Test Derecho Procesal Civil II UOC

1. La acción ejecutiva: Prescribe a los 5 años desde la firmeza de los títulos procesales. Prescribe por el transcurso de 20 días naturales desde la firmeza del título. Caduca a los 5 años desde la firmeza de los títulos procesales. Es imprescriptible sea cual sea el título de la cual deriva.

2.- La inscripción al Registro Civil de la declaración de incapacitación de JORDI, requiere: Que el tutor nombrado en la sentencia pida la ejecución del título. La expedición de un mandamiento judicial dirigido al Registro Civil correspondiente. Hay que presentar una demanda ejecutiva contra el incapacitado y el Ministerio Fiscal. La sentencia no se puede inscribir porque no contiene un pronunciamiento de condena.

3.- La ejecución provisional de los pronunciamientos de condena es posible: Desde el momento en que se notifica la sentencia a cualquier de las partes. En cualquier momento anterior al cumplimiento de la condena. Desde la firmeza del título. Desde que se notifica a cualquiera de las partes la resolución se admite la interposición de apelación contra la resolución o la adhesión al recurso y hasta que se dicta sentencia.

4.- ELOI interpuso demanda de juicio verbal para reclamar a su vecino JOSEP una indemnización de 1.689€ por daños y lo hizo defendido por su amigo Abogado JERONI y representado por la Procuradora MARIA ROSA, que no le cobraron su trabajo. Dictada sentencia estimatoria de la demanda, que es ya firme, y por el hecho que JOSEP no paga, ELOI quiere presentar demanda ejecutiva. Responde si: Tendrá que presentar la demanda con Abogado y Procurador porque ya lo hizo en la primera instancia. No será preceptiva que la presente con Abogado y Procurador porque la demanda de juicio verbal tenía una cuantía inferior a 2000 euros. No será preceptivo que actúe en el proceso de ejecución con Abogado y Procurador porque en primera instancia actuaron por amistad y no le cobraron el trabajo. Sí que tendrá que actuar con Abogado y Procurador porque estos son preceptivos en todos los procedimientos de ejecución de resoluciones judiciales.

5.- Los bienes de la comunidad de gananciales: No son embargables porque no es un sujeto contra el cual se pueda interponer demanda de ejecución. Pueden ser objeto de embargo siempre y cuando tengan que responder de las deudas del deudor y el embargo se notifique al otro cónyuge. Se podrán embargar siempre y cuando la demanda ejecutiva se dirija contra ambos cónyuges, con independencia de quién sea el deudor. Son inembargables de acuerdo con el que establece el artículo 605 LEC.

6.- Las causas de oposición a la ejecución si se despacha ejecución de un acuerdo de mediación: Son las mismas que las permitidas para los títulos procesales. Son los mismos motivos que por los títulos procesales y, además, por todos los motivos previstos en el artículo 557 LEC para los títulos extraprocesales. Son exclusivamente las previstas para los títulos no procesales. No permite ninguna causa de oposición porque deriva de un procedimiento privado.

7. Despachada ejecución dineraria frente al deudor por el principal más intereses y costas provisionales y embargados bienes de aquel para cubrir el importe del despacho de la ejecución, el vencimiento de nuevos plazos de la obligación ejecutada implicará: El reembargo automático de los bienes anteriormente embargados, de oficio por parte del letrado de la Administración de Justicia. La necesidad de instar un nuevo procedimiento de ejecución separado del primero. La ampliación de la ejecución en curso por los nuevos importes vencidos, aunque no lo solicite el ejecutante. La ampliación de la ejecución en curso por los nuevos importes vencidos y la mejor del embargo de los bienes por parte del LAJ, si lo solicita la parte ejecutate y siempre y cuando sea procedente acordarla.

8. El embargo de bienes en el procedimiento de ejecución dineraria: Se llevará a cabo contra los bienes que haya designado el ejecutante en su demanda ejecutiva, en todo caso. Lo decretará el LAJ el criterio de mayor facilidad de alineación y menor perjuicio para el deudor, a la vez teniendo en cuenta no embargar bienes que sean de valor superior a las responsabilidades de la ejecución. Lo decretará el letrado de la Administración de Justicia solo en relación con los bienes que haya designado el ejecutado, aunque no sean suficientes para cubrir el importe de la ejecución. El letrado de la Administración de Justicia podrá decretar el embargo según su libre criterio y decisión.

9.- Si en un proceso de ejecución, el acreedor ejecutante solicita que se embargue el remanente que resulte de otra ejecución en la cual se tiene que subastar un inmueble, el letrado de la Administración de Justicia decretará: El embargo de los saldos bancarios del deudor porque el inmueble ya está embargado. El reembargo del inmueble. El embargo del sobrante o remanente dinerario que resulte una vez se haya satisfecho el crédito del ejecutante en el proceso en el que se subastó el inmueble. Denegará este acto ejecutivo porque supone un embargo indeterminado.

10. En la ejecución de una obligación de hacer personalísimo: Si el ejecutado no cumple se podrá encargar la realización de la obligación a un tercero. El ejecutado podrá decidir si cumple personalmente o indemniza por daños y perjuicios al ejecutante. En caso de incumplimiento, decidirá el Tribunal sin posibilidad que el ejecutado alegue nada. Si el ejecutado no cumple en el plazo otorgado, el ejecutante podrá optar entre reclamar un equivalente pecuniario de la prestación o pedir la imposición de multas mensuales al ejecutado.

11.- Respecto de la acción ejecutiva, es incorrecto decir que: Debe fundarse en títulos que lleven aparejada ejecución. Las escrituras públicas, si cumplen determinados requisitos, pueden ser objeto de acción ejecutiva. Caduca a los cinco años la acción ejecutiva de cualquier título ejecutivo. Caduca a los cinco años la acción ejecutiva que deriva de sentencia judicial, otras resoluciones judiciales, resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación.

12.-Habiéndose interpuesto recurso de apelación frente a una sentencia de primera instancia, el tribunal competente para la ejecución provisional de la misma es: El tribunal que resultó competente para la primera instancia. El tribunal que ha de resolver el recurso de apelación. El tribunal del lugar en que deba ejecutarse definitivamente la sentencia firme. El tribunal del domicilio del ejecutado.

13.-Si el recurso de apelación se interpone frente a una sentencia en un procedimiento matrimonial que declara el divorcio de los cónyuges y establece medidas definitivas en relación con las relaciones paternofiliales y la pensión de alimentos a los hijos: La interposición del recurso no permite la ejecución provisional de la sentencia. Todos los pronunciamientos de la sentencia son susceptibles de ejecución provisional. Las medidas serán eficaces desde la sentencia y, por tanto, se podrán ejecutar durante la tramitación del recurso. Solamente el pronunciamiento relativo a la disolución del vínculo matrimonial es provisionalmente ejecutable.

14.-El auto de despacho de ejecución de una sentencia dictada en primera instancia: La dicta el Letrado de la Administración de Justicia del mismo Juzgado de instancia que dictó la sentencia. Es competencia funcional del Juez del mismo Juzgado de instancia que dictó la sentencia. Es competencia territorial del Juzgado de primera instancia que dictó la sentencia. Es competencia territorial del Juzgado de primera instancia del domicilio del ejecutado.

15.-LUIS quiere solicitar la ejecución de un laudo arbitral frente a la TINTORERÍA COLORES, S.L. en el que se determina que la empresa le ha de pagar 1.800€ en concepto de daños y perjuicios por haber estropeado un abrigo de piel de su esposa: Podrá presentar la demanda de ejecución sin necesidad de la intervención de abogado y procurador. Podrá presentar la demanda de ejecución sin asistencia letrada, pero deberá ser representado por un procurador. Podrá presentar la demanda de ejecución en nombre propio, sin procurador, pero obligatoriamente defendido por abogado. Deberá presentar la demanda de ejecución asistido por abogado y representado por procurador.

16.-SERGI y CLAUDIA están casados en régimen de gananciales y todos sus bienes son comunes. El acreedor MATEO ha obtenido una sentencia en un procedimiento de reclamación de cantidad, según la cual CLAUDIA (que no tiene bienes privativos) es la única responsable de la deuda. MATEO se ve obligado a ejecutar la sentencia: La demanda de ejecución se ha de interponer frente a la comunidad de gananciales y el tribunal despachará ejecución contra ésta. La demanda de ejecución se ha de interponer únicamente contra CLAUDIA y los bienes gananciales se podrán embargar sin intervención de SERGI. Aunque la demanda se interponga solamente contra CLAUDIA, el tribunal ha de trasladar el auto de ejecución a SERGI y éste podrá oponerse a la ejecución y solicitar la disolución de los bienes gananciales. SERGI tendrá en todo caso derecho a formular oposición a la ejecución, si bien no podrá solicitar la disolución de los bienes gananciales ni cabe la suspensión de la ejecución sobre los bienes comunes.

17.-En una ejecución hipotecaria por el impago de préstamo: El ejecutado solamente podrá formular oposición por motivos procesales. El ejecutado podrá formular oposición por motivos de fondo basados en la existencia de una cláusula abusiva en el contrato, siempre que ésta determine la cantidad de la ejecución. El ejecutado podrá formular oposición por motivos de fondo basados en la existencia de cualquier cláusula abusiva en el contrato, determine o no la cantidad de la ejecución. El ejecutado sólo podrá formular oposición por motivos procesales o en el supuesto de que haya pagado la cantidad reclamada.

18.-El interés por mora procesal: Se devenga desde la fecha de interposición de la demanda. Requiere que la cantidad de condena sea líquida y se devenga desde la fecha de la sentencia o resolución de condena. Se devenga desde la fecha de la sentencia o resolución de condena, pero no requiere que la cantidad de condena sea líquida. Se devenga desde la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva.

19.-Respecto del requerimiento de pago, se puede afirmar que: No podrá despacharse ejecución de ningún tipo sin que el LAJ lo efectúe previamente. Deberá efectuarse cuando las resoluciones en que se funde la ejecución sean de tipo no procesal. La letra b) es parcialmente correcta, ya que en tales casos no será necesario si con al menos diez días de antelación se ha efectuado acta notarial de requerimiento. No resulta necesario en las ejecuciones no dinerarias.

El efecto en las subastas en las que no ha habido ningún postor es: El LAJ levantará todos los embargos y archivará la demanda de ejecución. El acreedor podrá adjudicarse el bien embargado por el importe de la deuda total. El acreedor tiene derecho a optar por la adjudicación del bien, pero si se trata de la vivienda habitual del ejecutado se lo deberá adjudicar por el 70% del valor del bien o, como mínimo, por el 60%, en función del importe de la deuda. El acreedor dispondrá de un plazo de veinte días hábiles para proponer a un tercero que se adjudique el bien.

Cuál de estos documentos NO constituye un título ejecutivo: La escritura pública que recoge unos acuerdos de mediación. La segunda copia de una escritura pública en que consta que se expide con finalidad ejecutiva. Un laudo arbitral. Un contrato de entre las partes que mantienen un litigio abierto.

El auto para dictar la orden general de ejecución y despacho de ejecución corresponde: Al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de primera instancia del domicilio del ejecutado. Al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de primera instancia que dictó la resolución que se pretende ejecutar. Al Juez del Juzgado de primera instancia que dictó la resolución que se pretende ejecutar. Al juez del juzgado de primera instancia que conoció del procedimiento en primera instancia, excepto cuando se trate de homologación o aprobación de transacciones o acuerdo.

La demanda ejecutiva de un decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que aprueba la tasación de las costas correspondientes a la segunda instancia, se tiene que presentar: Ante la misma Sección de la Audiencia Provincial que resolvió el recurso de apelación. Ante el juzgado de primera instancia que resultó competente para la prestación de la demanda. Ante el Juzgado de primera instancia del domicilio del ejecutado. Ninguna de las anteriores es correcta.

Presentada una demanda de ejecución, el órgano judicial podría denegar o decidir que no procede el despacho de la ejecución: Porque no han transcurrido 20 días desde la firmeza de la sentencia. Porque no ha transcurrido el plazo de 5 años desde que se dictó la sentencia. Porque se ha solicitado la ejecución de una escritura pública que reconoce una deuda de más de 300 €. Porque el laudo arbitral que se quiere ejecutar fue objeto de acción de anulación.

Las resoluciones judiciales extranjeras que tienen fuerza ejecutiva en el Estado de origen, si provienen de un país que no forma parte de la UE: No son ejecutables en España. Son ejecutables en España por un procedimiento de ejecución especial previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son ejecutables en España por el procedimiento específico previsto en el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre. Son ejecutables en España por el procedimiento del exequatur que se regula en la ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídico internacional.

En cuál de estos supuestos procede que el Letrado de la Administración de Justicia acuerde la suspensión de la ejecución: Cuando se presenta oposición a la ejecución un auto de cuantía máxima. Cuando el ejecutado formule oposición a la ejecución por pluspetición, aunque no ingrese ninguna cantidad en el juzgado. Cuando el decreto de las medidas de ejecución que dicta el Letrado de la Administración de Justicia sea objeto de recurso de reposición. Cuando en la ejecución de títulos procesales, el ejecutado se oponga y alegue compensación de créditos.

El embargo de bienes del deudor requiere que: El Letrado de la Administración de Justicia lo acuerde sobre todos los bienes y derechos, presentes y futuros, del ejecutado. El Juez valore en su interlocutoria la idoneidad de los bienes concretos del ejecutado que el ejecutante haya designado específicamente en la demanda ejecutiva, y los embargue. El Letrado de la Administración de Justicia valore con criterio de proporcionalidad y menor perjuicio para el ejecutado, el embargo de los bienes que considere idóneos para la satisfacción de la deuda. designado.

Despachada ejecución dineraria en base en un título extra procesal: No se devengarán costas para el ejecutado si éste paga en el acto del requerimiento de pago. Se devengan a cargo del ejecutado las costas causadas hasta el momento del pago, aunque este se produzca en el acto del requerimiento. No se devengan costas en ningún caso si la ejecución proviene de un título extra- procesal. Se devengan costas a cargo del ejecutado solo a partir del momento del requerimiento de pago, si el ejecutado no lo verifica.

Llevada a cabo la subasta de un bien inmueble respecto del cual hay embargos sucesivos (embargo y re-embargos), adjudicado el inmueble a un tercero, y satisfecho el acreedor ejecutante por todos los conceptos: Quedan intactas todas las cargas anteriores y posteriores a las del acreedor ejecutante. Si de la cantidad obtenida en la ejecución hay algún sobrante, este se tendrá que entregar a los embargantes posteriores por orden de prelación. De la cantidad obtenida en la ejecución, si hay un sobrante, éste se tendrá que devolver al ejecutado. Quedarán intactas exclusivamente las cargas posteriores a las del acreedor ejecutante, hay sobrante o no.

En la ejecución no dineraria de condena a entregar un bien inmueble: Se respetarán los derechos de los ocupantes del inmueble que acrediten un título legítimo, siempre que no sean el ejecutado o aquellos con quién éste reside. Se procederá al lanzamiento de cualquier ocupante, incluido el ejecutado y aquellos con quién éste reside. La situación de los ocupantes se tendrá que sustanciar en un procedimiento declarativo previo al lanzamiento. El ejecutante tendrá que instar un procedimiento verbal especial en materia de arrendamientos, de acuerdo con aquello que prevé el artículo 250.1.1.o LEC.

En el proceso de ejecución: El Juez tiene atribuidas todas las competencias. El Letrado de la Administración de Justicia es el único órgano competente. El Juez tiene que dictar auto que contiene la orden general de ejecución, pero es el LAJ quien dicta un derecho que fijas las medidas ejecutivas concretas. El Juez dicta el auto que despacha la ejecución y en la misma resolución determina los bienes embargables.

El auto que aprueba/homologa una transacción judicial, a la cual las partes llegan en el seno de un procedimiento de recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, por parte de la Audiencia Provincial: Se tiene que ejecutar ante el Juzgado de primera instancia que dictó la sentencia impugnada. Se tiene que ejecutar ante la misma audiencia provincial que aprobó/homologó el acuerdo. El ejecutante podrá optar entre solicitar la ejecución en uno u otro órgano judicial. No es un título ejecutivo.

El banco CRÉDITO-FÁCIL, SA concedió un préstamo personal a JOAN y CLARA como deudores solidarios y, más adelante, por el hecho que no pagaban el préstamo, demandó a JOAN porque era el único que cobraba una nómina. La sentencia del Juzgado de primera instancia, que es firme, condena a JOAN a pagar el importe de la deuda. El banco tiene que ejecutar la sentencia y dado que se trata de deudores solidarios del préstamo, el abogado presenta demanda de ejecución contra JOAN y CLARA: El Tribunal solo podrá despachar ejecución contra JOAN porque CLARA no figura como deudora en el título ejecutivo. El Tribunal tendrá que despachar ejecución contra ambos deudores solidarios porque así figura en el contrato de préstamo. El Tribunal despachará ejecución contra JOAN y CLARA pero concederá a CLARA un plazo de oposición a la ejecución. El Tribunal despachará ejecución tan solo contra JOAN pero solo por la mitad del importe de la deuda.

Respecto de la pluspetición, es correcto decir que: Es una causa de oposición a la ejecución sea cual sea el título en que esta se fundamente. Es una causa de oposición específica en las ejecuciones de los títulos no procesales, si bien la jurisprudencia lo ha admitido en algunos procesos de ejecución de títulos o procesales. Es una causa de oposición a la ejecución que solo se puede alegar en los procedimientos ejecutivos que deriven de títulos procesales. No es ninguna causa de oposición a la ejecución sino un defecto formal del título ejecutivo.

Una orden de retención y una administración judicial son: Medidas concretas de ejecución. Causas de oposición a la ejecución de los títulos procesales. Causas de oposición a la ejecución de los títulos extraprocesales. Medidas de garantía del embargo de los bienes.

La competencia para conocer de los procedimientos de ejecución hipotecaria de los bienes inmuebles: Es una competencia funcional idéntica a la de cualquier ejecución ordinaria. Es una competencia objetiva por razón de la materia. Es unas competencia territorial que determina que tengan que conocer los tribunales del domicilio del ejecutado. Es una competencia territorial que determina que tengan que conocer los tribunales del lugar donde se sitúa hipotecada o pignorada.

Mediante el proceso de ejecución: La parte acreedora según un título ejecutivo puede solicitar la ejecución frente a quien conste como deudor en el citado título, además de frente a otros sujetos que la ley admite. La parte acreedora por deudas que consten en cualquier documento público o privado puede solicitar la ejecución frente a los sujetos que permite la ley. La parte acreedora según un título ejecutivo puede solicitar la ejecución únicamente frente a quien conste como deudor en el citado título, aunque en aquel consten otros responsables de la deuda. La parte acreedora según una escritura pública puede solicitar la ejecución frente a quien conste como deudor en la primera copia de aquella, con independencia de la cantidad debida.

La presentación de una declinatoria por parte del ejecutado, tras la notificación a éste de la demanda ejecutiva, tiene como objetivo: Formular oposición a la ejecución por motivos procesales. Formular oposición a la ejecución por motivos de fondo. Denunciar la falta de legitimación del ejecutante. Denunciar la falta de competencia del órgano jurisdiccional ante el cual se ha presentado la demanda ejecutiva.

La acción de anulación frente a un laudo arbitral: No impide la ejecución del laudo. Impide la ejecución del laudo hasta que este sea firme. Permite la ejecución del laudo en tanto que título extraprocesal. No afecta a la ejecución del laudo arbitral, ya que este no es un título ejecutivo.

SUSANA tiene varias sentencias de reclamación de cantidad por deudas, frente a JUAN, que ha sido condenado a pagar en todos los procedimientos y condenado al pago de las costas en todos ellos. SUSANA quiere ejecutar las sentencias porque JUAN no ha pagado un solo euro voluntariamente, pero resulta que las sentencias son de Juzgados diferentes, aunque pertenecen al mismo partido judicial. Los requisitos para que todas las sentencias se puedan acumular en un único proceso de ejecución son: Que SUSANA solicite la acumulación ante el tribunal que conozca del proceso de ejecución más moderno. Que SUSANA solicite la acumulación ante el tribunal que conozca del proceso de ejecución más antiguo. Que SUSANA solicite la acumulación en la primera demanda de ejecución que presente, para que se acumule la ejecución de todas las sentencias. SUSANA solamente podrá acumular las ejecuciones de sentencias dictadas por el mismo Juzgado.

En relación con los procedimientos anteriores, el pago de las costas de la primera instancia (procesos declarativos) al que JUAN fue condenado: El importe de las costas de la primera instancia no podrá ser objeto de ejecución. El importe de las costas de la primera instancia podrá ser objeto de ejecución, aunque sea por cantidad indeterminada y no líquida. El importe de las costas de la primera instancia podrá ejecutarse una vez dichas costas hayan sido tasadas y aprobadas por el LAJ de cada procedimiento y hayan transcurrido 20 día desde la fecha de notificación del decreto de aprobación del ejecutado. Las costas deben ejecutarse por los trámites de la ejecución no dineraria.

En los procedimientos de ejecución instados contra JUAN, ¿qué ocurre con las costas que se devengan con motivo de la ejecución?. Son siempre a cargo del ejecutado. Son a cargo del ejecutado cuando la ley de enjuiciamiento civil no especifique que se requiere pronunciamiento expreso. Solo son a cargo del ejecutado cuando se desestime el incidente de oposición a la ejecución. En todo caso lo tendrá que decidir el juzgado y hacerlo constar expresamente en las resoluciones judiciales.

La suspensión de la ejecución se producirá: Únicamente cuando la oposición a la ejecución se formule frente a títulos procesales. Cuando se alegue pluspetición en la oposición a la ejecución de títulos extraprocesales, sin necesidad de que se consigne la cantidad que se considera debida. En todos los casos, cuando se presente oposición a la ejecución por parte del ejecutado. En la ejecución de bienes inmuebles, cuando el valor de tasación de la finca que se ejecute sea inferior al importe de las cargas y gravámenes anteriores a aqeuel que motiva la ejecución.

En un proceso de mediación entre LUPE y JULIO se han logrado importantes acuerdos para la disolución y adjudicación de unos inmuebles en régimen de copropiedad: Estos acuerdos se podrán ejecutar directamente si se han hecho constar en el acta final de la mediación firmada por las partes y la persona mediadora. Los acuerdos derivados de una mediación no son ejecutables en ningún caso. No se podrán ejecutar porque no tienen el carácter de condena dineraria. Estos acuerdos, para poderse ejecutar, se tendrán que hacer constar en un documento público otorgado ante notario por las dos partes.

Señala la respuesta incorrecta, en relación con la ejecución no dineraria: El tribunal tiene que requerir el ejecutado a fin de que cumpla en un plazo concreto el objeto de la condena de entregar cosa concreta o de hacer, así como para deshacer aquello que no tendría que haber hecho. Cuando se trata de una obligación de hacer personalísima, de no realizarla el ejecutado, el ejecutante podrá optar entre solicitar el equivalente pecuniario y la imposición de multas coercitivas por parte del Tribunal. Cuando se trate de una obligación de hacer personalísima, el ejecutado podrá discutir este carácter y el tribunal podrá acordar que la ejecución siga los trámites de la no personalísima. Cuando el hacer sea no personalísimo y el obligado no lo realice en el plazo requerido, el tribunal impondrá multas pecuniarias coercitivas.

Respecto de la ejecución no dineraria, es correcto decir que: El auto que despache ejecución fijará un plazo a fin de que el ejecutado dé cumplimiento a la condena, tanto si se trata de condena de hacer, no hacer o entregar alguna cosa. Se podrán imponer multas coercitivas al ejecutado en caso de incumplimiento, excepto cuando se trate de un hacer personalísimo. El ejecutante no puede alegar que la cosas genéricas o indeterminadas que se tienen que entregar no son ya de su interés en caso de incumplimiento del ejecutado. En cualquier caso, el ejecutante podrá solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

El Ministerio Fiscal intervendrá en los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria: Solo cuando lo solicite una de las partes. En todo caso,al tratarse de expedientes en los que habitualmente intervienen personas especialmente vulnerables. En ningún caso, al tratarse de expedientes en los que no se suscita controversia alguna. Ninguna de las anteriores es correcta.

Iniciado un expediente de jurisdicción voluntaria: Es imposible el inicio de un proceso jurisdiccional con el mismo objeto por la prohibición de tramitación simultanea que establece el art. 6.1 de la LJV. Acreditada la presentación de la demanda con el mismo objeto, se procederá al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos. Con independencia de su objeto, proseguirá la tramitación del asunto que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los posteriormente incoados. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica la respuesta correcta: El procedimiento de habilitación para comparecer en juicio debe tramitarse siempre que alguna de las partes de un procedimiento judicial no tenga procurador designado voluntariamente. El procedimiento de nombramiento de defensor judicial debe instarse cuando un menor o una persona con discapacidad deba litigar contra sus progenitores, tutor, curador, o cualquier otra persona con la pueda suscitarse un conflicto de intereses. Para iniciar el procedimiento de remoción del tutor no es necesaria la comparecencia ni de abogado ni de procurador por tratarse de expedientes de jurisdicción voluntaria. El expediente de autorización para la realización de actos de disposición de bienes y derechos de personas con algún tipo de discapacidad solo puede ser iniciado por quienes ostenten la representación legal de dicha persona con la capacidad modificada.

En los procedimientos de declaración de ausencia y fallecimiento: Será competente el juzgado de primera instancia del último domicilio, o última residencia, de la persona cuya declaración de ausencia o fallecimiento se pretende, pudiendo ser competente, además, en los supuestos legalmente establecidos, el juzgado de primera instancia del lugar donde el siniestro se ha producido. El letrado de la Administración de Justicia deberá nombrar un defensor judicial siempre que se solicite por persona legitimada o por el Ministerio Fiscal, obviándose el trámite de comparecencia y efectuándose la designación de inmediato en los supuestos de urgencia. El decreto de declaración de fallecimiento debe ser dictado por el letrado de la Administración de Justicia y debe contener en todo caso, la fecha partir de la cual se entiende sucedida la muerte. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: En los procedimientos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, el objeto es indisponible, por lo que en ningún caso surtirán efecto la renuncia, el allanamiento o la transacción. Todos los procedimientos que derivan de controversias en el seno familiar se sustancian por los trámites del juicio verbal. En los procedimientos sobre modificación de la capacidad de las personas, la legitimación activa la ostenta siempre el Ministerio fiscal o el centro donde se encuentre internada la persona cuya de incapacidad se pretende. Para la inscripción de las sentencias recaídas en procedimientos de familia en el Registro Civil, es necesaria la solicitud de testimonio por parte de los interesados.

En los procedimientos sobre filiación: Solo se podrán llevar a cabo pruebas de contenido biológico con el consentimiento del demandado, por tratarse de vestigios que afectan directamente a su intimidad e integridad. Para evitar la indefensión a la parte demandada, todas las pruebas de que intente valerse la actora deben ser aportadas en la demanda inicial. La filiación puede declararse no solamente por la existencia de pruebas directas sino también por el reconocimiento, expreso o tácito, la posesión de estado o la convivencia con la madre en la época de la concepción. La negativa injustificada a someterse a las pruebas de paternidad, permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada incluso aunque no existan otros indicios de la paternidad o maternidad reclamada.

Las medidas provisionales en los procedimientos de familia: No solamente pueden ser solicitadas por el actor en su demanda, sino también por el demandado en su contestación a aquella cuando no se hubieran adoptado o no las hubiera pedido el demandante. Si se han acordado con carácter previo a la interposición de la demanda, dejarán de tener efecto, si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción, no se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio. Dejarán de tener efecto en el momento en el que se dicte la resolución que se pronuncie sobre las medidas definitivas, ya que estas sustituirán a aquellas. Todas las anteriores son ciertas.

El decreto que apruebe la propuesta de convenio regulador de los cónyuges en los procedimientos de separación o divorcio de mutuo acuerdo: No es recurrible en ningún caso. Al tratarse de un procedimiento de mutuo acuerdo en el que no existen menores, debe ser aprobado siempre y en todo caso, con independencia del contenido de sus cláusulas. Es recurrible en reposición ante el juez del juzgado solo cuando el letrado de la Administración de Justicia no apruebe el convenio aportado por las partes. Es la única resolución posible de terminación de este tipo de procedimientos.

En la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento monitorio: Se excluye siempre y en todo caso la posibilidad de comunicación edictal. Existe la posibilidad de efectuar el requerimiento a través de edictos cuando se trate de reclamación de deudas efectuadas por comunidades de propoietarios. Siempre se puede acudir a la notificación por edictos por aplicación subsidiaria de las normas generales contenidas en los arts. 161 y siguientes de la LEC. Tratándose de un procedimiento civil, rige el principio dispositivo por lo que para que se acuerde la práctica del requerimiento por edictos debe solicitarlo previamente la parte actora.

El demandante que pretenda iniciar un procedimiento cambiario: Puede aportar la letra de cambio, cheque o pagaré original o una fotocopia, por aplicación de las reglas generales sobre prueba documental. Debe aportarse el original de la letra de cambio, cheque o pagaré. Puede aportar la letra de cambio, cheque o pagaré en formato electrónico. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: En el momento en que tenemos conocimiento de la discapacidad de una persona, es necesario iniciar un procedimiento de incapacitación para nombrarle un tutor. Existiendo una persona con discapacidad, los familiares son los únicos que pueden iniciar un procedimiento de provisión de medidas de apoyo. En los procedimientos referentes a personas con discapacidad, estas deben actuar con su propio procurador. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Siempre que queramos reclamar una deuda basada en la firma de un cheque, es necesario acudir al juicio cambiario. La demanda cambiaria puede ir acompañada de una copia del título cambiario, no siendo preceptiva la aportación del original. Con independencia de que el deudor cambiario pague la cantidad a que hace referencia el requerimiento, deberá abonar las costas del procedimiento. Recibida una demanda cambiaria, el demandado puede oponerse a la misma por cualquiera de las causas recogidas en el art. 557 LEC.

En los procedimientos matrimoniales: Siempre es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal. El tribunal podrá acordar de oficio todas las pruebas que considere pertinentes, aunque no hayan sido solicitadas por las partes ni por el Ministerio Fiscal. El desistimiento requerirá siempre de la conformidad del Ministerio Fiscal. Las respuestas a y c son correctas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Si el representante legal de un menor o persona con discapacidad otorga su consentimiento a una intromisión ilegítima en su derecho al honor y el Ministerio Fiscal se opone, debe iniciarse un expediente de jurisdicción voluntario para obtener autorización judicial. El representante legal de una persona con discapacidad necesita autorización judicial para cualquier acto de disposición o gravamen que afecte a los bienes de la persona con discapacidad. En los supuestos de desacuerdo entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, para la tramitación del oportuno expediente de jurisdicción voluntaria siempre es competente el juzgado de primera instancia que dictó la resolución de atribución de la patria potestad. Es necesaria la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria siempre que se deba fijar la contribución a las cargas del matrimonio de cada uno de los cónyuges.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. En los juicios verbales de desahucio es optativo para el demandante incluir en la demanda las circunstancias que podrían permitir la enervación de este. No se admitirán demandas que pretendan la recuperación de la posesión si ya hubiese transcurrido un año desde la perturbación o despojo de esta. En los supuestos en los que se pretenda la tutela sumaria de la posesión de una cosa por quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute, recibida la demanda, el demandado podrá oponerse alegando el pago acreditado documentalmente. Ninguna de las anteriores es correcta.

En los procedimientos contenciosos de provisión de apoyos a personas con discapacidad: Será competente el juez que conoció del expediente de jurisdicción voluntaria, con independencia de que con posterioridad se produzcan modificaciones en la residencia habitual de la persona con discapacidad. Será suficiente la manifestación del actor, que debe incluirse en la demanda, sobre la existencia, o no, de medidas de apoyo inscritas a favor de la persona con discapacidad. Se celebrará siempre la audiencia a los parientes más cercanos para que el juez pueda saber lo que tienen que alegar sobre las medidas solicitadas. Las medidas de apoyo que se acuerden deben ser siempre revisadas en los plazos que se fijen en la sentencia, debiendo tramitarse para ello un expediente de jurisdicción voluntaria.

Indica cuál de estas afirmaciones es correcta: Para la designación de contador-partidor dativo es necesaria la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria. En los expedientes iniciados para obtener autorización judicial para la repudiación de la herencia, no es necesaria la intervención de abogado y procurador. En los expediente de consignación, es necesario acreditar haber efectuado el ofrecimiento de pago, si procediera y en todo caso, el anuncio de la consignación al acreedor. Para el expediente de deslinde de fincas no inscritas será competente el juez de primera instancia del lugar donde esté ubicada la finca o la mayor parte de ella.

En los procedimientos de medidas provisionales previas: Contra el auto que resuelve sobre su pertinencia, no cabe recurso alguno. Para la solicitud de medidas provisionales previas no es necesaria la intervención de abogado y procurador, pero si para todo escrito o actuación posterior. Si se acuerdan mediante auto medidas provisionales, quedarán sin efecto si en el plazo de 30 días no se ha interpuesto la oportuna demanda de nulidad, separación o divorcio. Todas las anteriores son ciertas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. En el juicio verbal, la demanda debe tener el contenido y la forma de las demandas de juicio ordinario. En los juicios verbales, tanto el actor como el demandado deben pronunciarse sobre la pertinencia de celebración de vista. En los juicios verbales puede celebrarse la vista con independencia de la comparecencia del demandado, siempre que hubiese sido citado en legal forma. Todas las anteriores son ciertas.

Las demandas de separación y divorcio: Siempre se sustancian por los trámites del juicio verbal. Nunca admiten reconvención. Si versan exclusivamente sobre guarda y custodia o alimentos, para la adopción de medidas cautelares se seguirán los trámites previstos para las medidas previas. Si incluyen solicitud sobre eficacia de resoluciones de tribunales eclesiásticos y adopción de medidas, ambas solicitudes deben tramitarse por separado.

Indica qué afirmación referente a la tramitación simultánea de expedientes de jurisdicción voluntaria y contenciosos es correcta: Es imposible el inicio de un proceso jurisdiccional con el mismo objeto por la prohibición de tramitación simultánea que establece el art. 6.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Acreditada la presentación de la demanda con el mismo objeto, se procederá al archivo del expediente de jurisdicción voluntaria, y se remitirán las actuaciones realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a las actuaciones. Con independencia de su objeto, proseguirá la tramitación del asunto que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los posteriormente incoados. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica qué afirmación referente a los procedimientos de declaración de ausencia y defunción es la correcta: Será competente el juzgado de primera instancia del último domicilio, o última residencia, de la persona cuya declaración de ausencia o defunción se pretende, y puede ser competente, además, en los supuestos legalmente establecidos, el juzgado de primera instancia del lugar donde el siniestro se ha producido. El letrado de la Administración de Justicia tendrá que nombrar un defensor judicial siempre que se solicite por persona legitimada o por el Ministerio Fiscal, se obviará el trámite de comparecencia y se efectuará la designación inmediatamente en los supuestos de urgencia. El decreto de declaración de defunción tiene que ser dictado por el letrado de la Administración de Justicia y tiene que contener, en todo caso, la fecha a partir de la cual se entiende sucedida la muerte. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿En qué expedientes de jurisdicción voluntaria debe intervenir el Ministerio Fiscal?. Solo si lo solicita una de las partes. Siempre, al tratarse de expedientes en los cuales habitualmente intervienen personas especialmente vulnerables. Su intervención no es necesaria, al tratarse de expedientes en los cuales no se suscita controversia alguna. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Las medidas provisionales en los procedimientos de familia pueden ser solicitadas por el actor en su demanda y también por el demandado en su contestación cuando no se hubieran adoptado o no las hubiera pedido el demandante. Si se han acordado medidas provisionales con carácter previo a la interposición de la demanda, dejarán de tener efecto, si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción, no se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio. Las medidas provisionales en los procedimientos de familia dejarán de tener efecto en el momento en el cual se dicte la resolución que se pronuncie sobre las medidas definitivas, puesto que estas sustituirán a aquellas. Todas las anteriores son ciertas.

Indica la respuesta correcta: Siempre que una de las partes de un procedimiento judicial no tenga procurador designado voluntariamente, debe iniciarse un procedimiento de habilitación para comparecer en juicio. El procedimiento de nombramiento de defensor judicial tiene que iniciarse cuando un menor o una persona con alguna discapacidad tenga que litigar contra sus progenitores, tutor, curador, o cualquier otra persona con la cual pueda suscitarse un conflicto de intereses. En los procedimientos de remoción del tutor, este no puede cesar en el ejercicio de sus funciones hasta que recaiga una resolución definitiva. El expediente de autorización para la realización de actos de disposición de bienes y derechos de personas con algún tipo de discapacidad solo puede ser iniciado por aquellos que ostenten su representación legal.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?. El decreto que aprueba la propuesta de convenio regulador en un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo no es recurrible. La propuesta de convenio regulador en un procedimiento de mutuo acuerdo en el cual no existen menores, tiene que ser aprobado siempre y en todo caso, con independencia del contenido de sus cláusulas. El decreto que resuelve un procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo es recurrible en reposición sólo cuando el letrado de la Administración de Justicia no apruebe el convenio aportado por las partes. letrado.

El acreedor que quiera interponer una demanda de juicio cambiario para la reclamación de una deuda: Puede aportar la letra de cambio, cheque o pagaré original o una fotocopia, por aplicación de las reglas generales sobre prueba documental. Tiene que aportar siempre el original de la letra de cambio, cheque o pagaré. Puede aportar la letra de cambio, cheque o pagaré en formato electrónico. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Indica qué afirmación referente a los actos de comunicación del procedimiento monitorio es la correcta: Se excluye siempre y en todo caso la posibilidad de comunicación edictal. Existe la posibilidad de efectuar el requerimiento a través de edictos cuando se trate de reclamación de deudas efectuadas por comunicaciones de propietarios. Siempre se puede acudir a la notificación por edictos por aplicación subsidiaria de las normas generales contenidas en los arts. 161 y siguientes de la LEC. Al tratarse de un procedimiento civil, rige el principio dispositivo por lo cual, para que se acuerde la práctica del requerimiento por edictos, tiene que solicitarlo previamente la parte actora.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones referente a los procedimientos de filiación es la correcta: Para practicar pruebas de contenido biológico es imprescindible el consentimiento del demandado, por tratarse de la obtención de vestigios que afectan directamente a su intimidad e integridad corporal. Todas las pruebas de las que pretenda valerse la parte actora tienen que ser aportadas con la demanda inicial, para evitar generar indefensión a la parte demandada. La filiación puede declararse no sólo por la existencia de pruebas directas, sino también por el reconocimiento expreso o tácito, la posesión de estado o la convivencia con la madre en la época de la concepción. La negativa injustificada a someterse a las pruebas de paternidad, permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada incluso cuando no existan otros indicios de la paternidad o maternidad reclamada.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: En los procedimientos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, el objeto es indisponible, por lo que en ningún caso, surtirán efecto la renuncia, el allanamiento o la transacción. Todos los procedimientos que derivan de controversias en el núcleo familiar se sustancian por los trámites del juicio verbal. En los procedimientos sobre provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, la legitimación activa corresponde siempre al Ministerio Fiscal o al centro donde se encuentre ingresada la persona con discapacidad a la que va destinada la medida de apoyo. Para la inscripción de las sentencias recaídas en procedimientos de familia en el Registro Civil, es necesaria la solicitud de testimonio por parte de los interesados.

Tras la muerte de su tío, Ismael inicia un expediente de declaración de herederos ante el juzgado de primera instancia n.o 5 de Girona para ser incluido en su herencia y posteriormente otro de los sobrinos inicia un procedimiento notarial para solicitar también ser llamado a dicha herencia. En este supuesto: Podrán seguirse tramitando ambos procedimientos ya que uno tiene carácter jurisdiccional y el otro no. Deberá continuarse con el procedimiento que se inició primero (el que se está tramitando en el juzgado de Girona) y archivarse el procedimiento notarial. Deberá suspenderse el procedimiento notarial a través de la tramitación de un incidente. Ninguna de las anteriores es correcta.

Marta Tornés, que reside la mayor parte del año en Estrasburgo, inició allí un expediente de jurisdicción voluntaria, cuya resolución ha sido recurrida. En este supuesto: Podrá ser inscrita en un registro español siempre que supere el trámite previo de exequatur. Será el encargado del registro español el que deba verificar que se cumplen los requisitos para su inscripción, procediendo a la misma si se han cumplido todos. Dicha resolución no podrá ser objeto de inscripción en un registro español, solamente podrá efectuarse anotación preventiva. Todas las anteriores son correctas.

En los procedimientos matrimoniales: Si ambos cónyuges están de acuerdo, pueden tramitar su separación en el juzgado de primera instancia del lugar donde contrajeron matrimonio. Siempre deben presentarse con la demanda los documentos que acrediten la situación económica de los cónyuges. Se admite la reconvención cuando el demandado quiera efectuar solicitud de medidas que no hayan sido solicitadas en la demanda siempre que el tribunal no tenga que pronunciarse de oficio. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: En los expedientes de jurisdicción voluntaria siempre se debe citar a comparecencia a todos los interesados. Si en un expediente de jurisdicción voluntaria se dicta una resolución que afecta a un bien inmueble, el letrado de la Administración de Justicia, de oficio, expedirá testimonio de dicha resolución para su inscripción o anotación. En los casos en los que se haya demandado a un menor y ambos progenitores se nieguen a representarle en juicio, será necesario el nombramiento de defensor judicial. En los procedimientos de adopción, es necesario el consentimiento de los padres biológicos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. En los juicios verbales siempre es necesario comparecer con abogado y procurador. No se admitirán demandas que pretendan la recuperación de la posesión si no se identifican de manera individualizada a todos los ocupantes de esta. Si Alfredo recibe una demanda de juicio verbal en la que le reclaman 14.575€ por impago de parte de unas obras de reparación que se efectuaron en su casa, puede incluir en la contestación a esta demanda la reclamación de la reparación de las ventanas que a pesar de haberse incluido en el presupuesto inicial por 18.654€, no ha sido efectuada por la empresa que le reclama el pago, porque ambos créditos se basan en los mismos hechos. En los casos de inasistencia del demandante a la vista de juicio verbal, solamente se le tendrá por desistido cuando el demandado no tenga interés legítimo en la continuación del procedimiento para que se dicte sentencia si se dicta sentencia sobre el fondo del asunto.

Marcos recibe una demanda de procedimiento monitorio en la que le reclaman 1.754€ por impago de uno de los plazos de un viaje a las Islas Caimán que le organizó un conocido suyo propietario de una agencia de viajes. En este caso: Marcos puede estar tranquilo porque la agencia de viajes que le ha reclamado el pago no tiene ningún documento firmado por él por lo que la demanda no podrá prosperar. Si la demanda se interpuso ante los juzgados de Villajoyosa por ser este el último domicilio que conocía la agencia de viajes, pero en la actualidad Marcos vive en Toledo, deberá archivarse el procedimiento y la agencia deberá presentar una nueva reclamación ante los juzgados de Toledo. Cuando Marcos reciba el requerimiento de pago, si no le localizan en el domicilio facilitado, la agencia de viajes podrá solicitar que se efectúe dicho requerimiento por edictos. Si Marcos finalmente quiere presentar un escrito de oposición alegando que las cantidades que se le reclaman no son correctas, necesitará abogado y procurador para presentarlo.

Indica cuál de estas afirmaciones es correcta: A Camila, de 15 años y huérfana de madre, pueden concederle la emancipación si la solicita ante el juez de primera instancia de su domicilio ya que su padre ha vuelto a casarse y convive con una mujer con la que Camila tiene muy mala relación. Los progenitores de un menor de 16 años que pretendan repudiar una herencia en su nombre necesitarán autorización judicial. Si los administradores de una sociedad quieren solicitar judicialmente su disolución, deberán acreditar que han notificado previamente dicha solicitud a la sociedad. Dictado un auto de provisión de medidas de apoyo a una persona con discapacidad por un juzgado de primera instancia, siempre será el mismo juzgado el que tenga que efectuar la posterior revisión de estas medidas.

En los procedimientos de medidas provisionales previas: Siempre que se hayan adoptado este tipo de medidas con anterioridad a la presentación de la demanda de separación o divorcio, al admitirla, el tribunal deberá pronunciarse sobre la confirmación o modificación de las medidas provisionales. El cónyuge que interponga la demanda de separación o divorcio puede solicitar en la misma las medidas provisionales que estime oportunas con independencia de que ya hayan sido adoptadas estas medidas con carácter previo siempre que hayan transcurrido al menos 30 días desde su adopción. Las medidas provisionales sólo pueden solicitarse en la demanda o acordarse por el Tribunal de oficio. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. Dictada una sentencia en un procedimiento de separación o divorcio, si se trató de un procedimiento de mutuo acuerdo, los cónyuges no podrán posteriormente solicitar la modificación de estas medidas. En los supuestos de incumplimiento reiterado del régimen de visitas, se puede solicitar una sustitución por el equivalente pecuniario al ser aplicable de manera subsidiaria la Ley de Enjuiciamiento Civil. En los casos de incumplimiento reiterado del régimen de visitas el Tribunal debe acordar, en todo caso, la modificación de este régimen o incluso, su supresión. Ninguna de las anteriores es cierta.

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?: Si se quieren solicitar en un procedimiento contencioso medidas de provisión de apoyo a una persona con discapacidad y previamente se tramitó un expediente de jurisdicción voluntaria con dicho objeto, la solicitud deberá presentarse necesariamente ante el juzgado que conoció de este expediente. Si se solicitan medidas cautelares para una persona con discapacidad, el tribunal no las podrá adoptar sin previa audiencia de esta. La autorización judicial para proceder al internamiento no voluntario de una persona que padece un grave trastorno psíquico debe otorgarse siempre con carácter previo a dicho internamiento. Julio ha recibido una demanda de paternidad y se ha negado a someterse a las pruebas biológicas que acordó el juzgado. El Tribunal solo podrá declarar la filiación que le reclama su ex pareja si existen otros indicios de su paternidad.

Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras: Tendrán efectos en España desde el día que se acuerden si una de las partes del procedimiento tiene nacionalidad española. Tienen plenos efectos en territorio español desde el momento de su firmeza. Para que tengan eficacia en España, deben someterse a un procedimiento de reconocimiento previo por las autoridades españolas competentes. Nunca podrán ser reconocidos en territorio español si se acreditase que alguna de las partes no compareció a la vista celebrada en el extranjero.

En los juicios verbales de desahucio: Si el demandado no está de acuerdo con la sentencia dictada en primera instancia, no sele admitirá el recurso de apelación si no satisface previamente todas las rentas reclamadas así como las que según el contrato deba pagar por adelantado. Puede acumularse a la acción de desahucio la reclamación de rentas vencidas e impagadas, pero solamente si dichas cantidades no exceden la cuantía del juicio verbal. No se admitirá la demanda si el actor no indica en la misma de modo expreso las circunstancias que pueden permitir al demandado enervar el desahucio. Las respuestas a y c son ciertas.

En los procedimientos matrimoniales: Cuando deban ser objeto de ejecución los gastos extraordinario no expresamente establecidos en la sentencia, previamente debe declarase que la cantidad reclamada tiene dicha consideración. Si existen hijos mayores de 16 años con discapacidad, deben seguirse los trámites legalmente establecido para la adopción judicial de las medidas de apoyo que pudieran necesitar. Si se ha acordado medidas provisionales por un tribunal diferente del que debe conocer del procedimiento principal, presentada la demanda de divorcio, este juzgado deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o modificación de estas medidas. Todas las anteriores son ciertas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?. Toda persona con discapacidad que pretenda litigar contra sus progenitores necesitará que se le nombre defensor judicial. En los procedimientos de adopción, el adoptando debe prestar su consentimiento solamente si tiene más de 12 años. En el procedimiento de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, la falta de acuerdo respecto a la persona que deba ser nombrada curador, pondrá fin al expediente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?. En los procedimientos de adopción, el adoptando debe prestar su consentimiento solamente si tiene más de 12 años. En el procedimiento de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, la falta de acuerdo respecto a la persona que deba ser nombrada curador, pondrá fin al expediente. Una persona que ha causado la muerte dolosa de su cónyuge nunca podrá volver a contraer matrimonio.

En un procedimiento monitorio: Se pueden reclamar cantidades, aunque no consten en ningún documento, siempre que se acredite que existe una relación comercial duradera entre el actor y el demandado. Si el demandado comparece y contesta a la demanda sin proponer en forma la declinatoria, se entenderá tácitamente sometido a dicho juzgado, aunque no fuese el competente. Si la reclamación deriva de un contrato entre un empresario y un consumidor, el juzgado, de oficio, debe examinar la posible existencia de cláusulas abusivas. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

En los procedimientos de adopción: A la propuesta inicial de la Entidad Pública deberá acompañarse en todos los casos la declaración previa de idoneidad del adoptante para el ejercicio de la patria potestad. En los casos de adopciones simples constituidas en el extranjero, podrá solicitarse a los tribunales españoles la conversión en adopción plena solo si el adoptante tiene su residencia habitual en territorio español. Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento en la adopción. pueden comparecer ante el juzgado que esté conociendo de la misma y d) Todas las anteriores son ciertas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. Para la remoción del cargo de albacea nunca es necesaria la intervención de abogado y procurador por tratarse de actos de jurisdicción voluntaria. Los padres de hijos mayores de 16 años siempre necesitan autorización judicial para aceptar una herencia en nombre de sus hijos. Se podrá acudir al procedimiento de jurisdicción voluntaria de deslinde de fincas cuando estas no estén inscritas en el registro de la propiedad. Si producido un siniestro cubierto por una póliza de seguro, los peritos de las partes no se ponen de acuerdo respecto al importe de los daños producidos, tendrán que acudir necesariamente a un juicio verbal u ordinario para reclamar las cantidades correspondientes.

¿Cuáles de los siguientes extremos deben ser incluidos necesariamente en una demanda de desahucio?. El compromiso de condonar al demandado todo o parte de la deuda si este procede al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo indicado. Acreditación del requerimiento de pago realizado al demandado previamente a la interposición de la demanda. Solicitud de la ejecución del lanzamiento en la hora y fecha que se fije por el juzgado. Ninguna de las anteriores es cierta.

El juicio cambiario: Deberá iniciarse con una demanda a la que se deberá acompañar, el título cambiario original o un testimonio de éste. Si la demanda cumple todos los requisitos formales, el tribunal acordará el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor. Si el demandado comparece en el plazo conferido al efecto y alega cualquiera de las causas de oposición previstas en la ley cambiaria y del cheque, el juzgado procederá al alzamiento de los embargos que se hubiesen acordado. Las sentencias dictadas en el juicio cambiario no pueden ser objeto de ejecución provisional.

¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?. El Ministerio Fiscal debe intervenir en todos los procedimientos de familia. Todas las vistas señaladas en procedimientos de familia deberán celebrarse a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de los participantes en ellas. Interpuesta una demanda de filiación, deben acordarse alimentos con carácter provisional a cargo del demandado. Siendo firme la sentencia que ha declarado una determinada filiación, será rechazada toda demanda posterior que pretenda la impugnación de dicha filiación.

La competencia para declarar un concurso corresponde a: Los juzgados de lo Mercantil, con carácter excluyente y exclusivo. Los juzgados de Primera Instancia, con carácter excluyente y exclusivo, si el concursado es persona natural. Los juzgados de primera instancia si se trata de persona natural no empresaria y los juzgados de lo mercantil en el resto de los casos. Ninguna es correcta.

Los administradores concursales: Pueden ser recusados, y pueden rechazar el encargo, o delegar sus funciones de modo genérico en terceras personas de su confianza. Es un órgano auxiliar del juez del concurso, del deudor y de los acreedores. Una vez nombrados, pueden sustituir las facultades de administración y decisión del deudor. Ninguna es correcta.

La Junta de Acreedores... Puede constituirse o no con posterioridad a la declaración del concurso. En caso de constituirse, debe de hacerse durante la fase de convenio. Puede sustituirse por el procedimiento de adhesiones al convenio, tanto durante la fase común como durante la fase de convenio. Todas son correctas.

El auto de admisión a trámite de la solicitud de concurso... Comporta necesariamente que el juez dicte auto declarando el concurso el mismo día o el siguiente día hábil. En caso de ser instado por los acreedores, debe convocarse a una vista al deudor para que pueda alegar lo que a su derecho convenga. Puede ser instado por el deudor o por cualquiera de sus acreedores, con carácter exclusivo. Ninguna es correcta.

Puede ser declarado en concurso: La herencia yacente y las sociedades de composición mixta público-privada. Cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, empresario o no empresario, que no sea entidad territorial del estado, organismo o ente de derecho público. Cualquier deudor, aunque lo sea de un único acreedor. Las opciones A y B son correctas.

Es falso en relación con el acuerdo de refinanciación que: Los pactos asumidos en el mismo por los acreedores quedan sin efecto en caso de incumplimiento por parte del deudor, una vez entrado el concurso. Permite, una vez comunicado en sede judicial por el deudor, que no tenga que declarar el concurso por un plazo máximo de dos o tres meses, dependiendo de las cualidades del deudor. Suspende, mientras se encuentra en fase de negociación la posibilidad de iniciar ejecuciones singulares. Una vez impugnado, no puede ser eficaz hasta que un tribunal superior no se pronuncie sobre su validez.

La Directiva 2019/1023 de Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019... Permite al deudor que haya iniciado un procedimiento de reestructuración preventiva la suspensión de las ejecuciones singulares, si bien deja margen a los Estados para que regulen su aplicación práctica en cuanto a los tipos de créditos afectados y la duración de esta suspensión. Permite instar un plan de reestructuración al deudor, en todo caso, pero también faculta para que puedan instarlo los acreedores y/o trabajadores afectados. mpulsa la exoneración de deudas para todos los acreedores de buena fe, y exige una cierta celeridad en su tramitación al establecer plazos máximos para su tramitación. Exige, además que al menos exista un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas. Todas son correctas.

Una vez instada la solicitud del concurso pueden adoptarse medidas limitadoras de los. Solo cuando el concurso es necesario, a instancias del acreedor. Cuando el concurso sea necesario o voluntario, a instancias de cualquier interesado exclusivamente. A instancias de cualquier interesado, o de oficio, tanto en concurso voluntarios como necesarios. En ningún caso pueden limitarse derechos fundamentales.

La prescripción de acciones contra el deudor en un concurso por los créditos anteriores a la declaración de concurso... Queda interrumpida desde que se inicia la fase de liquidación hasta la finalización del concurso. Queda interrumpida desde la declaración hasta la finalización del concurso. Las acciones no se interrumpen, porque pueden iniciarse procedimientos ante el juez concursal. Ninguna es correcta.

MATESA está atravesando una delicada situación financiera y adeuda dos meses de salario a los trabajadores, sin que hasta el momento haya presentado concurso de acreedores. Ante esta situación: Los trabajadores podrán, a título individual, iniciar un procedimiento de reclamación de sus salarios en vía laboral. Solo los representantes de los trabajadores podrán iniciar un ERE concursal. Los trabajadores o sus representantes deberán en todo caso acudir al concurso para reclamar sus salarios. Ninguna es correcta.

¿Es posible ejecutar las garantías reales sobre bienes del concursado tras la declaración de concurso?. En ningún caso, ya que desde la declaración de concurso no pueden iniciarse ejecuciones y las que estén iniciadas, quedarán en suspenso. Solo sobre algunos bienes, previo expediente ante el juez del concurso, oída la administración. Se puede continuar con ellas siempre que no sean necesarias para la continuación de la actividad del concursado, que será decidido por la administración concursal. Depende de si se trata de bienes con privilegio ordinario o de créditos contra la masa.

El administrador concursal determina que MATESA tiene una deuda tributaria de 25.000 euros. ¿Qué calificación concederías a esta deuda?. Es una deuda subordinada. Es una deuda con privilegio general y un crédito ordinario, en distintas proporciones. Es una deuda con privilegio general exclusivamente. Es un crédito contra la masa.

Señala la afirmación correcta: La apertura de la fase de liquidación no produce la suspensión de las facultades del deudor. El pago de los créditos ordinarios se realiza con cargo a los bienes y derechos que queden tras el pago de los créditos contra la masa, los privilegiados y los subordinados. La apertura de la fase de liquidación no siempre supone la extinción del derecho de alimentos del concursado. El juez del concurso aprobará o no mediante auto el plan de liquidación en los términos en que hubiera sido presentado, sin introducir en él modificaciones.

Señala la afirmación correcta. La administración concursal... No puede ser recusada por el deudor. Puede sustituir las facultades de administración y disposición del concursado, pero no en todo caso. Debe ser elegida por sorteo, en todo caso. Todas son correctas.

Dentro de los activos de un concurso se encuentra un préstamo con garantía hipotecaria sobre un terreno rústico por importe de 25.000 euros. Si el terreno se tasara y arrojase un valor (tras las operaciones de cálculo contenidas en la ley) de 10.000 euros, ¿Qué calificación merecería este crédito?. Al ser un crédito con garantía hipotecaria, los 25.000 euros tendrían un privilegio especial. Hasta 10.000 euros sería un crédito con privilegio especial y el resto un crédito contra la masa. Hasta 10.000 euros sería un crédito con privilegio especial y el resto un crédito subordinado. Hasta 10.000 euros sería un crédito con privilegio especial y el resto un crédito ordinario.