Ejerc.de la abog

El abogado Lucas Martín mantiene una conversación telefónica con el letrado de la parte contraria José González para intentar llegar a un acuerdo transaccional. ¿Puede el abogado Lucas Martín grabar dicha conversación?. Sí, siempre que la aporte como prueba documental con el consentimiento previo de su propio cliente. No, salvo que recabe una autorización judicial previa fundamentada en el derecho a la tutela judicial. No, bajo ninguna circunstancia, ya que vulneraría el secreto profesional de forma absoluta e insubsanable. Sí, siempre que advierta previamente al letrado José González y éste preste su expresa conformidad.

Durante un litigio civil, la letrada Ana García recibe un correo electrónico del abogado de la parte contraria Miguel Rodríguez proponiendo un acuerdo, sin indicar que no esté sujeto a secreto. El cliente le exige ver dicho documento. ¿Cómo debe proceder?. Debe negarse a entregarlo, salvo que cuente con la autorización expresa de ambos intervinientes. Debe solicitar autorización judicial para exhibir el documento, garantizando la imparcialidad del proceso. Debe remitir el documento al Colegio de la Abogacía, para que este decida sistemáticamente su exhibición. Debe entregarle una copia inmediatamente, primando el derecho a la información de su propio cliente.

De conformidad con el Estatuto General de la Abogacía y la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ¿ quién ostenta la condición plena de profesional de la abogacía?. Quien posee el título oficial universitario en Derecho y asesora jurídicamente a terceros de forma habitual. Quien posee el título habilitante y se inscribe en el registro telemático central del Ministerio de Justicia. Quien posee el título habilitante y está incorporado a un Colegio de la Abogacía en calidad de ejerciente. Quien ha superado el examen de acceso estatal y se dedica profesionalmente a la investigación académica.

Según la normativa profesional aplicable, ¿ cuál es la naturaleza jurídica de la relación contractual principal entre un profesional de la abogacía y su cliente en el marco de la dirección de un procedimiento?. Un arrendamiento de servicios, asumiendo una obligación de medios. Un mandato representativo, asumiendo una obligación de resultado. Un contrato de depósito, asumiendo una obligación de medios. Un arrendamiento de obra, asumiendo una obligación de resultado.

Un cliente exige a su abogada que interponga un recurso que contraviene manifiestamente el criterio jurídico de la letrada y que carece de fundamento, bajo amenaza de no pagar los honorarios. ¿Qué debe hacer la profesional?. Renunciar a la dirección letrada del asunto tras solicitar y obtener autorización del órgano judicial competente. Presentar el recurso para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva del cliente representado. Presentar el recurso exigiendo previamente una orden escrita del cliente que la exima de responsabilidad civil. Renunciar a la dirección letrada del asunto por haberse visto comprometida su independencia y libertad.

Un abogado es citado para declarar como testigo en un juicio sobre hechos que le fueron comunicados confidencialmente por su cliente durante la preparación de la defensa. ¿Qué actuación es deontológicamente correcta?. Acudir a la citación judicial y acogerse formalmente a su derecho y deber ineludible de guardar secreto profesional. Solicitar dispensa al Decano del Colegio de la Abogacía para poder prestar testimonio de forma excepcional. Solicitar la nulidad absoluta de la citación ante el Tribunal Supremo por flagrante vulneración de derechos. Acudir a la citación y responder a las preguntas, primando el mandato constitucional de colaboración judicial.

Tras la finalización del asunto, el cliente solicita la devolución de la documentación original, pero aún adeuda al abogado una parte importante de los honorarios pactados. ¿Tiene derecho el letrado a retener dichos documentos?. Sí, pero aplicando la retención exclusivamente sobre aquellos documentos que carezcan de naturaleza estrictamente procesal. No, en ningún caso, debiendo poner la documentación a su disposición independientemente de los cobros pendientes. No, salvo que el impago sea judicialmente reconocido y se ejecute el embargo preventivo de dicha documentación. Sí, reteniendo el expediente completo hasta que el cliente acredite el abono íntegro de la factura pendiente.

¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una vulneración del principio de lealtad y está prohibida en materia de publicidad de los servicios profesionales de la abogacía?. La inserción masiva de folletos informativos en medios de comunicación digitales de ámbito nacional o internacional. La mención explícita de las ramas o áreas jurídicas concretas en las que el despacho tiene experiencia acreditada. La publicación de cuadros o tarifas genéricas de honorarios en la página web oficial del bufete profesional. La promesa directa de obtener un resultado procesal concreto que no dependa exclusivamente de su propia actividad.

El abogado saliente Francisco Fernández entrega el expediente al nuevo letrado Álvaro López que asumirá la dirección del caso. El nuevo letrado advierte cartas cruzadas confidenciales entre el abogado predecesor y el de la parte contraria. ¿Qué limitación recae sobre el nuevo profesional?. Debe entregarlas al juez inmediatamente para evitar una potencial nulidad procesal o sanción grave. Debe destruirlas de manera certificada para garantizar el borrado permanente y la privacidad de las negociaciones. Debe preservarlas bajo riguroso secreto, no pudiendo entregarlas a su cliente ni aportarlas a los Tribunales. Debe compartirlas con el cliente obligatoriamente para diseñar de forma coordinada la nueva estrategia de defensa.

Una firma de abogados recibe el encargo de interponer una reclamación laboral contra un trabajador que, casualmente, fue defendido por un socio de esa misma firma en un proceso penal hace seis meses. ¿Pueden aceptar el caso?. Sí, dado que ambas actuaciones pertenecen a ramas del Derecho sustancialmente diferentes e independientes. No, salvo que no exista ningún riesgo de vulneración de la información obtenida en la relación con el antiguo cliente. Sí, siempre y cuando el anterior cliente renuncie explícitamente a su derecho a la protección de datos personales. No, debido a que rige una incompatibilidad temporal estricta de dos años naturales para ir contra cualquier cliente previo.

Ángel es un abogado que interviene en un proceso penal como acusación en nombre de su cliente Mario y consigue una condena de prisión de tres años para Estefan. Una vez firme la sentencia y con Estefan en prisión cumpliendo condena, Ángel tiene noticias de que una de las pruebas utilizadas, la más fundamental para la condena de Estefan, es falsa y se debía a una falsificación realizada por su cliente Mario. ¿Cuál debe ser el comportamiento de Ángel?. Comunicar la existencia de dicha falsificación al abogado de Estefan para que interponga recurso de revisión. Hacer pública dicha circunstancia a los efectos que procedan dada la gravedad de la situación. No comunicar nada de cuanto ha tenido conocimiento al encontrarse sometido al secreto profesional. Comunicárselo al abogado contrario, pero previamente avisarle a su cliente Mario de las consecuencias de dicha comunicación.

Alberto, abogado en ejercicio, está negociando el abono de una deuda que le deben a su cliente. Como quiera que no es capaz de llegar a una transacción factible, le comunica a Carlos, el abogado de la parte contraria, que va a iniciar un procedimiento monitorio. Junto con la demanda adjunta todas las comunicaciones vía email que ha mantenido con Carlos para demostrar que se ha intentado la negociación del pago de la deuda y que ésta existe. ¿Ha actuado correctamente Alberto aportando estas comunicaciones?. Sí, porque está amparado por la libertad de defensa. No, porque nunca se deben aportar comunicaciones entre abogados en un procedimiento judicial. No, porque únicamente se pueden aportar comunicaciones entre compañeros, con su autorización expresa o por autorización expresa de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Sí, porque deben primar los intereses del cliente y su defensa por encima de todo.

El abogado Álvaro envía a su cliente el correo electrónico recibido de la abogada María, con quien está negociando un asunto. ¿Es correcta la actuación de Álvaro?. Sí, siempre y cuando dicha comunicación no se aporte a un procedimiento judicial. No, ya que el abogado no puede facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo. No, ya que el abogado no puede nunca facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte. Sí, ya que el abogado puede facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa prohibición del mismo.

Antonio y Juan comparten despacho. Antonio le consulta a Juan ciertos pormenores del asunto que el cliente Eduardo le tiene encomendado, comentando una curiosa anécdota del cliente. Esa misma noche, Juan comenta en Instagram la anécdota, pero sin revelar datos personales ni identificar a las personas involucradas. Por casualidad, Eduardo lo lee y, al sentirse aludido, pone los hechos en conocimiento del Colegio de Abogados. ¿Ha cometido alguna infracción deontológica Juan?. No, quien la ha cometido ha sido exclusivamente Antonio, que fue quien reveló la información por el cliente, por lo que deberá dirigirse la denuncia contra él. No, porque Juan siempre puede negar que lo contado tenga referencia con Eduardo, cuyo nombre no se revela en ningún momento. No, porque la confidencialidad no protege las informaciones meramente personales que no forman parte directa del asunto encomendado. Sí, porque el deber de secreto se extiende respecto de los hechos que se conozcan por la actuación profesional y vincula a todos y cada uno de los integrantes del despacho.

Francisco, abogado en ejercicio, recibe en su despacho a un posible cliente. Sin embargo, tras exponerle el caso, decide rechazar el asunto. ¿Debe justificar Francisco dicha decisión?. Sí, porque los abogados deben justificar el rechazo de aquellos asuntos en los que se solicite su intervención. No, porque los abogados pueden rechazar los asuntos libremente, sin necesidad de justificar su decisión. Sí, porque los abogados deben justificar el rechazo de aquellos asuntos en los que se solicite su intervención siempre y cuando así se lo solicite el potencial cliente. No, porque los abogados pueden rechazar los asuntos libremente, salvo que expresamente se lo solicite un Colegio profesional.

Carmen es contratada por Antonia en un proceso de divorcio. En el transcurso del mismo Antonia le recrimina que no está llevando bien el asunto, que no ha aportado documentos que en su día le entregó y que si se pierde el asunto la va a denunciar al Colegio profesional. A la vista de ello, Carmen presenta un escrito al juzgado comunicando su decisión de dejar la defensa de Antonia por haber surgido graves discrepancias con su cliente y solicitando la interrupción de cualquier plazo hasta que se requiera a Antonia para que designe nuevo abogado que le asista. Carmen actúa correctamente porque no se ha producido indefensión a Antonia. Carmen no actúa correctamente porque debe continuar con la defensa de Antonia hasta la terminación del proceso. Carmen actúa correctamente porque puede dejar cualquier asunto que se le haya encomendado incluso sin comunicarlo al juzgado. Carmen no actúa correctamente porque no puede abstenerse o cesar en su intervención hasta que finalice la primera instancia.

Un abogado llamado Alejandro interviene en un procedimiento penal como defensor de su cliente. Durante el juicio, en su informe oral, critica duramente la actuación del fiscal y afirma que su argumentación es “jurídicamente insostenible y demuestra una interpretación arbitraria de las pruebas”. El fiscal considera que esas expresiones son ofensivas y solicita que se sancione al abogado. ¿Ha vulnerado Alejandro las normas deontológicas de la Abogacía?. Sí, porque el abogado debe mantener siempre una actitud de respeto que le impide criticar las actuaciones del fiscal. Sí, porque la libertad de expresión del abogado está limitada a lo que previamente autorice el juez. No, porque el abogado tiene libertad absoluta de expresión durante un procedimiento judicial y nunca puede ser sancionado por sus manifestaciones. No necesariamente, porque el abogado tiene libertad de expresión en el ejercicio de la defensa, dentro de los límites del respeto y de las normas legales y deontológicas.

Sofía, abogada, asesora habitualmente a dos socios de una empresa, Andrés y Beatriz. Tras surgir un conflicto entre ambos por el reparto de beneficios, Andrés le solicita que lo represente en una demanda contra Beatriz. Sofía dispone de información confidencial de ambos obtenida durante su asesoramiento previo. ¿Puede Sofía aceptar el encargo de Andrés?. Sí, porque Andrés se lo ha solicitado primero. No, porque debe analizar el conflicto de intereses y no puede asumir la representación si ello compromete sus deberes de lealtad, independencia o secreto profesional. Sí, siempre que Beatriz no se oponga formalmente. Sí, porque el deber de secreto profesional desaparece cuando termina el asesoramiento inicial.

Miguel, abogado, representa a una empresa en un procedimiento judicial. El administrador de la sociedad le exige que presente un documento que sabe que es falso para obtener una resolución favorable. El cliente amenaza con despedirlo si se niega. ¿Qué debe hacer Miguel?. Presentar el documento, porque el abogado debe obedecer las instrucciones de su cliente. Presentar el documento únicamente si el cliente firma una declaración asumiendo la responsabilidad. Negarse a utilizar el documento falso, actuando conforme a su independencia profesional y a sus obligaciones legales y deontológicas. Presentar el documento y comunicar posteriormente al juzgado que actuó por orden de su cliente.

Ana ejerció de abogada en un procedimiento penal que finalizó hace más de diez años. Con motivo de un libro que está escribiendo, sobre estrategias procesales, decide escribir algunos detalles del caso, y en concreto, publica comunicaciones que realizó tanto con su cliente como con los abogados del adversario. ¿Es correcta dicha publicación?. No, porque el deber de secreto profesional continua aun cuando el procedimiento esté terminado, sin que esté limitado en el tiempo. No, porque el deber de secreto profesional continua aun cuando el procedimiento esté terminado, siempre que no hayan transcurrido más de veinte años de la finalización del mismo. Sí, al haber transcurrido más de diez años de la finalización del procedimiento. Sí, porque pueden desvelarse detalles siempre y cuando haya finalizado el procedimiento y se haya cesado en la dirección de dicho cliente.

Carlos es un abogado que asume la defensa penal de Alberto. Durante la preparación del juicio oral Alberto exige taxativamente a Carlos que plantee una línea de defensa y presente unos documentos que, según el criterio técnico de Carlos, son manifiestamente infundados y contrarios a las normas de la profesión. Ante la negativa de Alberto a reconsiderar su postura, ¿ cómo debe proceder Carlos?. Está obligado a seguir estrictamente las instrucciones de Alberto, pues el derecho de defensa pertenece al cliente y el letrado actúa como mandatario. Debe someter la discrepancia a la decisión vinculante de la Comisión Deontológica de su respectivo Colegio antes de adoptar cualquier medida. La independencia profesional le faculta para rechazar las instrucciones de Alberto, y al no poder actuar conforme a sus propios criterios, debe cesar en la defensa, evitando causar indefensión. Podrá desatender las instrucciones de Alberto únicamente si este le abona la totalidad de los honorarios presupuestados con carácter previo a la vista.

María, letrada en ejercicio, interviene en un juicio civil y, durante la exposición de su informe de conclusiones, califica al abogado de la parte contraria de “tramposo habitual” y “persona moralmente despreciable”. Tras ser amonestada por el juez, Lucía alega que sus palabras quedan amparadas por la libertad de defensa y de expresión de los letrados en estrados. ¿Es ajustada a derecho su postura?. Sí, porque la libertad de expresión de quien ejerce la abogacía en estrados es absoluta y carece de límites en el ejercicio de la defensa. No, porque la libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. Sí, siempre que dichas expresiones se hayan formulado verbalmente y no consten en un escrito procesal. No, pero únicamente si el tribunal impone de inmediato una sanción de corrección de estrados.

Santiago asume la defensa penal de Teresa en un proceso judicial que concluye con una sentencia absolutoria. Finalizando el litigio, un programa de televisión le propone a Santiago que detalle las confidencias que Teresa le hizo durante sus reuniones privadas en prisión. Teresa otorga su consentimiento expreso y por escrito a Fernando para que revele tales datos en televisión. ¿Puede Santiago difundir dichas manifestaciones?. Sí, dado que la autorización expresa y escrita del cliente convalida la revelación y exime al letrado de toda responsabilidad deontológica. No, puesto que el consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional. Sí, siempre que Santiago destine la contraprestación económica percibida a fines de asistencia jurídica gratuita. Sí, siempre que hayan transcurrido al menos veinte días hábiles desde la firmeza de la resolución judicial.

Inés, abogada que asume la defensa de una mercantil en un conflicto civil, mantiene una conversación telefónica con Raúl, letrado de la parte demandante, a fin de negociar un posible acuerdo extrajudicial. Inés decide grabar la conversación telefónica sin advertir de ello a Raúl ni recabar su conformidad previa. ¿Su conducta es conforme con la deontología?. Sí, porque cualquier interviniente en una comunicación telefónica está facultado para grabarla sin consentimiento ajeno si persigue fines de prueba. No, porque las conversaciones en que intervengan profesionales de la abogacía solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto profesional. Sí, siempre que la grabación no se difunda a través de redes sociales ni medios de comunicación masivos. No, salvo que se trate de un asunto tramitado ante el orden jurisdiccional penal.

En el curso de un litigio de reclamación de cantidad, Carla recibe de la abogada contraria un correo electrónico confidencial en el que esta propone zanjar el litigio reconociendo una deuda de 15.000 euros. Fracasadas las negociaciones, el cliente de Carla le ordena terminantemente aportar dicho correo al juzgado para acreditar que la contraparte admite la deuda. ¿Puede Carla aportar dicha comunicación a los tribunales?. Sí, porque las instrucciones del cliente y el derecho a emplear medios pertinentes de prueba prevalecen sobre cualquier deber corporativo. No, puesto que cualquier comunicación entre profesionales de la abogacía está amparada por el secreto profesional, no pudiendo aportarse a los tribunales ni facilitarse al cliente salvo autorización expresa de remitente y destinatario o de la Junta de Gobierno por causa grave. Sí, siempre que el correo electrónico no contenga una advertencia expresa de que sea un correo estrictamente confidencial. Sí, con la única condición de que Carla remita copia simultánea al Colegio de la Abogacía correspondiente.

José llevó la dirección letrada de una compañía constructora hace diez años, momento en el que finalizó el encargo profesional y cesó en el ejercicio de la abogacía. Años después, un acreedor de dicha compañía le solicita datos financieros reservados que José conoció únicamente por razón de aquel patrocinio. ¿Sigue Javier obligado a guardar reserva sobre tales datos?. No, dado que el deber de secreto profesional prescribe transcurridos cinco años desde la terminación del encargo. No, porque la obligación de secreto profesional desaparece una vez que el profesional cesa en el ejercicio de la abogacía. Sí, ya que la obligación de guardar el secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios y no se encuentra limitada en el tiempo. Sí, salvo que el solicitante acredite la concurrencia de un interés legítimo mediante acta notarial.

Tras producirse una catástrofe ferroviaria con numerosos heridos y personas fallecidas, un bufete de abogados reparte octavillas y remite correos a los familiares hospitalizados a los doce días del accidente ofreciendo asesoramiento jurídico para reclamar daños. ¿Esta publicidad por parte del bufete de abogados es conforme a las normas deontológicas?. Sí, pues rige el principio de libre competencia y libertad de publicidad informativa de los servicios letrados. No, porque la publicidad no podrá suponer la oferta de servicios a víctimas de catástrofes o calamidades públicas hasta transcurridos al menos 45 días desde el hecho, salvo que haya sido solicitada expresamente por la víctima. Sí, siempre y cuando la consulta inicial se ofrezca de forma gratuita. No, salvo que el bufete cuente con una autorización previa del Decano del Colegio respectivo.

Un letrado publica un anuncio en sus redes sociales con el siguiente texto: “Garantizamos la revocación de su sanción tributaria en vía judicial o le devolvemos íntegramente sus honorarios”. ¿Vulnera dicho anuncio las reglas deontológicas de la abogacía?. Sí, porque la publicidad de los servicios de la abogacía no podrá suponer la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente del profesional. No, pues cada profesional es libre de fijar y condicionar sus honorarios a un resultado favorable. No, siempre que en la letra pequeña se señale que la resolución final corresponde a un órgano jurisdiccional. Sí, pero únicamente si el Colegio de la Abogacía no ha autorizado de forma previa el texto promocional.

Una persona acude al despacho de Sofía solicitando que formule una demanda de reclamación de cantidad frente a un contratista. Sofía, tras escuchar el relato de los hechos, rehúsa asumir el asunto sin comunicar ningún motivo concreto a dicha persona. ¿Incurre Sofía en alguna infracción de las normas deontológicas?. Sí, porque quien ejerce la abogacía está legalmente obligado a justificar por escrito ante el requirente las causas de inviabilidad del caso. No, puesto que la libertad de defensa comprende el derecho de aceptar o rechazar el asunto sin necesidad de justificar la decisión. Sí, salvo que el requirente disponga del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. No, pero únicamente si Sofía deriva expresamente al cliente a otro despacho del mismo partido judicial.

Gonzalo está incorporado como ejerciente al Colegio de la Abogacía de Madrid. Con motivo de la defensa procesal de un cliente en un procedimiento penal, se desplaza a los juzgados de Bilbao para intervenir en la vista de juicio oral. ¿Qué normativa deontológica debe observar Gonzalo durante dicha intervención profesional?. Únicamente las normas deontológicas del Colegio de su residencia habitual (Madrid), al ser donde se encuentra colegiado como ejerciente. Exclusivamente las disposiciones de la LECrim, quedando excluida la normativa corporativa en sedes judiciales ajenas. Deberá respetar las normas deontológicas vigentes en el ámbito del Colegio de acogida o donde desarrolle la actuación profesional (Bizkaia). Únicamente el Colegio Deontológico Europeo, sin que resulten de aplicación normales colegiales territoriales de ámbito español.

Lucía ha obtenido el título profesional de acceso a la abogacía y la procura. Quiere ejercer como abogada en asuntos civiles y como procuradora en procedimientos penales, trabajando para clientes distintos. ¿Puede hacerlo simultáneamente?. Sí, porque actuaría en órdenes jurisdiccionales diferentes. Sí, siempre que no desempeñe ambas funciones en el mismo procedimiento. No, porque no puede simultanear el ejercicio de ambas profesiones ni la colegiación como ejerciente en ambos colegios. Sí, si obtiene autorización de los dos colegios profesionales.

La parte contraria llama a una abogada y le propone negociar directamente un acuerdo, sin informar a su propio letrado. La abogada sabe que esa persona cuenta con asistencia letrada. ¿Cómo debe proceder?. Puede negociar directamente porque la iniciativa procede de la parte contraria. Puede hacerlo si su propio cliente autoriza la conversación. Necesita la autorización expresa del letrado contrario para negociar directamente con esa persona. Puede negociar directamente si el acuerdo todavía no se presenta ante el juzgado.

Elena consulta a un abogado sobre un conflicto contractual y le proporciona información confidencial relevante para su defensa. Finalmente no le encarga el asunto ni paga honorarios. Una semana después, la otra parte solicita contratarlo para ese mismo conflicto. Aceptarlo comprometería la confidencialidad de lo conocido en la consulta. ¿Puede asumir el encargo?. Sí, porque Elena no llegó a contratar formalmente sus servicios. Sí, siempre que no entregue a su nuevo cliente documentos de Elena. Sí, porque la consulta no generó honorarios. No, porque la consulta previa sobre el mismo asunto afecta a su deber de secreto profesional.

Laura acepta interponer una demanda y explica a su cliente cuánto cobrará por sus servicios. Sin embargo, decide no informarle sobre las consecuencias de una eventual condena en costas, porque todavía no sabe si ganarán el procedimiento. ¿Ha cumplido su deber de información?. No, porque también debe informar sobre las consecuencias de una eventual condena en costas. Sí, porque únicamente está obligada a explicar sus propios honorarios. Sí, porque las costas solo deben explicarse después de que se impongan. No, porque antes de presentar la demanda debe comunicar al cliente el importe exacto de las costas que tendría que abonar si fuera condenado.

Pablo recibe en nombre de su cliente una indemnización de 9.000 euros. Como el cliente le adeuda 1.000 euros de honorarios, decide descontarlos y entregarle los 8.000 restantes. No existe autorización expresa y escrita para ese descuento ni otra habilitación legal o judicial. ¿Es correcta su actuación?. Sí, porque los honorarios ya eran exigibles. No, porque no puede descontar unilateralmente sus honorarios de los fondos recibidos para el cliente. Sí, siempre que entregue una factura por la cantidad descontada. No, porque las indemnizaciones deben entregarse íntegramente al cliente, incluso cuando este autorice expresamente y por escrito el descuento de honorarios.

Se acuerda judicialmente el registro del despacho de una abogada. Esta solicita la asistencia del Decano de su Colegio. ¿Qué función corresponde a esa intervención colegial?. Velar por el secreto profesional y por que las actuaciones se limiten a la investigación que motivó el registro. Autorizar el registro, sin cuya aprobación no puede ejecutarse la resolución judicial. Decidir de forma vinculante qué documentos pueden incorporarse al procedimiento penal. Impedir cualquier examen de documentación profesional, aunque esté relacionada con el delito investigado.

Durante una actuación profesional, una letrada considera que una autoridad está perturbando indebidamente su independencia y el ejercicio de la defensa. ¿Puede solicitar protección a su Colegio?. Sí, y el Colegio puede anular las resoluciones judiciales que considere contrarias a su independencia. Sí, mediante el amparo colegial y conforme al procedimiento aplicable. No, porque los colegios únicamente intervienen en conflictos entre abogados. No, salvo que la actuación de la autoridad haya sido declarada delictiva por sentencia firme.

Clara recibe el encargo de presentar una demanda de responsabilidad civil contra el anterior abogado de su cliente por una supuesta negligencia profesional. ¿Puede interponerla sin comunicar previamente su intención al Colegio de la Abogacía?. Sí, porque la obligación de comunicación únicamente existe cuando el abogado reclama en nombre propio. No, porque necesita obtener la autorización previa de la Junta de Gobierno del Colegio para presentar la demanda. No, porque debe comunicar al Colegio su intención de interponerla, aunque esa comunicación no constituye una solicitud de autorización. Sí, siempre que haya dirigido previamente una reclamación extrajudicial al abogado contra el que pretende demandar.

Ana y Luis comparten local, recepción y sala de reuniones, pero mantienen sus propios clientes, facturan separadamente y no se presentan bajo una denominación común. ¿El hecho de compartir estos medios implica que ejercen colectivamente la abogacía?. Sí, porque compartir de forma estable instalaciones y servicios determina la existencia de un despacho colectivo. No, siempre que hayan obtenido autorización previa del Colegio para mantener separados sus despachos. No, porque pueden compartir medios manteniendo la independencia de sus despachos y sin identificarse conjuntamente ante los clientes. Sí, porque la facturación separada solo permite conservar el ejercicio individual cuando tampoco se comparten servicios de recepción.

Marta lleva cuatro años ejerciendo como abogada y no tiene sanciones disciplinarias pendientes de cumplimiento. Quiere ser la tutora responsable de un equipo de tutoría de las prácticas externas del máster de acceso. ¿Cumple el requisito de experiencia exigido para esa función?. Sí, porque los tres años de ejercicio exigidos para participar como tutora permiten también asumir la responsabilidad del equipo. No, porque ningún profesional con menos de cinco años de ejercicio puede formar parte de un equipo de tutoría. Sí, siempre que el centro que organiza las prácticas acepte su designación y el Colegio certifique su experiencia. No, porque para ser responsable necesita cinco años, aunque sí reúne la experiencia mínima para participar como otra tutora del equipo.