Educador/a Social

¿Cuál de las siguientes características no es predicable con la Constitución Española de 1978?. Es una constitución consensuada. Es una constitución rígida. Es una constitución extensa. Es una constitución flexible.

¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español que se recogen en la Constitución Española?. Legalidad, publicidad y responsabilidad. Democracia, solidaridad y participación. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Todas las respuestas son correctas.

No está garantizado por la Constitución Española el principio de: Jerarquía normativa. Retroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables para los ciudadanos. Seguridad jurídica. Legalidad.

Las comunidades autónomas: Gozan de autonomía financiera para satisfacer sus competencias, asignándoles la constitución los recursos necesarios para la gestión de sus intereses, en coordinación con la hacienda estatal y con la aplicación del principio de solidaridad con el resto de los españoles. Tienen competencias en la Administración de Justicia. Tienen competencias en Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Todas las respuestas son correctas.

El Estado se organiza territorialmente: Municipios, provincias y comunidades autónomas. Pueblos, ciudades y provincias. Municipios, pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas. Ninguna de las respuestas son correctas.

Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a) Organización de sus instituciones de autogobierno. b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. c) Relaciones internacionales. Son correctas las respuestas a) y b).

Clases de recursos: Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada y recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión, recurso de interposición y recurso de alzada. Recurso de alzada, reclamaciones económico-administrativas y recurso potestativo de revisión.

El recurso de alzada es: Podrá interponerse sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso, salvo el recurso de reposición. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de dos meses, si el acto fuera expreso. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Cuál de estos conceptos sobre el acto administrativo es correcto?. El acto administrativo innova el ordenamiento jurídico. El acto administrativo tiene normalmente carácter general y abstracto. Los actos administrativos tienen vocación de permanencia en el tiempo. El acto administrativo es un acto jurídico, de derecho púbico que lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa.

¿Qué significa que los actos de la administración son ejecutivos?. Que la eficacia de los actos siempre se subordina a la notificación. Que la administración puede utilizar la fuerza para hacerlos cumplir. Que los actos de la administración tienen que ser dictados por el personal de alta dirección. Que los actos de la administración, sujetos a derecho administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, servicios sociales, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, instalaciones deportivas, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, centros de enseñanza. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 15 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 20 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 5 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 10 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 25 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Estado Social de Derecho: Garantiza únicamente derechos civiles. Alude a una intervención estatal en la sociedad y en la economía para ponerla al servicio de los objetivos de igualdad y justicia, esto es, que los derechos recogidos en el ordenamiento jurídico pueden ser ejercidos de forma efectiva por la población. Es un estado abstencionista. Es incompatible con la monarquía parlamentaria.

La Constitución Española de 1978, en relación a los distintos elementos integradores del Bienestar Social: Sólo se refiere a la asistencia social. No hace referencia a ningún elemento básico del bienestar social. Reconoce los derechos a educación y a la protección de la salud, mantendrán el régimen público de seguridad social, y garantiza pensiones adecuadas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La competencia en materia de asistencia social, según el art. 149 de la Constitución Española de 1978: Es compartida a partes iguales por los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Es exclusiva de los Cabildos y Diputaciones. Puede ser asumida por las Comunidades Autónomas. Sólo compete al Estado.

El Fondo Social Europeo: Es uno de los Fondos Estructurales de la Unión Europea creado para promover el empleo y el desarrollo de los recursos humanos en todos los países de la Unión. Distribuye fondos entre las regiones y los Estados miembros con un mayor grado de desarrollo económico. Ayuda a los Estados miembros para que las empresas, y no la población activa, estén mejor preparados para afrontar los nuevos desafíos en materia de empleo. Solo busca dotar a los ciudadanos de la UE de una mejor preparación y mejores perspectivas profesionales, no teniendo en cuenta a las empresas.

A través de la Carta Social Europea, los Estados establecerán las condiciones para hacer efectivos los derechos y principios siguientes: Los niños y los adolescentes tienen derecho a una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social. La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo. Todas la respuestas anteriores son correctas.

La Ley 9/1987 de Servicios Sociales de Canarias, contempla dentro de sus áreas de actuación: La prevención y tratamiento social de la delincuencia, la atención social a presos y la reinserción social de ex-reclusos. La prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias. La promoción de actuaciones que permitan la prevención y eliminación de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El sistema de Servicios Sociales en Canarias, según la Ley 9/1987, se estructura: En Servicios Sociales Generales o Comunitarios y en Servicios Sociales Especializados. En Servicios Sociales Generales o Comunitarios y Programas Integrados por áreas, sectores y ámbitos especiales. En Servicios Sociales Generales, Servicios Sociales Especializados y Programas Integrados. En Programas Integrados por áreas, sectores y ámbitos especiales, dentro de los cuales se incluyen los Servicios Sociales Generales y Especializados.

Se consideran usuarios/as en la Ley 9/1987 de Servicios Sociales de Canarias: Todos los españoles/as, las personas refugiadas, asiladas y apátridas y la población extranjera residente y transeúnte. Sólo las personas que ostenten la nacionalidad española. Los españoles/as y las personas refugiadas, asiladas y apátridas según los convenios internacionales. Los españoles/as, las personas refugiadas, asiladas y apátridas y las personas extranjeras residentes, únicamente.

En relación a la distribución de competencias, las funciones de información, promoción, detección, prevención e integración socio-familiar de los/as menores, según la Ley 1/1997 de atención integral al menor, compete a: Gobierno de Canarias. Ayuntamientos. Cabildos. Delegación del Gobierno.

La Ley 1/1997 de atención integral al menor establece que un/a menor se encuentra en situación de riesgo: Cuando a causa de sus circunstancias personales exclusivamente se está perjudicando su desarrollo personal o social y es necesario la adopción de medidas de amparo. Cuando a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Cuando a causa de sus circunstancias personales o familiares, el desarrollo personal y escolar del menor se está perjudicando, y es necesaria la separación del menor de su familia. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La detección de situaciones de riesgo, según la Ley 1/1997 de atención integral al menor, implica coordinación, como mínimo, entre: Ayuntamiento y centros sanitarios. Ayuntamiento y centros escolares. Centros escolares y centros sanitarios. Ayuntamiento, centros escolares y centros sanitarios.

El apoyo a la familia contemplado como actuación de prevención por la Ley 1/1997 de atención integral al menor de Canarias podrá consistir en: a) Educación y planificación familiar. b) Atención a los/as menores en escuelas infantiles y Ayuda a domicilio. c) Todas las opciones son correctas. d) La opción a) es la correcta.

En Canarias, se denomina absentismo escolar: Las faltas no justificadas a clase del alumnado escolarizado en la enseñanza obligatoria y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La reiterada ausencia temporal injustificada, no permanente ni definitiva, del alumnado al centro educativo en el que está escolarizado y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La ausencia parcial o total a clase de forma injustificada del alumnado escolarizado en la enseñanza obligatoria. La ausencia temporal injustificada y permanente, del alumnado al centro educativo en el que está escolarizado y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Indique cuál de las siguientes opciones debe contemplarse en la intervención educativa del absentismo escolar: Coordinación entre todos/as los/as profesionales: tutor/a, orientador/a, trabajador/a social, educador/a social que participan en esta problemática. Para una actuación óptima con esta problemática, se deben analizar los factores de riesgo: integración en el entorno, situación familiar, institución escolar, situación personal del alumno/a. Elaboración de proyectos específicos de intervención educativa con menores y sus familias o representantes legales, desarrollados conjuntamente con los centros educativos y los servicios sociales municipales correspondientes. Todas las opciones son correctas.

La Mediación como principio de acción metodológica que desarrolla la figura del Educador Social: a) Facilitará la comunicación entre los intereses del alumnado y las expectativas del profesorado. b) Priorizará la consecución de objetivos más orientados a la preparación para la vida que al rendimiento académico y se estructurará a través de un plan de acción tutorial integrado en un Programa de Desarrollo Personal. c) Establecerá la comunicación entre el alumnado entre sí, y entre este y el profesorado, priorizando las directrices del profesorado. d) Las opciones a) y b) son correctas.

En su trabajo directo con las familias, el/la educador/a social: Evaluará las habilidades parentales, las capacidades educativas familiares y los modelos educativos utilizados. Orientará a las familias en las relaciones de convivencia y en su capacidad de socialización, ofreciendo pautas educativas o modelando las que ya existen. Acompañará en gestiones para el acceso a recursos y prestaciones. Todas las opciones anteriores son correctas.

Entre las actividades socio-educativas específicas del/a educador/a social en el ámbito familiar, no se contempla: Organización y economía familiar. Sustitución de las funciones parentales de forma provisional. Entrenamiento en habilidades sociales. Integración de los/as menores en el medio escolar.

¿Cuál de las siguientes definiciones no se puede considerar como habilidades sociales?. Conjunto de conductas que emitimos cuando interactuamos con otros individuos y que nos ayudan a relacionarnos con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Conjunto de conductas aprendidas de forma natural que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas, y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales. Manera efectiva de lograr los objetivos a través de técnicas de manipulación social. Comportamientos eficaces en situaciones de interacción social.

la Ley 2/2015 de modificación de la Ley 1/2007 de Prestación Canaria de Inserción establece que la percepción de la ayuda económica básica estará condicionada a: La realización de las actividades de inserción, por todas aquellas personas que integren la unidad de convivencia del solicitante de la ayuda económica básica y que se encuentran en una situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. La realización de las actividades de inserción, por parte del/la solicitante de la ayuda económica básica que se encuentre en una situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. La realización de las actividades de inserción, por el solicitante -y su cónyuge si lo tuviere- de la ayuda económica básica que se encuentre en una situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. La realización de las actividades de inserción, por el solicitante de la ayuda económica básica, y los parientes en primer grado, que se encuentren en una situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

La resolución estimatoria de la Prestación Canaria de Inserción conllevará: a) La obligación de desarrollar las actividades de inserción acordadas con los/as beneficiarios/as de la ayuda económica básica. b) Por razones de edad, salud o cualquier otra problemática se podrá exonerar de la obligación de realizar las actividades de inserción. c) La obligación de desarrollar las actividades de inserción acordadas con los/as beneficiarios/as de la ayuda económica básica no es exonerable en su conjunto, si bien se deben adaptar las actividades. d) Las opciones a) y b) son las correctas.

La intervención socio-educativa con personas inmigrantes viene determinada por las siguientes especificidades: Inestabilidad jurídica del/la inmigrante y déficit de redes de apoyo naturales. Existencia de prejuicios étnicos, racismo y xenofobia. Desconocimiento del idioma y del medio de acogida. Todas las opciones son correctas.

En virtud de la normativa específica, las administraciones públicas procurarán la integración de las personas inmigrantes mediante: a) Acciones formativas sobre el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea. b) Acciones formativas sobre el conocimiento de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres. c) Delegación de esta función en organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas. d) Las opciones a) y b) son correctas.

La Educación Social en el contexto de los centros penitenciarios ha de suponer;. Empoderamiento que fortalezca al educando. Haciéndolo socialmente más competente, con más recursos, más libres, dueño de sus propias decisiones. Fortaleciendo la capacidad de intervenir en la gestión de su propio desarrollo e interrumpiendo la espiral de exclusión, criminalización, reclusión, exclusión a la que son sometidas las personas presas en prisión. Todas las respuestas son correctas.

La Educación Social en el entorno de los centros penitenciarios viene dado por: a) La propia acción de encierro, las posibles acciones de la Institución Penitenciaria para transformar el tiempo de encierro en un tiempo educativo y socialmente útil. b) Preparación de los/as trabajadores/as penitenciarios dedicados a los procesos de acción educativa y social. c) La aplicación de estrategias comunes a todos los sectores de educación social, sin requerir ningún tipo de especialización. d) Las opciones a) y b) son correctas.

Según la Revista de Educación Social , en función de los tres ámbitos fundamentales de la educación social, cual no se puede considerar como una propuesta de intervención desde la Educación Social con el colectivo de personas mayores: Educación social especializada. Animación sociocultural. Educación permanente. Programas integrados.

Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo se basa en: El reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. A la hora de planificar cualquier intervención socio-educativa con personas mayores, el/la educador/a social habrá de tener en cuenta. Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento "basado en las necesidades" (que contempla a las personas mayores como objetivos pasivos) a otro "basado en los derechos", que reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen. Respalda su responsabilidad para ejercer su participación en el proceso político y en otros aspectos de la vida comunitaria. Todas las opciones anteriores son correctas.

En el ámbito de la Educación Social con personas con discapacidad, señale la opción que no considere válida: La figura profesional del educador y de la educadora social es especialmente importante en el campo de las discapacidades. Este ámbito es uno de los contemplados en el Real Decreto 1420/1991 en el que se establece el título de Diplomado en Educación Social. Incidir en el papel del Educador/a Social en el campo de las discapacidades nos obliga a relacionar éste con el ámbito de la educación especializada. En el ámbito de la educación especializada con personas con discapacidad, el educador/a social basa su acción en una planificación estratégica. Determinar las funciones a desempeñar por un profesional de la educación social en este campo es una tarea compleja, debido, sobre todo, a la diversidad de concepciones de la discapacidad; a la diversidad de demandas y necesidades de las personas con discapacidad así como a la diversidad de entornos y modelos organizativos distintos.

Básicamente, la función del educador/a social en el ámbito de la discapacidad estaría centrada en: El acompañamiento a la persona con discapacidad en su proceso de socialización para facilitarle el acceso a la cultura y la inclusión en la sociedad. Se planteará la intervención con la participación del sujeto, teniendo en cuenta su identidad, sus necesidades y sus demandas, así como las características, necesidades y demandas del entorno en el que está inmerso el sujeto, y de las relaciones mutuas que se establecen entre ellos. Intervenir junto con el sujeto en las diferentes fases de elaboración, aplicación y evaluación de estos programas (análisis de necesidades, formulación de objetivos y contenidos, selección de actividades, materiales y estrategias metodológicas, evaluación, etc.), trabajando en estrecha colaboración con otros profesionales del equipo interdisciplinar. Todas las opciones anteriores son correctas.

De acuerdo a la Ley 4/1998, de Voluntariado en Canarias, no se considera voluntariado, las actividades desarrolladas por personas voluntarias siguientes: Las actuaciones cuya realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación personal o deber. Las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones publicas o privadas, sin animo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de benevolencia, de amistad o buena vecindad. Las actuaciones que se desarrollen a través de programas o proyectos de entidades de voluntariado. Las actuaciones que tengan carácter altruista, solidario, responsable y pacifico.

¿A cuál de los siguientes preceptos no están obligadas las personas voluntarias en el ejercicio de su voluntariado, de acuerdo a la Ley 4/1998, de Voluntariado en Canarias?: Participar en aquellas actividades de formación que les indique la entidad, al objeto de capacitarles para un mejor desempeño de su tarea. Aceptar cualquier tipo de contraprestación en el desarrollo de su actividad, salvo que se trate de contraprestación en especie. Cuidar con diligencia los recursos que ponga a su disposición la entidad. No interrumpir bruscamente su actividad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios del programa o proyecto al que estuvieran adscritas.

El educador/a social, respecto a la formación en participación ciudadana: No interviene únicamente sobre el individuo con dificultades, sino que también y, especialmente, lo hace sobre el entorno para crear espacios y vínculos que hagan posible la integración. Crea un proyecto cercano, en el sentido de proximidad a la persona. Tiene en cuenta la capacidad de respuesta rápida a las necesidades de participación, sociales y culturales de la ciudadanía. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Entendemos el papel del educador/a social en la participación ciudadana como: Es un proceso transversal que forma farte de procesos de contacto, de relación y de interacción entre todos los agentes: ciudadanía, vecindario, asociaciones y administraciones. Requiere formación: aprender a escuchar, hacer entender la posición propia, tener en cuenta la posición de la otra persona, construir conjuntamente una idea, razonamiento o proyecto, aceptar resultados no previstos, etc. Tener en cuenta la participación ciudadana como instrumento de transformación y cambio social. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Dentro de las políticas públicas para la promoción de la igualdad de género contempladas en la Comunidad Canaria, se contemplan medidas específicas de promoción y protección de la salud y el bienestar social, a saber: Promoción y protección de la salud. Políticas de bienestar social. Derecho a embarazo y maternidad. Todas las opciones anteriores son correctas.

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define el acoso sexual como: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento realizado con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo. Cualquier comportamiento verbal o físico directo que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

La discriminación por razón de sexo se clasifica en la normativa española en: Discriminación del menor y del adulto. Discriminación masculina y femenina. Discriminación directa e indirecta. Discriminación positiva y negativa.

La Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, obliga a comunicar o poner en conocimiento del órgano competente, la presunción o existencia de situaciones de violencia contra las mujeres, a: Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares y organizaciones sindicales. Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares, empresas y organizaciones sindicales. Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, medios de comunicación y organizaciones sindicales. Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares, empresas y organizaciones no gubernamentales.

Los servicios y centros que integran el sistema asistencial previsto en Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se clasifican en: Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Servicios Sociales, Centros de Salud y Centros de Acogida Inmediata. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Acogida Inmediata, Casas de Acogida y Pisos Tutelados. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Residencias y albergues y Casas de Acogida. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Servicios Sociales, Centros de Salud y Casas de Acogida .

El III Plan Canario sobre Drogodependencias, para dar respuesta a los objetivos estratégicos, define las siguientes áreas estructurales de intervención: a) Área de prevención-sensibilización. b) Área de intervención-deshabituación. c) Área de tratamiento-integración. d) Las opciones a) y c) son las correctas.

El objetivo de los procesos de acompañamiento socioeducativo en la inserción sociolaboral es: a) La emancipación de las personas, de forma que una vez que dejen los diferentes programas, dispongan de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, etc. b) La movilización de estrategias adecuadas para afrontar situaciones propias de la vida. c) El acompañamiento no se considera adecuado en la intervención educativa. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

En el caso específico de personas jóvenes, ¿Cuál de las siguientes opciones se adecua más a la relación entre educación social e inserción socio-laboral?: La Educación Social no se centra en la inserción laboral en grupos poblacionales, sino que trabaja a nivel general con toda la población. La Educación Social se centra fundamentalmente en la atención individualizada y personalizada, encaminada a la inserción formativo y/o laboral, utilizando recursos del entorno en coordinación con las entidades públicas o privadas. La Educación Social trabaja sobre todo campañas dirigidas al estímulo formativo. La Educación Social desarrolla fundamentalmente cursos de formación.

La Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, establece que la administración educativa abordará: Acciones o medidas de sensibilización con un enfoque de género. Los contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual. Las relaciones de pareja, la prevención de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Todas las opciones anteriores son correctas.

El análisis de las distintas perspectivas de la Educación Ambiental en el ámbito de la Educación Social: Consiste en reflexionar sobre cómo el entorno influye en los procesos de acceso del individuo a la cultura. Consiste en reflexionar sobre cómo el individuo, dentro de una sociedad, influye en el Medio en que se desenvuelve al mismo tiempo que está influido por este. Consiste en reflexionar sobre las interacciones Individuo-Medio. Todas las opciones son correctas.

Señale cuáles de los siguientes principios orientadores de la acción socioeducativa del educador/a social, no están contemplados en el Código Deontológico de la Educación Social: Principios de respeto a los Derechos Humanos y Justicia Social. Principios de respeto a los sujetos de la acción socioeducativa y de la acciónsocioeducativa. Principios de respeto al Derecho individual y a la Autonomía familiar. Principios de la información responsable y de la confidencialidad.

De acuerdo al Código Deontológico del Educador/a Social, en el proceso de acción socioeducativa: Procurará establecer una relación profesional con las personas que le facilite un acercamiento afectivo a fin de lograr los objetivos de la intervención socioeducativa. Evitará toda relación con las personas que transcienda, más allá, de la relación profesional y que suponga una dependencia afectiva o íntima. Procurará establecer una relación afectivo-profesional con las personas que le facilite el logro de los objetivos de la intervención socioeducativa. Evitará toda relación con las personas que trascienda, más allá, de la relación profesional, salvo cuando se produzca un acercamiento afectivo que le facilite el logro de los objetivos de la intervención socioeducativa.

La rigurosa profesionalidad en el tratamiento de la información que obtiene en su ejercicios profesional y que se supone al Educador/a Social de acuerdo al Código Deontológico, excluye: Tendrá derecho a recibir toda la información relativa a las personas con las que tenga relación a través de la acción socioeducativa. Procurará obtener información de las propias personas y/o su entorno aunque no sea relevante para su intervención profesional, con el fin de conocer lo más posible de la situación. Deberá preservar su confidencialidad. Transmitirá únicamente información veraz y contrastada.

La práctica educativa diaria del Educador/a Social corresponde a tres criterios o categorías organizadoras, de acuerdo al Código Deontológico, a saber: Actuaciones de investigación, programación y evaluación. Actuaciones de contexto, de mediación y de formación y transmisión. Actuaciones de educación especializada, animación sociocultural y educación permanente. Actuaciones de políticas inclusivas.

El Educador/a Social, en relación con la sociedad en general, según su Código Deontológico, trabajará con la comunidad: a) Potenciando la vida social y cultural del entorno. b) Fomentando el conocimiento y la valoración de los aspectos sociales y culturales. c) Diseñará el plan de intervención socioeducativa unilateralmente de acuerdo a criterios profesionales. d) Las opciones a) y b) son las correctas.

En relación con el equipo, el educador/a social: a) Elaborará los aspectos educativos de los proyectos. b) Cooperará con el resto del equipo en la planificación, diseño, puesta en funcionamiento y evaluación de las acciones socio-educativas. c) Sólo interferirá en las funciones, tareas o relaciones de los otros miembros del equipo con las personas sujetos de la acción educativa con fines educativos. d) Las respuestas a) y b) son correctas.