EDUCACIÓN ESPECIAL Y CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, ESCALA DE EDUCACIÓN ESP

¿Qué niveles de medidas de respuesta educativa para la inclusión contempla el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano?. Medidas que implican los procesos de planificación, la gestión general y la organización de los apoyos del centro. Medidas generales programadas para un grupo-clase que implican apoyos extraordinarios. Medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada, individualmente, que implican apoyos extraordinarios adicionales. Medidas generales programadas para un grupo-clase que implican apoyos especializados adicionales.

¿Qué principio se encuentra regulado en el artículo 3.6 del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, en relación con la educación inclusiva y los principios de equidad en el sistema educativo valenciano?. La educación inclusiva debe poner especial atención en la prevención, la detección e intervención temprana de las situaciones que generan exclusión, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria que ponga el énfasis en las necesidades y oportunidades de la persona y del entorno. La educación inclusiva comporta la participación de toda la comunidad educativa, lo que contribuye a la cohesión de toda las personas miembros y la resolución pacífica de conflictos. La educación inclusiva deberá coordinarse con el sector del ámbito de la salud. La educación inclusiva requiere la aplicación flexible recursos organizativos, para atender las situaciones en que el alumnado necesita algún tipo de apoyo cuando sea de manera transitoria.

¿Qué medida deben adoptar los centros educativos para garantizar la implementación y desarrollo de un modelo de educación inclusiva, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano?. Gestionar adecuadamente los medios humanos con criterios de sostenibilidad. Establecer procedimientos de evaluación y mejora de los procesos enseñanza y de todas las actuaciones que hacen posible la implantación del modelo de escuela inclusiva, con la implicación de toda la comunidad educativa. Favorecer la participación de las familias y los agentes del entorno, en la elaboración, de iniciativas que tienen como finalidad dar apoyo a la equidad. Llevar a cabo, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones que posibiliten la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional de toda la comunidad educativa.

¿Qué contempla el Plan de Actuación para la Mejora (PAM) como una de las acciones a implementar, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en un centro, según la normativa vigente?. La concreción semestral del currículo y de todos los planes que forman parte del proyecto educativo del centro. La organización de la optatividad. La organización de grupos flexibles homogéneos. Las medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca dos años más en el mismo curso.

¿Qué consideración fundamenta la orientación educativa, según el artículo 29 del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano?. Tiene un carácter discontinuo, que hace necesaria la coordinación sistematizada entre los diferentes servicios especializados dependientes de la Administración educativa. Debe ser activa y abierta al contexto. Se estructura y se organiza en la acción tutorial, la intervención especializada de carácter psicopedagógico y el asesoramiento específico proporcionado al profesorado, al alumnado y a sus familias o representantes legales. Debe favorecer el proceso de evolución de los centros hacia un modelo inclusivo y la innovación pedagógica.

Según la Resolución de 9 de julio de 2018, del secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, que da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función Pública sobre la mejora de las condiciones laborales del personal educador de educación especial, ¿cuál de las siguientes funciones y tareas asignadas a dicho personal es correcta?. Atención en el periodo lectivo y no lectivo en tareas de higiene y alimentación en función de su grado de autonomía, incluso si requiere una atención sanitaria especializada. Atender al alumnado con necesidades educativas especiales en periodo lectivo y extraescolares en sus tareas de higiene y alimentación siempre que no requiera atención sanitaria especializada y de igual forma que la requiera. El educador de educación especial no atenderá al alumnado con necesidades educativas especiales en tareas de higiene, pero sí en las de alimentación, ya que no se encuentra ente sus funciones. Cumplimentar los registros oportunos y redactar partes de incidencias e informes sobre actividades realizadas con el alumnado con necesidades educativas especiales, dentro del ámbito de sus competencias.

Según la Resolución de 9 de julio de 2018, del secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, que regula el Pacto de la Mesa Sectorial de Función Pública respecto al personal educador de educación especial, ¿cómo se establece la jornada laboral de dicho personal?. La jornada se realizará únicamente en período lectivo y no puede haber exceso de jornada en ningún caso. La jornada se calculará mensualmente y el exceso de jornada se compensará en días libres adicionales durante el curso. La jornada del personal se realizará calculándola en cómputo anual de acuerdo con lo que establece el decreto por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración del Consell. La distribución horaria se realizará en período lectivo. En caso de haber un exceso de jornada se entenderá realizada, con carácter general, en el mes de julio, es decir, en período no lectivo. La jornada se realizará únicamente en período no lectivo y el exceso de jornada se distribuirá en vacaciones escolares.

¿Cómo define en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el concepto de «riesgo laboral grave e inminente»?. Se entenderá como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa. Se entenderá como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, aunque no se derive del trabajo. Se considerará como las lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Se entenderá como aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

¿Cuáles son los principios rectores de las políticas públicas en relación con la infancia y adolescencia, según lo dispuesto en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia?. La inclusión social y la restitución de los derechos del niño, niña y adolescente en todas las medidas de prevención, protección y atención socioeducativa que se adopten, las cuales deberán contar con su participación directa, y procurar la colaboración de su familia y de las instituciones públicas y privadas. Su carácter universal para combatir las desigualdades sociales y coyunturales mediante la promoción de derechos, el apoyo al entorno afectivo y la lucha contra la transmisión intergeneracional del empobrecimiento. La consideración de niñas, niños y adolescentes como ciudadanas y ciudadanos, favoreciendo el ejercicio autónomo. La igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, núcleo familiar, ideología, nacionalidad, etnia, religión, lengua, opinión, diversidad funcional o discapacidad, o cualesquiera otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas o sociales.

¿Qué modalidad de intervención se establece en los puntos de encuentro familiar, según el artículo 27 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia?. Visitas que se tengan que desarrollar dentro de las dependencias del punto de encuentro familiar y sea necesario que la entrega y recogida de la persona menor de edad se realice en fuera del mismo. Visitas en supervisión de entregas y recogidas: visitas que se tengan que desarrollar dentro de las dependencias del punto de encuentro familiar, pero sea necesario que la entrega y recogida de la persona menor de edad se realice en el mismo. Visitas tuteladas: donde se pondrá a disposición de las personas usuarias los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de las visitas cuando estas requieran la atención directa o presencia continuada del equipo técnico. Visita tutelada externalizada: habitualmente como fase posterior a la finalización de la intervención y previa autorización judicial o administrativa, desarrollándose las visitas dentro de las dependencias del punto de encuentro familiar ante la presencia de personal técnico.

Según el artículo 33 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, ¿qué principio debe regir la publicidad dirigida a menores que se difunda en medios escritos, audiovisuales o telemáticos?. Exclusión de la violencia. Publicidad real y de incitación al consumo. Publicidad veraz, no engañosa. Publicidad formativa y compatible con hábitos de vida saludables.

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, ¿en qué circunstancias puede revocarse el desamparo, tutela declarada de un menor?. La tutela cesará en los supuestos y condiciones previstos en el Código civil. El cese por revocación administrativa del desamparo, o por alguna de las circunstancias recogidas en las letras a, b y c del artículo 172.5 del Código civil se declarará por resolución del órgano de la Generalitat que ejerza la tutela. El desamparo podrá revocarse, a instancia de quienes tengan suspendido el ejercicio de la patria potestad o de la tutela ordinaria, cuando lo soliciten dentro de los dos años siguiente a la notificación de la resolución por la que se declaró; o de oficio, en cualquier momento. Para ello será necesario que se constate que han desaparecido las causas que la motivaron y que se dan las restantes condiciones para la reunificación familiar exigidas en el artículo 121 de esa ley. Si las personas titulares de la patria potestad o la tutela ordinaria vivieran separadas y solo una reuniera las condiciones adecuadas para asumir el cuidado de la persona protegida, no podrá revocarse parcialmente la declaración de desamparo exclusivamente respecto de ella. La resolución de cese de tutela se notificará a la persona interesada y a quienes estuvieran legitimadas para oponerse a ellas.

Según el artículo 130 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, ¿cuál de las siguientes opciones forma parte del procedimiento de aptitud para el acogimiento?. El plazo para la resolución y notificación del procedimiento de valoración será́ superior a seis meses. Trascurrido ese plazo sin que recaiga resolución expresa se entenderá desestimado. El procedimiento de valoración de aptitud se iniciará a solicitud de la persona interesada de acuerdo con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalitat, susceptibles de una medida de acogimiento familiar. La valoración de la aptitud se revisará con la periodicidad que se determine en la ley. La declaración de aptitud en ningún caso supondrá el derecho exigible a acoger, tan solo otorgará el derecho a la inscripción en el registro administrativo habilitado al efecto.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, ¿cuándo serán considerados titulares de derechos reconocidos en la ley los extranjeros que tengan discapacidad?. Sólo cuando residan permanentemente en España, conforme a la legislación de extranjería, y tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. No obstante, cualquier extranjero que tenga discapacidad será usuario de los servicios recogidos en el artículo 34 de esa ley. Cuando residan legalmente, temporal o permanentemente, en España conforme a la legislación de extranjería, y tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. No obstante, cualquier extranjero que tenga discapacidad será titular de los derechos mencionados en los artículos 31 y 32 y usuario de los servicios recogidos en el artículo 34 de esa ley. Sólo cuando residan permanentemente en España, conforme a la legislación de extranjería, y tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. No obstante, cualquier extranjero que tenga discapacidad será titular de los derechos mencionados en los artículos 31 y 32 y usuario de los servicios recogidos en el artículo 34 de esa ley. Cuando residan temporalmente en la Comunidad Valenciana, conforme a la legislación de extranjería, y siempre que no tengan vecindad administrativa en un municipio de otra comunidad autónoma, serán titulares de los derechos mencionados en los artículos 31 y 32 de la ley, pero no podrán ser usuarios de los servicios recogidos en el artículo 34 de la misma.

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, ¿qué criterio debe adoptarse en los pliegos de cláusulas administrativas para la adjudicación de contratos en caso de empate entre las mejores proposiciones?. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de la Administración de la Generalitat, de sus entidades autónomas y sus entidades de derecho público sujetas a derecho privado, deberá recogerse como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentar sus proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados con anterioridad a la publicación del contrato. En los pliegos de cláusulas administrativas generales de los contratos de la Administración de la Generalitat, de sus entidades autónomas y sus entidades de derecho público sujetas a derecho público, deberá recogerse como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentar sus proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados con anterioridad a la publicación del contrato. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de la Administración de la Generalitat, de sus entidades autónomas y sus entidades de derecho público sujetas a derecho público, deberá recogerse como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite tener en su plantilla, con anterioridad a la presentación de sus proposiciones, un porcentaje menor de trabajadores discapacitados con anterioridad a la publicación del contrato. En los pliegos de cláusulas administrativas generales de los contratos de la Administración de la Generalitat, de sus entidades autónomas y sus entidades de derecho público sujetas a derecho público, deberá recogerse como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite tener en su plantilla, con anterioridad a la presentación de sus proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados con anterioridad a la publicación del contrato.

Según el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, ¿cuál de las siguientes medidas ha adoptado la Generalitat para implementar su política de prevención de la discapacidad?. Promoverá que se implementen los avances científicos, los instrumentos y los recursos tecnológicos que aumenten las capacidades de las personas con diversidad funcional de carácter físico y mental e intelectual, de manera que se consiga la mayor autonomía posible. Realizará campañas de orientación de las patologías sobrevenidas. Los profesionales de la salud que presten atención a las personas con diversidad funcional o discapacidad lo harán con la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades específicas a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud preferentemente en el ámbito público. Promoverá y garantizará, especialmente en el caso de la infancia, que se implementen los avances científicos, los instrumentos y los recursos tecnológicos que aumenten las capacidades de las personas con diversidad funcional de carácter físico, mental, intelectual, cognitivo o sensorial, de manera que se consiga la mayor autonomía posible.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, ¿cuál de las siguientes opciones es un requisito para que la Administración de la Generalitat autorice el funcionamiento de los centros y servicios de acción social que tengan como destinatarios a personas con discapacidad?. Que en el funcionamiento del centro o servicio se garantice la participación de los usuarios, según las características de la discapacidad, y su organización sea de carácter democrático, a tal fin el reglamento de régimen interior recogerá dichas formas de participación. Que el centro o servicio cuente con los recursos materiales u organización adecuados. Que en el funcionamiento del centro o servicio se garantice la participación de los usuarios y/o familiares o tutores, según las características de la discapacidad, y su organización sea de carácter democrático, a tal fin el reglamento de régimen interior recogerá dichas formas de participación. Que el centro cumpla las condiciones arquitectónicas adecuadas para su funcionamiento, en especial la eliminación de barreras arquitectónicas.

Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, ¿cuál es el derecho del personal al servicio de la Generalitat y de sus entidades autónomas que tenga a su cargo a una persona dependiente por motivo de discapacidad, en cuanto a la flexibilización de su horario laboral?. El personal al servicio de la Generalitat y de sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, que tenga a su cargo alguna persona dependiente por motivo de discapacidad, tendrá derecho a la flexibilización del horario laboral hasta un máximo de dos horas diarias, pudiendo disfrutarlas, preferentemente, en los periodos comprendidos entre las 8 y las 10 horas y entre las 13 y las 15 horas, debiendo recuperar dichas horas, dentro del horario de trabajo semanal. El personal al servicio de la Generalitat, de sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, que tenga a su cargo alguna persona dependiente por motivo de discapacidad, tendrá derecho a la flexibilización del horario laboral hasta un máximo de dos horas diarias, pudiendo disfrutarlas, exclusivamente, en los periodos comprendidos entre las 8 y las 10 horas, entre las 13 y las 15 horas y entre las 16 y las 19 horas, debiendo recuperar dichas horas, dentro del horario de trabajo semanal. El personal al servicio de la Generalitat, de sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, que tenga a su cargo alguna persona dependiente por motivo de discapacidad, tendrá derecho a la flexibilización del horario laboral hasta un máximo de tres horas diarias, pudiendo disfrutarlas, exclusivamente, en los periodos comprendidos entre las 8 y las 10 horas, entre las 13 y las 15 horas y entre las 16 y las 19 horas, debiendo recuperar dichas horas, dentro del horario de trabajo semanal. El personal al servicio de la Generalitat, de sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, que tenga a su cargo alguna persona dependiente por motivo de discapacidad, tendrá derecho a la flexibilización del horario laboral hasta un máximo de tres horas diarias, pudiendo disfrutarlas, preferentemente, en los periodos comprendidos entre las 8 y las 10 horas, entre las 13 y las 15 horas y entre las 16 y las 19 horas, debiendo recuperar dichas horas, dentro del horario de trabajo semanal.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿qué función corresponde a los equipos multiprofesionales encargados de la calificación y reconocimiento del grado de discapacidad?. La emisión de un dictamen técnico sobre las limitaciones para realizar actividades y las barreras en la participación social. La orientación para la habilitación y rehabilitación, con pleno respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, proponiendo las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así́ como el seguimiento y revisión. La valoración y calificación de la situación de discapacidad, en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente. La emisión de un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias y las limitaciones para realizar actividades.

Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la atención integral a las personas con discapacidad?. La atención integral son los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Los programas de atención integral deberán comprender la rehabilitación médico- funcional, la atención y orientación psicológica y la educación. Estos programas podrán comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación de las necesidades y capacidades de la persona con discapacidad, así́ como de las oportunidades del entorno, considerando adecuaciones oportunas. Las administraciones publicas velaran por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas.

Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿cuál de las siguientes opciones representa una garantía adicional para una educación inclusiva de las personas con discapacidad?. Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, únicamente de titularidad pública y que regularmente ocupen al menos un tercio de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, podrán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales. Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales. Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter especial, deberán solicitar y las universidades podrán conceder, de acuerdo con lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, podrán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad que cursen estudios en la universidad, la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Se contemplarán, de modo específico, las acciones destinadas a las zonas rurales.

Según el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿cuál de las siguientes conductas se considera una infracción muy grave por vulnerar el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal?. Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable. El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley. Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal. Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo.

Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las competencias del claustro de profesores?. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. Aprobar el proyecto de presupuestos del centro.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ¿qué afirmación representa uno de los principios fundamentales del sistema educativo español?. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiaren sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

¿Qué tipo de discapacidad está reservado para el diagnóstico de individuos menores de 5 años cuando no es posible valorar de manera fiable el nivel de gravedad clínica durante los primeros años de la infancia?. Discapacidad intelectual no especificada. Retraso madurativo. Retraso global del desarrollo. Discapacidad intelectual del desarrollo.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo se define el Comité de Seguridad y Salud?. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano designado por los representantes Sindicales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano designado por la empresa, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de los empleados en materia de prevención de riesgos.

En relación con el servicio complementario de comedor para el alumnado escolarizado en centros de educación especial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Podrá ser sin cargo en la etapa de educación infantil. El precio de la minuta que deberá abonar cada alumno o alumna, se establecerá en las correspondientes instrucciones de inicio de curso. Será de manera gratuita únicamente durante la etapa de educación infantil y la etapa de educación primaria. Será gratuito.

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Las enseñanzas mínimas requerirán el 60 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 50 por ciento para aquellas que no la tengan. En las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte del currículo los resultados de aprendizaje. El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, aunque suponga una barrera que genere abandono escolar. Las administraciones educativas revisarán semestralmente los currículos para adecuarlos a los avances del conocimiento.

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ¿cuál de los siguientes es un objetivo de la educación infantil?. Adquirir autonomía en sus capacidades afectivas. Desarrollar sus actividades habituales. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Promover las normas sociales.

Según lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ¿qué miembro, entre otros, forma parte del Consejo Escolar de los centros públicos?. Un representante del personal de administración y servicios del centro. Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que será inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. Un número de profesores y profesoras que será inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación de este. El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y voto.