Derecho tecnologico

Según el artículo 5 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuáles son las dimensiones de seguridad fundamentales que deben ser objeto de una evaluación de riesgos para determinar la categoría de seguridad de un sistema?. Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de forma exclusiva. Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad. Seguridad Física, Seguridad Lógica, Auditoría de Código y Resiliencia del Software. Autenticación, Autorización, Auditoría de Accesos y No Repudio.

De conformidad con el artículo 34.l.a de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en qué supuesto están obligados los Ayuntamientos y Entidades Locales a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD)?. Únicamente cuando el municipio supere los 20.000 habitantes de derecho. En todo caso, al tratarse de corporaciones locales y autoridades públicas integradas en la administración local. Solo si realizan tratamientos automatizados de datos categorizados de alto riesgo para la salud pública. Exclusivamente cuando externalicen la gestión de sus bases de datos del padrón municipal en la nube.

Según establece el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter general, ¿cuándo se entenderá rechazada una notificación electrónica puesta a disposición en la sede correspondiente?. A las 24 horas de haber sido enviada a la bandeja de entrada del interesado sin que conste su apertura. Únicamente cuando el interesado presente un escrito formal manifestando su voluntad expresa de no aceptar la notificación. Transcurridos quince días hábiles a contar desde el momento del registro de salida en los sistemas de la entidad. Cuando hubieran transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica del acceso.

Conforme al artículo 43 del Real Decreto 311/2022 (ENS) y los criterios de proporcionalidad allí regulados, ¿en base a qué parámetro exacto se gradúa la aplicación de las medidas de seguridad organizativas y técnicas de los sistemas de información de una administración local?. En función de la partida presupuestaria anual asignada formalmente al departamento informático. En función de la categoría del sistema (Básica, Media o Alta) determinada conforme al Anexo I del citado real decreto. Atendiendo exclusivamente al número de terminales de escritorio y servidores físicos integrados en la intranet local. Dependiendo del criterio discrecional adoptado por el Pleno de la Corporación mediante ordenanza municipal.

Atendiendo al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), si los datos de carácter personal tratados por el Ayuntamiento hubiesen sido obtenidos directamente del propio afectado, ¿bajo qué condición exacta no se imputará la falta de exactitud de dichos datos al Responsable del Tratamiento?. Bajo ninguna circunstancia; el responsable responde civilmente de cualquier inexactitud objetiva en sus servidores. Siempre que el Responsable del Tratamiento haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos inexactos respecto de los fines para los que se tratan. Únicamente si el afectado firmó una declaración jurada renunciando de antemano a ejercer sus derechos de rectificación o supresión. Solo si el software de base empleado cuenta con un algoritmo de validación de sintaxis homologado por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

De acuerdo con el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es el objeto explícito que persigue el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)?. Imponer el uso obligatorio de una suite ofimática privativa comercial en todos los niveles del Estado. Comprender el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Centralizar la compra directa de hardware mediante contratos marco gestionados por la Dirección General de Patrimonio. Eliminar por completo las bases de datos locales, unificando toda la información de los ciudadanos en un único servidor estatal compartido.

Según el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (LPACAP), ¿en cuál de los siguientes lugares NO se contempla con validez formal la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a una Administración Pública?. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del sector público. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En un correo electrónico ordinario dirigido al buzón personal o corporativo no habilitado de un funcionario o técnico informático de la entidad local. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

De acuerdo al artículo 102.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento goza de plena autonomía: legislativa, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. legislativa, ejecutiva, administrativa y disciplinaria. reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. reglamentaria, ejecutiva, administrativa y sancionadora.

Conforme al artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. Una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una mayoría de dos tercios del Senado y mayoría absoluta del Congreso. Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

¿Cómo se pueden recurrir las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Mediante recurso de alzada. Mediante recurso potestativo de reposición. Mediante recurso contencioso administrativo. Mediante reclamación previa preceptiva ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Señale cuál de los siguientes NO es un elemento del Municipio, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: La organización. La denominación. El territorio. La población.

Señale cuál de los siguientes servicios deberá prestarse en todos los Municipios, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Pavimentación de las vías públicas. Tratamiento de residuos. Prevención y extinción de incendios. Biblioteca pública.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿qué consecuencia produciría el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa?. Legitimaría al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. El silencio tendría efecto estimatorio si se trata de un procedimiento relativo al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Legitimaría al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

¿Para cuál de las siguientes actuaciones requerirán las Administraciones Públicas a los interesados el uso obligatorio de firma, en los términos del artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Interponer acciones. Formular denuncias. Presentar comunicaciones. Desistir de derechos.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial no firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de resolución administrativa. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.