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La competencia para enjuiciar causas contra los Presidentes de Sala, o todos a la mayor parte de Magistrados que formen Sala en el Tribunal Supremo, corresponde: Al Pleno. A la Sala de Gobierno. A la Sala Segunda. A una Sala Especial.

Quien referenda el nombramiento de los miembros de la carrera judicial?. El ministro de justicia. El presidente del gobierno. Rey. El presidente del congreso.

Es competente para imponer sanciones a los jueces y magistrados?. La comisión disciplinaria del consejo general. El pleno del consejo. La sala del gobierno del consejo general del poder judicial. El ministro de justicia.

Quien nombra al secretario general del Consejo General del poder judicial. El rey. El consejo General del poder judicial. El ministro de justicia. El congreso de los diputados.

Las Audiencias Provinciales se compondrán: De un Presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. Todas son correctas.

En virtud de lo establecido en el art. 65 LOPJ la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no conocerá: Delitos contra el Consorte del titular de la Corona. Fraudes de sustancias farmacéuticas o medicinales, solo en el caso de que produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil.

Según el art. 70 LOPJ el TSJ de la CCAA culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella: En todo caso. Sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde a los Tribunales Militares.

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Civil, Penal, Contencioso-administrativo y Laboral. Civil, Penal, de apelación, Contencioso-administrativo y laboral. Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Militar.

Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos Tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, además, sobre: (art. 106.1 LOPJ). Los Juzgados Centrales de Instrucción. Los Juzgados Centrales de lo Penal. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Todos los órganos anteriores.

Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales: (art. 80.2 LOPJ). Fuera de la provincia. Fuera de la capital de provincia. Fuera de la Comunidad Autónoma. Fuera del partido judicial.

¿En cuál de estas materias tiene competencia la Audiencia Nacional?. En materia civil. En materia militar. En materia social. Tiene competencia en todas ellas.

De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones Públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, conocerá: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Presidente del Gobierno con carácter previo. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el art. 102 LOPJ no podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto: Quienes sean licenciados en Derecho. Quienes aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la LOPJ para el ingreso en la carrera judicial. Quienes estén incursos en cualquiera de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales. En los tres supuestos anteriores podrán ser nombrados Jueces de Paz.

¿A quién corresponde la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español? (art. 89 bis 2 LOPJ). A los Juzgados de lo Penal. A los Juzgados Centrales de lo Penal. A los Juzgados Centrales de Instrucción. A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

¿A quién corresponde autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril?. A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

Corresponde dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley (art. 87.1 LOPJ): Al Juzgado de lo Penal. Al Juzgado de Instrucción. A la Audiencia Provincial. Al Tribunal Superior de Justicia como Sala de lo Penal.

Según el art. 86 ter LOPJ, en todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias: Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, en todo caso. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, en todo caso. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, dependiendo del órgano que la hubiera ordenado.

¿A qué órganos judiciales corresponde la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español?. A los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. A los Juzgados Centrales de lo Penal. A la Audiencia Provincial. A los Juzgados de lo Penal.

Según el art. 85 LOPJ conocerán de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros: Los Juzgados de Primera Instancia en el orden civil. Los Juzgados de Instrucción en el orden penal. Los Juzgados de lo Mercantil. La Audiencia Provincial en el orden penal.

¿Qué órganos judiciales instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, y de extradición pasiva, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la Ley?. Los Juzgados de Instrucción. Los Juzgados Centrales de Instrucción. Los Tribunales Superiores de Justicia como Sala de lo Penal. Las Audiencias Provinciales.

De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley conocerá o conocerán: La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los Juzgados Centrales de lo Penal. Los Juzgados Centrales de Instrucción. Los Juzgados de Instrucción.

La instrucción de un expediente de extradición pasiva es competencia de: Los Juzgados Centrales de lo Penal. La A.N. Las A.P. Los Juzgados Centrales de Instrucción.

En cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede: (art. 84 LOPJ). En la capital de provincia. En la capital del partido judicial. En el municipio de mayor población de su partido judicial. En el municipio de menor población de su partido judicial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? (art. 86). Los Juzgados de lo Mercantil podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma o distinta comunidad autónoma. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora. Todas las anteriores respuestas son verdaderas.

Los Jueces Decanos se elegirán entre sus titulares en poblaciones donde haya: Diez o más Juzgados y será por mayoría de tres quintos en primera votación. Diez o más Juzgados y será por mayoría simple en primera votación. Más de diez Juzgados y será por mayoría de tres quintos en primera votación. Más de diez Juzgados y será por mayoría simple en primera votación.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no conocerán en el orden civil,de los siguientes asuntos: (art. 87 ter 2). De las demandas de naturaleza patrimonial entre los cónyuges o de estos con terceros. Los de filiación, maternidad y paternidad. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. Los que versen sobre relaciones paterno filiales.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: (art. 87 ter). De la instrucción y enjuiciamiento de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. De la instrucción y enjuiciamiento de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. De todos los anteriores supuestos conocerán los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Qué Juzgados o Tribunales tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y los procedimientos de extradición pasiva? (art. 88). Los Juzgados de Instrucción. Los Juzgados Centrales de Instrucción. Los Juzgados Centrales de lo Penal. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cuando se establezcan Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, la ciudad donde tendrán su sede la fijará: El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia. El Gobierno. La Ley de Demarcación y Planta Judicial.

De acuerdo con la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, indique la respuesta correcta en relación con el Fiscal General del Estado: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo Fiscal, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de tres años. El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo, en los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Gobierno.

Se someterán a informe de Consejo general del poder judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias. C) Estatuto orgánico de jueces y magistrados. A) Estatuto orgánico de los secretarios judiciales y del resto del personal al servicio de la administración de justicia. B) modificaciones de los reglamentos del congreso de los Diputados y del Senado. d) La a) y la c) son correctas.

Según la LOPJ, uno de los siguientes no es un órgano del CGPJ. ¿Cuál?. Comisión Permanente. Comisión Presupuestaria. Comisión de Igualdad. Comisión Disciplinaria.

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tiene la consideración de: Presidente de Sala del Alto Tribunal. Presidente del Tribunal Supremo. Magistrado. Juez.

Número de miembros de la Comisión Disciplinaria del CGPJ: 7. 6. 20. 10.

Corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria: la instrucción de los expedientes disciplinarios. la instrucción de los expedientes disciplinarios y su resolución en determinados supuestos leves. la instrucción de los expedientes disciplinarios y su resolución en todos los supuestos. Todas son falsas.

La vigente Ley de Demarcación y Planta Judicial es de fecha: 28 de diciembre de 1985. 3 de agosto de 1984. 28 de diciembre de 1988. 28 de diciembre de 1989.

Actualmente, ¿Cuántas Salas integran un Tribunal Superior de Justicia?. Cinco: Civil, Penal, Contencioso-administrativo, Social y Militar. Cuatro: Civil, Penal, Contencioso-administrativo y Social. Tres: Civil y Penal, Contencioso-administrativo y Social. Dos: Civil y Penal y Contencioso-administrativo y Social.

El Presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración de: Presidente del Tribunal Supremo. Presidente de Sala del Tribunal Supremo. Presidente de Tribunal Superior de Justicia. Magistrado del Tribunal Supremo.

Los Juzgados de Instrucción conocerán en el orden penal (señalar la respuesta errónea): De la instrucción de las causas por delito competencia de las A.P. y de los Juzgados de lo Penal. Del conocimiento y fallo de todos los procedimientos por delitos leves, en todo caso. De los procedimientos de «Habeas Corpus». De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones de los Jueces de Paz del Partido.

¿Se puede crear una Sala de lo Contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción limitada a una provincia?. Sí, pero previa consulta al Gobierno. Sí. Sí, previo consentimiento del Ministro de Justicia. No.

En el orden penal, las Audiencias Provinciales conocen de las causas por delito, a excepción de las que la Ley atribuye al conocimiento: De Juzgados de Paz. De Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. De Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en la LOPJ. Del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Provincial conoce de las recusaciones de sus Magistrados cuando la competencia no está atribuida: Al Tribunal Supremo. A Sala de conflictos que al efecto se constituye en la Audiencia Nacional. A la Sala Especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia. Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Las poblaciones en las que un Juez desempeña con exclusividad las funciones de Registro Civil, se determinan: Por el número de habitantes. Por la Ley de Planta. Por la Dirección General de Registros y del Notariado. Por el Consejo General del Poder Judicial.

La autorización para la entrada en domicilios está a cargo del Juez de lo Contencioso-administrativo para: Descubrimiento de delitos. Aseguramiento de prueba. Ejecución forzosa de actos de la Administración. En virtud de auto de entrada y registro.

En cada provincia habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria dentro del orden jurisdiccional: Penitenciario. Civil. Contencioso-administrativo. Penal.

En relación con los Diputados y Senadores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?. Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

¿Quiénes pueden acceder a la Carrera Judicial por el cuarto turno?. Juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión. Juristas de reconocida competencia con más de diez años en el ejercicio de su profesión. Juristas de reconocida competencia con más de veinte años en el ejercicio. Juristas de reconocida competencia con más de cinco años en el ejercicio de su profesión.

Aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo: El Presidente del Tribunal Supremo. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial. Su Director.

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento en primera instancia: De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuya la Ley de Enjuiciamiento Civil. De todos los asuntos civiles que por disposición legal o acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no se hallen atribuidos a otros tribunales. De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades competentes para reconocer y ejecutar una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia. Los Tribunales a quienes corresponda dictar la sentencia firme en el procedimiento penal. Los Jueces de lo Penal. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competenci.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades de emisión de una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional: Los Tribunales a quienes corresponda dictar la sentencia firme en el procedimiento penal. Los Jueces o Tribunales que hayan dictado la resolución de libertad provisional del imputado en el procedimiento penal. Los Jueces de lo Penal. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades competentes para emitir y transmitir una orden europea de protección. Los Tribunales a quienes corresponda dictar la sentencia firme en el procedimiento penal. Los Jueces de lo Penal. Los Jueces o Tribunales que conozcan del procedimiento penal en el que se ha emitido la resolución adoptando la medida de protección. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden europea de protección. Los Jueces de lo Penal. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde la víctima resida o tenga intención de hacerlo. Los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia. Los Tribunales a quienes corresponda dictar la sentencia firme en el procedimiento penal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades competentes en España para ejecutar una resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas: Los Jueces de lo Penal del lugar donde se encuentren los bienes o documentos objeto de aseguramiento o las pruebas que deban ser aseguradas. Los Fiscales para la ejecución de aquellas medidas de aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias adoptando medidas limitativas de derechos fundamentales. Los Jueces de Instrucción del lugar donde se encuentren los bienes o documentos objeto de aseguramiento o las pruebas que deban ser aseguradas. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son autoridades de emisión de una resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas: a. Los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que se deba adoptar la medida. b. Los Jueces de lo Penal. c. Los Fiscales que dirijan las diligencias de investigación en las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que sea limitativa de derechos fundamentales. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en España es autoridad competente para reconocer y ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas: a. El Ministerio Fiscal siempre que puedan obtenerse los objetos, documentos o datos sin adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales. b. Los Jueces de Instrucción o de Violencia Sobre la Mujer del lugar en que puedan obtenerse los objetos, documentos o datos. c. El Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre cualquiera de los objetos, documentos o datos que pretenden obtenerse con el exhorto. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en España es autoridad competente para reconocer y ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas cuando deban adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentale. a. El Ministerio Fiscal. b. Los Jueces de Instrucción o de Violencia Sobre la Mujer del lugar en que puedan obtenerse los objetos, documentos o datos. c. El Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre cualquiera de los objetos, documentos o datos que pretenden obtenerse con el exhorto. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en España es autoridad competente para reconocer y ejecutar el exhorto europeo de obtención de pruebas cuando el Ministerio Fiscal entienda que debe denegarse el reconocimiento o la ejecución del exhorto. a. El Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre cualquiera de los objetos, documentos o datos que pretenden obtenerse con el exhorto. b. El Ministerio Fiscal. c. Los Jueces de Instrucción o de Violencia Sobre la Mujer del lugar en que puedan obtenerse los objetos, documentos o datos. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en España son autoridades de emisión de un exhorto europeo de obtención de pruebas: Los Jueces de Instrucción que conozcan del proceso en el que resulte necesario obtener el documento, objeto o dato. Los Jueces de lo Penal que conozcan del proceso en el que resulte necesario obtener el documento, objeto o dato. Los Fiscales que dirijan las diligencias de investigación en las que se deba adoptar el exhorto, sin adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales. Los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que resulte necesario obtener el documento, objeto o dato.

Del conocimiento de los concursos de persona natural que no sea empresario conoce: El Juzgado de lo Mercantil. El Juzgado de Primera Instancia. El Juzgado de lo Social. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo: La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico. El Ministerio de Justicia.

El Libro VIII, denominado “Del Consejo General del Poder Judicial”, fue añadido a la Ley Orgánica del Poder Judicial: Ley Orgánica 5/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ley Orgánica 4/2013, de 28 de julio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ley Orgánica 5/2013, de 28 de julio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo de especialización de órganos judiciales. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos desde el día siguiente a aquel en que se adopte. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos desde el día en que se disponga en el acuerdo. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos en el año en que se adopte. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte.