dificiles examenes

¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas, según se recoge en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía.

El Artículo 151. 1 de la Constitución Española de 1978 establece un procedimiento para acceder a la autonomía plena que exige, entre otras cosas, que: La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los electores de cada provincia. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos emitidos en cada provincia. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de una mayoría de dos tercios de los electores de cada provincia.

Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Si el Senado se opone con un veto, el Congreso ha de ratificar por mayoría simple: (artículo 90 de la Constitución Española). El texto inicial, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del veto. El veto, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El veto, si han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El texto inicial, si han transcurrido dos meses desde la interposición del veto.

¿En qué casos podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Cuando concurran razones graves de interés general que lo justifiquen. Sólo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado y de la Administración local, únicamente. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

Las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según dispone el artículo 106 de la citada Ley: De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

Ponen fin a la vía administrativa conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta incorrecta): Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del recurso potestativo de reposición: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un año.

¿Cómo se consideran las competencias locales según el artículo 6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local en Andalucía?. Las competencias locales tienen la consideración de propias y mínimas, y no podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. Las competencias locales tienen la consideración de propias y mínimas, y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. Las competencias locales tienen la consideración de mínimas. Las competencias locales tienen la consideración de máximas.

¿Qué dispone el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto de la intervención de las Entidades locales en la actividad de los ciudadanos a través de Ordenanzas y bandos?. Se tendrá que ajustar la actividad de intervención a los principios de igualdad de trato y necesidad. Se tendrá que ajustar la actividad de intervención al principio de proporcionalidad. Se tendrá que ajustar la actividad de intervención a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. Se tendrá que ajustar la actividad de intervención a los principios de igualdad de trato, eficacia, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

¿Qué mayoría se le exige a las corporaciones locales para la adopción y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación, según dispone el artículo 47 de LBRL?. Mayoría simple. Unanimidad. Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. No se exige mayoría especial.

Respecto a los asuntos incluidos en el escrito de solicitud de una sesión extraordinaria, ¿pueden ser modificados según dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada y votada por los miembros que hayan presentado la solicitud de la convocatoria. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta de los miembros que hayan presentado la solicitud de convocatoria para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éstos de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta de los miembros que hayan presentado la solicitud de convocatoria para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éstos de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada y aceptada por el Alcalde.

¿Quién podrá suspender los actos y acuerdos que provengan de una Corporación Local, que atenten gravemente al interés general de España?. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Delegado de Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los veinte días siguientes al de la recepción de aquéllos. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Delegado de Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Delegado de Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los treinta días siguientes al de la recepción de aquéllos. Según la LBRL, el Delegado de Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los quince días siguientes al de la recepción de aquéllos.

La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales tendrán las siguientes especialidades, de acuerdo al artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Indique cuál de las siguientes es una de ellas: En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará por Reglamento. Su inventario de bienes y derechos se remitirá semestralmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local. Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, deberán remitirse anualmente.

¿Cómo se determinan los intervalos de niveles que corresponden a los Cuerpos de cada Grupo, según dispone la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía?. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. Mediante Ley. Mediante Reglamento. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

Son empleados públicos, según dispone el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de los intereses generales. Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de los intereses público.

Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

Los funcionarios de carrera se rigen en sus relaciones con la Administración por lo dispuesto en: El derecho mercantil y administrativo. El derecho laboral. El derecho administrativo. Todo el ordenamiento jurídico.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se aplicará: Sólo al personal de las Administraciones públicas incluido en su ámbito de aplicación. Con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. Con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. Con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de las entidades Locales.

El Título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina: Ordenación de la actividad profesional. Situaciones administrativas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

Establecerá/n los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza pueden cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública: El Consejo de Ministros. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Un reglamento.

Respecto a la selección del personal, dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, lo siguiente: (señale la opción incorrecta). Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público. La selección de todo el personal funcionario se realizará mediante convocatoria pública y con carácter general, mediante el sistema de oposición. La selección de todo el personal se realizará a través de sistemas en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Sobre la normativa aplicable al personal laboral ¿qué establece el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? (Señale la opción incorrecta). El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto. Le será de aplicación a este personal las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. No le será de aplicación a este personal las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

Según el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación a la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las Entidades Locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes: Es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento. Es función propia de la intervención General del Estado, con el alcance y condiciones que establece su ley reguladora y de funcionamiento. Las Entidades Locales enviarán antes del día 30 de octubre de cada año, la cuenta general correspondiente al ejercicio económico anterior. La Intervención Municipal enviará antes del día 15 de octubre de cada año la cuenta general correspondiente al ejercicio económico anterior.

De acuerdo con el principio de anualidad, dispone el artículo 163 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: Los derechos liquidados en el ejercicio que se deriven de ese período y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones vencidas durante el ejercicio. Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. Los derechos líquidos y vencidos en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven y las obligaciones reconocidas y exigibles durante el ejercicio.

Según el artículo 2.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma: Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica-pública que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley.

Según dispone el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigidas a la obtención de: Un resultado de obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado de obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado distinto de una obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan: A título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. A título oneroso a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. A título oneroso o gratuito a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. A título oneroso o gratuito a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia.

Estarán excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según dispone el artículo 6, los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al: Derecho público, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Derecho público, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Derecho privado, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

Según dispone el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto al concepto de beneficiario, señale la respuesta correcta: Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en cualquier caso. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras. Podrán acceder a la condición de beneficiario las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, con personalidad jurídica, que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. Podrán acceder a la condición de beneficiario las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

¿Cuáles de las siguientes son obligaciones de los beneficiarios, de acuerdo con lo regulado en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?. Someterse a cualquier actuación de investigación. Acreditar en el momento de dictarse la propuesta de resolución de concesión hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entregar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos siempre que le sean requeridos. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

No tienen carácter de subvenciones, según se recoge en el Artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes supuestos: El crédito oficial sólo en el supuesto en que la Administración Pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. Las prestaciones creadas por el Fondo de Garantía Salarial. Quedarán excluidas, cuando no resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España.

¿Cómo se regularán las subvenciones que se otorguen por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones públicas u organismos o entes dependientes de ellas y las subvenciones que deriven de convenios formalizados por éstas, según el artículo 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre?. Se regularán, en todo caso, por lo establecido en el instrumento jurídico de creación o en el propio convenio. Se regularán de acuerdo con lo establecido en el instrumento jurídico de creación o en el propio convenio que, en todo caso, deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en esta ley. Se regularán de acuerdo con lo establecido en el instrumento jurídico de creación o en el propio convenio y por las disposiciones contenidas en esta Ley. Se regularán de acuerdo con lo establecido en el instrumento jurídico de creación o en el propio convenio, por las disposiciones contenidas en esta Ley y restantes normas de derecho administrativo.

Según el artículo 3.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿Qué subvenciones deberán asimismo ajustarse a la ley?. Las otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Las otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público con o sin personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Las otorgadas por entidades sin personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Únicamente las otorgadas por los organismos dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

El contenido de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿resulta de aplicación a los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a las Administraciones Públicas?. No, puesto que no forman parte del concepto de Administración Pública contenido en la propia Ley. Serán únicamente de aplicación los principios de gestión y los de información. Se aplicarán cuando las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Se aplicarán, únicamente, a los organismos y demás entidades de Derecho Público dependientes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

No tienen carácter de subvenciones, según se recoge en el Artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes supuestos: (señale la incorrecta). Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España. En todo caso, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España. Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C.

¿Qué establece el artículo 21 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto al Régimen de garantías?. El Régimen de las garantías y medios de constitución que tengan que constituirse se establecerá según lo desarrollado en esta Ley y en su normativa de desarrollo. El Régimen de garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá reglamentariamente. Sólo lo referente a los medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerán reglamentariamente. El Régimen de garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá conforme a lo dispuesto en el instrumento jurídico de creación.