DERECHO URBANÍSTICO

La Ley del 56 tenía como principales pilares los siguientes: Función pública limitadora del concepto y contenido de la propiedad. Función privada ejercida por empresas privadas. Función pública que solo puede ejecutar el sector privado. Tanto una función pública como una función privada cuyo contenido se desarrolla en el Plan General de Ordenación Urbana para la gestión de los intereses privados de los propietarios.

Las aportaciones del Texto Refundido del 76 a la Ley del 56 son: A. Intentó endurecer la tramitación de los planes, estableció criterios formales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de las cesiones gratuitas y disminuyendo la disciplina urbanística. B. Intentó flexibilizar la tramitación de los planes, estableció criterios materiales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de las cesiones gratuitas y mejora los mecanismos de equidistribución. Intentó flexibilizar la tramitación de la disciplina urbanística, estableció criterios materiales en cumplimiento de planes y programas, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías impidiendo las cesiones gratuitas y mejora los mecanismos de equidistribución. Intentó flexibilizar la tramitación de los planes, estableció criterios materiales en cumplimiento de objetivos y calidad del plan, profundizó en la participación de la comunidad en las plusvalías a través de la disciplina urbanística y elimina los mecanismos de equidistribución.

La promulgación de la Constitución Española de 1978 condicionó el modelo de legislación urbanística con la regulación de: A. Artículo 33, 47, 45 y 46 de las Leyes Fundamentales del Estado. B. Artículos 1, 33, 45 y 52 de la Constitución. C. Artículos 33, 47, 45 y 46 de la Constitución. D. La Constitución no regula el Urbanismo, es competencia Autonómica.

La sentencia del TC 61/97, de 20 de marzo, subrayó las siguientes notas al respecto de esta cláusula competencial: A. El Estado tiene competencia para regular criterios básicos para el ejercicio de la propiedad sin regular procedimientos o técnicas urbanísticas. B. El Estado es competente para regular procedimientos y técnicas urbanísticas. C. El Estado tiene competencia para regular aspectos urbanísticos que afectan al derecho de propiedad tales como la clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. D. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia absoluta en la regulación urbanística que abarca los criterios básicos para el ejercicio de la propiedad, impidiendo al Estado inmiscuirse en tales cuestiones.

Los Ayuntamientos conservan competencias para: A. Aprobar leyes urbanísticas que amparan su actuación. B. Regular el derecho de propiedad de los titulares de terrenos. C. Establecer criterios de valoración del suelo a efectos de expropiaciones. D. Proponer y aprobar (provisionalmente) el Plan General, así como el planeamiento de desarrollo, los actos de gestión urbanística y tienen la potestad sancionadora y disciplinaria urbanística.

¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye una manifestación de la competencia estatal del artículo 149.1.13ª CE en materia urbanística según la jurisprudencia constitucional?. A. La potestad de imponer estándares urbanísticos mínimos vinculantes. B. La determinación del porcentaje de edificabilidad mínima destinado a vivienda protegida. C. La regulación del procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. D. La fijación del régimen de clasificación del suelo urbano consolidado.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión el régimen de valoraciones del TRLS 2015 para el suelo rural ?. A. Debe valorarse aplicando el método de comparación con fincas semejantes, salvo inexistencia de muestras. B. Se valora mediante el método de capitalización de rendimientos, quedando prohibida la incorporación de expectativas urbanísticas. C. Puede valorarse mediante el método residual estático siempre que exista posibilidad futura de transformación. D. Se valora atendiendo exclusivamente al valor fiscal actualizado del aprovechamiento urbanístico previsto.

¿En cuál de los siguientes supuestos procede la declaración de ruina según el TRLS y el TR del 76?. A. Cuando el edificio no dispone de licencia de primera ocupación. B. Cuando el coste de reparación supera el 50 % del valor actual del edificio o plantas afectadas. C. Cuando el propietario opte voluntariamente por la demolición. D. Cuando el inmueble no cumpla las condiciones de accesibilidad universal.

¿Qué carácter tiene la actividad urbanística según la normativa estatal?. A. Es una actividad privada dependiente de la voluntad del propietario. B. Es una función pública orientada al interés general. C. Es una competencia exclusiva estatal. D. Es una actividad económica liberalizada.

Un acto urbanístico puede acceder al Registro cuando: A. Afecta a la situación jurídica de una finca. B. Se refiere únicamente a terrenos rústicos. C. Sea una simple propuesta sin aprobación. D. No implique modificación alguna.

Un acto urbanístico puede inscribirse en el Registro de la Propiedad cuando: A. No tenga efectos sobre ninguna finca. B. Sea simplemente una comunicación entre particulares. C. Afecte a la titularidad, descripción o derechos de una finca. D. Sea un contrato verbal sin documento.