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Según la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales y las decisiones adoptadas conforme a la Carta son: Meramente recomendaciones para los Estados Miembros. Obligatorias para todos los Miembros de la ONU. Vinculantes solo para los miembros permanentes. Aplicables únicamente si las aprueba la Asamblea General.

En el Consejo de Seguridad, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento requieren: 9 votos afirmativos, incluyendo los cinco permanentes. 7 votos afirmativos, sin exigencia de permanentes. 9 votos afirmativos, sin exigencia de permanentes. Unanimidad de los 15 miembros.

El Capítulo VI de la Carta de la ONU regula principalmente: Medidas coercitivas sin uso de la fuerza. Arreglo pacífico de controversias. Acción por amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Régimen de administración fiduciaria.

El Artículo 41 de la Carta de la ONU se refiere a: Uso de la fuerza aérea, naval o terrestre. Medidas no implicantes el uso de la fuerza, como sanciones económicas o interrupción de comunicaciones. Facultades consultivas de la CIJ. Funciones presupuestarias de la Asamblea General.

Conforme al Artículo 42, el Consejo de Seguridad puede autorizar: Medidas armadas cuando las del art. 41 sean inadecuadas. Consultas obligatorias con la Asamblea General. Opiniones consultivas de la CIJ. Elecciones del Secretario General.

¿Quién puede solicitar opiniones consultivas a la CIJ según la Carta?. Únicamente los Estados Miembros. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y otros órganos autorizados por la AG. Cualquier tribunal nacional supremo. Organizaciones no gubernamentales acreditadas ante ECOSOC.

El ECOSOC, según el material, desempeña funciones principalmente en: Mantenimiento de la paz. Cooperación económica y social y coordinación con organismos especializados. Elección de jueces de la CIJ. Dirección de operaciones militares de la ONU.

Las operaciones de paz de la ONU, según el material, se basan típicamente en los principios de: Imposición por la fuerza y ausencia de consentimiento. Consentimiento de las partes, imparcialidad y uso de la fuerza solo en defensa propia y del mandato. Neutralidad absoluta y no uso de la fuerza bajo ningún concepto. Delegación automática a organizaciones regionales.

Según el temario, la participación de España en 2024 incluye, entre otras, la misión terrestre aliada de presencia avanzada en: Letonia. Grecia. Portugal. Islandia.

EUNAVFOR Atalanta, según el material, tiene como cometido principal: Defensa antimisiles en el Mediterráneo. Lucha contra la piratería y protección de tráfico marítimo en el océano Índico occidental. Interdicción de armas de destrucción masiva. Control pesquero en el Atlántico Norte.

Según el temario de DDHH, un derecho típicamente no derogable incluso en estados de excepción es: Libertad de reunión. Prohibición de la tortura. Libertad de circulación. Libertad de expresión.

En DIH, se considera combatiente a: Cualquier persona que porte armas. Miembros de fuerzas armadas de una parte en conflicto (salvo personal sanitario y religioso). Personal de organizaciones humanitarias armadas. Corresponsales de guerra integrados en unidades.

Con arreglo al DIH, la perfidia consiste en: Emplear estratagemas para confundir al enemigo lícitamente. Hacer creer al adversario que tiene derecho a protección con la intención de traicionarlo. Usar camuflaje en operaciones terrestres. Interferir comunicaciones militares enemigas.

El uso del emblema de la Cruz Roja/Creciente Rojo está reservado a: Cualquier unidad sanitaria, militar o civil, sin restricción. Protección y señalización del personal y material sanitario autorizado y del CICR. Unidades de fuerzas especiales en operaciones encubiertas. Toda ONG registrada en la ONU.

Entre los principios de actuación de las FAS que recoge la LO 5/2005 se incluye: Dependencia directa del poder judicial. Unidad de acción y disciplina. Autonomía política de los mandos. Neutralidad internacional obligatoria.

El mandato de una operación de paz de la ONU: Lo redacta la Secretaría y no puede ser modificado. Se define en resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea según el caso. Lo fijan exclusivamente los países contribuyentes de tropas. Es secreto para proteger a las fuerzas desplegadas.

La participación española en la Coalición/OTAN relacionada con Irak, según el temario, se orienta a: Operaciones de combate ofensivo sostenido. Adiestramiento, asesoramiento y fortalecimiento de capacidades. Embargo naval en el Golfo Pérsico. Mantenimiento de una zona de exclusión aérea.

En DDHH, las obligaciones estatales básicas se describen como: Respetar, proteger y cumplir. Informar, consultar y negociar. Administrar, sancionar y recaudar. Prometer, publicar y educar.

Según el temario de DIH, los bienes culturales: No gozan de protección específica. Pueden atacarse si no hay civiles presentes. Están protegidos y deben respetarse salvo imperiosa necesidad militar y con precauciones reforzadas. Solo están protegidos si pertenecen a la UNESCO.

El Capítulo VIII de la Carta de la ONU trata sobre: Organizaciones regionales y su papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Régimen económico y social. Secretaría de la ONU. Fuerzas armadas permanentes de la ONU.

Tras constatar una amenaza a la paz, el Consejo impone sanciones económicas. Persisten las violaciones. Según la Carta, el siguiente escalón podría ser: Solicitar opinión consultiva a la CIJ y cerrar el expediente. Autorizar medidas armadas al amparo del art. 42. Remitir el asunto a ECOSOC para medidas sociales. Disolver la operación de paz existente por falta de resultados.

Un contingente de cascos azules recibe solicitud de una parte para intervenir ofensivamente contra la otra. Para ajustarse a los principios de mantenimiento de la paz, el contingente debe: Actuar ofensivamente para proteger a la parte que lo solicita. Mantener la imparcialidad y actuar solo en defensa propia o del mandato. Retirarse inmediatamente del país. Cambiar de mandato a discreción del jefe de misión.

Se planea atacar un depósito de municiones ubicado cerca de un mercado que funciona dos veces por semana. El ataque se programa en día de mercado por sorpresa. Según el DIH, la decisión: Es lícita si el objetivo es militar, sin más. Viola el principio de precaución al no elegir el momento menos perjudicial para civiles. Es obligatoria para mantener la iniciativa. Solo requiere emitir un aviso por radio.

España decide enviar un destacamento para una evacuación de nacionales en país inestable. Para iniciar el despliegue conforme a la LO 5/2005: Basta con orden del JEMAD. Debe contar con autorización previa del Congreso de los Diputados. Es suficiente una comunicación al Senado a posteriori. No requiere autorización por ser misión humanitaria.

En eFP, una patrulla española detecta un dron no identificado sobrevolando su base a gran altura sin amenaza inmediata. La respuesta conforme al marco habitual sería: Derribarlo de inmediato con fuego antiaéreo. Aplicar medidas de identificación, notificación y escalada proporcional según ROE. Ignorarlo por no constituir combate. Perseguirlo fuera del espacio letón sin coordinación.

Una autoridad prohíbe todas las manifestaciones durante seis meses por "posibles alteraciones del orden" sin base legal específica. Según el temario de DDHH, la medida: Es válida por motivos de seguridad aunque no tenga ley. Es inválida por falta de base legal y proporcionalidad. Es válida si afecta solo a ciertos barrios. Es válida si se publica en redes sociales oficiales.

Un combatiente capturado cumple criterios de combatiente lícito. Según el DIH, su estatus jurídico principal será: Detenido administrativo sin garantías. Prisionero de guerra con protección específica. Recluso civil bajo derecho interno común. Mercenario sin derechos.

En el Consejo de Seguridad se vota una resolución de fondo. Un miembro permanente se abstiene y hay 14 votos a favor. El resultado es: Aprobada: abstención no equivale a veto. Rechazada: se requiere unanimidad de permanentes. Rechazada: faltan 15 votos a favor. Aprobada solo si la AG lo confirma.

Durante un enfrentamiento urbano, se identifica a civiles que se acercan a un puesto militar sin armas visibles. Conforme al principio de distinción, la fuerza defensiva debe: Abrir fuego preventivo para disuadir. Advertir, verificar conducta y reglas de enfrentamiento antes de usar fuerza letal. Detener a todos por posible espionaje. Usar minas antipersona alrededor del puesto.

Un Estado sufre ciberataques que paralizan infraestructuras críticas y causan víctimas indirectas. Según el marco del art. 51 del temario, la invocación de legítima defensa: Es imposible porque no hay uso de fuerza cinética. Puede plantearse si el ataque equivale a un ‘ataque armado’ y se comunica al Consejo de Seguridad. Requiere opinión consultiva previa de la CIJ. Solo es válida si la AG lo autoriza por 2/3.