ESPEC. TEMAS 5 Y 17+REPASO

En la evolución terminológica de las conductas adictivas, ¿qué afirmación delimita con mayor precisión el desplazamiento conceptual desde toxicomanía hacia adicción?. A) La sustitución terminológica responde exclusivamente a razones penales, manteniendo intacto el objeto de estudio limitado al consumo de sustancias ilegales. B) El término drogodependencia desplaza a toxicomanía por su mayor precisión jurídica, pero excluye las conductas sin sustancia del campo de intervención. C) El concepto de adicción amplía el foco desde la dependencia de sustancias químicas hacia conductas comportamentales disruptivas que pueden repetirse pese al daño físico o psíquico. D) La noción de adicción se reserva a las conductas comportamentales, mientras que los consumos de sustancias permanecen técnicamente bajo el concepto de toxicomanía.

En la planificación de la intervención ante conductas adictivas, ¿qué consecuencia se deriva de su carácter complejo, dinámico y multidimensional?. A) La intervención debe articular dimensiones sanitarias, psicosociales, educativas y laborales mediante planes integrales y coordinación de servicios. B) La prioridad debe situarse en la respuesta sanitaria especializada, relegando la intervención social a la fase posterior a la abstinencia. C) La variabilidad del fenómeno aconseja intervenciones homogéneas. D) Todas son correctas.

En relación con el campo de actuación de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, ¿qué opción identifica correctamente su alcance material?. A) Se limita a drogas ilegales y nuevas sustancias psicoactivas, excluyendo alcohol, tabaco y conductas comportamentales por su distinto régimen jurídico. B) Integra drogas legales e ilegales, pero mantiene fuera los fármacos de prescripción médica para evitar solapamientos con la cartera farmacéutica. C) Incluye únicamente consumos con sustancia y reserva las adicciones sin sustancia a la planificación autonómica de salud mental. D) Abarca fármacos de prescripción y otras sustancias con potencial adictivo, drogas legales, drogas ilegales y adicciones comportamentales, con especial atención a juegos de apuesta, videojuegos y tecnologías.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la complejidad de las conductas adictivas?. A) La explicación del consumo debe localizar una causa principal y situar después sus efectos sanitarios, familiares y comunitarios. B) La intervención gana precisión cuando separa los componentes sanitarios, educativos, laborales y comunitarios. C) La planificación debe integrar dimensiones sanitarias, psicosociales, educativas y laborales, con coordinación entre servicios. D) La multidimensionalidad se refiere a la variedad de sustancias, no a la interacción de factores personales y sociales.

¿Qué afirmación diferencia correctamente dependencia física, dependencia psíquica y síndrome de abstinencia?. A) La dependencia física implica necesidad orgánica de la sustancia para mantener la homeostasis; la psíquica se vincula al deseo o craving; y el síndrome de abstinencia aparece al interrumpir la droga o por antagonista específico. B) La dependencia psíquica solo aparece en drogas depresoras del sistema nervioso central, mientras que la física es común a cualquier conducta adictiva sin sustancia. C) El síndrome de abstinencia equivale a tolerancia, ya que ambos consisten en necesitar dosis crecientes para obtener los efectos deseados. D) La dependencia física excluye los trastornos emocionales asociados al consumo, porque estos pertenecen exclusivamente al diagnóstico social.

En el diagnóstico del trastorno por consumo de sustancias del DSM-5 TR, ¿qué agrupación de criterios se corresponde con las cuatro áreas descritas?. A) Intoxicación, abstinencia, trastornos mentales inducidos y deterioro neurocognitivo. B) Dependencia física, dependencia psíquica, tolerancia cruzada y craving condicionado. C) Deterioro del control sobre el consumo, deterioro social, uso de riesgo y criterios fisiológicos. D) Motivaciones de respuesta social, motivaciones sintomatológicas, motivaciones experimentales y factores ambientales.

En relación con la ludopatía en DSM-5, ¿qué formulación se ajusta mejor al criterio diagnóstico recogido?. A) Exige la presencia de dependencia física y síndrome de abstinencia somático durante al menos seis meses. B) Se diagnostica con cualquier conducta de juego que genere pérdidas económicas, aunque no exista deterioro personal o social. C) Requiere necesariamente apoyo económico familiar reiterado, que opera como criterio imprescindible de inclusión. D) Se configura por juego problemático con cuatro o más criterios durante doce meses, entre ellos preocupación, incremento de cantidades, intentos fallidos de control, ocultación o perjuicio relacional, laboral o económico.

En la CIE-11, ¿qué elemento permite distinguir los trastornos debidos a comportamientos adictivos de los trastornos debidos al consumo de sustancias?. A) Los primeros se diagnostican solo cuando existe intoxicación aguda, mientras que los segundos se basan en deterioro funcional prolongado. B) Los comportamientos adictivos se asocian a conductas repetitivas de búsqueda de recompensa sin uso de sustancias dependígenas, con malestar o interferencia funcional clínicamente significativa. C) El juego de apuestas se mantiene fuera de los trastornos adictivos y se clasifica exclusivamente como trastorno del control de impulsos. D) El uso de videojuegos solo se considera trastorno cuando se desarrolla en línea, quedando excluidas las modalidades fuera de línea.

De acuerdo con la clasificación clínica de Laporte, ¿qué afirmación es correcta?. A) Los perturbadores del sistema nervioso central se caracterizan por alteraciones de la percepción sensorial e incluyen alucinógenos, derivados del cannabis y disolventes volátiles. B) Los estimulantes del sistema nervioso central incluyen alcohol, hipnóticos, ansiolíticos y analgésicos narcóticos. C) Los depresores del sistema nervioso central se dividen en depresores mayores y menores. D) A y c son correctas.

¿Qué caracterización del Plan Nacional sobre Drogas resulta más ajustada a su naturaleza institucional?. A) Es un dispositivo asistencial especializado que ejecuta tratamientos de desintoxicación y deshabituación. B) Es un marco permanente de política pública, planificación y cooperación interadministrativa en adicciones. C) Es un órgano técnico dedicado a encuestas epidemiológicas, indicadores asistenciales, alertas sanitarias y evaluación de riesgos emergentes. D) Es una estrategia autonómica de reducción de daños coordinada por entidades locales y tercer sector.

En el marco constitucional y sanitario estatal de las adicciones, ¿qué relación competencial resulta correcta?. A) El artículo 43 de la Constitución española atribuye a las comunidades autónomas la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. B) El Real Decreto 1030/2006 excluye las conductas adictivas de la atención primaria, reservando su detección a unidades especializadas. C) El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, y el artículo 149.1.16.a atribuye al Estado sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. D) La Ley General de Salud Pública desplaza la Ley General de Sanidad y convierte el tratamiento de adicciones en una competencia exclusivamente penal.

Respecto de la normativa específica, administrativa y penal en materia de drogas, ¿qué opción evita confundir consumo, tráfico y respuesta administrativa?. A) El consumo personal constituye siempre delito cuando la sustancia sea ilegal, con independencia del lugar y de la finalidad. B) El Código Penal sanciona cultivo, elaboración, tráfico o favorecimiento del consumo ilegal y posesión con esos fines; el consumo personal no es delito por sí mismo, aunque puede tener consecuencias administrativas en ciertos espacios. C) La Ley Orgánica 4/2015 convierte en delito leve la tenencia ilícita en lugares públicos aunque no esté destinada al tráfico. D) Las consecuencias administrativas por consumo en lugares públicos excluyen cualquier programa reeducativo o de tratamiento respecto de menores.

¿Qué afirmación diferencia mejor el Plan Nacional sobre Drogas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas?. A) El Plan Nacional sobre Drogas es el marco de política pública y cooperación; la Delegación es el órgano directivo del Ministerio de Sanidad que impulsa, coordina y supervisa la política estatal. B) La Delegación constituye un foro consultivo plural, mientras que el Plan Nacional sobre Drogas es una subdirección general de gestión económica. C) Ambos son órganos colegiados autonómicos y tienen funciones equivalentes de aprobación de planes territoriales. D) El Plan Nacional sobre Drogas sustituyó a la Delegación cuando se incorporaron las adicciones comportamentales a la política pública.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas debe distinguirse del propio PNSD. ¿Cuál es la diferencia adecuada?. A) La Delegación es la red de alerta, mientras el PNSD recopila encuestas y estadísticas nacionales. B) La Delegación asume la gestión ordinaria de las redes asistenciales que organizan las comunidades autónomas. C) La Delegación actúa como foro consultivo plural, mientras el PNSD aprueba informes técnicos. D) La Delegación es el órgano directivo que impulsa y coordina; el PNSD es el marco de política pública.

¿Qué atribución corresponde a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas dentro del sistema estatal?. A) Dictar resoluciones clínicas individualizadas sobre ingreso en comunidades terapéuticas de las comunidades autónomas. B) Impulsar planificación estratégica, coordinación institucional, investigación, evaluación, formación, subvenciones, sistemas nacionales de información, OEDA y cooperación internacional. C) Sustituir a las entidades locales en la ejecución de programas de prevención comunitaria y ocio saludable. D) Gestionar directamente todas las unidades asistenciales de drogodependencias y servicios de reducción de daños del territorio nacional.

¿Qué afirmación describe correctamente el papel del OEDA dentro del sistema estatal de respuesta a las adicciones?. A) Gestiona la respuesta penal frente al tráfico ilícito, valora decomisos y decide la adjudicación de recursos económicos incautados. B) Actúa como instrumento técnico de información, análisis y difusión sobre consumos, daños y adicciones. C) Aprueba planes autonómicos cuando sus indicadores muestran diferencias territoriales relevantes. D) Sustituye las encuestas EDADES y ESTUDES por registros clínicos de tratamiento y mortalidad.

¿Qué afirmación diferencia correctamente el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y el Sistema Español de Alerta Temprana?. A) El OEDA es instrumento técnico de información y conocimiento; el SEAT es una red funcional de vigilancia y respuesta frente a nuevas sustancias psicoactivas y eventos de especial riesgo coordinada desde la Delegación a través del OEDA. B) El SEAT elabora las encuestas EDADES y ESTUDES, mientras que el OEDA se limita a emitir alertas sanitarias urgentes. C) El OEDA es un órgano administrativo autónomo y el SEAT un observatorio europeo sin conexión con las comunidades autónomas. D) Ambos tienen naturaleza judicial y se activan únicamente cuando existe delito contra la salud pública.

El Sistema Español de Alerta Temprana se caracteriza por su función de vigilancia y respuesta. ¿Qué afirmación resulta correcta?. A) Opera como red funcional ante nuevas sustancias, adulteraciones, patrones de consumo o eventos de especial riesgo. B) Constituye un órgano administrativo autónomo encargado de imponer controles sanitarios y restricciones legales sobre sustancias emergentes. C) Interviene cuando existe confirmación judicial de fallecimientos relacionados con sustancias ilícitas. D) Su función principal es evaluar programas de incorporación social financiados por planes autonómicos.

La prevención universal, selectiva e indicada se diferencia por el nivel de riesgo de la población destinataria. ¿Cuál es la formulación más precisa?. A) La universal se dirige a grupos con signos iniciales; la selectiva, a población general; la indicada, a casos diagnosticados. B) La universal y la selectiva comparten población diana, aunque la segunda añade intervención familiar y sanitaria. C) La indicada equivale a prevención terciaria, pues se aplica tras consolidarse dependencia y deterioro funcional. D) La universal actúa sobre población general; la selectiva sobre subgrupos de riesgo; la indicada sobre signos previos.

En la incorporación social de personas con conductas adictivas, ¿qué enfoque resulta más coherente con el planteamiento actual?. A) Debe reservarse para la fase final del tratamiento, una vez acreditada abstinencia estable y ausencia de recaídas, actuando en áreas básicas como vivienda, formación, relaciones, salud, ingresos, ocio y reducción del estigma. B) Es un proceso transversal que comprende derechos, participación comunitaria y recursos normalizados, incluyendo vivienda, formación, relaciones, salud, ingresos, ocio y reducción del estigma. C) Debe centrarse principalmente en el empleo, al ser un indicador operativo de inclusión social.. D) Debe quedar suspendida en programas de reducción de daños para evitar reforzar la persistencia del consumo.

Respecto a la reducción de daños, ¿qué formulación evita convertirla en una intervención residual o meramente sanitaria?. A) Se aplica tras descartar tratamiento, centrada en infecciones vinculadas al consumo intravenoso. B) Exige abandonar objetivos de abstinencia, al responder a un modelo incompatible con recuperación. C) Debe limitarse a personas que acepten iniciar desintoxicación tras una fase breve de baja exigencia, con seguimiento sanitario y social. D) Busca disminuir daños, mantener vínculo asistencial y actuar también sobre exclusión y necesidades básicas.

¿Qué afirmación sobre las salas de inyección segura recoge mejor su sentido asistencial?. A) Permiten consumo bajo control sanitario y favorecen contacto profesional, atención en emergencias y derivación a recursos. B) Se dirigen a personas con consumo problemático, aunque no exista consumo por vía parenteral. C) Su objetivo central es reducir el impacto comunitario del consumo intravenoso en espacios públicos. D) Todas las respuestas son correctas.

Las modalidades de tratamiento ambulatoria, semirresidencial y residencial se diferencian por intensidad y dispositivo. ¿Qué afirmación es correcta?. A) La modalidad semirresidencial implica ingreso continuado, ruptura temporal con el medio habitual y actividades terapéuticas diarias. B) La modalidad ambulatoria se desarrolla con frecuencia de intervención inferior o igual a dos veces por semana. C) La modalidad residencial se realiza en unidades de día y excluye actividades ocupacionales o socioeducativas. D) La modalidad ambulatoria corresponde a comunidades terapéuticas cuando el paciente conserva apoyo familiar.

En el análisis de las variables sociofamiliares, ¿qué afirmación recoge mejor la doble función potencial de la familia?. A) La familia puede potenciar, neutralizar o inhibir conductas de consumo según sus procesos internos, estilos de supervisión, disciplina, conflicto, modelos de consumo y expectativas. B) La familia solo actúa como factor de riesgo cuando existe consumo parental. C) La historia familiar de conducta antisocial pertenece al grupo de iguales y no al ámbito sociofamiliar. D) La baja supervisión familiar protege frente al consumo cuando se acompaña de autonomía adolescente temprana.

¿Qué afirmación sobre la perspectiva de género en adicciones resulta más precisa?. A) La perspectiva de género procede cuando existe violencia acreditada y derivación desde recursos especializados de igualdad o justicia. B) Los patrones de consumo, el estigma, los cuidados, la violencia y el acceso a recursos pueden estar condicionados por género. C) Las mujeres presentan mayor prevalencia de drogas ilegales, aunque menor consumo de hipnosedantes. D) La coordinación con recursos de violencia debe aplazarse hasta finalizar el tratamiento de la adicción.

En relación con las barreras que pueden afectar a las mujeres con adicciones, ¿qué afirmación recoge mejor el enfoque de intervención adecuado?. A) La maternidad y las responsabilidades de cuidado pueden incrementar el estigma y dificultar la permanencia en tratamiento, por lo que deben contemplarse apoyos adaptados. B) La dependencia económica solo resulta relevante si existe convivencia con una pareja consumidora, porque en los demás casos no condiciona el acceso a recursos. C) El miedo a perder la custodia justifica posponer la intervención sobre la adicción hasta que exista una resolución administrativa o judicial. D) La concurrencia de adicción y violencia de género exige optar por una de las dos redes, para evitar duplicidades y contradicciones en la intervención.

La incorporación de la perspectiva de género en el abordaje de las adicciones implica, principalmente: A) Priorizar la atención a mujeres cuando exista consumo de hipnosedantes, manteniendo criterios generales para el resto de sustancias. B) Analizar cómo el género condiciona patrones de consumo, motivaciones, contextos, riesgos, estigma, acceso al tratamiento y recuperación. C) Diferenciar los recursos asistenciales por sexo, de modo que hombres y mujeres sigan itinerarios separados desde la acogida inicial. D) Considerar la violencia de género solo cuando exista consumo activo y la mujer haya iniciado previamente tratamiento especializado.

En el tratamiento de las adicciones, la idea de atención continuada, integral y multidisciplinar exige entender que: A) La intervención debe ordenarse por fases cerradas, de modo que la dimensión social se reserve para el momento posterior a la estabilización clínica. B) El tratamiento debe abordar componentes biológicos, psicológicos y sociales, evitando respuestas uniformes y ajustando el itinerario a la situación de la persona. C) La coordinación sociosanitaria resulta necesaria solo en personas con patología dual, sinhogarismo o adicciones cronificadas de larga evolución. D) La evaluación de las intervenciones corresponde al nivel institucional y no condiciona directamente la calidad del proceso asistencial individual.

En la distinción de Calafat entre prevención específica e inespecífica, ¿qué opción identifica correctamente el criterio diferencial?. A) La específica intenta influir de forma clara y explícita en el uso de drogas; la inespecífica lo hace indirectamente mediante actuaciones de ocio, deporte, cultura, autonomía o participación. B) La inespecífica se dirige únicamente a personas ya diagnosticadas, mientras que la específica corresponde al tratamiento farmacológico. C) La específica excluye medidas legislativas y educativas, porque solo abarca campañas sanitarias de desintoxicación. D) La inespecífica es una forma de reducción de daños aplicable exclusivamente a consumo intravenoso.

En los programas orientados a la abstinencia, la desintoxicación debe entenderse como: A) Una actuación suficiente cuando logra interrumpir el consumo y eliminar la sintomatología aguda de abstinencia. B) Una fase centrada en la dependencia física, que debe integrarse en un proceso terapéutico más amplio. C) Una intervención dirigida principalmente al craving, los estímulos condicionados y la prevención de recaídas. D) Una modalidad reservada al ingreso hospitalario cuando existen factores familiares o ambientales de riesgo.

El circuito asistencial general en conductas adictivas se organiza en niveles. ¿Qué afirmación describe correctamente el primer nivel?. A) Presta tratamiento intensivo residencial y coordina unidades de día y comunidades terapéuticas. B) Está formado por unidades de salud mental y unidades de conductas adictivas de carácter ambulatorio, con acceso por derivación sanitaria. C) Se activa tras la deshabituación, para garantizar seguimiento laboral y comunitario prolongado. D) Incluye recursos no especializados que detectan, captan, motivan, atienden necesidades básicas y derivan si procede.

Respecto de los tratamientos con agonistas opioides, ¿qué afirmación evita mejor una interpretación reduccionista de su finalidad?. A) Su utilidad principal consiste en facilitar una retirada rápida del fármaco cuando desaparece el síndrome de abstinencia. B) Su indicación se justifica solo cuando la persona acepta simultáneamente un objetivo inmediato de abstinencia total. C) Su mantenimiento prolongado debe evitarse, porque impide valorar la evolución social y sanitaria del proceso. D) Su uso debe integrarse en un plan biopsicosocial orientado a estabilidad, reducción de riesgos y vinculación asistencial.

En el uso de antagonistas opioides como la naltrexona, ¿qué cautela resulta especialmente relevante dentro de una atención integral?. A) Deben utilizarse antes de superar la dependencia física, para bloquear precozmente los efectos reforzantes del opioide. B) Requieren valorar motivación, adherencia, situación clínica y apoyos, e informar del riesgo de sobredosis tras pérdida de tolerancia. C) Permiten sustituir la intervención psicológica y social cuando el bloqueo farmacológico se mantiene de forma continuada. D) Constituyen un programa independiente, separado de las restantes alternativas farmacológicas y del itinerario personalizado.

En el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol, el uso de interdictores como el disulfiram debe interpretarse como: A) Una medida complementaria y disuasoria que exige información suficiente, aceptación consciente, supervisión y valoración médica. B) Una alternativa preferente a la psicoterapia cuando el objetivo acordado sea la reducción del consumo y no la abstinencia. C) Un recurso de reducción de daños aplicable sin intervención familiar, salvo que existan menores afectados por el consumo. D) Un tratamiento farmacológico sustitutivo, orientado a controlar el deseo de consumo mediante una pauta estable prolongada.

La ampliación del concepto de adicción hacia las conductas comportamentales supone reconocer que: A) La dependencia física continúa siendo el criterio central para identificar cualquier conducta adictiva. B) La pérdida de control puede aparecer también en conductas repetitivas que generan daño significativo. C) Las adicciones sin sustancia se explican mejor como trastornos educativos que como problemas clínicos. D) La ausencia de una sustancia impide hablar de tolerancia, abstinencia o deterioro funcional relevante.

La prevención selectiva se diferencia de la universal porque se dirige a: A) Subgrupos expuestos a factores de riesgo asociados al inicio o desarrollo de problemas por consumo. B) Personas con criterios diagnósticos de adicción que precisan tratamiento especializado ambulatorio. C) Población general, sin considerar situaciones específicas de vulnerabilidad o exposición al riesgo. D) Pacientes estabilizados que necesitan mantener la abstinencia y evitar recaídas a medio plazo.

El Sistema Español de Alerta Temprana se caracteriza por ser: A) Un órgano consultivo adscrito a la Delegación que informa estrategias y canaliza participación social. B) Un dispositivo asistencial especializado para derivar a personas consumidoras a tratamiento urgente. C) Una red funcional de vigilancia y respuesta frente a nuevas sustancias psicoactivas y eventos de riesgo. D) Una encuesta estatal periódica destinada a medir prevalencias de consumo en población general.

La reinserción social en drogodependencias no debe concebirse como una fase final y aislada porque: A) Comienza con la imagen social de la persona, continúa durante el tratamiento y se completa con recursos que permitan reconstruir proyectos de vida. B) Exige haber cerrado previamente la intervención sanitaria, psicológica y familiar para evitar interferencias con el proceso terapéutico. C) Se identifica principalmente con el acceso al empleo, siempre que la persona mantenga abstinencia y haya finalizado la deshabituación. D) Sustituye progresivamente al tratamiento clínico cuando la persona alcanza un nivel suficiente de autonomía personal.

Prevención de Recaídas se caracteriza mejor por orientarse a: A) Tratar el síndrome de abstinencia en pacientes con dependencia física, como paso previo a cualquier intervención grupal. B) Entrenar la anticipación y afrontamiento de presiones o problemas que puedan conducir a un nuevo consumo. C) Atender a personas con deterioro biopsicosocial que no pueden o no desean abandonar el consumo en ese momento. D) Sustituir el seguimiento terapéutico individual cuando el paciente ya ha alcanzado una abstinencia estable.

¿Qué precepto constitucional contiene una referencia directa a un sistema de servicios sociales y con qué colectivo se vincula expresamente?. A) El artículo 41 de la Constitución Española, en relación con todas las situaciones de necesidad. B) El artículo 49 de la Constitución Española, en relación exclusiva con la discapacidad. C) El artículo 148.1.20.a de la Constitución Española, en relación con la asistencia social autonómica. D) El artículo 50 de la Constitución Española, en relación con el bienestar de las personas durante la tercera edad.

¿Qué relación competencial resulta más ajustada entre el artículo 148.1.20.a de la Constitución Española y los estatutos de autonomía?. A) La asistencia social queda reservada al Estado salvo delegación singular a cada comunidad autónoma. B) La asistencia social es una materia que las comunidades autónomas podían asumir y que fue incorporada por todas ellas como competencia exclusiva. C) Los estatutos solo pueden asumir servicios sociales cuando se vinculan a sanidad, educación o vivienda. D) La competencia autonómica excluye cualquier forma de cooperación financiera o técnica estatal.

En relación con Ceuta y Melilla, ¿qué afirmación es correcta respecto a la prestación de servicios sociales?. A) Carecen de competencia exclusiva en servicios sociales, por lo que determinadas prestaciones vinculadas a dependencia, mayores y discapacidad son estatales. B) Disponen de competencia exclusiva plena en asistencia social, en los mismos términos que las comunidades autónomas. C) Solo pueden prestar servicios sociales comunitarios si existe delegación municipal previa. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿qué materias sociales figuran entre las competencias propias municipales del artículo 25.2?. A) La gestión de pensiones no contributivas, prestaciones de desempleo y reconocimiento de incapacidades. B) La protección jurídica de menores, la tutela administrativa y la acreditación autonómica de centros. C) La evaluación e información de necesidad social, la atención inmediata ante exclusión, la vigilancia de la escolaridad y actuaciones de igualdad y violencia de género. D) La planificación autonómica de servicios sociales especializados y la gestión de centros de referencia estatal.

En el régimen local básico, ¿cuándo resulta obligatoria la prestación municipal vinculada a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata ante exclusión?. A) En todos los municipios, cualquiera que sea su población, por tratarse de una competencia propia, conforme al artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. B) Solo en capitales de provincia y municipios declarados de alta vulnerabilidad social. C) En municipios de más de 5.000 habitantes, junto con biblioteca pública y mercado. D) En municipios con población superior a 20.000 habitantes, conforme al artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios, prevista en el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, exige que la delegación: A) Se realice sin control financiero cuando afecte a prestaciones sociales de urgencia. B) Mejore la eficiencia de la gestión pública, evite duplicidades y sea acorde con estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. C) Convierta en competencia propia municipal cualquier materia delegada durante la vigencia del convenio. D) B y c son correctas.

¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a la Administración General del Estado?. A) La acreditación general de centros sociales de cada área dentro del territorio autonómico. B) Las rentas mínimas de inserción y las políticas autonómicas contra la pobreza. C) La legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, incluidas incapacidades, prestaciones económicas y asistencia sanitaria. D) Los servicios sociales especializados desarrollados desde centros municipales polivalentes.

¿Qué naturaleza tiene el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales aprobado en 2013 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD?. A) Norma básica directamente exigible que sustituye a las carteras autonómicas de servicios sociales. B) Reglamento estatal de financiación obligatoria de todos los servicios especializados autonómicos. C) Instrumento exclusivo de ordenación del Ingreso Mínimo Vital y de prestaciones de Seguridad Social.. D) Marco común orientador para el Sistema Público de Servicios Sociales, sin perjuicio del desarrollo autonómico.

¿Qué regla delimita mejor el sentido instrumental de la ayuda a domicilio dentro del apoyo a la unidad convivencial?. A) Incluye tareas domésticas, atención personal y ayudas técnicas, subordinadas a mantener autonomía y convivencia en el entorno habitual. B) Se limita a limpieza, alimentación y mantenimiento de la vivienda. C) Sustituye el apoyo socioeducativo familiar cuando existen déficits de competencias sociales. D) A y C son correctas.

Las rentas mínimas, dentro de las prestaciones económicas de servicios sociales, se caracterizan por: A) Ser prestaciones de pago único destinadas exclusivamente a emergencias sobrevenidas. B) Carecer de proceso de intervención social para evitar condicionar el derecho económico. C) Tener carácter periódico para personas o familias sin recursos suficientes, vinculándose en su caso a procesos o convenios de inserción. D) Integrarse en la modalidad contributiva de la Seguridad Social y depender de cotizaciones previas.

En el área especializada de familia, infancia y juventud, ¿qué combinación normativa resulta adecuada?. A) Ley Orgánica 3/2007, Ley 16/1983 y Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano. B) Artículo 39 de la Constitución Española, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. C) Artículo 50 de la Constitución Española, Real Decreto Legislativo 1/2013 y Real Decreto 888/2022. D) Ley 19/2021, Ley de Bases de Régimen Local y normativa de pensiones no contributivas.

En el Plan Concertado, ¿qué requisito deben cumplir las corporaciones locales beneficiarias respecto de los centros o servicios subvencionables?. A) Gestionarlos siempre de forma directa, sin posibilidad de mancomunidad ni cooperación supramunicipal. B) Acreditar población superior a 20.000 habitantes y ausencia de recursos autonómicos equivalentes. C) Realizar aportación económica al proyecto y estar inscritas en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, configura el ingreso mínimo vital desde una naturaleza jurídica determinada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones recoge mejor esa configuración?. A) Es un derecho subjetivo de la Seguridad Social como prestación económica no contributiva. B) Es una renta asistencial coordinada con los servicios sociales municipales mediante convenios de inclusión y seguimiento. C) Es una ayuda estatal de emergencia social vinculada a la inexistencia absoluta de ingresos o patrimoniales previos. D) Es una prestación local de inclusión financiada por el Estado y gestionada ordinariamente por las corporaciones locales competentes.

¿Qué característica del ingreso mínimo vital expresa correctamente su forma de cálculo y duración?. A) Se reconoce por cuantía fija idéntica para toda persona beneficiaria durante un máximo de doce meses. B) Se calcula sin considerar recursos económicos distintos del salario y se extingue al iniciar cualquier actividad laboral. C) Se abona como pago único anual para cubrir necesidades básicas y gastos de vivienda. D) Cubre la diferencia entre recursos disponibles y renta garantizada, y dura mientras persista la vulnerabilidad y se mantengan requisitos.

Una persona de 20 años vive sola, no se integra en unidad de convivencia y procede de un centro residencial de protección de menores, bajo tutela pública dentro de los tres años anteriores a su mayoría de edad. ¿Qué regla de acceso al ingreso mínimo vital resulta aplicable?. A) Debe esperar a cumplir veintitrés años, porque las excepciones de edad solo operan para violencia de género. B) Puede ser beneficiaria solo si acredita matrimonio o pareja de hecho formalmente constituida. C) Puede quedar exceptuada del requisito general de veintitrés años si cumple el resto de condiciones y vive sola. D) Solo puede acceder como integrante de una unidad de convivencia con sus progenitores o tutores.

Una persona de 25 años solicita el ingreso mínimo vital sin integrarse en una unidad de convivencia. ¿Qué exigencia específica se prevé con carácter general?. A) Haber vivido de forma independiente en España durante al menos los dos años inmediatamente anterioresa la solicitud. B) Acreditar un año de domicilio distinto al de progenitores, tutores o acogedores. C) Figurar empadronada en cualquier domicilio, real o ficticio, durante seis meses anteriores a la solicitud. D) Haber suscrito un convenio de inclusión con los servicios sociales.

En la acreditación de requisitos del ingreso mínimo vital, ¿qué afirmación es correcta respecto de la residencia legal de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y sus hijos?. A) Solo puede acreditarse mediante autorización de residencia permanente ordinaria. B) Debe acreditarse exclusivamente mediante inscripción en el Registro Central de Extranjeros. C) Puede acreditarse con autorización provisional de residencia por motivos excepcionales. D) No requiere acreditación documental cuando exista informe social municipal.

¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde a las personas titulares del ingreso mínimo vital durante la percepción de la prestación?. A) Comunicar cambios relevantes cuando sean requeridas por la entidad gestora. B) Presentar declaración de IRPF únicamente si la cuantía supera la renta garantizada anual. C) Comunicar salidas al extranjero posteriores al viaje, cualquiera que sea su duración. D) Comunicar cambios que puedan modificar, suspender o extinguir la prestación en treinta días naturales desde que se produzcan.

Una mujer víctima de violencia de género abandona el domicilio familiar acompañada de sus hijos y convive temporalmente con familiares con los que mantiene vínculo de parentesco. ¿Qué efecto prevé la regulación del ingreso mínimo vital?. A) Debe integrarse necesariamente en la unidad de convivencia de los familiares por existir parentesco y domicilio común. B) Solo puede ser considerada unidad independiente durante tres años desde el abandono del domicilio. C) Puede ser considerada beneficiaria no integrada o unidad de convivencia independiente en atención a la situación especial prevista. D) Queda excluida del ingreso mínimo vital mientras no exista resolución judicial de divorcio o nulidad.

¿Cuándo se aprecia, con carácter general, vulnerabilidad económica para el acceso al ingreso mínimo vital?. A) Cuando la persona solicitante no tenga empleo, aunque sus ingresos superen la renta garantizada aplicable. B) Cuando el promedio mensual de ingresos y rentas computables del ejercicio anterior sea inferior, al menos en diez euros, a la renta garantizada correspondiente. C) Cuando el patrimonio neto sea inferior a seis veces la renta garantizada independientemente de los ingresos. D) Cuando exista empadronamiento en domicilio ficticio, sin necesidad de valorar ingresos ni patrimonio.

¿Qué afirmación sobre los complementos del ingreso mínimo vital resulta correcta?. A) El complemento de ayuda para la infancia se reconoce solo en unidades monoparentales. B) La discapacidad igual o superior al 65 % solo incrementa la renta garantizada en beneficiarios individuales, no en unidades de convivencia. C) El complemento de ayuda para la infancia se fija por menor y edad, y el complemento del 22 % puede operar por monoparentalidad o discapacidad igual o superior al 65 %. D) Los complementos no se aplican cuando existe custodia compartida judicialmente establecida.

En cuanto al nacimiento, pago y competencia del ingreso mínimo vital, ¿qué afirmación es correcta?. A) El derecho nace el día de la resolución, se paga trimestralmente y la competencia corresponde a los ayuntamientos. B) El derecho nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, el pago es mensual por transferencia y el reconocimiento y control corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social. C) El derecho nace con efectos retroactivos de un año, el pago se realiza en efectivo y la competencia corresponde a las comunidades autónomas. D) La competencia corresponde a las comunidades autónomas, salvo revisión económica por la Seguridad Social.

La elaboración del Catálogo de Referencia de SS.SS responde principalmente a la necesidad de: A) Establecer una relación cerrada de prestaciones garantizadas por la Administración General del Estado. B) Favorecer cierta coherencia común en un sistema territorialmente diverso de servicios sociales. C) Desplazar la competencia autonómica hacia fórmulas homogéneas de gestión estatal. D) Ordenar únicamente las prestaciones financiadas mediante el Plan Concertado.

La estructura del Catálogo de Referencia de SS.SS se articula esencialmente atendiendo a: A) Los colectivos destinatarios y la titularidad administrativa de cada recurso. B) La financiación estatal, autonómica o local de cada prestación reconocida. C) La tipología de las prestaciones, distinguiendo entre prestaciones de servicios y económicas. D) El carácter garantizado o condicionado presupuestariamente de cada prestación.

La prestación de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico en atención primaria se define especialmente por: A) Resolver demandas especializadas de colectivos vulnerables mediante intervención sectorial diferenciada. B) Emitir informes técnicos vinculantes para acceder a prestaciones económicas periódicas. C) Actuar como prestación de acceso y puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales. D) Asumir la valoración de dependencia, discapacidad e inmigración como único contenido propio.

La valoración social específica se diferencia de la información general porque: A) Utiliza instrumentos técnicos para emitir valoraciones, reconocimientos, calificaciones o informes que pueden ser requisito previo de acceso. B) Se dirige exclusivamente a personas ya usuarias del sistema y con plan individual de atención aprobado. C) Se limita a comprobar la situación económica de la persona solicitante antes de conceder ayudas. D) Sustituye la intervención profesional de acompañamiento cuando la demanda requiere diagnóstico social.

La ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia se orienta a: A) Proporcionar alojamiento temporal cuando la persona no puede permanecer en su domicilio. B) Facilitar atenciones personales, psicosociales, educativas, técnicas y domésticas para permanecer en el entorno habitual. C) Ofrecer atención telefónica permanente ante situaciones de riesgo derivadas de dependencia o aislamiento a través del servicio de Teleasistencia. D) Prestar apoyos domiciliarios reservados a personas con dependencia reconocida.

La intervención socioeducativa y acompañamiento en itinerarios de inclusión social se dirige principalmente a: A) Personas, familias o grupos en situación o riesgo de exclusión, potenciando habilidades personales, sociales y laborales. B) Menores con medida de protección que requieren apoyo educativo fuera del horario escolar. C) Personas con discapacidad que precisan terapia ocupacional para acceder a centros especiales de empleo. D) Familias en conflicto que necesitan mediación para alcanzar acuerdos estables.

En relación con las personas beneficiarias individuales del ingreso mínimo vital, ¿qué regla general debe tomarse como punto de partida?. A) Ser mayor de edad, estar inscrita como demandante de empleo y no percibir prestaciones de la Seguridad Social. B) Tener al menos veintitrés años. C) Acreditar convivencia independiente durante un año, salvo que existan hijos menores o discapacidad reconocida. D) Carecer de vínculo matrimonial, de pareja de hecho y de empadronamiento compartido con cualquier familiar.

Para apreciar la situación de vulnerabilidad económica en el ingreso mínimo vital, el artículo 11 atiende principalmente a: A) La ausencia total de ingresos durante los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud. B) La inscripción como demandante de empleo y la inexistencia de prestaciones autonómicas compatibles. C) El promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables respecto de la renta garantizada aplicable. D) La existencia de informe social que declare riesgo de exclusión, aunque se superen los límites patrimoniales.

¿Qué afirmación describe correctamente la prestación económica vinculada al servicio del artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) Es una prestación única y no periódica, destinada a compensar cualquier gasto general de la unidad familiar. b) Se reconoce preferentemente frente a servicios públicos o concertados, aunque exista plaza adecuada. c) Tiene carácter periódico, personal y vinculado a la adquisición de un servicio, y solo se reconoce cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. d) Queda exenta de supervisión administrativa una vez reconocida, por tratarse de una prestación de libre disposición.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ¿cuál de los siguientes grupos de tareas encaja mejor en el concepto de Actividades Básicas de la Vida Diaria?. a) Cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocimiento de personas y objetos, orientación y comprensión o ejecución de órdenes sencillas. b) Gestión patrimonial compleja, participación política, desempeño profesional y administración autónoma de inversiones. c) Actividades de ocio, acceso a programas culturales, formación permanente y relaciones comunitarias no vinculadas a la autonomía mínima. d) Alimentación, el aseo y el vestido, quedando excluidas la orientación y la ejecución de tareas sencillas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la diferencia entre asistencia personal y cuidados no profesionales en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) los cuidados no profesionales se prestan en el domicilio por familiares o personas del entorno no vinculadas a un servicio profesionalizado. b) Ambas figuras tienen idéntico contenido, diferenciándose únicamente por la cuantía económica que pueda reconocerse. c) La asistencia personal se presta por un asistente personal para fomentar vida independiente y autonomía;. d) A y c son correctas.

En materia de sanciones, ¿qué regla de cuantías recoge el artículo 45 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) Las infracciones leves se sancionan siempre con cierre del centro por un máximo de cinco años. b) Las infracciones graves de cuidadores se sancionan con multa de noventa mil uno a un millón de euros. c) Las infracciones muy graves se sancionan con multa de tres mil uno a seis mil euros a cuidadores y de noventa mil uno hasta un máximo de un millón de euros a proveedores de servicios. d) Las infracciones graves no pueden conllevar medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento.

Una persona dependiente vive sola, no recibe atención residencial y su PIA prevé un recurso que responda de forma inmediata ante emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento mediante tecnologías de comunicación. ¿Qué servicio encaja con el artículo 22 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) Servicio de centro de noche. b) Prestación económica de asistencia personal. c) Servicio de atención residencial temporal. d) Servicio de teleasistencia.

En el régimen sancionador, ¿quiénes tienen la consideración de autores de infracciones conforme al artículo 42 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) Únicamente quienes ejecutan materialmente la conducta infractora de forma directa. b) Solo las personas jurídicas proveedoras de servicios, quedando excluidas personas físicas y cuidadoras no profesionales. c) Las Administraciones Públicas competentes cuando no inspeccionen los centros acreditados. d) Quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta, y quienes cooperen con acción u omisión sin la cual la infracción no hubiera podido llevarse a cabo.

Qué artículo de la Ley 39/2006 establece que las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas si varía la situación personal del beneficiario?. a) Artículo 30.2. b) Artículo 14.4. c) Artículo 29.1. d) Artículo 21.3.

Respecto al servicio de ayuda a domicilio, el artículo 23 establece que: a. Las tareas domésticas pueden prestarse solas sin ningún requisito adicional. b. Siempre deben incluirse únicamente las actividades de carácter personal. c. Las tareas domésticas deben prestarse junto a las AVD, salvo justificación en el PIA. d. El servicio se limita exclusivamente a mayores de 65 años.

¿Cuál de las siguientes NO es función del Consejo Territorial según el artículo 8?. a) Acordar el baremo de valoración. b) Establecer la financiación anual del Sistema. c) Acordar condiciones de las prestaciones económicas. d) Adoptar criterios de evaluación del Sistema.

En relación con la Red de Servicios del SAAD, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta al artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) La red se integra solo por centros autonómicos propios, quedando excluidos los centros de entidades locales y los centros estatales de referencia. b) Las prestaciones y servicios se integran en las redes de servicios sociales de las comunidades autónomas, y la red de centros incluye centros públicos autonómicos, locales, centros de referencia estatal y privados concertados debidamente acreditados. c) Los centros privados no concertados pueden prestar servicios a personas dependientes sin acreditación autonómica, al no formar parte de la red pública. d) b y c son correctas.

Para proponer una libranza por cuidados en el entorno familiar, ¿qué extremo debe quedar especialmente acreditado en el informe social conforme a los requisitos del artículo 14.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?. a) La imposibilidad de acceder a cualquier servicio público. b) La existencia de discapacidad reconocida igual o superior al 75 %. c) La disponibilidad de una plaza residencial pública no ocupada. d) Que se dan condiciones adecuadas de habitabilidad y convivencia.

En la EVE, ¿qué criterio debe presidir la comparación del funcionamiento de una persona menor de tres años?. a) La comparación con personas adultas con igual diagnóstico funcional. b) La comparación con el funcionamiento esperado en otras personas de la misma edad sin la condición de salud por la que se solicita la valoración. c) La comparación con menores de tres años que ya tengan reconocido grado de dependencia. d) La comparación con el nivel de autonomía previsto para la edad de tres años.

Una persona presenta una puntuación final del BVD de 24 puntos. ¿Cuál es la consecuencia técnica conforme a los intervalos del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero?. a) Grado I, dependencia moderada, por precisar apoyo ocasional. b) Grado I si el informe social acredita barreras en el entorno habitual. c) Grado II si existe discapacidad intelectual o enfermedad mental. d) No alcanza el intervalo mínimo de Grado I, que comienza en 25 puntos.

En la actividad de “comer y beber”, ¿qué conjunto de tareas corresponde al BVD?. a) Planificar la dieta, comprar alimentos, cocinar y conservar los productos. b) Reconocer alimentos, cocinar, servir la mesa y limpiar utensilios. c) Reconocer y/o alcanzar alimentos servidos, cortar o partir la comida, usar cubiertos para llevar la comida a la boca y acercarse el recipiente de bebida a la boca. d) Masticar, deglutir, seguir dieta terapéutica y solicitar asistencia sanitaria.

¿Cuál de las siguientes relaciones entre tipo de apoyo personal y definición es correcta en el BVD?. a) La supervisión implica colaboración física parcial en la ejecución completa de la tarea. b) La física parcial comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí misma la tarea completa de ningún modo. c) La sustitución máxima comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí misma la tarea completa de ningún modo. d) El apoyo especial se limita a la orientación verbal en la toma de decisiones.

El Libro Blanco de la Seguridad Social de 1977 incorpora varias conclusiones sobre la orientación futura del sistema. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con ese enfoque?. a) Defiende la permanencia de un sistema cerrado, estrictamente profesional y ajeno a los cauces europeos de protección social. b) Propone mantener la gestión sanitaria dentro de la misma entidad gestora que las prestaciones económicas, para preservar la caja única. c) Establece que la Seguridad Social debe abandonar la financiación pública y orientarse hacia fórmulas privadas de previsión social. d) Afirma que la Seguridad Social es un derecho fundamental, debe ser abierta y en constante reforma, necesita nuevos cauces de financiación, debe ser universal y requiere una gestión sanitaria mediante órgano específico.

En relación con la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, ¿qué afirmación es correcta respecto del concepto de “contingencia”?. a) La contingencia es una situación jurídica concreta y definida que da derecho a la protección del sistema mediante una prestación, pudiendo consistir en aumento de gastos o pérdida de ingresos. b) La contingencia equivale siempre a una pérdida definitiva de capacidad laboral, por lo que solo opera en incapacidad permanente. c) La acción protectora se limita a las prestaciones económicas, sin incluir asistencia sanitaria, recuperación profesional ni servicios sociales. d) La contingencia solo existe cuando la situación protegida deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

¿Qué opción encaja correctamente en el nivel complementario del modelo español de Seguridad Social?. a) Pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación, servicios sociales y subsidios por desempleo asistencial. b) Entidades de previsión social y fondos de pensiones, con cobertura voluntaria, contratación libre y prestaciones básicamente asistenciales y económicas. c) Prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor y muerte y supervivencia financiadas por cotizaciones obligatorias. d) Asistencia sanitaria y farmacéutica incluida en la protección integral común del sistema público.

De acuerdo con el artículo 109.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué afirmación sobre la naturaleza de las prestaciones es correcta?. a) Tienen naturaleza contributiva las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. b) La asistencia sanitaria siempre tiene naturaleza contributiva, aunque no derive de accidente de trabajo ni enfermedad profesional. c) El ingreso mínimo vital y los complementos por mínimos tienen naturaleza contributiva por integrarse en la acción protectora del sistema. d) Las pensiones de incapacidad y jubilación tienen naturaleza no contributiva cuando existe afiliación previa.

En el Régimen General, ¿cuál de las siguientes inclusiones responde al artículo 136 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre?. a) Los profesores universitarios eméritos, por tratarse de personal vinculado al sistema público universitario. b) Los trabajos ocasionales prestados mediante servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad. c) Todos los trabajadores por cuenta propia mayores de dieciocho años cuando desarrollen su actividad en régimen autónomo. d) Los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en algún Régimen Especial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la jubilación ordinaria contributiva es correcta?. a) La edad ordinaria es siempre 65 años, con independencia de los años cotizados y sin período transitorio. b) Se exige haber cumplido 67 años, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, con aplicación progresiva entre 2013 y 2027. c) La edad puede reducirse por discapacidad, pero nunca por debajo de los 60 años. d) El período mínimo de cotización específico es de 5 años dentro de los 15 anteriores al hecho causante.

¿Quiénes están comprendidos en el nivel no contributivo del campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social?. a) Únicamente españoles con ingresos insuficientes. b) Solo extranjeros que hayan cotizado previamente al sistema. c) Todos los españoles residentes en España y los extranjeros con residencia legal. d) Solo pensionistas con bajos recursos económicos.

La financiación tripartita del sistema se basa en la contribución de tres sujetos. ¿Cuál es el principal componente que financia las contingencias de accidente de trabajo?. a) El trabajador. b) El empresario. c) El Estado. d) Las Mutuas de Accidentes.

Para acceder al subsidio por nacimiento y cuidado del menor, ¿qué periodo mínimo de cotización se exige a un trabajador de 25 años?. a) No exige cotización. b) 90 días dentro de 7 años. c) 180 días dentro de 5 años. d) 360 días a lo largo de la vida laboral.

¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas aparece incluida en la acción protectora del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre?. a) IMV. b) PNC incapacidad. c) PNC jubilación. d) todas son correctas.

¿Qué órgano gestiona las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social?. a) Tesorería General de la Seguridad Social. b) Mutua Colaboradora. c) Instituto Social de la Marina. d) INSS.

¿Cuál es el porcentaje de la base reguladora aplicable a la pensión de orfandad cuando existe viudedad?. a) 20%. b) 52%. c) 70%. d) 100%.

Una trabajadora sufre una lesión corporal al regresar desde su centro de trabajo a su domicilio por el trayecto ordinario. A efectos del artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cuál es la calificación jurídicamente más adecuada. a) Accidente no laboral, porque el trabajo ya había finalizado. b) Accidente de trabajo, al tratarse de un accidente sufrido al volver del lugar de trabajo. c) Enfermedad profesional, si la lesión impide temporalmente la prestación de servicios. d) Accidente común, salvo que exista dolo empresarial probado.

Un trabajador contrae una enfermedad no incluida en el cuadro de enfermedades profesionales, pero se acredita que fue provocada de forma exclusiva por la ejecución de su trabajo. ¿Qué calificación contempla el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre?. a) Enfermedad común, porque no figura en el cuadro de enfermedades profesionales. b) Accidente no laboral, al no tratarse de una lesión súbita. c) Enfermedad profesional por analogía. d) Accidente de trabajo, si se prueba que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones define de forma más precisa la incapacidad temporal regulada en los artículos 169 a 176 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre?. a) Situación que cubre la falta de ingresos cuando el trabajador está temporalmente imposibilitado para trabajar por enfermedad o accidente y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. b) Situación que sustituye a la incapacidad permanente cuando las reducciones anatómicas son definitivas. c) Prestación reservada exclusivamente a contingencias profesionales. d) Prestación económica que no suspende la relación laboral y mantiene íntegra la obligación empresarial de remunerar el trabajo.

Una trabajadora de 24 años accede a la situación especial de incapacidad temporal desde el primer día de la semana trigésima novena de gestación. ¿Qué cotización mínima debe acreditar para cumplir el requisito?. a) 90 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al inicio del descanso o, alternativamente, 180 días a lo largo de la vida laboral. b) 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. c) 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores o 360 días a lo largo de la vida laboral. d) No se exige cotización en ningún caso a partir de la semana trigésima novena.

Respecto al nacimiento del derecho al subsidio de incapacidad temporal, ¿qué afirmación es correcta?. a) En enfermedad común y accidente no laboral nace desde el día siguiente al de la baja. b) En enfermedad común y accidente no laboral nace desde el cuarto día de la baja, mientras que en accidente de trabajo y enfermedad profesional nace desde el día siguiente al de la baja, con salario íntegro del día de la baja a cargo del empresario. c) En accidente de trabajo nace desde el cuarto día y en enfermedad común desde el día siguiente. d) El derecho nace siempre desde el mismo día de la baja, con independencia de la contingencia.

¿Qué porcentaje se aplica en incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional?. a) 60% desde el día cuarto hasta el vigésimo y 75% desde el día vigésimo primero. b) 100% desde el primer día de baja. c) 75% desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho. d) 95% durante los primeros 180 días.

¿Cómo se abonan las pensiones de incapacidad permanente según deriven de contingencias comunes o profesionales?. a) Todas se abonan en 12 mensualidades con pagas extraordinarias prorrateadas. b) Todas se abonan en 14 pagas, con independencia de la contingencia. c) Las derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas, y las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional en 12 mensualidades al estar las pagas extraordinarias prorrateadas. d) Las derivadas de accidente de trabajo se abonan solo mediante pago único.

¿Qué período previo de cotización exige la incapacidad permanente parcial cuando deriva de enfermedad común?. a) 180 días dentro de los cinco años anteriores al hecho causante. b) 15 años, de los cuales 3 en los últimos 10. c) 1.800 días comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad permanente. d) Un cuarto del tiempo transcurrido entre los 20 años y el hecho causante, con mínimo de 5 años.

Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, una Administración debe decidir entre mantener a un menor en su entorno familiar con apoyos intensivos o acordar una medida de protección alternativa. ¿Cuál es la regla de ponderación más ajustada?. a) Debe valorarse primordialmente el interés superior del menor, ponderando criterios como vida, desarrollo, deseos, entorno familiar libre de violencia e identidad, junto con elementos como edad, madurez, vulnerabilidad, estabilidad y efecto del tiempo. b) Debe valorarse la medida menos costosa para la Administración, siempre que no suponga privación formal de derechos fundamentales. c) Debe elegirse la alternativa propuesta por el menor cuando tenga doce años cumplidos, sin necesidad de ponderación técnica adicional. d) Todas las respuestas son correctas.

Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, ¿qué afirmación integra correctamente el derecho del menor a la información y la actuación de los poderes públicos?. a) La alfabetización digital queda fuera del derecho a la información, porque solo corresponde al sistema educativo. b) El derecho se limita a recibir información veraz, sin incluir el acceso a servicios culturales, bibliotecas, documentación u ocio legal en Internet. c) Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar información adecuada a su desarrollo, con especial atención a la alfabetización digital y mediática y a la identificación de riesgos derivados de las nuevas tecnologías. d) El control de publicidad ilícita dirigida a menores corresponde exclusivamente a las asociaciones de consumidores, sin legitimación específica del Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, ¿qué derecho corresponde a los menores extranjeros que se encuentren en España?. a) Acceder únicamente a atención sanitaria urgente, salvo que acrediten autorización de residencia. b) Recibir educación y prestaciones sociales solo cuando estén tutelados por la Entidad Pública. c) Solicitar servicios sociales básicos únicamente a través de sus representantes legales o del Ministerio Fiscal. d) Tener derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles.

Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, ¿qué secuencia refleja mejor las actuaciones de protección de menores por los poderes públicos?. a) Declaración de desamparo, ingreso residencial, suspensión de relaciones familiares y posterior valoración social. b) Prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, establecimiento de servicios y recursos, ejercicio de la guarda y, en caso de desamparo, asunción de tutela por ministerio de la ley. c) Valoración económica de la familia, declaración de riesgo y derivación automática a acogimiento. d) Intervención judicial previa en todos los supuestos, sin posibilidad de actuación administrativa inmediata.

Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, ¿qué debe contener la intervención derivada de la valoración de una situación de riesgo?. a) Una propuesta de acogimiento residencial preventivo, sin necesidad de intervención familiar previa. b) Un proyecto de intervención social y educativo familiar con objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo factores de protección y manteniendo al menor en su medio familiar. c) Una declaración de desamparo si los progenitores no aceptan la intervención profesional. d) B y C son correctas.

Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, la negativa de los progenitores a consentir un tratamiento médico necesario para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye: a) Una situación ajena al sistema de protección si existe patria potestad vigente. b) Una causa automática de acogimiento familiar permanente. c) Un supuesto que solo puede valorarse cuando exista previa declaración de desamparo. d) Una situación de riesgo que las autoridades sanitarias pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, ¿qué condiciones son imprescindibles para acordar el retorno de un menor desamparado a su familia de origen?. a) La solicitud de los progenitores y la inexistencia de oposición expresa del menor. b) El transcurso de seis meses desde la declaración de desamparo, siempre que la familia mantenga contacto telefónico. c) La existencia de recursos económicos suficientes. d) Constatación mediante informe técnico de que el retorno no supone riesgos relevantes para el menor.

¿En qué casos se considerará a una persona como menor de edad a efectos de lo previsto en la ley, orgánica 1/1996 según el artículo 12?. a) Cuando no se pueda determinar su edad por falta de documentación fiable. b) Cuando presente un pasaporte en regla. c) Cuando se niegue a someterse a pruebas médicas para determinar la edad. d) Únicamente cuando no posea documento de identidad.

Cuando se acuerda la guarda provisional por la Entidad Pública, ¿qué diligencia debe realizarse simultáneamente según el artículo 14 de la LO 1/1996?. a) Iniciar un procedimiento de desamparo judicial. b) Elaborar el plan individualizado de protección. c) Comunicar al Juez la situación del menor. d) Investigar las circunstancias del menor y constatar su situación real de desamparo.

¿Cuál es la periodicidad de la revisión de las medidas de protección de mayores de 3 años según el artículo 12?. a) Cada tres meses. b) Cada seis meses. c) Cada doce meses. d) Cada dos años.

En el ámbito de las medidas de medio abierto, ¿qué medida supone que el menor viva en el domicilio familiar, pero acuda a un centro comunitario para actividades educativas, formativas o de ocio?. a) Asistencia a un centro de día. b) Tratamiento ambulatorio. c) Internamiento terapéutico. d) Convivencia con otra persona o familia.

¿Cuál de las siguientes medidas puede implicar la imposibilidad de que el menor continúe viviendo con sus padres, tutores o guardadores?. a) Amonestación. b) Prestación en beneficio de la comunidad. c) Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. d) Inhabilitación absoluta.

Respecto al inicio de las medidas de internamiento, ¿qué fecha se considera como fecha de inicio de la medida?. a) El día de la notificación de la sentencia firme. b) La fecha de la designación del centro por la entidad pública. c) El día del ingreso efectivo en el centro o la firmeza de la sentencia si estaba internado cautelarmente. d) El primer día de permanencia en régimen abierto.

¿En qué momento debe elaborarse el programa individualizado de ejecución de las medidas privativas de libertad o de libertad vigilada?. a) Dentro de los primeros 5 días desde la firmeza de la sentencia. b) Antes de la designación del profesional responsable. c) En el plazo de 20 días desde el inicio de la medida, prorrogable previa autorización judicial. d) Al recibir la ejecutoria y testimonio de particulares.

En el caso de que un menor se someta a una medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, ¿cuándo se considera que empieza la ejecución de la medida a efectos de liquidación?. a) El día de la notificación de la sentencia firme. b) El día en que el menor firme el consentimiento. c) El día en que el menor comienza efectivamente a realizar las prestaciones. d) El día en que el juez de menores aprueba el programa individualizado.

Según la definición de Trabajo Social consensuada en Melbourne en 2014, ¿qué principios son fundamentales?. a) Justicia social y psicología humanista. b) Derechos humanos y justicia social. c) la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. d) Las respuestas B y C son correctas.

¿Quién propuso por primera vez una base científica para el Trabajo Social?. a) F. Biesteck. b) N. de la Red. c) Mary Richmond. d) Kisnerman.

Entre las funciones de la intervención directa NO se encuentra: a) Investigación. b) Asistencia. c) Evaluación. d) Promoción.

¿Qué papel tiene la evaluación en el Trabajo Social?. a) Controla el cumplimiento de normas. b) Busca sancionar las conductas negativas. c) Contribuye a mejorar la actuación profesional. d) Determinar los problemas que son objeto de la intervención social.

La planificación de la intervención busca: a) Obtener beneficios económicos. b) Mejorar la eficacia y la eficiencia. c) Adecuarse a cada demandante de ayuda y a cada problemática específica. d) Cumplir con las normas burocráticas.

El artículo 3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, define varias características del ingreso mínimo vital. La prestación no opera como una cantidad uniforme, sino como una garantía de renta vinculada a los recursos existentes, a la estructura de la unidad y al mantenimiento de los requisitos. ¿Qué afirmación sintetiza mejor ese diseño?. a) Se reconoce por periodos anuales cerrados, aunque puede prorrogarse previa nueva acreditación administrativa de vulnerabilidad económica. b) Se fija en una cuantía única para todas las unidades, con revisión separada de ingresos familiares y patrimonio posterior. c) Cubre la diferencia entre recursos y renta garantizada, con duración condicionada al mantenimiento de requisitos. d) Se concede como prestación inembargable solo en unidades con menores, discapacidad reconocida o guarda permanente.

El requisito de residencia legal y efectiva en España durante el año inmediatamente anterior a la solicitud admite excepciones y, además, se conecta con el mantenimiento posterior de la prestación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respeta mejor ese régimen?. a) No se exige a menores incorporados por nacimiento, adopción, reagrupación, guarda o acogimiento permanente. b) El año previo queda dispensado cuando la unidad acredita vulnerabilidad económica inferior en diez euros a la renta garantizada. c) La residencia habitual se pierde por cualquier salida al extranjero. d) Las víctimas de trata deben acreditar el año completo, pero pueden sustituir la residencia legal por un informe social.

En el régimen de titulares del IMV, la persona que solicita y percibe la prestación en nombre de una unidad de convivencia asume una posición específica. ¿Cuál es?. a) Se convierte en única beneficiaria material, aunque la cuantía se calcule con los ingresos de todos los convivientes. b) Asume la representación de la unidad de convivencia a efectos de solicitud y percepción de la prestación. c) Debe ser siempre mayor de veintitrés años. d) Actúa como mera autorizada de cobro, sin quedar sujeta a obligaciones de comunicación o reintegro.

La acreditación de la unidad de convivencia y de determinadas situaciones personales exige medios distintos. ¿Qué afirmación se ajusta mejor al artículo 21 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre?. a) La unidad de convivencia se acredita solo mediante informe social, incluso cuando existen datos padronales suficientes. b) La pareja de hecho se presume por convivencia estable que conste en el certificado de empadronamiento, sin necesidad de inscripción, documento público ni prueba adicional. c) La inexistencia de vínculo matrimonial se acredita siempre mediante certificación registral. d) Puede acreditarse con libro de familia, Registro Civil y datos padronales de la misma vivienda.

Entre las obligaciones de la persona titular del ingreso mínimo vital durante la percepción de la prestación figura: a) Comunicar en treinta días naturales cambios con posible efecto modificativo, suspensivo o extintivo. b) Renovar semestralmente. c) Aportar mensualmente certificado de búsqueda activa de empleo emitido por los servicios sociales. d) Solicitar revisión anual de la cuantía ante el ayuntamiento de residencia efectiva o empadronamiento.

La unidad de convivencia en el IMV parte de la residencia en un mismo domicilio y de vínculos familiares o jurídicos determinados, pero la ley introduce situaciones especiales para evitar que ciertas convivencias impidan el acceso a la prestación. ¿Qué afirmación delimita correctamente una de esas situaciones?. a) La separación por estudios o tratamiento médico crea unidad independiente mientras dure la ausencia del domicilio común. b) Una mujer víctima de violencia de género que abandona su domicilio puede ser considerada unidad independiente. c) Toda persona empadronada en un establecimiento colectivo forma unidad de convivencia con el conjunto de residentes. d) El uso de una habitación en establecimiento hotelero impide considerar domicilio a efectos de la prestación.

Según el Catálogo de Referencia de SS.SS., el profesional de referencia tiene la finalidad de: a) Centralizar la autorización administrativa de todas las prestaciones concedidas a la persona usuaria. b) Garantizar que el expediente social dependa del recurso especializado que intervenga en último lugar. c) Sustituir la intervención interdisciplinar cuando la atención primaria haya realizado valoración inicial. d) Asegurar integralidad, continuidad, coherencia y coordinación del proceso de atención.

La naturaleza del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales se caracteriza porque: a) Constituye un marco referencial común, sin generar por sí mismo derechos subjetivos directamente exigibles. b) Opera como norma básica estatal que unifica las carteras autonómicas de servicios sociales. c) Sustituye las leyes autonómicas cuando existen diferencias en requisitos de acceso o garantías. d) Configura una cartera mínima obligatoria para todas las entidades prestadoras del sistema.

La tele-asistencia se caracteriza por combinar permanencia en domicilio y atención permanente mediante: a) Programas de acompañamiento presencial, intervención comunitaria y seguimiento socioeducativo. b) Atención psicológica especializada y apoyo a la inserción laboral de personas con autonomía limitada. c) Dispositivos residenciales de baja exigencia conectados con servicios de urgencia social. d) Terminales telefónicos conectados a una central receptora de avisos para seguridad, compañía y respuesta ante riesgos.

El instituto de la mujer ha cambiado su denominación, siendo la actual: a) Instituto de las Mujeres. b) Instituto de la Mujer y para la Igualdad entre hombres y mujeres. c) Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. d) Instituto de la Mujer y para la Igualdad.

La competencia municipal en servicios sociales, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, debe entenderse correctamente cuando se afirma que: a) Todos los municipios están obligados a prestar servicios sociales especializados cuando exista demanda suficiente. b) La competencia propia municipal incluye la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. c) La prestación obligatoria de servicios sociales se impone a partir de 5.000 habitantes, junto con los servicios mínimos generales. d) La delegación autonómica en servicios sociales convierte la materia delegada en competencia exclusiva municipal.

La perspectiva de género en adicciones obliga a interpretar los patrones de consumo teniendo en cuenta que: a) Las diferencias entre hombres y mujeres se explican principalmente por la sustancia consumida. b) Los hombres presentan menor exposición a conductas de riesgo, aunque mayor estigma cuando el consumo se vincula a responsabilidades familiares. c) Los condicionantes de género influyen en sustancias, motivos, contextos, exposición al riesgo, estigma, acceso al tratamiento y recuperación. d) Las mujeres deben ser derivadas prioritariamente a recursos de salud mental cuando el consumo se relacione con ansiedad, dolor o sobrecarga.

En la organización estatal de las políticas sobre adicciones, ¿qué afirmación delimita mejor la función de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas?. a) Actúa como órgano técnico de información epidemiológica, centrado en encuestas, indicadores asistenciales y mortalidad relacionada con drogas. b) Funciona como órgano directivo que impulsa la planificación estratégica, coordina actuaciones estatales y articula relaciones institucionales. c) Se configura como red de vigilancia sanitaria para detectar nuevas sustancias psicoactivas y comunicar riesgos emergentes. d) Opera como foro consultivo de participación social y científica, sin funciones de impulso ni gestión administrativa.

En relación con el OEDA y el SEAT, ¿qué afirmación expresa correctamente su diferencia funcional?. a) El OEDA recopila y analiza información sobre consumos y daños; el SEAT detecta y comunica riesgos vinculados a nuevas sustancias o eventos emergentes. b) El SEAT elabora las encuestas EDADES y ESTUDES; el OEDA activa las alertas sanitarias ante adulteraciones o intoxicaciones graves. c) Ambos son órganos colegiados de cooperación territorial, aunque el OEDA tiene composición autonómica y el SEAT composición estatal. d) El OEDA gestiona programas de reducción de daños; el SEAT evalúa la calidad de los tratamientos autonómicos.

En relación con los tratamientos farmacológicos en la dependencia de opioides, ¿qué afirmación diferencia mejor los agonistas opioides de los antagonistas opioides?. a) Los agonistas opioides se orientan a bloquear los efectos de los opioides tras la desintoxicación, mientras que los antagonistas se utilizan para mantener la tolerancia y evitar sobredosis. b) Los agonistas opioides, como metadona o buprenorfina, pueden favorecer estabilidad y vinculación asistencial; los antagonistas, como naltrexona, bloquean efectos opioides y requieren valorar adherencia, apoyos y pérdida de tolerancia. c) Los antagonistas opioides constituyen la primera opción cuando existe dependencia física activa, porque reducen el síndrome de abstinencia sin necesidad de intervención psicológica o social. d) Los agonistas y antagonistas opioides tienen la misma indicación clínica, diferenciándose únicamente por la duración prevista del tratamiento.