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La Ley 5/2014 de seguridad privada considera como idea clave entre los servicios de seguridad privada y las FFCCS, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública... La prevalencia y la complementariedad. La coordinación y la colaboración. La igualdad y la complementariedad.

El art.149.1.29 de la Constitución atribuye la competencia exclusiva en materia de seguridad pública: Al Estado. A las Comunidades Autónomas. A las Corporaciones Locales.

¿Gozan de protección penal como agentes de autoridad, los vigilantes de seguridad cuando actúen en cooperación y bajo el mando de las FFCCS?. No, porque son auxiliares de los agentes de autoridad. No tienen por qué colaborar con ellos. Sí, porque así lo establece el art.556 del Código Penal.

El art.104 de la Constitución asigna la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a: La seguridad privada. Las FFCCS, bajo la dependencia del Gobierno. Las Fuerzas Armadas.

Cuando decimos que la Ley de seguridad privada es restrictiva, nos referimos: A la prestación de servicios con armas, ya que limita su uso a casos muy concretos. A sus principios orientadores. A los espacios donde puede ejercer sus servicios la seguridad privada.

La seguridad privada es: Sustitutiva de la seguridad pública. Independiente del estado. Complementaria y subordinada a la seguridad pública.

La norma básica que regula la seguridad privada es: La Ley Orgánica 2/1986. La Ley 5/2014. La Ley 4/2015.

Según la Ley de Seguridad Privada, el personal acreditado está constituido por: Vigilantes de Seguridad, Vigilantes de explosivos y Escoltas privados. Profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollan tareas de Seguridad Privada y operadores de seguridad. Vigilantes de Seguridad y Explosivos.

¿Cuál de los siguientes servicios no está autorizado a las empresas de seguridad?. La vigilancia y protección de bienes, establecimientos o espectáculos. El transporte y distribución de dinero o valores. La vigilancia y protección de espacios públicos en vías públicas.

La investigación privada, en relación a personas, hechos o delitos: Es una actividad de seguridad privada que puede realizarse sólo a instancia de parte, por encargo de los sujetos legitimados en un proceso penal. Es una actividad que sólo puede realizarse bajo supervisión de las FFCCS. Es una actividad que en cualquier caso puede realizarse.

Toda empresa de seguridad privada autorizada: Será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada. La inscripción es voluntaria. La inscripción debe realizarla el vigilante cuando sea contratado por una empresa de seguridad.

Los Vigilantes de Seguridad tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con las FFCCS en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten. La Ley de Seguridad Privada no dice nada al respecto. Sí lo decía la anterior Ley de Seguridad Privada. Es verdadero y así lo dice la Ley 5/2014.

La vigilancia en los espacios de uso común de urbanizaciones y polígonos industriales, ¿puede ser prestada por una empresa de seguridad privada?. En ningún caso. Sí, porque así se establece en el art.41 de la Ley de Seguridad Privada. Sí, y además es un servicio que debe prestarse siempre con el arma reglamentaria.

¿Puede el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada?. Sí, y así se establece en el art.51 de la Ley de Seguridad Privada. Sólo si se prevé una concentración de más de 10.000 personas. No, en ningún caso.

¿Qué ocurre si en una inspección a una empresa de seguridad por parte de las FFCCS se detecta una infracción?. Se paraliza toda la actividad de seguridad privada y se cierra la empresa. Se le tramita la correspondiente sanción por infracción. Se insta a la autoridad competente para que inicie un procedimiento sancionador.

Las infracciones muy graves en materia de seguridad prescriben: A los dos años. A los cuatro años. A los tres años.

Son infracciones muy graves: La contratación en servicios de seguridad privada de personas que no tengan la habilitación o acreditación correspondiente. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las FFCCS en la investigación y persecución de actos delictivos. Las dos anteriores son correctas.

Las infracciones leves en materia de seguridad prescriben: Al año. A los 2 años. A los 6 meses.

Las infracciones graves en materia de seguridad prescriben: Al año. A los 2 años. A los 6 meses.

El control de las empresas de seguridad corresponde a: La Dirección General de la Policía. El ministerio de justicia. Los ayuntamientos.

En materia de armas del personal de seguridad privada, es competente: La Dirección General de la Guardia Civil. La policía local. El ministerio de educación.

Las empresas de seguridad pueden sustituir la autorización administrativa por: El silencio administrativo. La declaración responsable. La licencia municipal.

El título III de la ley 5/2014 regula: El personal de seguridad privada. Los delitos penales. Los delitos civiles.

La Ley que regula todas las actuaciones orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos es: La Ley 2/1986. La Ley 5/2014. La Ley 4/2015.

La simple tenencia para consumo propio de pequeñas cantidades de drogas: Constituye una infracción administrativa contemplada en la LO 4/2015. Constituye una infracción penal. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las conductas delictivas contempladas en el Código Penal respecto a delitos relacionados con las drogas son: El cultivo, elaboración, adulteración, tráfico y favorecer el consumo. También la simple tenencia para consumo propio en pequeñas cantidades. Las dos respuestas anteriores son correctas.

El consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos es una conducta que supone, según la LO 4/2015: Una infracción leve contra la seguridad ciudadana. Una infracción grave contra la seguridad ciudadana. Un delito contra la seguridad ciudadana.

¿Quién tiene la potestad sancionadora del personal de seguridad privada para la extinción de la habilitación?. El Ministerio del Interior. El Director de la empresa. El Ministerio del Exterior.

En una inspección policial, el acceso al contenido de los informes de una investigación privada: En ningún caso puede la policía acceder a la información de ese informe porque la intimidad de las personas está protegida por ley. Se limita a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores. Ninguna de las anteriores es correcta.

Todas las actividades de seguridad privada: Son equiparables a las actividades de seguridad pública. Son complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. Son independientes de las actividades de seguridad pública.

La obligación del vigilante, respecto a los bienes que protege, alcanza: Solo a las infracciones penales. Solo a las infracciones administrativas. A las infracciones penales y a las administrativas.