E1 parte común

¿Qué título de la Constitución española lleva por nombre "De los derechos y deberes fundamentales"?. El Título Preliminar. El Título II. El Título I. El Título V.

De conformidad con el artículo 1.3 de la Constitución española, ¿qué forma política adopta el Estado español?. El Estado federal y democrático de Derecho. La república parlamentaria. La Monarquía parlamentaria. La Monarquía constitucional.

Según la Constitución española, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho fundamental?. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. El derecho a una vivienda digna y adecuada. La libertad de expresión y comunicación sin censura previa. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, ¿qué establece la norma fundamental en relación con el derecho de asociación?. Se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son legales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de lo dispuesto en la ley.

Según el artículo 53.2 la Constitución española, ¿qué recurso puede interponerse ante el Tribunal Constitucional para proteger los derechos fundamentales y libertades públicas?. Recurso de amparo. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de inconstitucionalidad. Recurso especial.

Según el artículo 10.2 de la Constitución española, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con: La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos humanos. Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre derechos humanos. Los principios generales del derecho.

Según se determina en su artículo 1, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tiene por objeto respecto del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Establecer todas las condiciones concretas de trabajo del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Establecer las condiciones de trabajo, únicamente, del personal laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas. Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Esa norma no resulta de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

El artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre determina que es personal laboral: El que, en virtud de nombramiento, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado verbalmente o por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos o no en las Administraciones Públicas. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, únicamente en las modalidades de contratación a tiempo completo, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.

¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos, conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?. El derecho a la libre asociación profesional. El derecho a la negociación colectiva. El derecho al ejercicio de la huelga. El derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en función de su duración, el contrato de trabajo del personal laboral de las administraciones públicas podrá ser: Fijo, por tiempo indefinido o temporal. Únicamente fijo, a tiempo parcial o de duración determinada. Únicamente fijo o temporal. Únicamente fijo, ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial o fijo discontinuo.

Es una causa de suspensión del contrato de trabajo. La fuerza mayor temporal. El cierre ilegal de la empresa. La expiración del tiempo convenido para el contrato. El despido del trabajador.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, puede sancionarse con el despido disciplinario del personal laboral: La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que sepruebe la imposibilidad de hacerlo. El descuido en la conservación de los locales, material o documentos de trabajo. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

Según el artículo 4 de la Ley 50/1997, del Gobierno, a los Ministros les corresponde las siguientes funciones: Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.

Señale la incorrecta. El artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establece que el Presidente del Gobierno en funciones no podrá: Plantear la cuestión de confianza. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.