ejtest revision 31-40

La suspensión del acto administrativo impugnado: Es la regla general en cualquier recurso administrativo o judicial. Requiere siempre que el recurso se fundamente en una causa de nulidad del acto. No se aplica en un contexto que no sea el recurso de un acto administrativo. Es automática al mes de su solicitud sin resolución expresa al respecto.

El plazo para cursar la notificación de un acto: Es de 15 días desde que se haya dictado el acto. Es de 20 días desde que se haya dictado el acto. Es de 10 días desde que se haya dictado el acto. No existe un plazo de notificación.

El acto administrativo será inmediatamente ejecutivo: Siempre. Salvo si resuelve una sanción susceptible de recurso de reposición. Salvo que se desestime la solicitud de suspensión. Solo cuando una disposición lo establezca expresamente.

El plazo máximo para notificar una resolución administrativa expresa: Es siempre de seis meses. Es de seis meses con carácter subsidiario. Es de tres meses con carácter subsidiario. Es siempre de tres meses.

La incompetencia jerárquica manifiesta en la adopción de un acto administrativo: Conlleva la anulabilidad. Conlleva la nulidad. Se trataría de una irregularidad no invalidante. Conlleva la anulabilidad solo si el órgano es además incompetente por razón de la materia.

El defecto de forma de un acto administrativo: Siempre determinará su anulabilidad. Nunca determinará su anulabilidad. Conlleva su anulabilidad si produce la indefensión del interesado. Conlleva la nulidad del acto.

El procedimiento administrativo es el cauce que ha de seguir la Administración para:. Aprobar reglamentos. Dictar actos administrativos. Firmar contratos. Cualquier actuación que lleve a cabo.

Según la Constitución española: Corresponde a la propia Constitución la regulación del procedimiento administrativo. Para evitar que se adopten decisiones de plano, cada Administración aprobará una norma que regule el procedimiento administrativo. La regulación del procedimiento administrativo se ha de hacer por ley orgánica. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.

La regulación del procedimiento administrativo común como competencia del Estado significa que: La ley estatal contiene una regulación concreta y detallada del procedimiento administrativo. La ley estatal contempla una serie de reglas y garantías procedimentales mínimas que se han de observar en todo procedimiento administrativo. Solamente el Estado puede dictar leyes sobre procedimiento administrativo. Aun cuando se reconozcan competencias legislativas a las Comunidades Autónomas en algunas materias, estas no podrán dictar normas procedimentales.

Tienen la consideración de Administración Pública: La Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y las universidades públicas. La Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. La Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local, los organismos públicos y las entidades de Derecho público. La Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y las entidades de Derecho privado.

En cuanto a las situaciones jurídicas de las/os administradas/os frente a la Adminis-tración: El deber, como situación pasiva, deriva de una relación jurídica concreta. La obligación tiene su origen en una norma. Las situaciones mixtas otorgan potestades a las/os administradas/os. Frente a las potestades de la Administración, la ciudadanía se halla en situación de su-jeción.

El uso de la firma electrónica es obligatorio: Para cualquier actuación ante la Administración. Para interponer recursos. Para presentar alegaciones. Para proponer la práctica de la prueba.

Si el/la representante lleva a cabo una actuación en nombre de la persona interesada: La representación habrá de estar acreditada en todo caso. No se admitirá la actuación si no consta la acreditación. Tratándose de la presentación de una solicitud, se tendrá por realizada la actuación si se aporta la acreditación de la representación en un plazo de diez días. Se presume la representación en cualquier tipo de actuación.

La no abstención, cuando concurre causa para ello: Supone la invalidez del acto dictado. Ha de ser admitida por la persona interesada. Es constitutiva de delito. No invalida por sí misma el acto dictado.

La recusación. Como cuestión incidental, no suspende la tramitación del procedimiento administrativo. Es un derecho del titular del órgano que está tramitando el procedimiento administra-tivo. Es un derecho de la persona interesada. Una vez planteada, es resuelta por el mismo sujeto recusado.

Cuando se acuerda la adopción de medidas provisionales con anterioridad a la iniciación del procedimiento administrativo: Habrá de iniciarse el procedimiento en un plazo máximo de quince días. Es imprescindible que con carácter previo se dé audiencia a la parte interesada. Las medidas perduran hasta la finalización del procedimiento. No es posible su modificación a lo largo del procedimiento.

Si el denunciante ha participado en la comisión de la infracción que denuncia y la citada infracción ha supuesto un menoscabo del patrimonio de las Administraciones: Se le podrá eximir del cumplimiento de la sanción si es el primero en aportar pruebas que permitan iniciar el procedimiento. Se le podrá eximir del cumplimiento de la sanción si ofrece elementos de prueba que posean un valor significativo a los que ya disponga la Administración. Se le reducirá la sanción si es el primero en aportar pruebas que permitan iniciar el pro-cedimiento. Se le impondrá en todo caso la sanción que corresponde a la infracción cometida, ya que la Ley no contempla excepciones a esa regla.

La denuncia: Al ser presentada por un particular, constituye un supuesto de iniciación del procedi-miento administrativo a solicitud de persona interesada. Convierte automáticamente a quien la presenta en persona interesada en el procedi-miento correspondiente. Supone la obligación para la Administración de iniciar el procedimiento administrativo. Constituye un supuesto de iniciación de oficio del procedimiento administrativo.

Si la Administración, durante la instrucción del procedimiento, requiere a la persona inte-resada el cumplimiento de un trámite en el plazo de diez días, y esta no lo cumple: Se le declarará decaída en su derecho a ese trámite de manera automática por el trans-curso del plazo. Se producirá la terminación del procedimiento. Podrá cumplir el trámite antes de la notificación de la resolución por la que se le declara decaída en su derecho al trámite, incluso en el mismo día de la notificación. Podrá cumplir el trámite antes de la notificación de la resolución por la que se le declara decaída en su derecho al trámite, pero no el mismo día de la notificación.

Como consecuencia de la implantación de los registros electrónicos: Pueden presentarse documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. La presentación de documentos en un día inhábil se entenderá realizada el anterior día hábil. El horario de los registros no sufre alteración, ya que solo cabe registrar documentos durante el horario de apertura de las dependencias administrativas. Los plazos que hayan de cumplir las Administraciones se inician al día siguiente de la fecha de presentación.

Salvo disposición expresa en contrario, la regla general respecto de los informes es que: Son preceptivos y vinculantes. Son preceptivos y no vinculantes. Son facultativos y no vinculantes. Son facultativos y vinculantes.

El trámite de audiencia: Cabe suprimirlo cuando las personas interesadas deciden prescindir de él. Es un trámite obligatorio en todo procedimiento administrativo. Permite que las personas interesadas propongan medios probatorios. Obliga a las personas interesadas a presentar alegaciones.

Una de las manifestaciones del principio de congruencia de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo es que: Si surgen materias conexas no planteadas por las personas interesadas, la Administración también las puede resolver sin necesidad de abrir un nuevo trámite de audiencia. La Administración no está obligada a resolver cuando las normas aplicables son insuficientes. La resolución no puede empeorar la situación jurídica de la persona que interpone un recurso ante la Administración. La Administración se ha de limitar a resolver únicamente lo pedido por las personas interesadas.

La diferencia entre el desistimiento y la renuncia se basa en que: Se desiste del procedimiento o solicitud y se renuncia al derecho. Se desiste del derecho y se renuncia al procedimiento. El desistimiento lo plantea la persona interesada, mientras que el planteamiento de la renuncia corresponde a la Administración. Si se desiste, el procedimiento acaba para todas las personas interesadas, lo cual no sucede con la renuncia.

La terminación convencional del procedimiento administrativo: Procede en todo tipo de procedimiento administrativo. Es un ejemplo de colaboración entre la Administración y las personas interesadas. Está contemplada para aquellos supuestos en los que la Administración no resuelve en plazo. Implica que la Administración pone fin al procedimiento mediante una resolución.

Tiene carácter subsidiario: El recurso administrativo. La revisión de oficio. Ambos, el recurso y la revisión. Ninguno de los dos, ni el recurso ni la revisión.

Pueden revisarse de oficio: Los reglamentos. Los actos que lesionen cualquier derecho. Los actos que no pongan fin a la vía administrativa. Los actos constitutivos de infracción civil.

La declaración de lesividad: Es imprescindible para que la Administración pueda impugnar su acto nulo. No requiere audiencia a los interesados. Afecta a los actos anulables. No es un presupuesto procesal para la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

La revocación de actos: Concierne solo a los actos favorables. Concierne tanto a los actos favorables como a los de gravamen. Solo concierne a las disposiciones normativas de carácter genera. Concierne solo a los actos de gravamen.

No es obstáculo para recurrir el acto: Que el interesado no haya comparecido en el expediente administrativo previo del que deriva el acto. No estar afectado por el contenido del acto. Ser una Administración Autonómica. El transcurso del plazo.

La firmeza del acto administrativo significa: Que no se ha interpuesto el recurso correspondiente en plazo. Que el acto agota la vía administrativa. Que la eficacia del acto queda suspendida mientras sea firme. Que el acto se ha dictado por un órgano que no tiene superior jerárquico.

El recurso extraordinario de revisión: Requiere la firmeza del acto que se recurre. Se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Se interpone solo por cualquier causa de nulidad. Se interpone en el plazo de tres meses desde que se dictó el acto recurrido.

La resolución de un recurso extraordinario de revisión: No puede ser presunta. La dicta el superior jerárquico del órgano ante el que se interpone. Si es expresa y desestimatoria puede recurrirse en alzada. Puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a la responsabilidad de los poderes públicos es INCORRECTA?: Según la Constitución española los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea con-secuencia de los servicios públicos. La Constitución española proclama la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Según establece la Constitución española los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley. El Estado tiene la competencia para regular el régimen básico de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pudiendo luego las Comunidades Autónomas desarrollar normativamente dicho régimen.

El régimen jurídico vigente sobre la responsabilidad de las Administraciones Públicas está recogido en: La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). El Código Penal. El Código Civil y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). La mencionada LRJSP y la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración (que en las relaciones entre particulares se denominada responsabilidad civil o extracontractual): Es idéntico a la responsabilidad extracontractual entre particulares. Está basado en la culpa o negligencia de la Administración, siendo la responsabilidad objetiva. Está basado en la culpa o negligencia de la Administración, siendo la responsabilidad subjetiva. Está fundada en el hecho de que el particular sufra un daño antijurídico que no tiene el deber de soportar.

En la responsabilidad patrimonial de la Administración: La responsabilidad es subjetiva, imputable al causante del hecho lesivo. La responsabilidad es objetiva, basada únicamente en la lesión causada y no en la culpa del causante. La responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva según los casos. Se fundamenta en la culpa o negligencia no de la Administración sino del funcionario que comete el hecho lesivo.

La lesión causada a un particular por la Administración Pública que puede dar lugar a un derecho a ser indemnizado: Es una lesión que consiste meramente en la producción de un daño a un particular. La lesión se entiende como un daño exclusivamente económico: la desaparición o pérdida de valor de un bien o interés jurídico. Debe entenderse en sentido normativo: la Administración no puede causar y, por tanto, debe indemnizar por los daños causados que no sean conformes con el ordenamiento jurídico y que, por ello, el particular afectado no tiene el deber de soportar. No deriva solo de un daño antijurídico, sino que puede surgir también de un daño causado de forma conforme con el ordenamiento (por ejemplo: una expropiación forzosa, órdenes de demolición, etc.).

Las formas de actividad administrativa que son idóneas para causar un daño del que la Administración Pública debe responder:6. Son solo aquellas que consisten en servicios públicos en sentido estricto (sanidad, transporte, etc.). Son solo las actividades materiales. Son las actividades materiales, pero también la inactividad o la actividad jurídica. Son las actividades materiales y la actividad jurídica, pero no la inactividad.

Para que la Administración Pública responda con su patrimonio de los daños causados a un particular, deben reunirse los siguientes requisitos: El daño y la culpa o negligencia de la Administración. La causa de la responsabilidad (la actividad que genera el daño), el daño, y la relación de causalidad. La causa de la responsabilidad y el daño, sin que sea necesaria la relación de causalidad entre ambos. Basta con el daño producido.

¿Cuándo existe la obligación jurídica de soportar un daño provocado por la Administra-ción Pública?: Nunca. Siempre que la Administración haga uso de una potestad que ostenta legalmente. Los particulares tienen el deber de soportar las consecuencias derivadas del ejercicio legítimo de las potestades administrativas por la Administración, aunque esta las ejerza de un modo no conforme con el ordenamiento. Cuando la Administración ejerza sus potestades de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Para poder imputar el resultado del daño a una Administración Pública quien realiza la ac-tividad causante del daño ha de ser: Una autoridad, un funcionario o un empleado inserto en la organización administrativa, cualquiera que sea la naturaleza de su vínculo. Necesariamente un funcionario. Un funcionario o un empleado público, aunque estén actuando fuera de sus funciones. La responsabilidad patrimonial de la Administración surge también cuando el daño de-riva de un delito cometido por el funcionario o empleado público.

Para que la Administración Pública responda con su patrimonio de los daños causados a un particular. Debe existir necesariamente una relación de causalidad entre el daño causado y la acti-vidad administrativa causante del daño. No siempre es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño causado y la actividad administrativa causante del daño. La legislación vigente establece que cualquier causa que contribuya al resultado final debe considerarse como causa del daño. No es necesario que exista ninguna relación de causalidad entre el daño causado y la actividad administrativa causante del daño.

En cuanto al ejercicio del derecho a reclamar una indemnización a la Administración Pública por el daño causado: Prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se inician exclusivamente por solicitud de los interesados, nunca de oficio. La tramitación del procedimiento incluye, además de los trámites ordinarios de alegaciones, prueba y audiencia, la solicitud de informes y dictámenes. Determinar cuál es la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios causados por las Administraciones Públicas a los particulares es una cuestión que depende tanto de la relación jurídica (Derecho público o privado) como del ámbito (sociosanitario o administrativo general) en el que se producen.

Respecto a la responsabilidad de las autoridades y demás personal al servicio de las Ad-ministraciones Públicas puede decirse que: Estos responderán directamente por los daños causados a los particulares solo cuando exista dolo o culpa por su parte. Estos responderán directamente por los daños causados a los particulares. Quien responde directamente por los daños y perjuicios causados a los particulares es siempre la Administración, sin excepciones. Quien responde directamente por los daños y perjuicios causados a los particulares es la Administración, aunque no cuando los daños generados hayan sido causados por aquellos fuera del ejercicio de sus funciones.

Los decretos legislativos son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno: Que deben ser objeto de un control a posteriori por el Congreso. Que necesitan de una autorización expresa de las Cortes. Que pueden versar sobre cualquier materia. Que tienen un carácter provisional.

Selecciona, entre las alternativas, aquella que NO corresponda a uno de los navegadores más utilizados. Safari. Concert. Firefox. Opera.

El navegador que viene instalado por defecto en los dispositivos de Apple es: Chrome. Firefox. Opera. Safari.

El modo de navegación en que el objetivo es evitar que se recuerde la actividad del usuario se denomina: Privada o de incógnito. Espía o secreta. Supervisada o controlada. Segura o protegida.

Entre los buscadores más conocidos NO se encuentra: Brave. Bing. DucDuckGo. Ask.com.

Respecto a la relación existente entre navegadores y buscadores podemos decir que: Desde un navegador podemos utilizar exclusivamente un buscador predeterminado. Podemos instalar un navegador en la página de un buscador. Los navegadores están instalados en línea y los buscadores en el computador. Desde un navegador podemos utilizar diversos buscadores.

Para buscar resultados contenidos en ficheros de un tipo determinado con Google se uti-liza: Filetype. Infile. Filerequest. Documenttype.

Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales en el artículo 27 de: La Constitución española. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estatuto de Gernika. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Los derechos morales en el campo del derecho de autor incluyen dos aspectos específicos. Uno de ellos es el de preservar la: Confidencialidad de la obra. Integridad de la obra. Distribución de la obra. Trazabilidad de la obra.

Las licencias Creative Commons se generan en base a cuatro condiciones. La condición que establece que en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría se denomina: Reconocimiento (Attribution). Autoría (Authorship). Explotación (Exploitation). Sin obras derivadas (No Derivate Works).

Las licencias Creative Commons se generan en base a cuatro condiciones. La condición que establece que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales se denomina: No Comercial (Non commercial). Comercialización libre (Free marketing). Explotación prohibida (Exploitation not allowed). No para beneficio (Non profit).

Las licencias Creative Commons se generan en base a cuatro condiciones. La condición que establece que la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada se denomina: Versión estática (Static version). Integridad obligatoria (Mandatory integrity). Compartir Igual (Share alike). Sin obras derivadas (No Derivate Works).

Las licencias Creative Commons se generan en base a cuatro condiciones. La condición que establece que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. se denomina: Licencia compartida (Shared license). Transformar igual (Transform equal). Sin obras derivadas (No Derivate Works). Compartir Igual (Share alike).

La extensión es la parte de la denominación de un archivo que se utiliza para indicar el tipo de contenido del archivo. Entre las extensiones comunes está: DPF. PJE. DOW. ODT.

Entre los programas específicos para manejar vídeo están VLC, FLV o Movie Maker. Entre las extensiones más frecuentes asociadas a estos programas están: jpg, gif, bmp y png. avi, mpeg, wmv y flv. txt, doc, docx y odt. odx, ogg, wav, wma.

Entre los programas específicos para manejar sonido están VLC, Audacity o SoundEditor. Entre las extensiones más frecuentes asociadas a estos programas están: odx, ogg, wav, wma. avi, mpeg, wmv y flv. jpg, gif, bmp y png. txt, doc, docx y odt.

Entre los formatos de archivo ejecutable, usados habitualmente para la instalación o eje-cución de programas, NO se encuentra: aox. exe. bat. dll.

Los dispositivos que permiten la interacción que se incorporan al cuerpo y permiten la interacción con aparatos electrónicos se conocen como. Wearables. Bodywears. Bodytoys. Bodyboards.

Un chat donde por lo menos uno de los usuarios que sostiene la conversación es un robot se denomina: Robotalk. Speechbot. Chatbot. Talkchat.

Entre las herramientas usadas en la actualidad que permiten realizar videoconferencias NO está: Jitsi. Zoom. Skype. Vidix.

La entidad que agrupa a nivel mundial a las sociedades científicas que trabajan en materia de ergonomía es la: Alianza para la Promoción de la Ergonomía (APE). Federación Mundial de Ergonomía (WEF). Liga Internacional para la Promoción de la Ergonomía (LIPE). Asociación Internacional de Ergonomía (IEA).

La ergonomía busca la optimización de tres elementos del entorno laboral, por medio de métodos asociados a la persona, la técnica y la organización. Estos tres elementos son: Social, organizativo y labora. Psicológico, físico y social. Humano, máquina y ambiente. Psicológico, laboral y ambiental.

¿Qué norma establece los principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo?. UNE-EN ISO 717. UNE-EN ISO 6385. UNE-EN IEC 60987. UNE-EN 12251.

Entre los trastornos musculoesqueléticos en hombros y cuello se encuentra: El Síndrome del cuello en uve. La Tendinitis del flotador carpiano. El Hombro congelado. La Tortolosis inducida.

Entre los trastornos musculoesqueléticos en brazo y codo se encuentra: El Síndrome del túnel epitrocleítico. La Epicondilitis. El Bruxismo. La Contractura de Dupuytren.

En posición sentada, frente al ordenador, los muslos y la espalda deben permanecer formando aproximadamente un ángulo de: 90-100 grados. 120 grados. 70-80 grados. 60 grados.