Elementos de derecho positivo

El contrato de relevo: Debe realizarse siempre y sin excepción con un trabajador en situación de desempleo. Siempre debe ser de duración indefinida. Puede realizarse con un trabajador de la empresa que tuviese un contrato de duración determinada. Todas las anteriores son respuestas correctas.

Las faltas de asistencia al trabajo son causa de despido disciplinario: Si son repetidas e injustificadas. Si son justificadas pero intermitentes y cumplen los porcentajes establecidos en el art. 52 ET. Si son repetidas, pero justificadas. Si superan el número de 100 en un periodo de 365 días laborables.

La carta de despido del trabajador: Debe contener tan solo la fecha de efectos del despido. Cumple los requisitos formales tan solo con indicar el precepto al que se acoge el empresario para despedir. Debe hacer constar por escrito los hechos que lo motivan y la fecha en la que el despido tendrá efectos. No es necesario si el despido se comunica verbalmente.

Son caracteres de la norma jurídica: La obligatoriedad y la coercibilidad. La generalidad. La abstracción. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

El poder de representación que el representado ha de conferir al representante: No se puede extinguir. Se extingue por muerte del mandante o del mandatario. No se extingue por renuncia del apoderado al encargo que le ha sido encomendado. Las respuestas b y c son correctas.

Si se constituye un Derecho subjetivo nuevo sobre la base de otro preexistente y el titular de este Derecho subjetivo nuevo sustituye al titular del Derecho subjetivo preexistente estamos ante: Siempre un Derecho subjetivo accesorio. Una modificación objetiva del Derecho subjetivo pues afecta a su contenido. Una modificación subjetiva del Derecho subjetivo. Una modificación en la realidad social sobre la que recae ducho derecho.

¿Cuál de las siguientes causas no extingue el contrato de trabajo celebrado por tiempo indefinido?. El despido del trabajador. La muerte del trabajador. La jubilación del empresario. La expiración del tiempo convenido.

Los límites intrínsecos del Derecho subjetivo son. La jerarquía y la buena fe. La jerarquía y la antigüedad. La buena fe y el abuso del derecho. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

En el régimen jurídico, los territorios con Derecho foral. Está vigente todo el derecho foral establecido hasta la promulgación de la constitución sin posterior desarrollo del mismo. .

. En 9.3 de la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables que significa: Que una disposición de carácter sancionador, si es desfavorable o restrictiva de derechos individuales nunca podrá tener carácter retroactivo. ,.

Las concesiones administrativas de obras públicas. Bienes destinados al uso público. Bienes destinados al fomento de la riqueza nacional. Bienes muebles. Bienes inmuebles por analogía.

Las referencias al patrimonio de una persona vienen determinadas por. El patrimonio personal, el cual está unido a una persona jurídica que ostenta su titularidad. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad, según la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de las personas con discapacidad. El conjunto de bienes muebles e inmuebles, derechos, créditos de una persona, además de las deudas y obligaciones que mantenga. Al inventario de bienes y derechos de las personas físicas.

María Martínez es una mujer soltera muy bien situada económica y que realiza numerosos negocios inmobiliarios en su ciudad. Ha designado a Luis Pérez, su cuñado, como representante para comprar un solar urbano en la ciudad con la intención de montar diversas salas de cine y un negocio de restauración. Con este fin María ha otorgado un poder notarial consignado en el documento público correspondiente. La compra del solar por Luis en nombre de María Martínez por medio del apoderamiento otorgado: Produce la adquisición directa de la propiedad por parte de María Martínez en el momento que realiza la compra Luis. ,.

El Decreto-Ley es una norma de la que puede afirmarse lo siguiente. La dicta el Parlamento y tiene, por tanto, fuerza de ley. Para su dictado no es necesario que concurra una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Una vez dictada por el Gobierno, ha de ser convalidada o derogada por el Parlamento en los treinta días siguientes a su promulgación. Es el resultado del ejercicio por el Gobierno de la potestad reglamentaria que él reconoce el artículo 97 de la Constitución Española.

La competencia del Estado para determinar las fuentes del Derecho. No es exclusiva y se refiere únicamente al ámbito del Derecho civil. Se proyecta, en general, sobre todo los sectores del ordenamiento jurídico. Cuando se trae de determinar las fuentes del Derecho civil, dicha competencia no puede invadir la de las regiones (hoy Comunidades Autónomas) que contaban con Derecho civil foral o especial antes de la promulgación de la Constitución. La b) y c) son correctas.

¿Quién ostenta la competencia para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas?. La Unión Pública. El Estado. Las comunidades autónomas. Las Diputaciones Provinciales.

Un procedimiento para la selección de funcionarios, que se inicia mediante la oportuna convocatoria por el órgano competente. Es un procedimiento administrativo iniciado de oficio. Es un procedimiento administrativo iniciado a solicitud de los interesados. Es un procedimiento administrativo iniciado mediante denuncia. No es un procedimiento administrativo.

En el seno de un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración, el Consejo Consultivo de La Rioja emite dictamen perceptivo. Este dictamen: Es un acto administrativo definitivo. Es un acto administrativo de trámite. Es un acto administrativo bilateral. No es un acto administrativo.

Si un órgano dicta un acto administrativo y luego se declara mediante sentencia que, al adoptarlo, sus miembros cometieron delito de prevaricación: El acto estaba viciado de nulidad de pleno Derecho. El acto estaba viciado de anulabilidad. El acto estaba viciado de anulabilidad leve. El acto no estaba viciado de invalidez de ningún tipo.

En los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa. Producirá silencio positivo. Producirá silencio negativo. Producirá caducidad. No producirá ni silencio ni caducidad.

Contra la resolución administrativa que desestima un recurso de alzada. No cabe recurso. Cabe recurso de reposición. Cabe otro recurso de alzada. Cabe recurso contencioso-administrativo.

Cuando una Administración Pública queda obligada a indemnizar los daños y perjuicios que ha causado a terceros es porque ha incurrido en. Responsabilidad política. Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad disciplinaria. Responsabilidad penal.

El conjunto de normas jurídicas que afectan directamente a la persona o a aquellas titularidades jurídicas que esta tiene o puede adquirir constituye: El Derecho objetivo. El Derecho subjetivo. El Derecho público. Solo normas dispositivas.

Siempre que exista una prestación de trabajo personal, voluntario, dependiente, por cuenta ajena y retribuido. Se presumirá la existencia de un contrato de trabajo, salvo que las partes le hayan dado otra calificación. Se presumirá la existencia de un contrato de trabajo sin que se admita la prueba en contrario. Se presumirá la existencia de un contrato de trabajo admitiéndose la prueba en contrario. Se presumirá la existencia de un contrato de trabajo, salvo que no se haya celebrado por escrito.

Indique cuál de las siguiente normas alude al contrato de trabajo en sentido estricto y no a relación laboral que del deriva: Art. 45 ET, regulador de la “Suspensión del Contrato”. Art. 8 ET, regulador de la “Forma del contrato”. Art. 41 ET, regulador de las “Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”. Art. 49 ET, regulador de la “Extinción del contrato”.

La costumbre en derecho del trabajo. Debe ser general para todos los sectores productivos. Siempre debe mejorar las condiciones el Convenio Colectivo. Debe constar por escrito en el Convenio Colectivo. Debe ser loca y profesional.

El contrato adecuado para sustituir a un trabajador que tiene reserva de puesto de trabajo es. Contrato temporal por circunstancias de la producción. Contrato temporal por obra o servicio determinado. Contrato en prácticas. Contrato temporal de interinidad.

El Derecho privado. Regula las relaciones entre particulares, o sea, el ámbito privado de los ciudadanos. Sus normas revisten, por lo general, carácter dispositivo. Lo forman el Derecho civil y mercantil. Todas son correctas.

La falta de aptitud natural para entender y querer. Determina la nulidad de pleno derecho del contrato, que requiere, como acto voluntario que es, la existencia de voluntad en los sujetos que se obligan. Hace que se esté ante un supuesto en que es posible la recisión del contrato, por lesionar éste los intereses de terceras personas distintas a las que lo celebran. Hace que se esté ante un supuesto en que es posible la recisión del contrato, por lesionar éste los intereses de terceras personas distintas a las que lo celebran. Hace que el sujeto afectado por ella pueda impugnar la declaración de voluntad que ha emitido para obligarse por medio de un contrato, por concurrir un vicio que determina la anulabilidad del mismo.

. La representación que tienen atribuida los padres en relación con sus hijos menores de edad. Es directa, por lo que los padres, al contratar con terceros en nombre de sus hijos, han de exhibir o mostrar a aquellos el correspondiente poder. Es indirecta, por lo que los padres no necesitan revelar a los terceros con quienes se relacionen el hombre del hijo por cuenta de quien actúan, exhibiendo el correspondiente poder. Es voluntaria. Ninguna es correcta.

Indique en cuál de los siguientes casos no se está ante una relación jurídica. En el supuesto de noviazgo. En el caso de un contrato de arrendamiento (relación arrendador-arrendatario). En el caso de la relación que, por virtud de la matrícula, se ha establecido entre Ud. y la Universidad de La Rioja. En el caso de un contrato de trabajo (relación empresario-trabajador).

. Álvaro debe a Cristina 15 mil euros por la compra de un coche que todavía no le ha pagado. Una vez prescrito el derecho de crédito-el derecho subjetivo que tiene Cristina a exigir a Álvaro que le pague los 15 mil euros-, Álvaro renuncia a la prescripción ganada y paga los 15 mil euros que le debía a Cristina. A los dos meses, Álvaro renuncia a la prescripción del derecho de crédito de Cristina. En este caso. No son válidas ninguna de las dos renuncias de Álvaro. Es válida la segunda pero no la primera renuncia de Álvaro. Es válida la primera pero no la segunda renuncia de Álvaro. Las dos renuncias de Álvaro son válidas.

¿A quién atribuye la constitución el control de legalidad de la actividad administrativa del Gobierno?. Al Rey. Al Congreso. Al Senado. A los Jueces y Tribunales.

¿Cuál de las siguientes entidades se considera una Administración institucional?. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Renfe-Operadora. El Banco de España. Las 3.

¿Cuál de los siguientes órganos forma parte de la Administración periférica del Estado en La Rioja?. El Director General de Tráfico. El Delegado de Gobierno en La Rioja. Los dos. Ninguno de los dos.

El cambio de funciones distintas a las pactadas, sin cumplir los requisitos del art. 39 ET. No es posible en ningún caso. Es posible siempre que el ejercicio de poder de dirección del empresario. Requiere del acuerdo de las partes o, en su defecto, del sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones de las condiciones de trabajo, o de lo previsto en el convenio colectivo a tal fin. Es expresión del “lus variandi” empresarial.

La movilidad geográfica en la empresa. En los traslados individuales no requiere tramitación alguna del empresario en relación con el trabajador. En los traslados colectivos que afecten a 7 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores, requiere de un periodo de consultas de 10 días. No puede afectar a un solo trabajador. En los traslados colectivos requiere de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores no superior a 15 días.

El menor emancipado. No tiene capacidad plena para celebrar todo tipo de contrato. Necesita el consentimiento de sus padres o del curador para realizar ciertos actos de disposición según el artículo 323 del Código Civil. Puede comprar por si solo ciertos bienes según el artículo 323 del Código Civil. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Para colmar la laguna de una ley en su aplicación a un caso concreto, el Juez tiene a su disposición el siguiente recurso jurídico. La analogía. La equidad. La ley no puede tener en ningún caso una laguna jurídica, el legislador debe prever todos los casos que pretenda regular con su aplicación. Acudir necesariamente a la doctrina científica de los autores para suplir la insuficiencia de la Ley.

Señale cuál de las siguientes frases es correcta: La regulación completa del Derecho civil español se encuentra recogida en el Código Civil. No existen leyes especiales en materia de Derecho civil. El Código civil actúa como Derecho supletorio de los Derechos forales. Sólo es Derecho común el recogido en el Código civil.

Si una ley posterior a la Constitución contraría lo dispuesto en ésta, el juez ante quien se plantea su aplicación. Está obligado a no aplicarla. Está obligado a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Puede determinar su inaplicación por inconstitucionalidad sobrevenida. Puede determinar su nulidad.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. El Estado siempre tiene competencia para aprobar Derecho civil válido. La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia para determinar las fuentes de su Derecho civil. El Parlamento de Cataluña puede establecer un sistema de fuentes general para dicha Comunidad, no sólo aplicable al Derecho civil. No todas las Comunidades Autónomas tienen competencia para dictar normas en materia civil.

La Constitución de 1978 es una Constitución foralista porque. Admite la competencia en materia de Derecho civil de todas las CC.AA. Fundamenta la competencia de las CC.AA en materia de Derecho civil en la subsistencia con Derecho forales con anterioridad a su aprobación. Admite la aplicación supletoria de los Fueros locales. Admite los Fueros como fuente del Derecho. La a y b son correctas.

En relación con los Decretos-Leyes, señale qué afirmación es correcta: Son normas reglamentarias porque proceden del Gobierno. Tienen rango inferior a las Leyes ordinarias. Sólo pueden aprobarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pueden referirse a cualesquiera cuestiones, no tienen un ámbito de materias prohibido.

Los Tratados Internacionales. Son normas jerárquicamente superiores a las leyes estatales. No pueden aprobarse en materia ya regulada de forma contradictoria por una ley estatal. Se aplica con preferencia a las leyes estatales con fundamento en el principio de competencia. Suponen en todo caso una pérdida de soberanía para el Estado que los ratifica.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. El juez puede aplicar una ley en contra de su tenor literal. Al aplicar una ley, el juez debe tener en cuenta en primer lugar su espíritu y finalidad. La interpretación conforme a la realidad social carece de virtualidad normativa. Los criterios de interpretación recogidos en el art. 3 Cc. no contienen ninguna referencia a la interpretación de todo el ordenamiento conforme a la constitución.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en resolución de recursos de casación. Vinculan a todos los Tribunales inferiores. Son normas jurídicas. Complementan el ordenamiento jurídico, esto es, completan las normas con otras de su mismo rango. Fijan la interpretación y aplicación de las normas, completando su sentido.

Las normas de conflicto: Son aquellas dictadas para resolver controversias entre particulares. Son las que determinan cuál es el Derecho aplicable a una determinada situación jurídica. Sólo pueden ser dictadas por las Comunidades Autónomas. Tienen necesariamente un contenido sustantivo, material o de aplicación inmediata.

La diferencia entre la costumbre como norma jurídica y los usos radica en. Que la primera se refiere a cuestiones con trascendencia jurídica. Que los segundos sólo vinculan cuando así lo establece un tribunal. Que los segundos o son vinculantes por cuanto falta en ellos la opinio iuris. No existe diferencia entre ellos, son lo mismo.

Los principios generales del Derecho. Nunca se deberán aplicar, siempre se debe acudir a la Ley porqye estamos en un Estado de Derecho. Son normas supletorias de segundo grado que se aplicarán en defecto de Ley o costumbre del lugar. El código civil desde la reforma del Título Preliminar realizada en 1974, eliminó de su articulado toda referencia a los principios generales del Derecho. Si están en vigor, se puede aplicar indistintamente la Ley o los principios generales del Derecho.

El Derecho Foral supone una especialidad y un privilegio de determinadas regiones españolas. Verdadero. Falso. Sencillamente, es el derecho particular o propio de un determinado territorio. En la Constitución no se reconoce el Derecho foral, únicamente en los Estatutos de Autonomía de esas regiones. Actualmente está superado por el Código civil.

Las normas de Derecho Público. Pueden modificarse, siempre que las partes estén de acuerdo en ello. Nunca pueden modificarse por las partes. Son de carácter imperativo. Depende, si la situación favorece o perjudica a terceros. Son correctas la b y c.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y por consiguiente, todo el ordenamiento jurídico debe ser conforme a la Constitución, ello implica. Que la interpretación de las normas de acuerdo con aquella debe regir la aplicación del Derecho para el Tribunal Constitucional, pero no para el resto de jueces y magistrados, que interpretarán las normas conforme a sus criterios. Que la fuerza derogatoria de la Constitución se extiende sobre todas las disposiciones del ordenamiento anteriores y contrarias a ella que, por haber quedado derogadas, son inaplicables por no vigentes. Que si la norma aplicable a un litigio es una ley posterior a la Constitución, y el juez encargado de dictar sentencia considera que la contraría y ni siquiera por vía interpretativa puede adecuarse a ella, no está obligado a suspender el fallo y plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Que los jueces deben derogar de oficio las leyes que sean contrarías a la Constitución.

Son caracteres de las normas jurídicas. Las facultades, las potestades y la coactividad. La abstracción, la generalidad y la coactividad. Las normas jurídicas no tienen caracteres, todas son de obligado cumplimiento. Principalmente, que contienen un supuesto de hecho que lleva aparejada una consecuencia jurídica.

El derecho civil especial o foral, en las regiones donde existe, es competencia de la Comunidad Autónoma y del Estado. Verdadero. Falso. El Estado como tal, entre superior, también tiene estas competencias, aunque no las desarrolle. Ninguna de las respuestas correctas.

Las leyes orgánicas pueden ser aprobadas por la mayoría absoluta de todas las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Verdadero. Falso. Afectan al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y deben ser aprobadas por una mayoría absoluta del Congreso. Únicamente pueden ser aprobadas por la Asamblea de Cataluña y del País Vasco. Ninguna de las tres anteriores es correcta.

La irretroactividad de una ley significa. Que podrán retrotraerse los efectos de una ley a hechos acaecidos con anterioridad. Que no podrán retrotraerse los efectos de una ley a hechos acaecidos con anterioridad. Que los efectos de una ley podrán aplicarse tanto a hechos anteriores como posteriores. Es una cualidad de escasa importancia en la ley, porque todas las leyes están para ser cumplidas.

Entendemos que se produce un fraude ley. Cuando realizamos al amparo de una norma jurídica, norma de cobertura, un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Cuando realizamos un acto vulnerando la seguridad jurídica. Cuando realizamos un acto que sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho subjetivo, del cual somos titulares. Aquella situación que vulnera una norma de obligado cumplimiento.

En el marco de la clasificación de los derechos subjetivos, nos encontramos con los denominados derechos relativos, que serían. No existen derechos relativos en nuestro Ordenamiento jurídico. Cuando el derecho subjetivo concede a su titular la posibilidad de exigir a otra persona, pero no a los demás, el desenvolvimiento de una conducta determinada. Cuando el derecho subjetivo otorga a su titular un ámbito de poder valorable o evaluable en dinero. Cuando el derecho subjetivo otorga a su titular un ámbito de poder que, con carácter general, debe ser respetado y reconocido por todos los demás miembros de la comunidad.

Entendemos que se produce una situación de abuso del derecho. Cuando realizamos al amparo de una norma jurídica, norma de cobertura, un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Cuando realizamos un acto vulnerando la seguridad jurídica. Cuando realizamos un acto que sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho subjetivo, del cual somos titulares. Aquella situación que vulnera una norma de obligación cumplimiento.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981, tuvo oportunidad de pronunciarse este Tribunal sobre una actuación llevada a cabo por unas cuantas decenas de parlamentarios. El caso, muy resumido, consistió en un recurso de inconstitucionalidad que presentaron estos parlamentarios sobre una ley que previamente había sido aprobada en el Congreso con sus propios votos. Esta iniciativa realizada por los parlamentarios presentando el recurso de inconstitucionalidad se califica jurídicamente como. Un abuso del derecho. Ejercicio de un derecho subjetivo que vulnera la doctrina de los propios actos. Una vulneración de la equidad. Un fraude de ley.

Con ocasión de la última huelga de los transportistas terrestres, se interrumpió el tráfico en algunas autovías españolas, imposibilitando la llegada puntual de muchas personas a sus puestos de trabajo: asimismo, en diversas localidades se procedió a la quema de contenedores de basuras, se destrozó mobiliario urbano y se causaron daños a vehículos aparcados en la vía pública. En su opinión. Tales actos han de entenderse tolerados, pues el ejercicio del derecho de huelga, que reviste el carácter de fundamental con arreglo al art. 28 de la Constitución española, supone el sacrificio de otros derechos, que ceden necesariamente ante aquel. La a) es cierta, pero, además, se requiere que se hayan fijado los llamados “servicios mínimos”, destinados a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Los daños causados por tales actos serian indemnizables si se hubiera dictado ya por el Parlamento la ley que debía regular el derecho de huelga, ley que, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Constitución española, seguimos esperando día de hoy. Los daños causados por tales actos son indemnizables con fundamento en el art. 7 del Código civil, que recuerda que la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo y, asimismo, que el ejercicio de todo derecho tiene unos límites normales.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Los derechos subjetivos pueden exigirse judicialmente, a diferencia de las facultades, que sólo pueden ser objeto de ejercicio extrajudicial. Los derechos subjetivos son siempre de titularidad privada y las potestades, de titularidad pública. El concepto de derecho subjetivo es coincidente con el de prestación procesal. El ejercicio del derecho subjetivo queda abierto a la voluntad de su titular.

Dos derechos de propiedad plena de diferentes titulares sobre una misma cosa: Son incompatibles, por lo que sólo uno de los titulares será en verdad propietario. Son compatibles, pero uno de los propietarios habrá de esperar a que termine el derecho de propiedad del primero para poseer la cosa. Son compatibles, ya que se trata de dos derechos relativos y de crédito. Son incompatibles, ya que se trata de dos derechos absolutos y de crédito.

El artículo 149.8 de la Constitución establece los siguiente: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 8º Legislación civil, sin perjuicio de la conversación, modificación y desarrollo por las comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existían”, esto significa: Que las comunidades Autónomas que tienen Derecho foral pueden legislar sobre cualquier institución de Derecho civil. Que pueden regular instituciones conexas, con las ya reguladas en la Compilación, en una actualización o innovación de contenidos según los principios informadores peculiares del Derecho foral. Que todas las Comunidades Autónomas que tienen Derecho foral, tienen competencia exclusiva para legislar en materia de Derecho civil, con excepción de las materias reservadas al Estado en el art. 149.1.8ª de la Constitución. Que tienen competencia para conservar y modificar su Derecho foral, pero no pueden proceder a su desarrollo, esto es competencia exclusiva del Estado.

Las leyes autonómicas: Tienen el mismo rango jerárquico que los reglamentos. Prevalecen sobre las leyes estatales en el territorio de la Comunidad Autónoma respectiva. Son prioritarias en tanto regulen materias de la competencia de la Comunidad Autónoma respectiva. Se aprueban por la Consejería autonómica correspondiente de acuerdo con el principio de procedimiento.

Según el art. 274 del Código civil, “el autor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita”. Técnicamente, este precepto consagra para el tutor: Una potestad. Una expectativa jurídica. Un derecho subjetivo. Una titularidad.

El art. 1.280 del código civil, señala: “Deberán constar en documento público: 1º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles”, esto significa: Que su relación en documento privado no es válido. Puede ser válido en documento privado, pero únicamente cuando se firma ante dos testigos con capacidad de obrar, y que uno de ellos, no sea parte en el contrato. Es válido el contrato. Pero para demostrar su eficacia frente a terceros debe constar en documento público. Habrá que estar a lo que dictamine el Notario.

La declaración de voluntad recepticia es: Aquella emitida por una persona sin capacidad de obrar. Aquella que ha de dirigirse a la persona interesa en ella y cuyas consecuencias sólo se producen cuando son efectivamente conocidas por su destinatario. Aquella que no puede exteriorizarse por cauces informales, sino sólo cumpliendo las solemnidades establecidas por la ley. Aquella afectada por una causa de invalidez.

En relación a la nulidad de un contrato, (nulidad absoluta): Están legitimados para ejercitar la acción de nulidad solo las partes del contrato. Existen un plazo de prescripción de quince años. Existe un plazo de caducidad de cuatro años. Opera ipso iure (de propio derecho) pues no es imprescindible ejercitar la acción nulidad ante los tribunales para considerar ineficaz el contrato.

Se denominan contratos formales o solemne. Los realizados con todos los requisitos del contrato: consentimiento, objeto y causa. Cuando se realizan con las prescripciones que exige la Ley para su validez, siempre y cuando la forma no sea requisito esencial. No existen contratos formales o solemnes, ya que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Cuando la forma de los mismos es un requisito esencial para su validez.

. El Código civil prescribe: “Los contratos serán obligatorios, cuales quiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. Falso. Eso no lo prescribe el Código Civil porque los contratos únicamente se pueden realizar en documentos públicos. Falso. Porque los contratos únicamente se pueden realizar en documentos privados. Verdadero. Falso. El Código civil dice únicamente que únicamente serán obligatorios los contratos escritos.

Las Directivas aprobadas por la Unión Europea. No tienen fuerza vinculante, pues solo buscan dirigir políticas legislativas a modo de recomendación. Obligan inmediatamente tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos. Obligan los Estado miembros al resultado que debe conseguirse pero permiten a éstos determinar la forma y los medios para conseguirlo. Nunca pueden contradecir una ley nacional.

La declaración de voluntad en un negocio jurídico puede hacerse. Siempre, necesariamente, por escrito. De forma escrita y oralmente, pero nunca de forma tácita. De forma expresa, tácitamente y de forma presunta, esto es, cuando la ley de ciertos hechos, conductas u omisiones, deduce la voluntad de las partes. Ninguna de las tres respuestas es correcta.

La norma de cobertura es. La norma que, en la figura del abuso del derecho, atribuye al sujeto el poder que éste ejercita indebidamente. La norma que fundamenta toda demanda. En la figura del fraude de ley, la norma que procura apariencia de legalidad a un acto contrario al ordenamiento jurídico. En la figura del fraude de ley, la norma defraudada.

Es presupuesto de la declaración de voluntad: Sólo la capacidad jurídica. La capacidad de obrar. La forma notarial. La forma escrita.

María Martínez donó a su hija Elena una vivienda de su propiedad el 15 de agosto de 2000. En una explotación médica que se le había practicado el 15 de junio de 1999 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. La declaración de voluntad de María: Es radicalmente nula, pues no tenía aptitud natural para entender y querer lo que hacía. Es anulable por error, debiendo ser restituida la vivienda a su patrimonio. Constituye un caso de simulación, que puede ser puesta de manifiesto en vía judicial. Es válida, aunque rescindible.

El derecho a exigir el respeto a la intimidad personal, y a que no sea por tanto indebidamente utilizada, es un derecho subjetivo de tipo: Real, porque puede exigirse frente a cualquiera. Personal, sólo lo ostentan las personas. Absoluto, porque tiene eficacia erga omnes. Personal, porque sólo puede exigirse de quien lo vulnere.

Un negocio jurídico susceptible de anulabilidad. Puede ser impugnado por cualquiera de las partes. Carece de plazo para el ejercicio de la acción. Produce todos sus efectos mientras no se inste su anulación. No puede ser convalidado por el perjudicado por un vicio de la voluntad.

La forma escrita es obligatoria para la validez de todos los negocios jurídicos contratos: Es cierta esta afirmación. No es cierta. Es conveniente y recomendable plasmar en un documento privado lo acordado por las partes, pero verbalmente también queda obligadas las partes. La forma escrita debe ser siempre en escritura pública. En todos los negocios jurídicos, son las partes las que deben decidir, documento privado o público, no hay ninguna excepción legal.

La posibilidad de matricularse en una carrera en la Universidad de LA Rioja: No es un derecho subjetivo sino una simple facultad. Empieza a ser un derecho subjetivo cuando el sujeto cumple todos los requisitos que, para matricularse, exige la Universidad de La Rioja. Sólo es un derecho subjetivo, cuando has pagado el precio de la matrícula. No es un derecho subjetivo, sino una potestad, ya que su contenido es el determinado por el ordenamiento jurídico.

El reparto de competencias entre el Estado y las CC.AA se encuentra regulado en. El Código Civil. En los Estatutos de Autonomía de cada una de las regiones forales. En la constitución. En los Estatutos de Autonomía no solo de las regiones forales sino de todas las CCAA.

La posibilidad que tiene el propietario de una finca rustica de poder hacer un pozo para extraer agua, técnicamente es. Una potestad. Una prestación procesal. Una facultad jurídica. Ninguna de las tres respuestas es correcta.

Juan Martínez es un promotor inmobiliario que realiza numerosos negocios en su ciudad. Ha designado a Sagrario Rivas, su secretaria de máxima confianza, representante para comprar un magnifico solar urbano en el centro de la ciudad con la intención de montar un hotel de cinco estrellas y un restaurante de postín para trabajar la cocina tradicional. Para alcanzar su objetivo, Juan ha otorgado un poder notarial consignado en el documento público correspondiente. La compra del solar por Sagrario por cuenta y en nombre de Juan por medio del apoderamiento otorgado: No supone adquisición de la propiedad por nadie, porque el poder es nulo por defecto y forma. Produce la adquisición directa de la propiedad por parte de Juan en el momento de la compra realizada por Sagrario Rivas. Estamos ante una gestión de negocios ajenos sin mandato. Es una representación legal, quedando excluidos la celebración de este tipo de negocios jurídicos.

Son bienes inmuebles por destino, entre otros: Las cosas singulares que constituyen una unidad con existencia real. Las acciones de sociedades, los derechos de crédito incorporados a los títulos valores y los títulos de propiedad industrial. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientas estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo.

Según el Código Civil, son frutos industriales: Los productos que se derivan de la tierra y de los animales de forma espontánea. Los productos que se derivan del trabajo o del ejercicio de la industria agrícola o industrial. Los productos de alquileres, rentas perpetuas, vitalicias u otras análogas. Los frutos producidos en cosa o fundo ajeno.

Anselmo tiene su casa hipotecada. Un incendio la destruye, por lo que el seguro le paga la indemnización prevista. La hipoteca: Se extinguirá, por pérdida de la finca hipotecada. Persistirá, por subrogación real, sobre la indemnización del seguro. Dará lugar al derecho del banco titular de la misma a percibir la indemnización del seguro. Comportará el derecho del banco a que Anselmo hipoteque la finca que compre con la indemnización del seguro.

Elena da un poder a Claudia por el que le faculta para adquirir un piso de unas determinadas características de orientación, tamaño y situación, por un precio máximo de 200.000 euros, constando todo ello en el poder. Claudia, en nombre de Elena y con exhibición del poder, compra a Eduardo un piso que no se ajusta a las instrucciones de Elena, dado que vale 280.000 y se encuentra en zona distinta de la indicada por aquella. Este contrato de compraventa: Es válido y vincula a Elena, porque Claudia actúa en ejercicio y con exhibición del poder, y éste genera una apariencia que protege a Eduardo. Es válido pero no vincula a Elena, sino a Claudia. Es nulo, porque excede de los límites del poder y carece por tanto Claudia de legitimación para actuar en nombre de Elena. Es válido, porque las instrucciones concretas dadas por el poderdante no configura el ámbito del poder, sino sólo las facultades que aquél otorga al apoderado.

El poder de representación. Obliga al apoderado a actuar en nombre del representado. Legitima al apoderado a actuar en nombre del representado. Impide la actuación del representado en su propio nombre y derecho. Impide la actuación del representante en su propio nombre y derecho.

Imaginemos que Andrés vecino de una Comunidad de Propietarios ha votado a favor de la instalación del ascensor en su vivienda. El acuerdo ha sido aprobado en una ajustada votación, con los votos necesarios para aprobar el acuerdo, conforme a la mayoría cualificada señalada en la Ley de Propiedad Horizontal. Pasado un tiempo, lo piensa mejor, y decide impugnar el acuerdo para evitar la instalación. En esta situación estaríamos ante: Una vulneración de la buena fe y la doctrina de los actos propios. Un fraude de ley. Un abuso del derecho. Una potestad que le asiste en la relación jurídica que mantiene con la Comunidad de Propietarios.

En nuestro ordenamiento jurídico impera siempre la liberta de forma en todos los negocios jurídicos. Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico sigue el Derecho histórico tradicional desde el Ordenamiento de Alcalá, y no contempla ninguna excepción, la forma es marginal en todos los negocios jurídicos. Habrá que estar en cada caso a la autonomía de la voluntad de las artes, la ley contempla la libertad de forma en los artículos 1.278 y 1.279 del Código Civil. La única excepción contemplada en nuestro Ordenamiento jurídico a la libertad de forma es el art. 1.280 del Código Civil. Existe libertad de forma, pero determinados negocios jurídicos deben realizarse en escritura pública, siendo esta forma exigida por la ley elemento esencial para la validez del negocio.

La forma ad solemnitatem y ad probationem significa. La obligatoriedad de escritura pública para la validez de todos los negocios jurídicos que estas formas contemplan. La forma ad solemnitatem no exige escritura pública para la validez del negocio jurídico. La forma ad probationem exige escritura pública para la validez del negocio jurídico. La forma ad probationem exige escritura pública para demostrar la eficacia del contrato frente a terceros, no para la validez del mismo.

Las normas de Derecho Público: Puedes modificarse, siempre que las partes estén de acuerdo en ello. Nunca puede modificarse por las partes. Son de carácter imperativo. Depende, si la situación favorece o perjudica a terceros. Son correctas la b) y c).

Entendemos que se produce un fraude de ley: Cuando realizamos al amparo de una norma jurídica, norma de cobertura, un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Cuando realizamos un acto vulnerado la seguridad jurídica. Cuando realizamos un acto que sobrepasa manifiestamente los límites del ejercicio de un derecho subjetivo, del cual somos titulares. Aquella situación que vulnera una norma de obligado cumplimiento.

Con ocasión de la última huelga de los transportistas terrestres, se interrumpió el tráfico en algunas autovías españolas, imposibilitando la llegada puntual de muchas personas a sus puestos de trabajo, asimismo, en diversas localidades se procedió a la quema de contenedores de basuras, se destrozó mobiliario urbano y se causaron daños a vehículos aparcados en la vía pública. En su opinión: Tales actos han de entenderse tolerados, pues el ejercicio del derecho de huelga, que reviste el carácter de fundamental con arreglo al art. 28 de la Constitución española, supone el sacrificio de otros derechos, que ceden necesariamente ante aquél. La a) es cierta, pero, además se requiere que se hayan fijado los llamados “servicios mínimos”, destinados a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Los daños causados por tales actos serían indemnizables si se hubiera dictado ya por el Parlamento la ley que debía regular el derecho de huelga, ley que, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Constitución española, seguimos esperando a día de hoy. Los daños causados por tales actos son indemnizables con fundamento en el art. 7 del Código civil, que recuerda que la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo y, asimismo, que el ejercicio de todo derecho tiene unos límites normales.

La norma de cobertura es: La normal que, en la figura del abuso del derecho, atribuye al sujeto el poder que éste ejercita indebidamente. La norma que fundamenta toda demanda. En la figura del fraude de ley, la norma que procura apariencia de legalidad a un acto contrario al ordenamiento jurídico. En la figura del fraude de ley, la norma defraudada.

Es presupuesto de la declaración de voluntad: Sólo la capacidad jurídica. La capacidad de obrar. La forma notarial. La forma escrita.

María Martínez donó a su hija Elena una vivienda de su propiedad el 15 de agosto de 2000. En una exploración médica que se le había practicado el 15 de junio de 1999 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. La declaración de voluntad de María: Es radicalmente nula, pues no tenía aptitud natural para entender y querer lo que hacía. Es anulable por error, debiendo ser restituida la vivienda a su patrimonio. Constituye un caso de simulación, que puede ser puesta de manifiesto en vía judicial. Es válida, aunque rescindible.

El derecho a exigir el respeto a la intimidad personal, y a que no sea por tanto indebidamente utilizada, es un derecho subjetivo de tipo: Real, porque puede exigirse frente a cualquiera. Personal, sólo lo ostentan las personas. Absoluto, porque tiene eficacia erga omnes. Personal, porque sólo puede exigirse de quien lo vulnere.

Un negocio jurídico susceptible de anualidad. Puede ser impugnado por cualquiera de las partes. Carece de plazo para el ejercicio de la acción. Produce todos sus efectos mientras no se inste su anulación. No puede ser convalidado por el perjudicado por un vicio de la voluntad.

La posibilidad de matricularse en una carrera en la Universidad de La Rioja: No es un derecho subjetivo sino una simple facultad. Empieza a ser un derecho subjetivo cuando el sujeto cumple todos los requisitos que, para matricularse, exige la Universidad de La Rioja. Sólo es un derecho subjetivo cuando has pagado el precio de la matrícula. No es un derecho subjetivo, sino una potestad, ya que su contenido es el determinado por el Ordenamiento jurídico.

El reparto de competencias entre el Estado y las CC.AA. se encuentra regulado en: El código Civil. En los Estatutos de Autonomía de cada una de las regiones forales. En la Constitución. En los Estatutos de Autonomía no solo de las regiones forales sino de todas las CC.AA.

La posibilidad que tiene el propietario de una finca rustica de poder hacer un pozo para extraer agua, técnicamente es: Una potestad. Una pretensión procesal. Una facultad jurídica. Ninguna de las tres respuestas es correcta.

¿Invalidará el contrato el error sobre la persona?. Si, pues es algo esencial al negocio jurídico. No, en ningún caso. Solo legitima al que lo precede para exigir una indemnización de daños y prejuicios. Sí, siempre que se haya actuado con la diligencia de un buen padre de familia. Sólo, cuando la consideración a dicha persona hubiese sido causa principal del mismo.

El documento privado suscrito por las tres partes hace prueba frente a terceros. Siempre. Un contrato obliga cualquiera que sea la forma en que se haya realizado. Desde el día que hubiese sido incorporado e inscrito en el registro público. Queda la autonomía de la voluntad de las partes. En algunos casos, depende del tipo de contrato.

La autonomía de la voluntad significa: Que cada parte en la contratación puede acordar todo lo que le interese. Que la ley determina en cada momento las condiciones del contrato. Que los contratantes no pueden pactar o establecer las clausulas y condiciones que estimen por conveniente salvo que respeten la moral de la persona con la que contratan. Que los contratantes pueden pactar o establecer las clausulas y condiciones que estimen por conveniente mientras respeten la moral de la persona con la que contratan, siempre que no sean contrarios a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

En caso de divergencia entre la voluntad interna y la declaración de voluntad cuando el declarante ha actuado con la debida diligencia y/o la otra parte tiene mala fe, prevalece: La voluntad declarada. La voluntad interna. Queda sin efecto el negocio jurídico en todo caso. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Si un órgano colegiado dicta un acto administrativo y luego se declara mediante sentencia que, al adoptarlo, sus miembros cometieron delito de prevaricación: El acto estaba viciado de nulidad de pleno Derecho. El acto estaba viciado de anulabilidad. El acto estaba viciado de anulabilidad leve. El acto no estaba viciado de invalidez de ningún tipo.

Las normas del derecho público son: Pueden modificarse, siempre que las partes estén de acuerdo en ello. Nunca pueden modificarse por las partes. Son de carácter imperativo. Depende, si la situación favorece o perjudica a terceros. Son correctas al b) y c).

Benjamin celebró con Ramón un contrato de compraventa de un solar para la construcción de hipermercado que se trataba de una finca urbana urbanizable, cuando en realidad se trataba de una finca rústica en la que no podía edificar el supermercado. Ante estas consecuencias: El contrato sería nulo por falta de causa. El contrato sería nulo por incumplimiento de modo. El contrato podría ser nulo por error esencial sobre la sustancia de la cosa. Al ser dicha compraventa un negocio judicial unilateral, carece de trascendencia jurídica la existencia de vicios en la voluntad de Benjamin.

El poder que Antonio otorga a Benjamín lo realiza ante notario, en estas circunstancias el poder otorgado: Es irrevocable, se ha realizado en escritura pública. Es revocable. Deben ponerse de acuerdo Antonio y Benjamín para proceder conforme a sus intereses y decidir sobre la revocación del poder otorgado. En documento privado es revocable, en documento público es irrevocable.

Supongamos que Antonio realizó ante notario un apoderamiento a favor de Benjamín, Luis y Maria. El el poder notarial quedó reflejado que el poder otorgado por Antonio es un poder solidario, ante esta nueva situación se le plantea lo siguiente. Cualquiera de los tres apoderados (Benjamin, Luis y María) está facultado para celebrar individual y separadamente el negocio jurídico en cuestión. Es necesario que los tres participen en la celebración definitiva del negocio. Pueden actuar de forma mayoritaria, siempre y cuando sean dos los que actúen en el negocio jurídico en cuestión. No existe el poder solidario. Siempre se debe realizar de forma mancomunada.

Imaginemos que el 29 de octubre remite, Andres Ruiz una carta a Manufacturas del Noroeste, S.L. Indicando que sabe que debe esa cantidad, pero que en ese momento no puede. ¿Esta actividad, será causa de interrupción de la prescripción?. No porque la reclamación la debe hacer el acreedor. Si en la carta le indica que interrumpe la prescripción y, que le ofrezcan más tiempo para pagar, en ese caso sí, si no indica nada al respecto, no. El código civil no contempla este tipo de interrupción, quedará a lo que establezcan las partes previamente. Si. Está contemplada en el código civil.

La preinscripción y la caducidad es lo mismo, únicamente que unas veces hablamos de derecho prescrito y otras de derecho caducado. Verdadero. Se diferencian en las distintas normas de interrumpir una y otra. Se diferencian en las distintas formas de suspender una y otra. Ninguna es correcta.

La actividad que realiza el caso de Manufacturas del Noroeste, S.L. puede considerar. Judicial. Este tipo de actividad no está contemplada en la ley. Extrajudicial. Obligatoria necesariamente, antes de acudir al Juzgado.

La acción de nulidad para impugnar un contrato que adolezca de alguno de los vicios que lo invalidan con arreglo a la ley: No se podrá impugnar porque una vez formalizado ya tiene plenos efectos entre las partes. La acción de nulidad, durará cuatro años y es un plazo de prescripción. No hay plazo de tiempo para impugnar, en cualquier momento de la vida del contrato se puede solicitar la impugnación. La acción de nulidad durará cuatro años y es un plazo de caducidad.

Juan García, empresario inmobiliario que se está iniciando en estos negocios, compró mediante contrato privado un solar a la empresa Shaurameki, S.L. con la intención de construir una serie de viviendas de alto standing. Ha pagado una cantidad de dinero importante como seña y a cuenta del importe del precio. Pero cuál es su sorpresa que cuando inicia todas las gestiones administrativas en el ayuntamiento de su localidad para ir cumpliendo poco a poco todas las cuestiones relativas al proyecto de edificabilidad, se encuentra con la desagradable sorpresa que el terreno sobre el cambio de calificación, máxime que hace escasos meses cambio el gobierno del ayuntamiento y parece que tiene otras iniciativas públicas en esa zona. El comprador Juan García ante esta situación está abrumado. Le consulta a usted sobre la posible nulidad del contrato. Es nulo de pleno derecho. Debe cumplirlo en su integridad, los contratos están para ser cumplidos. Es anulable por error en el consentimiento. Es válido y eficaz el contrato. Ahora bien puede querellarse penalmente contra la empresa Shaurameki, S.L. por estafa.

La estatua del General espartero que está en el magnífico Espolón logroñés es: Un bien inmueble por analogía. Bien inmueble por destino. Cómo está ubicada en un parque público, no privado, no se puede calificar. Es un bien inmueble por incorporación.

Se entiende por bienes desafectados. Los bienes que, habiendo sido de dominio público, dejan de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio. Los pertenecientes al Estado en que no concurra la circunstancia de estar destinados al uso público, a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Los pertenecientes a particulares, individual o colectivamente, o lo que es igual, a las personas físicas y a las jurídicas. Los bienes destinados al servicio público.

120. El art. 1280 del Código Civil, señala ‘’deberán constar en documento público: 1º los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles’’, esto significa: Que su realización en documento privado no es válido. Puede ser válido en documento privado, pero únicamente cuando se firma ante dos testigos con capacidad de obrar. Es válido el contrato. Pero para demostrar su eficacia frente a terceros debe constar en documento público. Habrá que estar a lo que dictamine el notario.

. El contrato adecuado para sustituir a un trabajador que tiene reserva de puesto de trabajo es: Contrato temporal por circunstancias de la producción. Contrato temporal por obra o servicio determinado. Contrato en prácticas. Contrato temporal de interinidad.

. ¿Quién ostenta la competencia para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas?: La Unión Pública. El Estado. Las Comunidades Autónomas. Las Diputaciones Provinciales.

. En el seno de un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración, el Consejo Consultivo de La Rioja emite dictamen preceptivo. Este dictamen: Es un acto administrativo definitivo. Es un acto administrativo de trámite. Es un acto administrativo bilateral. No es un acto administrativo.

En los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa: Producirá silencio positivo. Producirá silencio negativo. Producirá caducidad. No producirá ni silencio ni caducidad.

El poder de representación que el representado ha de conferir al representante: No se puede extinguir. Se extingue por muerte del mandante o del mandatario. No se extingue por renuncia del apoderado al encargo que le ha sido encomendado. Las respuestas byc) son correctas.

Si se constituye un Derecho subjetivo nuevo sobre la base de otro preexistente y el titular de este Derecho subjetivo nuevo sustituye al titular del Derecho subjetivo preexistente estamos ante. Siempre un Derecho subjetivo accesorio. Una modificación objetiva del Derecho subjetivo pues afecta a su contenido. Una modificación subjetiva del Derecho subjetivo. Una modificación en la realidad social sobre la que recae dicho derecho.