DIPU MA Bizkaia

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Establecer las bases del régimen jurídico del Sector Público. Regular los procedimientos administrativos y la actividad de las Administraciones Públicas. Establecer las normas generales de actuación de las Administraciones Públicas.

¿A qué sector público se aplica la Ley 39/2015 según su ámbito subjetivo de aplicación?. Únicamente a la Administración General del Estado. A la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. A todas las entidades que integran el sector público institucional. A la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional.

¿Quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según la Ley 39/2015?. Solo las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar civil. Las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar civil, los menores de edad en ciertos casos, y los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica cuando la Ley lo declare expresamente. Solo las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar civil y los menores de edad. Las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados.

¿Qué se considera un 'interesado' en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?. Solo quien promueve el procedimiento. Quien promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos, o quien, sin haberlo iniciado, tiene derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Quien tiene derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Quien promueve el procedimiento o tiene derechos que puedan resultar afectados.

¿Qué medio se considera como acreditación de la representación ante las Administraciones Públicas para la formulación de solicitudes, presentación de declaraciones, interposición de recursos, desistimiento de acciones y renuncia a derechos?. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Poder notarial. Apoderamiento 'apud acta' presencial o electrónico, o inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Cualquier medio válido en Derecho, incluyendo el apoderamiento 'apud acta' y la inscripción en el registro electrónico.

¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en los registros de apoderamientos?. No tienen un plazo de validez determinado. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Un año a contar desde la fecha de inscripción. Tres años a contar desde la fecha de inscripción.

¿Qué sistemas de identificación electrónica se mencionan en la Ley 39/2015 como válidos para identificarse ante las Administraciones Públicas?. Certificados electrónicos cualificados de firma electrónica y sistemas de sello electrónico cualificado. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o sello electrónico, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido. Solo sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Cualquier sistema que las Administraciones consideren válido.

¿Qué medio se admite para que los interesados firmen sus actuaciones ante las Administraciones Públicas?. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Únicamente firma electrónica cualificada y avanzada. Cualquier medio electrónico. Firma manuscrita o electrónica.

¿Cuándo será obligatorio para los interesados el uso de la firma electrónica en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. Para todas las actuaciones administrativas. Solo para la presentación de solicitudes. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Para realizar cualquier actuación administrativa.

¿Qué derecho tienen las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas en cuanto a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica?. A obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A utilizar únicamente los medios de identificación y firma electrónica proporcionados por la Administración. A utilizar cualquier medio de identificación y firma electrónica. A no utilizar medios de identificación y firma electrónica si no lo desean.

¿Quiénes estarán obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. Todas las personas físicas y jurídicas. Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Las personas jurídicas y los empleados públicos. Las personas físicas y jurídicas y aquellos que representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente.

¿Cuál será la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado?. La lengua cooficial del territorio donde se tramite. El castellano, admitiendo la lengua cooficial si el interesado la utiliza. El castellano, salvo que el interesado opte por la lengua cooficial del territorio y en caso de discrepancia se utilizará el castellano. La lengua que elija el interesado.

¿Qué plazo máximo legal existe para que la Administración dicte y notifique una resolución expresa en un procedimiento, si no hay norma que fije un plazo diferente?. Tres meses. Seis meses. Un mes. Depende del tipo de procedimiento.

¿En qué casos el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio según la Ley 39/2015?. En todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos que transfieran facultades sobre el dominio público, impliquen daño ambiental, o de responsabilidad patrimonial. En procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición y en los de impugnación de actos y disposiciones.

¿Qué se entiende por 'tramitación simplificada' del procedimiento administrativo común?. Un procedimiento con menos trámites que el ordinario. Un procedimiento que se resuelve en un plazo máximo de treinta días y consta de trámites esenciales, pudiendo ser acordado por interés público o falta de complejidad. Un procedimiento que se inicia y resuelve de oficio. Un procedimiento que no requiere alegaciones ni audiencia.