Enfermería infantil

La Constitución Española de 1978 se considera la norma básica en materia de derechos del niño porque: Regula únicamente los derechos sanitarios. Es una ley orgánica subordinada a las leyes autonómicas. Prevalece sobre el resto de las leyes y de ella derivan las demás normas. Solo se aplica a ciudadanos españoles.

El artículo 9.2 de la Constitución Española sirve de base para exigir políticas públicas que garanticen: La libertad individual sin intervención del Estado. La igualdad real y efectiva, incluido el acceso equitativo a la salud infantil. Exclusivamente la igualdad ante la ley penal. La autonomía exclusiva de las familias.

El principio de igualdad ante la ley, fundamental para garantizar la misma atención sanitaria a todos los niños, se recoge en el: Artículo 9. Artículo 14. Artículo 24. Artículo 39.

El artículo 15 de la Constitución Española reconoce: El derecho a la educación. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. El derecho a la protección de la salud.

El artículo 27 de la Constitución Española establece que la educación debe tener como finalidad: La inserción laboral temprana. El desarrollo pleno de la personalidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. La transmisión exclusiva de conocimientos científicos. La igualdad económica.

La protección integral de los hijos, con independencia de su filiación, se recoge en el: Artículo 14. Artículo 39. Artículo 43. Artículo 49.

El artículo 43 de la Constitución Española es la base legal para exigir: Educación obligatoria a todos los españoles sin discriminación alguna. Protección social de la familia. Atención sanitaria de calidad para todos los niños. Atención judicial preferente.

El artículo 49 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a: Garantizar exclusivamente ayudas económicas. Promover la adopción internacional. Proporcionar atención especializada y rehabilitación a personas con discapacidad. Limitar la asistencia sanitaria a atención primaria.

El artículo 149.1 de la Constitución Española justifica la necesidad de una ley estatal porque: Las CCAA carecen de competencias sanitarias. Garantiza la igualdad de todos los españoles en servicios básicos. Centraliza toda la atención sanitaria. Elimina las diferencias territoriales.

Para que un recién nacido tenga personalidad jurídica plena, el artículo 30 del Código Civil exige: Haber nacido con vida, sin más requisitos. Vivir al menos 12 horas separado del seno materno. Vivir al menos 24 horas separado del seno materno. Ser inscrito en el registro civil.

El artículo 220.5 del Código Penal sanciona: El abandono del recién nacido. La falta de consentimiento informado. La sustitución de un niño por otro. El retraso en la atención sanitaria.

**La lex artis en la atención al recién nacido implica: Actuar según la experiencia personal. Ajustarse a protocolos y conocimientos científicos vigentes. Evitar cualquier daño independientemente del contexto. Seguir exclusivamente la voluntad de los padres.

Cuando se respeta la lex artis, pero aun así se produce un daño: Siempre existe negligencia. Existe responsabilidad penal. No hay responsabilidad profesional. Se aplica el Código Penal automáticamente.

Según la Ley de Autonomía del Paciente, el titular del derecho a la información sanitaria es: Siempre los padres. El paciente mayor de 18 años. El paciente mayor de 14 años. El tutor legal.

En menores de 12 años, el consentimiento sanitario: Lo presta el menor. Lo presta el representante legal. No es necesario. Depende del tipo de intervención.

La Declaración de los Derechos del Recién Nacido establece que el recién nacido: No puede ser separado de sus padres en ningún caso. Carece de derechos propios. Tiene derecho a una correcta identificación, nutrición y asistencia médica. Solo tiene derechos si es reconocido legalmente.