Test DP 26-40

¿Cuál de las siguientes razones no es una causa de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria?. a) Por mutuo acuerdo de las partes. b) Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento. c) Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses, así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas. d) Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial penitenciaria.

Los internos trabajadores percibirán el pago de sus retribuciones: a) Mensualmente, art. 16. 2 R.D.782/2001. b) Semanalmente. c) Cada quincena. d) Como ellos lo soliciten.

De acuerdo con los artículos 3 y 14.1 del Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, tendrán prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes en el centro penitenciario de destino: A) Los internos que hubieran desempeñado un puesto de trabajo en un centro penitenciario por un periodo superior a 1 año siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el centro de procedencia. B) Los internos condenados por delitos castigados con penas inferiores a 5 años. C) Los internos preventivos sobre los penados. D) Los internos que hubieran desarrollado programas específicos de tratamiento.

A los internos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas, se les clasificará en las siguientes categorías: a) Peón y oficial. b) Aprendiz, oficial 2ª y oficial 1ª. c) Operario base y operario superior. d) Educando, peón de servicios y oficial.

La Entidad Estatal, es siempre el empleador en la relación laboral especial penitenciaria. a) En todo caso. b) No en los trabajos ocupacionales. c) Si, excepto cuando se trabaje en colaboración de empresas del exterior (concesionadas). d) En ningún caso es el empleador.

E2021. Conforme establece el art. 10 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas penadas que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de las sometidas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, la extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará, previa valoración de las circunstancias de cada caso, por: a) La o el Gerente de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente. b) El Director o la Directora del centro penitenciario en su calidad de persona delegada de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente. c) El Secretario o la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en calidad de Presidente de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente. d) El Administrador o la Administradora del centro penitenciario en su calidad de persona delegada de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente.

El Director del establecimiento podrá autorizar el permiso de salida de un interno penado en segundo grado en los siguientes supuestos: a) Un permiso ordinario no superior a dos días, en situaciones de urgencia. b) Un permiso extraordinario no superior a dos días en situaciones de urgencia. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna respuesta es correcta.

El artículo 160 del Reglamento Penitenciario regula la tramitación de permisos de salida. Entre los requisitos para tal tramitación se encuentra: a) La situación procesal del interno para iniciar su tramitación. b) La existencia previa de petición del interno. c) La comprobación por la Junta de Tratamiento de la concurrencia de los requisitos exigidos reglamentariamente. d) La estancia ininterrumpida en el Centro penitenciario de un tiempo mínimo de observación.

Tal como señala el RP, la solicitud de permisos de salida ordinarios o extraordinarios que formule el interno será informada: a) Por el Equipo Técnico. b) Por el Educador responsable del grupo a que pertenezca el interno. c) Por la Junta de Tratamiento. d) Por la Junta de Tratamiento, el Educador y el Trabajador Social.

A2022. Conforme a las previsiones reglamentarias sobre permisos extraordinarios para internos/as clasificados en primer grado: A) Será necesaria la autorización expresa del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. B) En ningún caso se les podrá conceder un permiso extraordinario de salida. C) Será necesaria autorización expresa del Tribunal sentenciador. D) Será necesaria autorización expresa del Centro Directivo.

El Reglamento Penitenciario establece los límites anuales de duración de los permisos ordinarios que pueden disfrutar los internos. Para su cómputo total se tendrán en cuenta: a) Las salidas de fin de semana propios del régimen abierto. b) Los permisos extraordinarios disfrutados. c) Las salidas programadas. d) No se tendrá en cuenta ninguna de las circunstancias expresadas en las restantes respuestas.

EL2022. Según el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, se podrá suspender motivadamente con carácter provisional el disfrute de un permiso de salida ordinario, cuando antes de iniciarse se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión, por: A) La Dirección del Establecimiento. B) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. C) El Juzgado de Guardia. D) La Junta de Tratamiento.

A2019. En relación con el procedimiento de concesión de permisos de salida, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en su artículo 160 establece que: A. Solo en el caso de permisos extraordinarios es preceptivo la solicitud del interno puesto que en estos casos no es necesario el informe del Equipo Técnico. B. La solicitud de un permiso ordinario o extraordinario que formule el interno será informada por el Equipo Técnico y a la vista de dicho informe, la Junta de Tratamiento acordará la concesión o denegación del permiso. C. Cuando se den los requisitos objetivos exigidos para el disfrute del permiso ordinario no es preceptivo que el Equipo Técnico informe sobre dichos requisitos. D. En los casos de solicitud de permisos extraordinarios el Equipo Técnico puede autorizar su concesión por la urgencia de la situación.

A2016. Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 154 del vigente Reglamento Penitenciario, dentro de los límites máximos anuales de los permisos no se computarán: A. Exclusivamente las salidas de fin de semana propias del régimen abierto y los permisos extraordinarios previstos en el Artículo 155 del Reglamento Penitenciario. B. Las salidas de fin de semana, las salidas laborales y terapéuticas y los permisos extraordinarios. C. Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni la salidas programadas que se regulan en el Artículo 114 de este reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el Artículo siguiente. D. Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas laborales, terapéuticas y programadas del Artículo 125 de este reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el Artículo siguiente.

En las Unidades de Madres las actividades formativas y lúdicas, así como las salidas programadas al exterior de los menores que convivan con sus madres, serán programadas por: a) El Centro Directivo. b) El Consejo de Dirección. c) La Junta de Tratamiento. d) El Juez de Menores.

¿Quién podrá autorizar que las internas clasificadas en tercer grado de tratamiento con hijos menores sean destinadas a Unidades Dependientes exteriores, donde éstos podrán integrarse plenamente en el ámbito laboral y escolar?. a) El Consejo de dirección, a propuesta de la Junta de Tratamiento. b) El Consejo de dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento. c) El Centro directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento. d) La Junta de tratamiento a propuesta del Equipo Técnico.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Los Centros de Inserción Social están destinados al: a) Cumplimiento de las penas privativas de libertad en régimen abierto y de los internos clasificados en segundo grado que muestren un perfil de baja peligrosidad. b) Seguimiento de los liberados condicionales. c) Cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana. d) Seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior u órgano autonómico competente.

A2017. En virtud de lo establecido en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en relación a las Unidades Dependientes, señale la opción incorrecta: A. Administrativamente dependerán siempre de un Centro penitenciario, conservando sus órganos colegiados y unipersonales las competencias y responsabilidades respecto a los internos en ellas destinados recogidas en la legislación vigente, con el mayor respeto posible a los principios de especificidad y autonomía que confieren su razón de ser a estas Unidades. B. Las normas de funcionamiento interno se fijarán por los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento. C. Las normas de organización y seguimiento se prepararán por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de forma coordinada con la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo. D. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos son gestionados de forma directa y preferente por la Administración Penitenciaria. Ello no obsta a que asociaciones y organismos no penitenciarios puedan participar en tales tareas con personal de ellas dependientes.

De acuerdo con el Artículo 187 del Reglamento Penitenciario: La peculiaridad del internamiento de los enajenados en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias reclama una información periódica para el debido control judicial, a cuyo efecto la situación personal del paciente será revisada: a) Mensualmente por el Equipo multidisciplinar. b) Al menos cada dos meses por el Equipo multidisciplinar. c) Al menos cada tres meses por el Equipo multidisciplinar. d) Al menos cada seis meses por el Equipo multidisciplinar.

La situación de los internados en Unidades Psiquiátricas Penitenciarias será revisada: a) Transcurrido un año desde el ingreso del interno. b) Al menos cada seis meses por el Equipo multidisciplinar de la Unidad. c) Al menos cada seis meses por el equipo psiquiatra. d) Cuando lo disponga la autoridad judicial que determinó el ingreso en la Unidad Psiquiátrica Penitenciaria.

¿En cuál de los siguientes supuestos es necesario recabar la opinión del Ministerio Fiscal?: a) Internas que solicitan mantener en su compañía a los hijos menores de tres años que le acompañen en el momentodel ingreso. b) Admisión de hijos menores de cuatro años que acompañen a sus madres en el momento del ingreso y solicitud de éstas para mantenerlos en su compañía dentro de la prisión. c) Internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria potestad y soliciten autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del Centro Penitenciario. d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

Psi2021. En el artículo 182 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario, en lo que se refiere a las unidades extrapenitencirias se establece que: A) El centro penitenciario podrá autorizar la asistencia a una unidad extrapenitenciaria para la deshabituación de drogodependencias y otras adicciones para penados clasificados en tercer grado. B) El Centro Directivo podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciario adecuadas de penados clasificados en tercer grado que necesiten de un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones, dando cuenta al Juez de Vigilancia. C) La Junta de Tratamiento podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas de penados clasificados en tercer grado que necesiten de un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones, dando cuenta al Juez de Vigilancia. D) Solo podrá acudirse para el tratamiento de un programa específico en una unidad extrapenitenciaria si no existiera un Centro de Inserción Social donde poder llevar a cabo el tratamiento.

ER2022. Señale la respuesta INCORRECTA. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: A) Es una pena privativa de derechos. B) Su ejecución se desarrolla bajo el control del Juez/a de Vigilancia Penitenciaria. C) No podrá imponerse sin el consentimiento del penado/a. D) Puede ser pena grave o leve.

¿Quién define el plan de ejecución de la pena de localización permanente en Establecimiento Penitenciario?. a) La autoridad jurisdiccional competente. b) La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. c) El Establecimiento Penitenciario. d) La Administración Autonómica correspondiente.

De acuerdo con el R.D. 840/2011, de 17 de junio. Cumplida la pena de localización permanente, el establecimiento penitenciario remitirá un informe final al: a) Juez de Vigilancia. b) Centro Directivo. c) Juez o tribunal sentenciador. d) Órgano jurisdiccional competente para la ejecución.

A2021. En relación a la pena de localización permanente: a) El cumplimiento de la pena de localización permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado, fijado por el Juez, en todo caso, en auto motivado. b) Si el condenado a pena de localización permanente, la incumpliera, el Juez o Tribunal sentenciador, deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468 del Código Penal. c) El cumplimiento de la pena de localización permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado, fijado por el Juez, en todo caso, en auto motivado. d) Si el condenado a pena de localización permanente, la incumpliera, el Juez o Tribunal sentenciador, deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468 del Código Penal.

La localización permanente entre 1 días y tres meses, es: a) Pena grave. b) Pena menos grave. c) Pena leve. d) No existe tal pena.

De acuerdo con el R.D. 840/2011, de 17 de junio. Las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se realizarán por: a) La Administración Penitenciaria. b) La Administración pública o entidad privada que haya facilitado el trabajo al penado. c) Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. d) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Conforme a la Ley Orgánica 15/2003, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad: a) No gozará de los beneficios de la Seguridad Social. b) No podrá imponerse sin consentimiento del penado. c) Se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia y el Tribunal sentenciador. d) Podrá estar supeditado al logro de intereses económicos.

A2021. En relación a la pena de prisión permanente revisable: a) La clasificación del condonado en tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva en el caso de que el penado lo hubiera sido por delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal. b) El penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años de prisión, en el caso de que el penado lo hubiera sido por delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal. c) La clasificación del condonado en tercer grado deberá ser autorizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable do reinserción social. d) La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Penal.

A24. Según el artículo 80.4 del Código Penal, en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, los Jueces y Tribunales podrán suspender la pena impuesta sin sujeción a requisito alguno: A) Aunque en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. B) Salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. C) Salvo que la pena impuesta o la suma de las mismas no exceda de cinco años. D) Salvo que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

La suspensión de la ejecución de la pena, en el supuesto de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, quedará condicionada: a) A que el reo no delinca en el período que se señale, que será de dos a cinco a años. b) A que no abandone el tratamiento hasta su deshabituación. c) A que se acredite, en todo, la deshabituación del tratamiento. d) Todas son correctas.

Cabe la suspensión de la ejecución de una medida de seguridad: a) No cabe la suspensión aquí, únicamente el cese la medida. b) Sí, en atención al resultado obtenido con su aplicación. c) Únicamente cuando la medida sea privativa de libertad. d) Únicamente cuando la medida sea privativa de libertad.

Una persona es condena a una pena de dos meses de prisión y la citada pena no ha sido suspendida: a) La pena de prisión será sustituida, en todo caso, por la de trabajo en beneficio de la comunidad. b) La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses, por lo que no es posible la condena de dos meses. c) Es el resultado de aplicar la pena inferior en grado, que en todo caso quedará suspendida. d) Obligatoriamente debe sustituirse por multa, localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad.

Si un penado la ejecución de la condena y tiene impuesta una de las obligaciones del artículo 83 del Código Penal, pero por circunstancias del penado procede la modificación de la obligación inicialmente impuesta, por los que los servicios de gestión de medidas y penas alternativas: a) Harán una propuesta al órgano jurisdiccional competente y no se procederá a la modificación de la misma hasta que se resuelva por el órgano jurisdiccional. b) Harán una propuesta al órgano jurisdiccional competente sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la modificación propuesta. c) No cabe la modificación de las obligaciones inicialmente impuestas. d) Podrán discrecionalmente adoptar las modificaciones de las obligaciones inicialmente impuestos.

A2022. Conforme a las previsiones del artículo 80.1 y 2 del Código Penal, con carácter general, es condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de una pena de prisión no superior a dos años: A) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127 del Código Penal, o el/la penado/a haya asumido el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles o facilitar el decomiso acordado. B) Que la pena o suma de las impuestas no sea superior a dos años, incluyéndose en tal cómputo la derivada del impago de multa. C) Que el/la condenado/a carezca de antecedentes penales, equiparándose a estos efectos, en todo caso, los cancelados y los no cancelados. D) Que el/la condenado/a haya delinquido por primera vez, sin que se computen a estos efectos las condenas por delitos-imprudentes, siempre que estos no fueran contra las personas.

Señala la respuesta incorrecta: a) La Administración Penitenciaria promoverá la coordinación de los servicios sociales penitenciarios con las redes públicas de asistencia social. b) Además, fomentará el acceso de los penados clasificados en tercer grado a las rentas de inserción establecidas por las CC.AA. c) Este derecho abarcará también a liberados condicionales y definitivos. d) Se excluyen de este derecho familiares de los internos.

Es fin de los servicios sociales: a) Ayudar al interno proporcionándole una subvención directa para su mantenimiento con cargo a los Presupuestos Generales. b) Mejorar la vida laboral del interno mediante incentivos y técnicas sociales. c) Facilitar y potenciar la integración del penado en su comunidad. d) Todas las anteriores son correctas.

Según el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, 'la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional, la libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad, así como la acción social penitenciaria', esta atribuida a: a) La Subdirección General de Tratamiento. b) La Subdirección General de Penas y Medidas alternativas. c) Subdirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. d) De los trabajadores sociales.

Los/as Trabajadores/as sociales destinados en un centro penitenciario pueden realizar sus funciones atendiendo a los internos, atendiendo a los liberados condicionales o prestando sus servicios en el servicio de Gestión de Penas y medidas alternativas, como se decide donde presta sus funciones cada uno de ellos: a) Está predeterminado por el puesto de trabajo que el trabajador social ha adquirido por concurso. b) Lo decide el Coordinador social. c) Lo decide el subdirector de Tratamiento. d) Lo decide el director.

La relación de servicios del personal laboral se regula por: a) El IV Convenio Único del Personal Laboral. b) EI EBEP. c) El Estatuto de los Trabajadores. d) Todas son ciertas.

El Departamento de Trabajo Social de un centro penitenciario: a) Tiene como función la atención de la demanda social interna de los centros penitenciarios. b) Existe en todo centro donde trabajan dos o más trabajadores sociales. c) De él depende el servicio social externo. d) Todas son ciertas.

En el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas: a) Se realiza el seguimiento de los Liberados condicionales. b) No prestan servicios los Trabajadores/as Sociales. c) Prestan servicios Psicólogos de II.PP. d) Todas son falsas.

A2017. De acuerdo con el artículo 210 del real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, respecto a la asistencia sanitaria: a) Podrá realizarse únicamente con el consentimiento del interno. b) Podrá realizarse sin el consentimiento del paciente cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas. c) Podrá autorizarse por la Administración penitenciaria el ingreso hospitalario, cuando por criterio facultativo se precise el mismo, aunque no se cuente con el consentimiento del paciente, poniéndolo en conocimiento del Centro directivo. d) En todo caso, se podrá imponer un tratamiento contra la voluntad del interno, siendo la intervención médica la estrictamente necesaria, con autorización expresa de la autoridad judicial competente y el consentimiento de los familiares o allegados del interno.

A los internos que por razones médicas se les autorice a comunicar en la enfermería del establecimiento, podrán hacerlo: a) Solamente con un familiar o allegado. b) Con un máximo de dos familiares o allegados. c) Con un máximo de cuatro familiares o allegados y en las mismas condiciones que las establecidas reglamentariamente para el resto de internos. d) Ninguna respuesta es correcta.

A2017. De acuerdo con el artículo 212.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias. La solicitud será aprobada por: A. El Consejo de Dirección. B. La Junta de Tratamiento. C. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. D. El Centro Directivo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sanidad cuando un recluso con enfermedades infectocontagiosas alcance la libertad definitiva, se comunicará: a) Al Centro Directivo, por el Director del Establecimiento. b) A las Autoridades Sanitarias correspondientes, por la Administración Penitenciaria. c) A las Autoridades Sanitarias correspondientes, por el Director del Establecimiento. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Los internos deberán ser informados de la existencia de estudios epidemiológicos que se lleven a cabo en la prisión en la que se encuentren: a) Nunca. b) Siempre. c) Sólo, cuando les afecten. d) No sólo deberán ser informados, sino que cuando les afecten directamente deberán dar su consentimiento por escrito.

Cuando un penado enfermo mental sea liberado definitivamente, dicha circunstancia, se pondrá en conocimiento de: a) El J.V.P. b) El Ministerio Fiscal, a los efectos procedentes. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Todas las respuestas son falsas.

De conformidad con lo dispuesto en la ley general de sanidad cuando un recurso con enfermedades infectocontagiosas alcance la libertad definitiva se coumincará: a. Al centro directivo, por el directo del establecimiento. b. A las Autoridades Sanitarias correspondientes, por la Administración Penitenciaria. c. A las autoridades sanitarias correspondientes, por el directo del establecinmiento. Las respuestas a y c son correctas.

A2016. Indique la opción correcta. El Artículo 22.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que el Director decidirá sobre el destino de los medicamentos que tuviera en su poder el interno en el momento del ingreso en el establecimiento o reciba del exterior: a) A instancia exclusivamente del Médico. b) A instancia exclusivamente del interno. c) A instancia del Médico o del interno. d) No puede autorizarse la entrada de medicamentos procedentes del exterior por razones de salud, seguridad y buen orden del Establecimiento.

A24. Cuando el/la interno/a haya interpuesto recurso contra el acuerdo sancionador directamente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el/la directora/a deberá remitir el expediente disciplinario: A) Al día siguiente, si se realiza en horario de oficina. B) En el plazo máximo de cinco días. C) El mismo día en que sea requerido por el órgano jurisdiccional. D) En el plazo máximo de tres días.

A2022. Señale la respuesta incorrecta. En relación a la disciplina y a las sanciones, las Reglas Penitenciarias Europeas establecen: A) Los procedimientos disciplinarios serán mecanismos de último recurso. B) La gravedad de la sanción será proporcional a la gravedad de la infracción. C) Los medios de inmovilización sólo se emplearán como sanción excepcionalmente. D) Ningún/na interno/a podrá ocupar en la prisión un lugar de trabajo o un cargo que le atribuya poder disciplinario.

De las siguientes sanciones, se cumplirá de lunes a viernes: a) La de aislamiento en celda. b) La de privación de paseos y actos recreativos comunes. c) La de aislamiento en celda por comisión de falta grave. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

Un funcionario de vigilancia, después de que un interno celebre una comunicación íntima, tiene razones fundadas para pensar que el interno por su actitud y la de los comunicantes puede ser portador de drogas, ¿puede realizar un cacheo al interno con desnudo integral?. a) Sí, las comunicaciones íntimas son el mecanismo idóneo para introducir droga en los Establecimientos y por lo tanto el funcionario puede realizar dicho cacheo. b) No, deberá trasladar esas razones al Jefe de Servicios, para que este, si lo considera adecuado, autorice llevar a efecto el cacheo con desnudo integral. c) No, debería limitarse a cachear al interno utilizando medios electrónicos. d) Sí, al ser la droga una sustancia susceptible de causar daño a la salud y alterar la convivencia.

Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos, reglamentariamente, constituye: a) Falta leve, Art. 110.c. b) Falta grave 109.c. c) Falta muy grave 108.f. d) Falta leve 110.b.

Participar en juegos de envite no permitidos en el establecimiento constituye, según el RP del 81: a) Una falta grave del Art. 109.h del RP del 81. b) Una falta muy grave del art. 108.i del RP del 81. c) Una falta leve del art. 110.b del RP del 81. d) Una falta grave del art. 109.g del RP del 81.

A1995. El artículo 42.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria califica: a) Las sanciones. b) Las faltas disciplinarias. c) Las faltas graves. d) Las faltas leves.

La propuesta de resolución de un expediente sancionador ordinario a un interno: a) Se elevará a la Comisión Disciplinaria por el Director. b) Se elevará al Director por el Instructor. c) Se elevará a la Comisión Disciplinaria por el Instructor. d) Se elevará por el Instructor al Director, quien lo presentará ante la Comisión Disciplinaria en la primera sesión que ésta celebre, notificando la propuesta al interno.

A2019. Conforme a lo dispuesto en el artículo 242.h, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, el instructor del expediente disciplinario formulará pliego de cargos dirigido al interno, en el que le hará constar el plazo para presentar pliego de descargos, dicho plazo será de: A. Tres días naturales para presentar alegaciones por escrito al director del Centro. B. Cinco días hábiles desde el momento en que se emite el parte de hechos. C. Cinco días hábiles a contar desde que se inicia el procedimiento. D. Tres días hábiles desde el momento de la recepción del pliego de cargos.

Una sanción impuesta por la comisión de una falta leve prescribirá: a) En el plazo de un mes. b) En el plazo de tres meses. c) En el plazo de seis meses. d) En el plazo de un año.

En la fase de instrucción del procedimiento ordinario sancionador, una vez recibido el pliego de cargos, ¿qué plazo dispone el interno para presentar el pliego de descargos por escrito?. a. Tres días a partir del día siguiente de su recepción. b. Tres días hábiles desde el momento de su recepción. c. Tres días hábiles a partir del día siguiente de su recepción. d. Cinco días a partir del día siguiente de su recepción.

¿Cuándo se llevará a cabo la puesta de manifiesto regulada en el artículo 244.4 del Reglamento Penitenciario?. a) Dentro de los diez días siguientes a la presentación del pliego de cargos. b) Al instruir el procedimiento, antes de redactar la propuesta de resolución. c) A cursar la notificación del pliego de cargos. d) Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

Cuando algún interno provoque intencionadamente deterioro en alguno de los productos del economato, se le exigirá: a) Las responsabilidades disciplinaria y pecuniaria que procedan. b) Las responsabilidades disciplinaria y penal que procedan. c) La responsabilidad pecuniaria que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penales en que hubiera podido incurrir. d) La responsabilidad disciplinaria que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades pecuniarias y penales en que hubiera podido incurrir.

El pliego de cargos, formulado por el instructor de un expediente disciplinario, y dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente constitutiva de falta disciplinaria: a) Expondrá la relación circunstanciada de los hechos imputados, sin necesidad de efectuar calificación jurídica alguna de los mismos. b) Podrá contener la calificación jurídica de los hechos imputados además de las sanciones que en su caso se podrían imponer, pero siempre que la persona del instructor no coincida con la que ha practicado la información previa del procedimiento. c) Relacionará las medidas cautelares que se hayan acordado sin que puedan adoptarse otras por parte de ningún mando del establecimiento bajo ninguna circunstancia, hasta que no se haya resuelto el presente procedimiento sancionador. d) Será considerado como tal el mismo parte del funcionario, comunicado al Jefe de Servicios y notificado simultáneamente al presunto infractor, todo ello en el ámbito del procedimiento abreviado para las faltas leves.

A2016. Si un interno de un Centro Penitenciario causa graves daños en las dependencias de dicho establecimiento por falta de diligencia: A. Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamente le podrá sancionar por comisión de falta grave. B. Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamente le podrá sancionar por comisión de falta muy grave. C. Dicha acción no constituye falta disciplinaria. D. El Director podrá sancionarlo en el plazo de un mes.

La concesión y elección de recompensas compete a: a) La Comisión Disciplinaria y Junta de Tratamiento, respectivamente. b) El director y Comisión Disciplinaria, respectivamente. c) La Comisión Disciplinaria en ambos casos. d) El Consejo de Dirección y Comisión Disciplinaria, respectivamente.

A2022. Señale la respuesta incorrecta. En relación a la cancelación de anotaciones relativas a sanciones impuestas a internos/as: A) Cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a cancelar. B) Serán canceladas, de oficio o a instancia de parte, las anotaciones de las sanciones por faltas muy graves, cuando hayan transcurrido seis meses a contar desde el cumplimiento de la sacón y durante dicho plazo no hayan incurrido en falta disciplinaria grave o muy grave. C) Los plazos de cancelación se contarán desde la fecha de firmeza del acuerdo sancionador, pudiendo reducirse a la mitad en caso de obtención de alguna recompensa de las previstas en el artículo 263 del Reglamento Penitenciario. D) En caso de no cumplimiento de sanción por razones médicas u otras no imputas al interno/a, los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que aquélla pudiera haberse cumplido.

El acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas al amparo de lo dispuesto en el Art. 43.2 de la L.O.G.P., siempre que las circunstancias lo aconsejen: a) Compete a la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. b) Requerirá la autorización del Juez de Vigilancia. c) Conllevará la cancelación automática de las mismas. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Si la Comisión Disciplinaria constata que se ha calificado erróneamente la conducta del presunto infractor y ello implica la imposición de una sanción por falta más grave que la que se hubiese imputado en el pliego de cargos: a) Procederá a imponer la sanción que reglamentariamente proceda. b) Declarará el sobreseimiento del expediente. c) Ordenará la formulación de un nuevo pliego de cargos con la calificación que el instructor determine. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Los plazos de cancelación de las anotaciones de sanciones, si el interno obtuviera alguna recompensa y con los condicionantes establecidos en el Art. 261 del Reglamento Penitenciario, podrán ser acortados: a) Como mínimo, a la mitad de su duración. b) Siempre a la mitad de su duración. c) Hasta la mitad de su duración. d) En cualquier momento, si se obtiene alguna recompensa antes de la comisión de la sanción.

Psi 2022. Conforme al vigente Reglamento Penitenciario, las sanciones de aislamiento en celda se cumplirán con: A) Informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento. B) Informe previo y reconocimiento del psicólogo del establecimiento. C) Informe previo y reconocimiento del médico y psicólogo del establecimiento. D) No es necesario informe previo ni reconocimiento ni del médico ni del psicólogo del establecimiento.

Las faltas disciplinarias muy graves, cometidas por los internos, prescriben: a) A los seis años, desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la comisión de la infracción. b) A los seis años, desde la fecha en que se cometió la infracción. c) A los tres años, desde la fecha en que se cometió la infracción. d) A los seis años, desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la comisión de la infracción.

En las condenas en que se aplique el Código Penal de 1995, por ser ésta la norma más favorable, aunque el penado hubiese sido condenado conforme al Código Penal de 1973: a) Que la condena no supere los tres años de duración. b) Que el sujeto no haya sido condenado por un delito de terrorismo o cometido en el seno de una organización o grupo criminal. c) Que el penado se encuentre cumpliendo su primera condena de prisión. d) Todas son necesarias.

Es necesario para poder obtener la libertad condicional adelantada a la mitad de la condena: a) Que la condena no supere los tres años de duración. b) Que el sujeto no haya sido condenado por un delito de terrorismo o cometido en el seno de una organización o grupo criminal. c) Que el penado se encuentre cumpliendo su primera condena de prisión. d) Todas son necesarias.

A1995.El trabajo, en cualquiera de sus modalidades, tiene la siguiente valoración: a) Un día de redención por cada cinco días trabajados. b) Un día de redención por cada cuatro días trabajados. c) Un día de redención por cada tres días trabajados. d) Un día de redención por cada dos días trabajados.

T2015. De acuerdo con el Reglamento Penitenciario, en materia de formación, cultura y deporte: a) El Consejo de Dirección podrá conceder traslados de Establecimiento por motivos educativos, previo informe de la Junta de Tratamiento, siempre que el interno presente la solicitud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen. b) A solicitud del interno se expedirán certificaciones acreditativas de las enseñanzas, cursos o actividades desarrollados, en la que constará una referencia expresa a su obtención en un Establecimiento Penitenciario. c) Las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por el Director del Centro, teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo, a partir de los programas individualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento. d) El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas, se estimulará mediante los beneficios penitenciarios y recompensas que procedan.

A cuál de los siguientes le corresponde efectuar una propuesta de indulto particular: a) Equipo Técnico. b) Junta de Tratamiento. c) Juez de Vigilancia. d) Ninguno de los anteriores.

Una de las afirmaciones siguientes no es cierta en relación con la redención de penas por el trabajo de carácter extraordinario. a) Está regulada en el art. 71 del R. De los Servicios de Prisiones de 1956. b) Su concesión, requiere el informe favorable del tribunal sentenciador. c) Podrá concederse por razones especiales de laboriosidad, disciplina y rendimiento en el trabajo. d) Se concederá por donaciones de sangre y riesgo al ayudar a las autoridades de un C.P. con límite de 75 días por año.

A24. Según el artículo 206.1 del Reglamento Penitenciario, la solicitud de tramitación del indulto particular al juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá efectuarse por: A) La Comisión Disciplinaria, a propuesta de la Junta de Tratamiento. B) El Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento. C) La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico. D) El Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.

81.Cuál de los siguientes requisitos no es necesario que acrediten los reos primarios que solicitan el beneficio de la libertad condicional adelantada a la mitad de la condena: Cumplir con la responsabilidad civil conforme al art.72 de la LOGP. Que durante el cumplimiento hayan desarrollado actividades laborales culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa. Que acredite la participación efectiva y favorable en programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso",. Que no se trate de condenados por delitos contra la libertad o indemnidad sexual.

82. Si en el tiempo que medie entre la elevación del expediente de libertad condicional y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente. El Director podrá suspender motivadamente, con carácter provisional la resolución adoptada, dando cuenta al Juez de Vigilancia dentro de las 72 horas siguientes para que resuelva lo que proceda. El Director podrá suspender motivadamente, con carácter provisional la resolución adoptada, dando cuenta inmediata al Juez de Vigilancia a fin de que éste adopte la resolución que proceda. El Director dará cuenta inmediata al Juez de Vigilancia a fin de que éste adopte la resolución que proceda. El Director podrá suspender motivadamente, con carácter provisional la resolución adoptada, dando cuenta al Juez de Vigilancia dentro de las 24 horas siguientes para que resuelva lo que proceda.

83.Según el artículo 206 del vigente Reglamento Penitenciario, la tramitación de un indulto particular como beneficio penitenciario corresponde a: El Juez de Vigilancia Penitenciaria. El tribunal sentenciador. La junta de tratamiento. EL ministerio de justicia.

84Los expedientes de la Suspensión de Penas y libertad condicional de los internos clasificados en régimen abierto deberán tener entrada en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Un mes antes del cumplimiento de las 3/4 partes de la condena, en su caso, o de los 2/3 de la misma. Antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena. Quince días antes del cumplimiento de la fecha prevista de las 3/4 partes. Treinta días antes del cumplimiento de la fecha de la libertad condicional.

85. Uno de los documentos que se citan no forma parte de los que según dispone el artículo 195 del Reglamento Penitenciario debe contener el expediente de libertad condicional, señálalo: Testimonio de sentencia o sentencias y de la correspondiente liquidación de condena. informe de conducta elaborado por el Equipo de Tratamiento. Informe pronóstico de integración social. Resumen de situación penal y penitenciaria con indicación de fechas de cumplimiento de las terceras y tres cuartas partes de la condena, así como de la libertad definitiva, permisos disfrutados, sanciones y sus cancelaciones.

86La revocación de la Suspensión de Penas y libertad condicional implica. La pérdida del tiempo pasado en libertad condicional. La pérdida del tiempo pasado en libertad condicional si es por comisión de delito. El reingreso en prisión. La imposibilidad de volver a disfrutar del beneficio.

A24. Para acordar la remisión de la pena suspendida a penados/as que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al alcohol, sustancias tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, deberá acreditarse: a) Ser considerados órganos judiciales especiales dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Que el sujeto no haya sido condenado por un delito de terrorismo o cometido en el seno de una organización o grupo criminal. c) Que el penado se encuentre cumpliendo su primera condena de prisión. d) Todas son necesarias.

La refundición de condenas a efectos de aplicación de la Suspensión de Penas y Libertad Condicional figura en uno de los siguientes preceptos: a) Artículo 59.c) del Real decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. b) Artículo 193.2 del Real decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. c) Artículo 75 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. d) Son correctas a y c.

A2016. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90.6 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de mano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal, la revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar: A. Al ingreso del penado en prisión en el periodo o grado que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional. B. Al ingreso del penado en prisión con la clasificación penitenciara en suspenso y a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional. C. A la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, pero el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena. D. El apartado 6 del Artículo 90 ha quedado sin contenido, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Si un penado clasificado en tercer grado que ya tiene elevado el expediente de Suspensión de Penas y libertad condicional comete dos faltas muy graves: a) Se propondrá su regresión a segundo grado. b) Se acordará su regresión provisional a segundo grado. c) Se dará cuenta inmediata al Juez de Vigilancia. d) Ninguna de las anteriores actuaciones es reglamentariamente correcta.

A2022. Cuando la liberación definitiva de las personas penadas se produzca por aplicación de medidas de gracia, la Dirección del centro: A) Se abstendrá, en todo caso, de ponerlas en libertad sin haber recibido orden o mandamiento por escrito del Tribunal sentenciador. B) Sólo se las pondrá en libertad cuando reciba Acuerdo del Consejo de Ministros donde se le comunique la aplicación de la medida de gracia. C) Únicamente se las excarcelará cuando reciba orden del Tribunal Superior de Justicia junto con la comunicación del Consejo de Ministros en tal sentido. D) Se abstendrá, en todo caso, de ponerlas en libertad sin constancia previa de la publicación de la medida de gracia en el Boletín Oficial del Estado.

Cuando la libertad definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el Director del Centro pondrá en libertad al penado: a) Cuando se publique la medida de gracia en el Boletín Oficial del Estado. b) Cuando reciba orden o mandamiento del Tribunal Sentenciador. c) Cuando reciba comunicación del Consejo de Ministros. d) Cuando reciba orden o mandamiento del Juez de Vigilancia.

Las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán observando los requisitos reglamentariamente para los demás casos: a) Por el director del Centro del que fue liberado condicionalmente el penado. b) Por los Servicios Sociales del Centro a que esté adscrito el penado. c) Por el Director del Centro al que está adscrito el penado. d) Por los Servicios Sociales del Centro del que fue liberado el penado condicionalmente.

El director del establecimiento formulará al tribunal sentenciador propuesta de libertad definitiva respecto al día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena: a) Con una antelación mínima de tres meses y la reiterará un mes antes de la fecha propuesta. b) Con una antelación mínima de un mes y la reiterará quince días antes de la fecha propuesta. c) Con una antelación mínima de dos meses y la reiterará un mes antes de la fecha propuesta. d) Con una antelación mínima de dos meses y la reiterará quince días antes de la fecha propuesta.

A2022. De conformidad con el artículo 24.5 del Reglamento Penitenciario, se remitirá certificación de libertad definitiva de un/a interno/a que ha cumplido su última parte de la condena en situación de libertad condicional: A) Al Tribunal sentenciador y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. B) Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, exclusivamente. C) Al Tribunal sentenciador, exclusivamente. D) Al Tribunal sentenciador y a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del centro donde el/la penado/a haya cumplido la condena en situación de libertad condicional.

En el caso de los penados extranjeros sujetos a medidas de expulsión tras cumplir condena, se notificará la fecha previsible de extinción de condena a la Autoridad competente, con una antelación de: a) Tres meses. b) Un mes. c) Con la antelación que la autoridad competente determine. d) a y c son correctas.

Cuando un interno es excarcelado, se le ha de facilitar informe sanitario y terapéutico: a) Sólo si el Médico lo considera necesario. b) Solo en caso de enfermedades infecto-contagiosas. c) a y b son correctas. d) Si lo solicita el interno o debe proseguir un tratamiento médico.

El Director del Establecimiento se abstendrá de poner en libertad hasta que no se reciba Orden o Mandamiento al respecto por escrito del Tribunal Sentenciador: a) A los detenidos y presos, en cualquier caso. b) A los detenidos, presos y penados, salvo por vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridos las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso, en el caso de los primeros, sin recibirse la correspondiente legalización. c) A los penados, exclusivamente. d) A los penados cuando ésta se deba a la aplicación de medidas de gracia.

El recurso de apelación contra resoluciones del Juez de Vigilancia. a) Se admitirá siempre en un solo efecto. b) Siempre tendrá efectos devolutivo y suspensivo. c) Nunca tendrá efecto suspensivo. d) Puede admitirse en ambos efectos en algún caso.

Del recurso de queja contra resoluciones del Juez de Vigilancia entiende, según la DA 5ª de la LOPJ. a) Ninguna es correcta, ya que el órgano competente es el propio Juez de Vigilancia. b) La Audiencia Provincial que coincida con el Tribunal Sentenciador. c) La Audiencia Provincial donde radique la sede del Juzgado de vigilancia siempre. d) La Audiencia Provincial donde radique el centro penitenciario donde se encuentre el interno que ha recurrido o en su caso el tribunal sentenciador.

A2015. Contra la resolución del juez de vigilancia que denegaré la admisión de un recurso de apelación, cabe: a) Recurso de reforma. b) Recurso de queja. c) Recurso de casación. d) Recurso de reforma.

La pena privativa de libertad puede llegar al límite máximo en cuanto a su cumplimiento de veinticinco años. a) Así lo establece el art. 76 del CP. b) Si el sujeto está condenado por más de un delito y alguno esté castigado con pena de hasta veinte años. c) Si los delitos son conexos. d) Todas las respuestas son correctas.

El recurso de Queja: a) Podrá interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de Apelación, ante la Audiencia Provincial. b) Podrá interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de Apelación, ante la Audiencia Territorial. c) Podrá interponerse ante la resolución del JVP desestimando un recurso de reforma relativo a un permiso de salida. d) No podrá interponerse en ningún caso.

De los Recursos a interponerse en su caso, por los internos, se requerirá en todo caso designación expresa de Abogado y de Procurador para: a) Reforma y Apelación. b) Apelación y Queja. c) Reforma, Apelación y Queja. d) Apelación.

Corresponde al Juez de Vigilancia aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días, de acuerdo con: a) El artículo 76.2.b) de la Ley Orgánica General Penitenciaria. b) El artículo 76.2.c) de la Ley Orgánica General Penitenciaria. c) El artículo 76.2.d) de la Ley Orgánica General Penitenciaria. d) El artículo 76.2.e) de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Entre las competencias atribuidas al Juez de Vigilancia, no se encuentra la de: a) Aprobar las sanciones de aislamiento de más de 14 días de duración. b) Autorizar permisos ordinarios de internos. 2º grado + 2 días. c) Conceder el beneficio del artículo 206 del Reglamento vigente. d) Conceder el beneficio del artículo 205 del Reglamento vigente.'.

A2017. Indica el artículo 58.2 del Código Penal que el abono de la prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por: a) El Juez de Instrucción de la causa preventiva cuyo abono se pretende, previa audiencia del Ministerio Fiscal. b) El Tribunal sentenciador de la causa a la que se pretende el abono, previa audiencia del Ministerio Fiscal. c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el Centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del Ministerio Fiscal. d) La Audiencia Provincial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa audiencia del Ministerio Fiscal.

El JVP dictará auto de revocación de libertad condicional por comisión de nuevo delito: a) Al tener el Juzgado conocimiento de la presunta comisión de un delito. b) Una vez decretada prisión provisional al presunto culpable. c) Una vez que el liberado haya sido ejecutoriamente condenado. d) Una vez reciba la propuesta de revocación por parte de los servicios sociales externos encargados del seguimiento del liberado condicional.

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria pueden: a) Ser considerados órganos judiciales especiales dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Autorizar permisos de salida para internos clasificados en tercer grado de tratamiento, siempre que sean superiores a dos días de duración, en función de las atribuciones conferidas a su titular. c) Ordenar traslados de penados de un establecimiento penitenciario a otro, por razones regimentales o de tratamiento, en función de las atribuciones conferidas a su titular. d) Aprobar sanciones de aislamiento en celda superiores a catorce días de duración, en función de las atribuciones conferidas a su titular.

Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, ¿qué procede?. a) La concesión de la libertad condicional. b) La clasificación en tercer grado. c) La propuesta para concesión de un indulto por el tiempo que le reste de condena. d) Suspender la ejecución de la pena privativa de libertad.

Una de las siguientes funciones no se encuentra atribuida a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria: a) Conocer de la intervención de comunicaciones orales a detenidos y presos. b) Conocer de la suspensión de las comunicaciones orales a detenidos y presos. c) Conocer de las limitaciones regimentales que se puedan establecer a detenidos y presos en aplicación del artículo 75 del Reglamento. d) Conocer de la aplicación del art. 10 de la LOGP a detenidos y presos.

No es una competencia del JVP: a) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. b) Autorizar el paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos. c) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días. d) Prestar auxilio judicial al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para las visitas a los establecimientos.

De lo referido en el artículo 76.2 de la L.O. General Penitenciaria, se puede afirmar que no corresponde especialmente al Juez de Vigilancia Penitenciaria: a) Autorizar el paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos. b) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días. c) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. d) Prestar auxilio judicial al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para las visitas a los establecimientos.