Test Modelo E (Feb 2026)

1. ¿Qué característica del plan urbanístico explica que, desde la Ley del Suelo de 1956, se convierta en la pieza central del ordenamiento urbanístico?. A. Su función como documento descriptivo del territorio sin valor normativo. B. Su condición de instrumento que determina el contenido concreto del derecho depropiedad. C. Su carácter meramente consultivo en relación con las leyes urbanísticas. D. Su aplicación exclusiva en suelo urbano consolidado.

2. En relación con la evolución del Derecho urbanístico español, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe de forma más precisa el cambio conceptual introducido por la Ley de Expropiación Forzosa de 1879 respecto a la captura de plusvalías?. A. Introdujo la participación pública únicamente mediante impuestos específicos sobre el incremento de valor del suelo. B. Permitió la expropiación total de los terrenos incluidos en un plan de ensanche. C. Incorporó por primera vez una técnica de confiscación parcial de plusvalías mediante la expropiación de una franja lateral fija de vías urbanas. D. Reguló la primera zonificación funcional en áreas urbanas consolidadas.

3. ¿En cuál de los siguientes supuestos procede la declaración de ruina según el TRLS y el TR de 1976?. A. Cuando el edificio no dispone de licencia de primera ocupación. B. Cuando el coste de reparación supera el 50 % del valor actual del edificio o plantas afectadas. C. Cuando el propietario opte voluntariamente por la demolición. D. Cuando el inmueble no cumpla las condiciones de accesibilidad universal.

4. Los Programas de Actuación Urbanística (PAU), tal como fueron concebidos en la LS de 1976, tenían como finalidad principal: A. Ordenar íntegramente el suelo urbano consolidado. B. Establecer la ordenación pormenorizada en el suelo urbanizable programado. C. Fijar las bases de programación y la ordenación estructural en el suelo urbanizable no programado. D. Sustituir a los Planes Especiales en actuaciones de reforma interior.

5. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los procedimientos de aprobación autonómica y municipal en la tramitación de los instrumentos de planeamiento?. A. En los procedimientos autonómicos no existe información pública. B. En la aprobación autonómica hay aprobación provisional municipal antes de la definitiva autonómica. C. En los procedimientos municipales se exige evaluación ambiental estratégica ordinaria siempre. D. En la aprobación municipal la aprobación inicial corresponde a la CCAA.

6. A la luz de la STC 61/1997, ¿cuál es el límite material más relevante que impide al Estado utilizar la competencia del artículo 149.1.1 CE para incidir plenamente en la definición del modelo urbanístico autonómico?. A. Que se trate de materias incluidas en la legislación civil. B. Que la igualdad que garantice sea formal, pero no material, y no pueda vaciar el margen decisorio autonómico. C. Que el planeamiento urbanístico siempre prevalezca sobre cualquier normativa básica estatal. D. Que las CCAA hayan asumido la competencia de vivienda simultáneamente a la de ordenación del territorio.

7. De acuerdo con el régimen estatal vigente, ¿qué elemento diferencia de forma determinante al suelo urbano respecto del solar, incluso si ambos cuentan con urbanización ejecutada?. A. El grado de consolidación edificatoria existente en el área. B. La posesión de todos los requisitos legales y urbanísticos que permiten la edificación inmediata sin obras adicionales. C. La necesidad de someterse a un programa de actuación urbanística previamente aprobado. D. La existencia de usos lucrativos previstos por el planeamiento.

8. En relación con la expropiación como sistema de ejecución del planeamiento, el TRLS 2008 establece que: A. La utilidad pública y necesidad de ocupación deben declararse mediante ley autonómica específica. B. La aprobación del planeamiento habilitante conlleva automáticamente la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. C. El justiprecio se fijará siempre mediante Jurado Provincial de Expropiación. D. El procedimiento de tasación conjunta no requiere trámite de audiencia.

9. ¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye una manifestación de la competencia estatal del artículo 149.1.13 CE en materia urbanística según la jurisprudencia constitucional?. A. La potestad de imponer estándares urbanísticos mínimos vinculantes. B. La determinación del porcentaje de edificabilidad mínima destinado a vivienda protegida. C. La regulación del procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. D. La fijación del régimen de clasificación del suelo urbano consolidado.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la jerarquía entre instrumentos de planeamiento?. A. Cualquier plan municipal puede modificar determinaciones de planes supramunicipales. B. La jerarquía es rígida y no admite excepciones en ninguna CCAA. C. El plan inferior no puede contradecir al superior, aunque algunas CCAA han flexibilizado este principio. D. Los planes especiales siempre prevalecen sobre los planes generales.

11. Según el art. 15 del TRLS 2015, el límite general del deber legal de conservación es: A. El 75 % del valor de reposición, salvo que la CCAA establezca una reducción. B. El 50 % del valor de reposición, ampliable al 75 % si lo prevé la normativa autonómica. C. El 65 % del valor de reposición, sin posibilidad de incrementos. D. Un porcentaje variable fijado por cada ayuntamiento.

12. Según el TRLS 2015, ¿cuál de los siguientes supuestos determina sin excepción que el propietario no tenga derecho a indemnización por la configuración del contenido de su propiedad?. A. Cuando el planeamiento reduce edificabilidad sobre suelo urbano ya consolidado. B. Cuando la determinación del contenido del derecho deriva directamente de las funciones de ordenación territorial y urbanística en la Ley. C. Cuando el plan reclasifica el suelo urbano a no urbanizable en aplicación del principio de sostenibilidad ambiental. D. Cuando el planeamiento exige cesiones de aprovechamiento por encima del 15 %.

13. En caso de incumplimiento del deber de edificación forzosa, la Administración puede: A. Registrar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad y proceder a la venta forzosa. B. Expropiar automáticamente el solar sin proceso contradictorio. C. Sancionar con multa pero nunca intervenir el inmueble. D. Imponer la ruina sobrevenida del edificio aunque esté en buen estado.

14. La Ley del Suelo de 1956 redefinió el contenido del derecho de propiedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor exactitud esa transformación?. A. La propiedad privada mantuvo su contenido tradicional, pero se subordinó a la existencia de licencia municipal. B. La propiedad quedó sometida al planeamiento, siendo este el que fija directamente el contenido edificatorio del derecho. C. La propiedad quedó confiscada parcialmente por el Estado, quedando la edificación sujeta a concesiones administrativas. D. El contenido del derecho de propiedad pasó a depender exclusivamente de la clasificación del suelo realizada por el propietario.

15. Los planes de sectorización surgidos tras la Ley del Suelo de 1998 actúan principalmente: A. Delimitando áreas de suelo urbano carente de ordenación pormenorizada. B. Sobre ámbitos de suelo urbanizable sin delimitar, fijando su ámbito concreto y condicionantes de desarrollo. C. Como instrumento que sustituye al Plan Parcial cuando este no exista. D. Como figura previa únicamente para actuaciones de reforma interior.

16. Entre los efectos jurídico-reales de la reparcelación se encuentra: A. La fijación del justiprecio en caso de expropiación. B. La subrogación real entre parcelas antiguas y nuevas. C. La compensación económica entre propietarios sin redistribución física. D. La aprobación de las obras de urbanización.

17. En relación con el cálculo del aprovechamiento tipo en el TR de 1992, ¿cuál es la precisión técnica que mejor refleja el sistema descrito en el tema?. A. Se calcula dividiendo el aprovechamiento lucrativo total entre el número de parcelas edificables existentes. B. Se obtiene ponderando únicamente el uso predominante sin considerar otros usos lucrativos. C. Se determina dividiendo el aprovechamiento lucrativo total del área por su superficie, ajustado mediante ponderación relativa de los distintos usos. D. Se asigna discrecionalmente por el planeamiento atendiendo a criterios de equidad formal sin necesidad de cálculos.

18. Según el TRLS 2015, ¿qué derecho garantiza la participación ciudadana en la elaboración y aprobación del planeamiento?. A. A formular alegaciones únicamente en la fase de aprobación inicial. B. A intervenir solo en los procedimientos de evaluación ambiental. C. A presentar alegaciones, observaciones y propuestas, y a obtener respuesta motivada de la Administración. D. A participar exclusivamente en los planes generales.

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente el sistema de cooperación?. A. La Administración ejecuta las obras, pero no puede repercutir su coste a los propietarios. B. Los propietarios integran obligatoriamente una Junta de Compensación con potestades públicas. C. La Administración promueve y aprueba tanto el Proyecto de Reparcelación como el de Urbanización. D. El sistema exige que al menos el 60 % de los propietarios apoyen el inicio del procedimiento.

20. ¿En qué casos puede intervenir un Estudio de Detalle según el régimen tradicional del TR de 1976?. A. Para modificar la ordenación estructural de un PGOU. B. Para ajustar alineaciones, rasantes o reordenar volúmenes sin alterar determinaciones esenciales del planeamiento previo. C. Para reclasificar suelo urbano a urbanizable o viceversa. D. Para sustituir la necesidad de Plan Parcial en suelo urbanizable.

21. ¿Cuál es la función esencial del Plan Parcial dentro del sistema de planeamiento urbanístico?. A. Determinar los elementos estructurales del municipio. B. Ordenar pormenorizadamente el suelo urbanizable hasta el detalle edificatorio. C. Ajustar alineaciones y rasantes de vías existentes. D. Regular exclusivamente infraestructuras de interés supramunicipal.

22. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, ¿qué característica define con mayor precisión el contexto que condujo a la aprobación de la Ley del Suelo de 1998?. A. La necesidad de recentralizar la planificación urbanística ante la anulación del planeamiento autonómico. B. La obligación de reconstruir un marco estatal mínimo tras la anulación de gran parte del TR de 1992. C. La exigencia constitucional de que el Estado recuperara la competencia exclusiva en materia de urbanismo. D. La imposibilidad de mantener la figura del agente urbanizador, que hasta entonces era dominante en las CCAA.