripción o de ejercicio de las acciones son plazos judiciales o procesales. Los días y las horas inhábiles no se pueden habilitar bajo ningún concepto.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones no es propia de la prescripción: La prescripción es una causa de extinción de los derechos y de las acciones. La prescripción afecta a todo tipo de derechos, tanto reales como de crédito. La prescripción se basa fundamentalmente en la inactividad del titular. La prescripción requiere una conducta positiva del beneficiado consistente en la posesión de la cosa.

Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la usucapión: La usucapión es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales. La usucapión se refiere al dominio y a los derechos reales, y no a los de crédito. La usucapión requiere una conducta positiva del beneficiado consistente en la posesión de la cosa. La usucapión funciona atendiendo a la inactividad del titular del derecho.

Los plazos de prescripción no corren: Contra las personas impedidas de administrar sus bienes. Contra las personas jurídicas. Contra la herencia de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Prescribe a los 20 años: Las acciones personales que no tengan plazo especial señalado. Las acciones reales. La acción hipotecaria. La acción reivindicatoria.

Las acciones de pedir la participación de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas: Prescriben a los 30 años. Prescriben a los 20 años. Prescriben a los 5 años. Son acciones declarativas e imprescriptibles.

¿Cuál de las siguientes acciones no prescribe a los cinco años?. La de pagar pensiones alimenticias. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas rústicas o de fincas urbanas. La de cualquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos que las obligaciones se refieran.

¿Cuál de las siguientes acciones no prescribe a los tres años?. La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron. La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios. La de abonar a los posaderos la comida y la habitación. La acción para recobrar o retener la posesión.

Interrupción de la prescripción: La prescripción de las acciones solo se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales. La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias no aprovecha a todos acreedores, sino solo a quien los produjo. La interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda, surte también efecto contra su fiador. Al fiador perjudica la interrupción de la prescripción que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor.

Los apéndices: En virtud del artículo 6 de la Ley de Bases de 1888, los apéndices debían contener “las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen”. Fueron leyes derogatorias del Código civil. Solo se promulgó el Apéndice de Aragón en 1925. Todos los territorios forales promulgaron su “Apéndice en Derecho civil propio”, que derogaba solo parcialmente el Código Civil.

El sistema de compilaciones tiene su origen: En la Ley de Bases de 1888. En el Código Civil de 1889, en concreto en el art. 13. En el Congreso Nacional de Derecho Civil que se celebró en Zaragoza en 1944. En los Apéndices elaborado a partir de la primera Ley Hipotecaria.

Las compilaciones de Derecho civil: Eran verdaderos códigos civiles, territorialmente limitados. Su aplicación ha sido siempre de carácter personal. Eran normas incompletas, integradas supletoriamente por el Código Civil. Estuvieron vigentes hasta la Constitución de 1978.

La constitución española de 1978: Deroga expresamente los llamados Derecho Forales. Exige la necesidad de la elaboración de un Código civil único para toda España, respetando mínimamente los Derechos Forales. Supone la garantía constitucional de la pluralidad de regímenes jurídico-civiles coexistentes en el territorio nacional. No reconoce más Derecho civil que el contenido en el Código civil o en leyes estatales posteriores.

En virtud del art. 149.1 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva: En materia mercantil, salvo cuando concierne al régimen de las sociedades mercantiles. En materia procesal, salvo procesos matrimoniales. Sobre la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CC.AA. de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Sobre la legislación civil contractual.

En cualquier caso, son materias de competencia estatal con carácter exclusivo: Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. La determinación de las acciones de filiación. La ordenación de los registros, pero no de los instrumentos públicos. La determinación de los tipos contractuales.

Sistema de fuentes. Señala cuál es la respuesta correcta: La determinación de las fuentes del Derecho corresponde al Estado, con respeto a las normas de Derecho foral o especial. La determinación de las fuentes del Derecho es competencia exclusiva y excluyente del Estado. Aunque la competencia sea de la Comunidad Autónoma, las fuentes del ordenamiento jurídico deben ser las mismas. La determinación de las fuentes del Derecho por el Estado prevalece sobre la que se pueda determinar un Parlamento autonómico.

Relación entre el ordenamiento estatal y el ordenamiento autonómico. Señala cuál es la respuesta correcta: En virtud del art. 149.3 de la Constitución, en caso de conflicto, la norma estatal prevalece siempre sobre la norma autonómica. En caso de conflicto, la prevalencia de la norma estatal sobre la norma autonómica solo se produce en cuanto no esté atribuido a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma correspondiente. El Derecho estatal es siempre un Derecho supletorio. La supletoriedad referida por la Constitución al Derecho estatal respecto de los Derechos autonómicos no impide la determinación de un Derecho Foral como supletorio de otro Derecho asimismo foral.

Determine cuál de las siguientes CC.AA. no tiene Derecho civil foral o especial: País Vasco. La Rioja. Navarra. Islas Baleares.

Según el art. 3.2. del Código Civil, la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas: Solo cuando la ley así lo prevea. Si bien, las resoluciones de los tribunales no pueden descansar en ella. Si bien, las resoluciones de los tribunales podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Pudiendo las resoluciones de los tribunales descansar en ella, en cualquier caso.

Los actos contrarios a una norma prohibitiva: Son nulos de pleno derecho salvo que expresamente se establezca un efecto distinto. Son anulables a instancia de cualquiera de los afectados. Son actos ejecutados en fraude de ley. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los actos ejecutados al amparo del texto de una norma pero que persigan un resultado contrario al ordenamiento jurídico: Son actos ilícitos, y por lo tanto nulos. Son actos, en todo caso, anulables. Son actos ejecutados en fraude de ley. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con el art. 6 del Código Civil, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas: Son siempre nulos de pleno derecho y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Solo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudique a terceros. Son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

De conformidad con el Código Civil, el efecto de un acto realizado en fraude de ley es: La exclusión de la ley aplicable, siempre que el acto no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros. La aplicación de la norma que se ha tratado de eludir. La exclusión voluntaria de la ley aplicable, siempre que no se persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. La nulidad de pleno derecho del acto, salvo que en la norma se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

La equidad: Se aplica en caso de laguna legal. No se pondera por el juez en la aplicación de las normas, sin perjuicio de que pueda fundamentarse en ella el arbitraje de equidad. Se pondera en la aplicación de nuevas normas cuando todavía no existe jurisprudencia interpretativa. Se pondera en la aplicación de las normas de cualquier tipo.

¿Cuál de las siguientes frases define el concepto de “acto es fraude de ley”?. Acto contrario a una norma imperativa o prohibitiva. Acto realizado al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Acto no realizado conforme a las exigencias de la buena fe. Acto que sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho.

Señale cuál es la proposición correcta: La equidad constituye un instrumento de integración del ordenamiento jurídico en los casos de anomía o cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. La equidad constituye un criterio de aplicación de las normas, así como un criterio o razón en que se funda una decisión, siempre que la ley expresamente permita resolver un conflicto basándose exclusivamente en ella. La equidad constituye un modo de proceder jurídico que se desvincula de las reglas del Derecho y sirve para resolver cualquier disputa que las partes hayan sometido al tribunal, cuando deseen que este se pronuncie en equidad, al margen de las normas vigentes. La equidad implica libre arbitrio de los tribunales, en los supuestos en los que la norma resulte incompleta o no contemple un supuesto concreto.

La equidad: No ha de ponderarse en la aplicación de las normas. No se aplicará a las leyes excepcionales. Puede fundamentar en exclusiva las resoluciones de los tribunales salvo que la ley expresamente lo prohíba. No puede fundamentar de manera exclusiva las resoluciones de los tribunales salvo que la ley expresamente lo permita.

Sobre la nulidad de pleno derecho, señalar la respuesta que no es correcta: Los actos contrarios a norma imperativa y prohibitiva son nulos de pleno derecho, salvo que en ellos se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados en fraude de ley son necesariamente nulos y no producen efectos en ningún caso. La nulidad de pleno derecho opera “ipso iure”, no precisa de impugnación. La nulidad de pleno derecho no puede ser sanada por prescripción ni confirmación.

Indique cuál de las siguientes leyes, según el Código Civil, no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas: Las leyes penales. Las leyes civiles. Las leyes especiales. Las leyes procesales.