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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas…. Elimina los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Equipara los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Diferencia los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Todas las opciones anteriores son falsas.

¿Quiénes no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones públicas?. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

¿Cuál de estos no es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a quienes ostentan la condición de persona que se relaciona con las Administraciones Públicas?. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

El artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) establece que «Se entiende por portal de internet…. Cualquier portal que recibe financiación pública. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración local. El punto de acceso que permite el acceso a través de internet a la información publicada por organismos internacionales.

RME responde a …. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Régimen de desarrollo y administración de Medios Eléctricos. Regulación Estatal de los Ministerios. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector privado por medios electrónicos.

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración únicamente no se impone a…. Las personas jurídicas. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Las personas físicas pueden elegir si se relacionan por medios electrónicos o no e incluso si con posterioridad desean modificar el modo elegido de comunicación.

Según los artículos 13 y 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, …. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua oficial en todo el Estado.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por: El artículo 27 de la Constitución española. El artículo 19.4 de la Constitución española. El artículo 18.4 de la Constitución española. El artículo 17.4 de la Constitución española.

¿Qué se considera en el Estado español como normativa necesaria para una correcta interpretación del derecho a la protección de datos?. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, solamente. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Exclusivamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Ninguna de las respuestas sugeridas.

Cuando algún interesado que no esté obligado a relacionarse con la Administración de manera electrónica no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo…. Estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. Estas no podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. Estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello aunque no será necesario que la persona se identifique ante el funcionario. Ningún personal funcionario público podrá realizarlas válidamente mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.