El orden de prelación de las leyes enunciado en la Constitución, es el siguiente: la Constitución, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso, otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. los tratados, convenios y acuerdos aprobados y ratificados; la Constitución, las leyes dictadas por el Congreso, reglamentos, ordenanzas. la Constitución, reglamentos, ordenanzas, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso. ordenanzas, reglamentos, las leyes dictadas por el Congreso, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, la Constitución. leyes dictadas por el Congreso, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, la Constitución, ordenanzas, reglamentos.
El derecho de resistencia a la opresión: No está consagrado en la Constitución. Dispensa al pueblo del cumplimiento de las órdenes de los usurpadores y autoriza a resistirlos por todos los medios a su alcance. Autoriza al pueblo a solicitar la intervención de potencias extranjeras. Sólo permite denunciar la situación política interna en foros internacionales. Permite únicamente la realización de manifestaciones pacíficas.
Son símbolos de la República del Paraguay: el Sello Nacional, el Panteón de los Héroes y el Cabildo. el Cabildo, el Sello Nacional y el Himno Nacional. el Pabellón de la República, el Sello Nacional y los idiomas nacionales. los idiomas Nacionales, el Panteón de los Héroes y el Cabildo. el Pabellón de la República, el Sello Nacional y el Himno Nacional.
La Constitución establece como idiomas oficiales del Paraguay: sólo el idioma castellano. sólo el idioma guaraní. el idioma castellano, el idioma guaraní y las demás lenguas indígenas. el idioma castellano y las lenguas indígenas. el idioma castellano y el idioma guaraní.
La denuncia de los tratados internacionales relativos a los derechos humanos debe hacerse: por decreto de la Presidencia de la República. por ley del Congreso Nacional. por una sentencia judicial. por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución. por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los principios que rigen las relaciones internacionales de la República del Paraguay, es: la aceptación de la guerra de conquista. la intervención en asuntos internos de otros Estados. la aceptación de relaciones asimétricas en el comercio internacional. la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo. la aceptación de la existencia de territorios bajo régimen colonial.
Una persona que tiene nacionalidad paraguaya natural: la pierde por ausencia injustificada de la República por más de cinco años. no puede ser privada de su nacionalidad, pero puede renunciar voluntariamente a ella. la pierde por adquisición de otra nacionalidad. la pierde si es condenada a una pena privativa de libertad. puede ser privada de ella por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La nacionalidad paraguaya honoraria es otorgada por: el Presidente de la República, por decreto. el Congreso Nacional, por ley. la Corte Suprema de Justicia, por acordada. la Cámara de Diputados, por resolución. el Vicepresidente, por decreto.
Son ciudadanos: toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de tres años de haberla obtenido. toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde su nacimiento. toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de cinco años de haberla obtenido. toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde los dieciocho años de edad y toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de dos años de haberla obtenido. toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización desde la obtención de la misma.
Una persona que se halla cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad: pierde su nacionalidad, si es naturalizada. tiene suspendida su nacionalidad, si es natural. tiene suspendido el ejercicio de la ciudadanía. pierde la ciudadanía. no se ve afectada en cuanto a su nacionalidad o ciudadanía.
La adquisición, readquisición y opción de la nacionalidad, así como la suspensión de la ciudadanía son de competencia exclusiva: de la Defensoría del Pueblo. del Ministerio Público. del Poder Ejecutivo. del Poder Legislativo. del Poder Judicial.
Los gobiernos departamentales y municipales pueden ser intervenidos por: la Cámara de Diputados. el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. la Cámara de Senadores, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. el Poder Ejecutivo. el Congreso.
Los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa corresponderán: al Poder Ejecutivo. a las municipalidades y los departamentos, en su totalidad. a los entes descentralizados. al Poder Judicial. a los órganos extrapoderes.
De conformidad con la Constitución, la fuerza pública está integrada por: las fuerzas policiales y el Ministerio Público. el Poder Judicial. el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. el pueblo paraguayo. las fuerzas militares y policiales.
Los tribunales militares, tienen competencia para juzgar: delitos o faltas comunes cometidos por militares en servicio activo. delitos o faltas comunes cometidos por militares en situación de retiro. delitos o faltas de carácter militar calificados como tales por la ley y cometidos por militares en servicio activo. delitos políticos cometidos por civiles en tiempos de paz. delitos comunes cometidos por civiles en tiempos de paz.
Los fallos de los Tribunales militares pueden ser recurridos ante: el Defensor del Pueblo. el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. la Cámara de Diputados. la justicia ordinaria. el Congreso.
La facultad de recibir el juramento o la promesa, al asumir el cargo, del Presidente de la República, del Vicepresidente y de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a: la Cámara de Diputados. la Cámara de Senadores. ambas Cámaras, reunidas en Congreso. la Comisión Permanente del Congreso. el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
El período de sesiones ordinarias de las Cámaras del Congreso se extiende: Desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de cada año, con receso durante los meses restantes. Desde el 1 de marzo hasta el 20 de diciembre de cada año, con receso durante el tiempo restante. Desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente, con un período de receso desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo. todo el año, en forma ininterrumpida. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, con receso en los meses restantes.
El quórum legal requerido para que cualquiera de las Cámaras del Congreso pueda sesionar, se forma con: Los dos tercios del total de miembros de la cámara respectiva. La mitad más uno del total de miembros de la cámara respectiva. Cuatro quintas partes del total de miembros de la cámara respectiva. Cinco miembros por sobre la totalidad de integrantes de la cámara respectiva. El total de los miembros de la cámara respectiva.
Los senadores y diputados: Duran cuatro años en su mandato y no pueden ser reelectos. Duran cinco años en su mandato y pueden ser reelectos. Duran cinco años en su mandato y pueden ser reelectos, por un solo período más. Duran cuatro años en su mandato y pueden ser reelectos, con un período de intervalo. Duran cinco años en su mandato y no pueden ser reelectos.
Para ser senador vitalicio se requiere: Haberse desempeñado como senador durante tres períodos consecutivos. Haberse desempeñado como senador durante dos períodos consecutivos, habiendo ocupado la presidencia de la cámara. Ser ex presidente de la República, electo democráticamente, y no haber sido sometido a juicio político y hallado culpable. Ser electo senador, luego de haberse desempeñado como Presidente de la República. Haberse desempeñado como senador, sin que se haya concedido su desafuero en ningún caso.
Para que un legislador pueda ser sometido a un proceso penal, previamente debe darse: La autorización de la Corte Suprema de Justicia. Su separación del cargo, por la cámara respectiva. Su separación del cargo como resultado de un juicio político. Su desafuero por la cámara respectiva. La autorización del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Según el Art. 192 de la Constitución, sobre pedido de informes, el afectado está obligado a responder en: un plazo no menor de ocho días. un plazo no menor de quince días. un plazo no menor de diez días. un plazo no menor de treinta días. la Constitución no indica plazo.
Según el Art. 193 de la Constitución, se puede citar e interpelar: al Vicepresidente. a los Ministros del Poder Ejecutivo. al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en materia jurisdiccional. a los demás miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional. al Presidente de la República.
Las Comisiones Conjuntas de Investigación no puede investigar a: los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados. los directores y administradores de las entidades que administren fondos del Estado. los directivos de las empresas de participación estatal mayoritaria. los magistrados judiciales en materia jurisdiccional. Los funcionarios públicos y los particulares.
Los senadores y diputados, con el permiso de la cámara respectiva, sólo pueden aceptar los cargos de: Miembro del consejo de empresas con participación estatal mayoritaria. Director de un ente binacional. Ministro del Poder Ejecutivo y diplomático. Asesor jurídico de empresas concesionarias del Estado. Presidente del Consejo de un ente autárquico.
La facultad de dictar leyes, modificarlas o derogarlas, corresponde: al Poder Ejecutivo. al Poder Legislativo. al Poder Judicial. al Tribunal de Justicia Electoral. a la Defensoría del Pueblo.
La facultad de aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo, corresponde: a la Contraloría General de la República. a la Corte Suprema de Justicia. al Congreso. al Tribunal Superior de Justicia Electoral. a la Defensoría del Pueblo.
La facultad de conceder amnistías, corresponde: al Presidente de la República. al Congreso. a la Corte Suprema de Justicia. al Tribunal Superior de Justicia Electoral. a la Defensoría del Pueblo.
Las causales establecidas en la Constitución, para el juicio político al Presidente de la República son: a) mal desempeño de sus funciones. b) delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. c) delitos comunes. d) faltas administrativas. e) solo a, b y c.
En un juicio político: la acusación corresponde al Ministerio Público y el juzgamiento a la Cámara de Senadores. la acusación corresponde a la Cámara de Diputados y el juzgamiento a la Cámara de Senadores. la acusación corresponde a la Cámara de Diputados y el juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. la acusación corresponde al Ministerio Público y el juzgamiento al Tribunal Superior de Justicia Electoral. la acusación corresponde a la Cámara de Diputados y el juzgamiento a la Defensoría del Pueblo.
En el marco de un juicio político, la resolución que declare culpables a los funcionarios del Estado sometidos al citado procedimiento, producirá el efecto de: una condena a pena privativa de libertad. una condena civil. la separación del cargo una amonestación verbal. una suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones.
El Poder Legislativo realiza la función de control de los actos del Poder Ejecutivo por medio de: la acción de amparo. la acción de inconstitucionalidad. la acción de Hábeas Corpus. la acción de Hábeas Data. el juicio político.
Los requisitos para ser Presidente de la República son: Tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, profesar la religión católica y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 40 años y profesar la religión católica. Tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 40 años y ser propietario de bienes inmuebles. Tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 35 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 30 años y gozar de notoria reputación de honorabilidad.
El Presidente de la República: Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones y puede ser reelecto después de dos períodos de intervalo. Dura cinco años en el ejercicio de sus funciones y puede ser reelecto por un período más consecutivo o alternativo. Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones y puede ser reelecto sin restricción. Dura cinco años en el ejercicio de sus funciones y no puede ser reelecto en ningún caso. Dura cinco años en el ejercicio de sus funciones y puede ser reelecto con un período de intervalo.
El Presidente de la República: Es electo directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos. Es electo directamente por el pueblo, por mayoría absoluta de votos y segunda vuelta (balotaje) entre los dos candidatos más votados, si ninguno alcanza dicha mayoría. Es electo en forma indirecta por un colegio de electores. Es electo directamente por el pueblo, por una mayoría de más del 40% de los votos y segunda vuelta (balotaje) entre los dos candidatos más votados, si ninguno alcanza dicha mayoría. Es electo en forma indirecta por ambas Cámaras reunidas en Congreso.
En caso de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones, el Presidente de la República y el Vicepresidente, no hayan sido proclamados en la forma dispuesta por la Constitución, o fueran anuladas las elecciones, el Presidente cesante entregará el mando: al Presidente de la Cámara de Senadores. al Presidente de la Cámara de Diputados. al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. al Presidente del Tribunal de Justicia Electoral. al Fiscal General de la República.
Si se produce la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante los tres primeros años del período constitucional: el Congreso designa a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período. asume el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores. se convoca a elecciones para elegir a un nuevo Vicepresidente. asume el cargo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. el Presidente de la República designa a un nuevo Vicepresidente.
La facultad de otorgar indultos o conmutar penas corresponde: al Presidente del Congreso. al Ministro de Justicia y Trabajo. al Director General de Institutos Penales. al Presidente de la República. al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La facultad de preparar y presentar anualmente a consideración de las cámaras legislativas, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, corresponde: al Contralor General de la República. al Presidente de la Banca Central. al Procurador General de la República. al Presidente de la República. al Tribunal de Cuentas.
El Poder Ejecutivo realiza la función de control de los actos del Poder Legislativo por medio de: la Defensoría del Pueblo. el veto de leyes. la acción de Hábeas Data. el voto de censura. el Juicio Político.
Al Vicepresidente le corresponde, entre otras, la siguiente atribución: preparar y presentar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación. conceder indultos o conmutar penas. coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ejercer la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura promulgar las leyes sancionadas por el Congreso y ordenar su publicación.
La representación y defensa, judicial o extrajudicial de los intereses patrimoniales de la República, así como el asesoramiento jurídico a la Administración Pública, son funciones que corresponden: al Contralor General de la República. al Defensor del Pueblo. al Procurador General de la República. a la Cámara de Diputados. a la Cámara de Senadores.
Conforme a la Ley Suprema de la República, nadie está obligado a:
1) Hacer lo que la ley no ordena.
2) Poseer un domicilio.
3) Sufragar.
4) Pagar Impuestos.
5) Ser privado de lo que la ley no prohíbe. 1 y 2 3 y 5 1 y 5 2 y 5 1, 4 y 5.
Según la Constitución Nacional el pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio en un sistema de:
1) Independencia.
2) Elección Parlamentarista.
3) Elección Directa.
4) Recíproco control.
5) Coordinación. 2 y 3 2, 3 y 5 1 y 4 1 y 5 1, 4 y 5.
Conforme a nuestra Constitución Nacional los Servicios del sistema social, podrán ser:
1) Públicos.
2) Privados.
3) Extranjeros.
4) Mixtos.
5) Exclusivamente privados. 1 y 2 5 1, 2 y 4 1 y 3 3 y 4.
Son delitos imprescriptibles conforme a la Constitución Nacional:
1) La coacción sexual grave.
2) Homicidios múltiples.
3) El genocidio.
4) El homicidio por razones políticas.
5) La tortura. 1 y 2 3 y 5 1 y 4 1 y 5 3, 4 y 5.
Conforme a la Constitución Nacional en la protección ambiental, queda establecido que:
1) Podrán prohibirse aquellas actividades que la ley califique de peligrosas.
2) Las actividades peligrosas serán reguladas por la Defensoría del Pueblo.
3) La ley regulará el tráfico de recursos genéticos.
4) Las actividades ambientales serán reguladas exclusivamente por los Municipios.
5) El delito ecológico será definido y sancionado por ley. 2 y 4 3 y 5 1 y 4 1, 3 y 5 1, 4 y 5 .
La Constitución Nacional establece que nadie será detenido:
1) Sin orden escrita emanada de autoridad competente.
2) Salvo que la persona exhiba en público una apariencia sospechosa.
3) Salvo de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal.
4) Salvo que la persona sea extranjera y no tenga arraigo en el país.
5) Salvo que la persona ya haya cometido otros delitos anteriormente y la policía lo conozca. 1 y 2 3 y 5 1 y 3 1 y 5 1, 4 y 5.
De la planificación y de la salud materna infantil. El Art. 61 de la Constitución Nacional establece que el Estado reconoce el derecho de las personas a:
1) El cumplimiento o no de los deberes alimenticios de sus hijos.
2) Establecer para las familias políticas que tengan por objeto practicar la solidaridad.
3) Decidir el número y la frecuencia de sus hijos.
4) El cumplimiento o no de las obligaciones tributarias con el Estado y Municipios.
5) Recibir, en coordinación con los órganos pertinentes, educación y orientación científica. 3 y 5 1, 2 y 3 2 y 4 1 y 5 1, 3 y 5.
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