Desistimiento, renuncia, caducidad

¿Qué acción tomará la Administración en caso de desistimiento o renuncia?. Declarará concluido el procedimiento sin más trámite. Aceptaría de plano el desistimiento o la renuncia y concluirá el procedimiento, a menos que terceros interesados soliciten su continuación en un plazo determinado. Rechazará automáticamente el desistimiento o la renuncia. Solicitará más información al interesado antes de aceptar el desistimiento o la renuncia.

¿En qué situación la Administración no concluirá el procedimiento después de recibir el desistimiento o la renuncia?. Cuando el interesado presente pruebas adicionales. Cuando terceros interesados insten la continuación en un plazo de diez días. Cuando el desistimiento o la renuncia sea presentado por un tercero interesado. Cuando el desistimiento o la renuncia no esté debidamente notificado.

¿En qué plazo los terceros interesados pueden instar la continuación del procedimiento después de un desistimiento o renuncia?. En un plazo de veinte días. En un plazo de quince días. En un plazo de diez días. En un plazo de cinco días.

¿En qué situación la Administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y continuar el procedimiento?. Si la cuestión suscitada es de interés general ❤ o es conveniente para su definición y esclarecimiento. Si el interesado no presenta pruebas adicionales. Si el desistimiento o la renuncia no está debidamente notificado. Si el interesado no solicita la continuación del procedimiento.

¿Cuál es la condición principal para que la Administración pueda limitar los efectos del desistimiento o la renuncia?. Que el desistimiento o la renuncia sea presentado por un tercero interesado. Que la cuestión suscitada sea de interés general ❤ o conveniente para su definición y esclarecimiento. Que el interesado no haya presentado pruebas adicionales. Que la cuestión suscitada sea exclusivamente de interés particular del interesado.

¿Qué acción tomará la Administración en procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando este provoque su paralización?. Continuará el procedimiento sin advertir al interesado. Paralizará automáticamente el procedimiento. Advertirá al interesado que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Caducará automáticamente el procedimiento sin previo aviso.

¿Cuál es el plazo que la Administración le otorga al interesado para evitar la caducidad del procedimiento?. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Cinco meses.

¿Cuál es la relación entre caducidad y prescripción en el ámbito procedimiento administrativo?. La caducidad automáticamente conduce a la prescripción. La prescripción y la caducidad son términos intercambiables. La caducidad por sí sola no produce la prescripción, y los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. La caducidad detiene el plazo de prescripción, reiniciándolo una vez que el procedimiento se ha completado.

En el contexto de la caducidad y prescripción en procedimientos legales, ¿Qué posibilidad se menciona cuando no ha ocurrido la prescripción?. Reinicio automático del procedimiento original. Incorporación al nuevo procedimiento de actos y trámites con contenido igual al procedimiento original. Anulación total de los actos realizados durante el procedimiento caducado. Suspensión indefinida de los plazos legales.

En un nuevo procedimiento después de la caducidad, a pesar de la incorporación de actos y trámites del procedimiento original, ¿Qué trámites específicos deberán cumplimentarse según la afirmación?. Fase de investigación y análisis. Evaluación de resultados previos. Cumplimentar los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Solicitud de reconsideración de decisiones anteriores.

¿En qué situación la caducidad puede no ser aplicable?. Cuando no es conveniente sustanciar la cuestión para su definición y esclarecimiento. Si la cuestión no tiene consecuencias para el interés público ❤. En el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Si la cuestión afecta únicamente a intereses individuales.

En el contexto de la declaración de caducidad, ¿Qué procedimiento se debe seguir en relación con la resolución que la declare?. Solo procede el recurso de revisión. Procederán los recursos pertinentes. Únicamente procede el recurso de apelación. No procede ningún recurso.

No podrá acordarse la caducidad. Por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sea indispensables para dictar resolución. Siempre se acordará por inactividad del interesado. Si la inactividad es prolongada más allá del plazo establecido. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Bajo qué condiciones las Administraciones Públicas podrán acordar esta tramitación?. Siempre que el procedimiento sea complejo. Solo a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Únicamente de oficio y sin solicitud del interesado.

En el contexto de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, ¿Quién puede solicitar esta modalidad de tramitación?. Solo el interesado. Solo las Administraciones Públicas. Tanto las Administraciones Públicas como el interesado. Únicamente de oficio por las Administraciones Públicas.

¿En qué momento el órgano competente para su tramitación puede decidir cambiar de la tramitación simplificada a la tramitación ordinaria?. Solo después de la resolución del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. Solo al final del procedimiento. Solo al principio del procedimiento.

¿Qué debe hacer la Administración si, después de acordar de oficio esta modalidad, algún interesado manifiesta oposición expresa?. Ignorar la oposición y seguir con la tramitación simplificada. Rechazar la oposición y continuar con la tramitación simplificada. La Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. La tramitación simplificada no puede ser objetada por los interesados.

En relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, ¿Qué sucede si un interesado solicita esta modalidad y el órgano competente para la tramitación no aprecia ninguna de las razones previstas para la tramitación simplificada?. La solicitud será automáticamente aceptada. El órgano competente tiene que aceptar la solicitud sin posibilidad de desestimarla. El órgano competente puede desestimar la solicitud en un plazo de cinco días sin posibilidad de recurso por parte del interesado. El interesado puede apelar la decisión del órgano competente en cualquier momento.

Si un interesado solicita la tramitación simplificada del procedimiento y el órgano competente no emite ninguna decisión al respecto en el plazo de cinco días, ¿Cuál es el efecto sobre la solicitud?. El interesado puede retirar la solicitud en cualquier momento. La solicitud se considera desestimada. El órgano competente tiene un plazo adicional de cinco días para emitir una decisión. La solicitud se considera automáticamente aceptada.

En el ámbito de procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿bajo qué condiciones el órgano competente para su tramitación puede acordar la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado?. Únicamente si el interesado lo solicita expresamente. Cuando exista inequívoca relación de causalidad y se haya valorado el daño y la cuantía de la indemnización. Siempre que el daño sea fácilmente cuantificable. Al inicio del procedimiento.

En el contexto de procedimientos sancionadores, ¿bajo qué condiciones se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento?. Siempre que el interesado lo solicite expresamente. Cuando el órgano competente considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave. Si el interesado presenta una oposición expresa. Cuando el órgano competente para iniciar considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin posibilidad de oposición expresa por parte del interesado.

En los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, ¿cuál es el plazo máximo establecido para resolverlos, contado desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento?. No hay un plazo establecido. 60 días. 30 días. 15 días.

La tramitación simplificada consta de los siguientes trámites. Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado y subsanación de la solicitud presentada, en su caso. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Resolución. Todas son correctas.

En un procedimiento administrativo que sigue la tramitación simplificada y se solicita el Dictamen del Consejo de Estado, ¿Qué sucede con el plazo para resolver desde el momento en que se solicita el Dictamen?. Queda anulado y no se aplica en este caso. Se duplica para permitir más tiempo para la emisión del Dictamen. Se reinicia y comienza a contar nuevamente desde cero. Se suspende automáticamente y no avanza mientras se espera el Dictamen.

En un procedimiento administrativo que sigue la tramitación simplificada y se espera el Dictamen del Consejo de Estado, ¿en qué situación el Dictamen puede ser emitido en el plazo de quince días?. Siempre que el Consejo de Estado lo considere conveniente. Únicamente si el órgano competente no ha solicitado una pronta emisión. Si así lo solicita el órgano competente para resolver el procedimiento. Solo si el procedimiento es de carácter urgente.

Informes del Consejo de Estado. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Todas son correctas.

¿Qué efecto tiene la solicitud del informe al CGPJ en el plazo para dictar la resolución de la reclamación por parte de la administración?. Anula el procedimiento. Suspende el plazo. Acelera el proceso.

¿Cuánto tiempo tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evacuar el informe en los casos mencionados?. 3 meses. 2 meses. 1 mes. 6 meses.

¿Qué órgano es preceptivamente consultado antes de que la administración emita una resolución en casos de reclamaciones mencionadas en la Ley 40/2015?. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tribunal Constitucional. Tribunal Supremo. Consejo de Ministros.

¿En qué situaciones se aplica el procedimiento regulado por el artículo 32 de la Ley 40/2015 en España, derecho a los particulares a ser indemnizados por la Administración Pública?. Reclamaciones laborales. Reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Reclamaciones fiscales. Reclamaciones en materia sancionadora.

¿Qué sucede si el dictamen del Consejo de Estado es contrario al fondo de la propuesta de resolución?. Se realiza una nueva propuesta de resolución. El órgano competente para resolver decide continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria. Se debe aceptar obligatoriamente el dictamen. Se anula el procedimiento.

¿Qué se notificará a los interesados en el caso de que el dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución?. La obligación de presentar un recurso. La decisión de continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria. La aceptación obligatoria del dictamen. La anulación del procedimiento.

¿Qué actuaciones se entenderán convalidadas en el caso de continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria?. Ninguna de las anteriores. Solo las actuaciones realizadas después de recibir el dictamen del Consejo de Estado. Todas las actuaciones, excepto el dictamen del Consejo de Estado. Todas las actuaciones realizadas durante la tramitación simplificada, incluyendo el dictamen del Consejo de Estado.

¿Qué sucede en un procedimiento si surge la necesidad de llevar a cabo un trámite no previsto en los pasos establecidos en la tramitación simplificada?. Se suspende el procedimiento. Se realiza el trámite de manera ordinaria. Se omite el trámite no previsto. Se solicita un informe al Consejo de Estado.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: Se necesite aprobación o autorización superior. Una disposición establezca lo contrario. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Todas son correctas.

¿Qué principio se refleja al afirmar "Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual"?. Principio de igualdad. Principio de proporcionalidad. Principio de eficacia. Principio de celeridad.

Si un acto administrativo establece la obligación de pagar una cantidad líquida de dinero, ¿qué procedimiento se seguirá según la afirmación?. Procedimiento de recurso ordinario. Procedimiento de apremio. Procedimiento de revisión de oficio. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

¿Qué características definen la ejecución subsidiaria en el contexto administrativo?. Los gastos y daños relacionados con la ejecución subsidiaria no pueden liquidarse de forma provisional. La ejecución subsidiaria es aplicable a actos que pueden ser realizados por un sujeto distinto del obligado. La ejecución subsidiaria implica que solo el obligado puede llevar a cabo los actos. Los actos a ejecutar deben ser personalísimos y exclusivos del obligado.

¿Cuál es el propósito principal de imponer multas coercitivas por parte de las Administraciones Públicas?. Motivar el cumplimiento de obligaciones establecidas por la ley o acto administrativo. Obtener ingresos adicionales. Castigar a los infractores.

¿En qué circunstancia se pueden imponer multas coercitivas?. Solo en casos de delitos graves. Cuando así lo autoricen las Leyes para la ejecución de determinados actos. Cuando exista una denuncia formal. Siempre que la Administración lo desee.

¿Cómo se aplican las multas coercitivas en el tiempo, según la afirmación?. Solo en casos de urgencia extrema. De manera reiterada por lapsos de tiempo suficientes. En intervalos de tiempo, pero solo una vez. De manera única y sin repetición.

¿En qué supuesto se pueden imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado?. Todos los anteriores. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

¿Qué se entiende por "compulsión directa" en el contexto administrativo?. La imposición de sanciones económicas. La aplicación de medidas coercitivas directas sobre la persona del obligado. La solicitud de informes adicionales. La posibilidad de apelar una decisión administrativa.

¿En qué circunstancias podrán los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas?. Cuando exista una denuncia formal. Solo si se trata de infracciones graves. Cuando la ley expresamente lo autorice. Siempre que la Administración lo desee.

¿Qué consecuencia se establece en el caso de que, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, el obligado no realice la prestación?. Se solicitará un informe al Consejo de Estado. Se procederá a la ejecución subsidiaria. Deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. Se le impondrán multas coercitivas.

¿En qué situación las Administraciones Públicas pueden impugnar actos favorables para los interesados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. Cuando los actos sean anulables sin necesidad de declaración de lesividad. Solo si los actos son perjudiciales para la Administración Pública. Siempre que los interesados no estén de acuerdo con el acto. Cuando se declare la lesividad para el interés público según lo establecido en el artículo 48.

¿Cuáles son las condiciones para que la declaración de lesividad pueda adoptarse según la normativa mencionada?. Puede adoptarse en cualquier momento sin restricciones temporales. Debe realizarse antes de que transcurran cuatro años desde la emisión del acto administrativo y se requiere la previa audiencia de los interesados, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82 (Trámite de audiencia). Solo se permite después de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Debe realizarse antes de que transcurran cuatro años desde la emisión del acto administrativo.

¿Cómo se caracteriza la posibilidad de interponer recurso contra la declaración de lesividad según la normativa mencionada?. Siempre es susceptible de recurso en cualquier situación. No es susceptible de recurso bajo ninguna circunstancia. Solo puede impugnarse como presupuesto procesal de admisibilidad en el proceso judicial. Puede ser objeto de recurso únicamente cuando haya acuerdo unánime de los interesados.

¿Quién es competente para adoptar la declaración de lesividad si el acto proviene de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas?. El órgano de cada Administración competente en la materia. El Tribunal Supremo. El órgano judicial correspondiente. Cualquier órgano de la Administración involucrada.

¿Quién es competente para adoptar la declaración de lesividad si el acto proviene de las entidades que integran la Administración Local?. El órgano ejecutivo de la entidad. El Tribunal Administrativo correspondiente. El representante legal de la entidad. El Pleno de la Corporación o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad.

¿Qué significa la restricción "No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido"?. Se prohíben las acciones posesorias en cualquier circunstancia. Las acciones posesorias solo son permitidas contra decisiones ilegales de los órganos administrativos. No se aceptarán acciones posesorias contra actuaciones regulares de los órganos administrativos dentro de su competencia y procedimientos legales. Las acciones posesorias son exclusivamente aplicables a las decisiones de los órganos administrativos.

¿Bajo qué condición las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos según la normativa mencionada?. Solo si no han transcurrido el plazo de prescripción. Únicamente si es contraria al principio de igualdad. Solo si la revocación no constituye dispensa o exención. Siempre que sea después del plazo de prescripción.

¿Cuáles son las condiciones para que las Administraciones Públicas puedan revocar sus actos de gravamen o desfavorables, según la normativa mencionada?. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, y siempre que la revocación constituya dispensa o exención permitida por las leyes. Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción y la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Solo si la revocación es contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Únicamente si la revocación constituye dispensa o exención permitida por las leyes, sin importar el plazo de prescripción.

¿En qué situaciones las facultades de revisión no podrán ser ejercidas?. Cuando resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, sin importar el tiempo transcurrido. Únicamente cuando esté prescrita la acción. Siempre que el ejercicio de la revisión sea contrario al derecho de los particulares. Solo cuando el tiempo transcurrido lo haga contrario a la equidad.