DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

1. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, su ámbito objetivo de aplicación comprende: a. La Administración General del Estado. b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c. Las Entidades que integran la Administración Local. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley: . a. Sí. b. No. c. Según los casos. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. La relación electrónica con las Administraciones Públicas para las personas jurídicas. a. Es una obligación. b. Es una opción. c. Es igual que para las personas físicas. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. El derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos: a. Corresponde únicamente a los interesados. b. Es un derecho de cualquier persona que se relaciona con la Administración. c. Solo corresponde a los funcionarios públicos. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, son interesados en el procedimiento administrativo: a. Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación con el concepto de interesado del artículo 4 de la Ley 39/2015. a. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. b. Se consideran interesados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. c. Se consideran interesados los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. d. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente no sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

9. Para interponer recursos: a. Será preciso acreditar la representación. b. No hay un régimen específico. c. Únicamente vale el poder apud acta. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. La representación podrá acreditarse mediante: a. Únicamente por poder notarial. b. Cualquier forma de representación válida en derecho. c. Únicamente mediante poder apud acta. d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

11. Poden actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas: a. Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos. b. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos. c. Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. d. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

12. El poder apud acta puede realizarse: a. Únicamente mediante presencia ante el funcionario. b. Admite la comparecencia personal o la comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. c. Exige validación notarial. d. Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

13. La falta o insuficiencia de la representación: a. Se puede subsanar en diez días. b. Es insubsanable. c. Provoca el rechazo del documento. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14. Dispondrá/n de un registro electrónico general de apoderamientos: a. la Administración General del Estado. b. las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c. las Entidades Locales. d. Todas son correctas.

15. ¿Pueden los organismos públicos vinculados o dependientes crear sus propios registros electrónicos?. a. Sí. b. No. c. Solo si le autoriza la Administración Autonómica. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16. Los documentos que presenten los interesados podrán presentarse: a. Únicamente en el registro electrónico de la Administración General del Estado. b. En el registro electrónico de la respectiva Administración o en los restantes registros electrónicos. c. Unicamente en el registro electrónico de la respectiva Administración. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. b. A petición razonada de otros órganos. c. Por denuncia. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, señala la respuesta incorrecta,. a. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre a solicitud de la persona interesada. b. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siembre de oficio por acuerdo del órgano competente. c. Los procedimientos de naturaleza sancionadora establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. d. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

19. En procedimiento administrativo, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: a. Diez días a partir del siguiente a la emisión del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo mayor. b. Veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. c. Diez días a partir del siguiente a la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. d. Veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo mayor.

20. La ley 40/2015, es de aplicación a: a. La Administración General del Estado. b. Las entidades que integran la Administración Local. c. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, la competencia: a. Es disponible. b. Es orgánica. c. Es irrenunciable. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, la encomienda de gestión: a. No supone cesión de la titularidad de la competencia. b. Otorga la competencia al encomendado. c. Se prevé para la realización de actividades de carácter material o técnico. d. a) y c) son correctas.

23. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, la delegación de competencias: a. Es siempre en órganos jerárquicamente dependientes. b. Puede ser en órganos dependientes o no. c. No puede ser en órganos dependientes. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24. La resolución de los recursos no puede ser objeto de delegación: a. Nunca. b. Siempre. c. En los órganos que hayan dictado el acto objeto del recurso. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 40/2015, la avocación: a. Tiene que ser motivada. b. Tiene que ser motivada y notificada a los interesados. c. Solo notificada a los interesados. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. La encomienda de gestión está prevista para la realización de actividades de carácter: a. Jurídico. b. Organizativo. c. Material o técnico. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

27. Para la válida constitución de un órgano colegiado, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia: a. Del presidente y secretario o, en su caso de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros. b. Del presidente o, en su caso de quien le supla, y la de la mitad, al menos de sus miembros. c. Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

28. De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 40/2015, la Administración titular de una sede electrónica: a. Asume sus costes. b. Asume sus actualizaciones. c. Asume la integridad, veracidad, y actualización de la información y de los servicios que soporta. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

29. Las medidas de seguridad para el archivo electrónico de documentos son las establecidas. a. Por cada Administración. b. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad. c. Según el Esquema Nacional de Seguridad. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. De acuerdo con el art. 38 de la ley 40/2015, la sede electrónica es: a. Aquella sede administrativa donde se controla la red intranet de una Administración Pública. b. Es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad es una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c. Es la sede donde radica la Dirección general de nuevas tecnologías. d. Ninguna es correcta.

31. La Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: a. Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. b. Eficacia y eficiencia en la contratación. c. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. d. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

32. No son contratos típicos regulados por la ley de contratos del Sector Público: a. Los contratos de compraventa. b. los contratos de concesión de servicios. c. los contratos de suministro. d. los contratos de servicios.

33. De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: a. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. b. La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. c. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?: “Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”. a. Contrato de obras. b. Contrato de servicios. c. Contrato de concesión de servicios. d. Contrato de suministros.

35. De acuerdo con el art. 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público (LCSP), los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por: a. La LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en su defecto, las normas de derecho privado. b. Las disposiciones de desarrollo de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho público. c. La LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. d. Por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.

36. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se regirán por el derecho privado, en cuanto a: a. Su preparación y adjudicación. b. Sus efectos, modificación y extinción. c. Su preparación, adjudicación y extinción. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, en defecto de normas específicas, por la presente ley.

37. Cuál de los siguientes tipos de contratos están excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos del sector público?. a. Contrato concesión de obras. b. Contrato de suministros. c. Contrato de servicios. d. Contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación.