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Título del test:
ESTUDIAR

Descripción:
Coca viaje

Autor:
ANDRES
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Fecha de Creación:
05/08/2022

Categoría:
Personal

Número preguntas: 219
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Contexto 1. El 2 de junio de 2017, Diana Cornejo Jaramillo y Edison Calahorrano Latorre (“accionantes”), como padres del niño ECC1, presentaron una acción de protección contra el doctor Diego Alarcón Rodríguez y la señora Liliana Ruales Palma, en calidad de accionistas de la Clínica La Primavera CEMPRICLINIC S.A.2 (“Clínica La Primavera” o “Clínica”); y la doctora Germania Tatés Cano3 (“accionados”). El proceso fue signado con el No. 17203-2017-05423. En la demanda, los accionantes alegaron la vulneración de los derechos a la salud, vida y proyecto de vida de ECC, derivada de la atención médica brindada antes, durante y después de su nacimiento. A decir de los accionantes, la falta de implementación de mecanismos necesarios para la atención de emergencias en los partos y la aplicación de varias dosis del medicamento fentanilo causaron una parálisis cerebral a ECC. Por ello, solicitaron la reparación integral por la vulneración de los derechos alegados4. El 4 de julio de 2017, la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito (“Unidad Judicial”) decidió, en sentencia, “inadmitir” la acción propuesta por no cumplir con los requisitos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por ser considerada improcedente según el artículo 42 del mismo cuerpo normativo. La jueza concluyó: Se inadmite la acción de protección deducida por los ciudadanos DIANA CAROLINA CORNEJO JARAMILLO y EDISON RAMIRO CALAHORRANO LATORRE, como padres y representantes legales del niño [ECC], en contra de los señores Drs. DIEGO ALARCON RODRIGUEZ, LILIANA RUALES PALAMA, accionista [sic] de la Compañía Clínica “LA PRIMAVERA”; DRA. GERMANIA TATES CANO, pediatra por no reunir los requisitos del Art. 40 de la LOGJCC y por improcedente, según el Art. 42 numeral 1ero ibídem. Frente a la sentencia de 4 de julio de 2017, los accionantes presentaron recurso de apelación. El 3 de octubre de 2017, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (“Sala de la Corte Provincial”) rechazó el recurso interpuesto por considerar que lo planteado por los legitimados activos en su demanda es ajeno a la naturaleza de la acción de protección, y confirmó en todas sus partes la sentencia subida en grado. El 25 de octubre de 2017, los accionantes presentaron acción extraordinaria de protección contra las sentencias de 4 de julio y 3 de octubre de 2017, emitidas por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, respectivamente (“judicaturas accionadas”). Los accionantes alegan la vulneración de los derechos a la salud, vida digna, proyecto de vida y motivación, previstos en los artículos 32, 66, numeral 2 y 76, numeral 7, literal l) de la CRE. Sentencia No. 2951-17-EP/21 Pregunta 1 Según la Sentencia No. 2951-17-EP/21. ¿Qué garantía vulneró la sala de la Corte Provincial? Vulneró la garantía de motivación por no contar con una fundamentación fáctica suficiente al no pronunciarse sobre las pruebas presentadas por los accionantes. No vulneró la garantía de motivación porque contaba con una fundamentación fáctica suficiente al pronunciarse sobre las pruebas presentadas por los accionantes. No vulneró la garantía de la motivación porque contaba con una fundamentación lógica, razonable y comprensible. Ninguna de las anteriores.
¿Qué garantías jurisdiccionales se presentaron en el caso descrito? Acción de incumpliendo y acción extraordinaria de protección. Acción de habeas corpus acción extraordinaria de protección. Acción de protección. Acción de protección contra particulares y acción extraordinaria de protección.
Según la Sentencia No. 2951-17-EP/21 que debieron haber hecho los jueces de Sala de la Corte Provincial, para que la sentencia se encuentre debidamente motivada? Una fundamentación lógica, razonable y comprensible de la sentencia Una fundamentación normativa suficiente; y una fundamentación fáctica suficiente. Enunciar claramente los hechos facticos que constituyen el caso Ninguna de las anteriores.
¿Según la Sentencia No. 2951-17-EP/21. ¿Las Clínicas son establecimientos privados que prestan? Servicios públicos. Servicios públicos y privados de salud. Servicios públicos y privados. Servicios público impropio de salud.
Según la Sentencia No. 2951-17-EP/21, para evitar que se originen violaciones de derechos constitucionales. ¿Qué debieron haber hecho los jueces de la Sala de la Corte Provincial de Justicia? Verificar, mediante sentencia si la sentencia de los jueces de sala estaba motivada y contaba con una fundamentación lógica, razonable y comprensible. Verificar, en sentencia, los requisitos de procedencia de la acción de protección. Señalar que la acción de protección no era la vía adecuada para tutelar los el derecho a la salud; (ii) si se vulneró el derecho a una vida digna; y, (iii) si se vulneró el derecho al proyecto de vida Responder, al menos, los argumentos relevantes de los tres problemas jurídicos planteados: (i) si se vulneró el derecho a la salud; (ii) si se vulneró el derecho a una vida digna; y, (iii) si se vulneró el derecho al proyecto de vida.
Frente a una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de apelación que dispuso el pago de la diferencia de haberes laborales sin haberse agotado todos los recursos, la Corte Constitucional estableció una nueva excepción a la regla de preclusión establecida en la sentencia No. 037-16-SEP-CC; de tal manera que si en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica, de oficio, que en la especie no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios exigidos por la legislación procesal aplicable, la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso; salvo que el legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia. Sin perjuicio de lo mencionado, reiteró que en el supuesto de gravamen irreparable establecido en la sentencia 154-12-EP/19, la Corte puede entrar a conocer la acción extraordinaria de protección que no cumpla con el referido requisito. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: 1. Rechazar por improcedente la acción extraordinaria de protección planteada por el economista Agustín Ortiz Costa, Director Provincial del Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2012 emitida por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del juicio individual de trabajo seguido por Justo Antonio Malangón Jiménez en contra del abogado Gregory Gines Vinces, en su calidad de Director Provincial 2 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también por sus propios derechos en razón de la responsabilidad solidaria. 2. Disponer la devolución del expediente al juzgado de origen. Sentencia 1944-12-EP/19. Pregunta 1 ¿Según la sentencia 1944-12-EP/19 cuál es el objeto de la acción extraordinaria de protección? Garantizar la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, también serán objeto de la acción extraordinaria de protección, cuando la Corte Constitucional así lo considere, autos que pese a no tener carácter definitivo causen gravamen irreparable Garantizar la protección de todos los derechos constitucionales en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, también serán objeto de la acción extraordinaria de protección derechos que estén contemplados en instrumentos internacionales de derechos humanos. Garantizar la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Ninguna de los anteriores.
¿Según la sentencia 1944-12-EP/19 aceptar admisible una acción extraordinaria de protección en contra de una decisión judicial calificada conforme el artículo 94 de la Constitución desencadena? En una alternativa legítima para una correcta defensa judicial. En la desnaturalización de la garantía jurisdiccional y la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Una correcta aplicación de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. Ninguna de las anteriores.
¿De acuerdo a la sentencia 1944-12-EP/19, en el examen de admisibilidad en la acción extraordinaria de protección la Corte Constitucional debe pronunciarse respecto de? Si la decisión judicial calificada sea una sentencia, la cual no se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de los mismos fuere producto de la negligencia del legitimado activo. Si la decisión judicial calificada sea una sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia y los autos que pese a no tener carácter definitivo no causen gravamen irreparable. Si la sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia sobre la cual se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de los mismos no fuere producto de la negligencia del legitimado activo. Ninguna de las anteriores.
¿Con que fin la Corte Constitucional señala que la preclusión, como principio del derecho procesal constitucional, no puede tener un carácter absoluto y debe admitir modulaciones? Con el fin de evitar que la Corte Constitucional actúe en ámbitos que corresponden a los jueces ordinarios. Con el fin que se deba cumplir lo establecidos en la Constitución de la República. Con el fin de evitar la violación de derechos y principios constitucionales. Ninguna de las anteriores.
¿Indique la excepción a la regla de preclusión establecida por la Corte Constitucional en la sentencia 1944-12-EP/19? Sí en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica, que no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios exigidos por la legislación procesal aplicable, la Corte está obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso; salvo que el legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia. Sí en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica, primeramente, esta debe a convocar a una audiencia para verificar que se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios exigidos por la legislación procesal aplicable, la Corte está obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso en la misma audiencia; salvo que el legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia. Sí en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica, de oficio, que en la especie no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios exigidos por la legislación procesal aplicable, la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso; salvo que el legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia. Ninguna de las anteriores.
La Corte Constitucional revisa las decisiones judiciales correspondientes a los procesos No. 365-18-JH, No. 278-19-JH, 398-19-JH y 484-20- JH, y analiza el alcance del hábeas corpus como garantía jurisdiccional para la protección de la integridad personal frente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito carcelario. La Corte observa que existe una vulneración estructural y sistemática a estos derechos dentro del sistema de rehabilitación social y establece parámetros mínimos para asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La Corte, en sentencia de revisión derivada de varias acciones de hábeas corpus presentadas por personas privadas de libertad que habrían sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, examinó diversas problemáticas que se presentan en el sistema nacional de rehabilitación social e impactan de forma directa en los derechos constitucionales, especialmente en el derecho a la integridad personal. Sentencia 365-18-JH/2. Pregunta 1 Según la sentencia 365-18-JH/21. La Corte Constitucional ha señalado que es objeto de protección mediante hábeas corpus los derechos en la privación de libertad y en tales casos, se considera. Al hábeas corpus con fines correctivos. Al hábeas corpus con fines reparativos Al hábeas corpus con fines traslativos. Al hábeas corpus con fines preventivos.
¿Según la sentencia 365-18-JH/21 que debe observar el Juez al resolver una acción de hábeas corpus planteada a favor de cualquier persona? Los jueces están obligados a realizar un análisis integral, respecto solamente al estado psicológico de la persona que esta privada de la libertad. Los jueces están obligados a realizar un análisis integral, que incluye la naturaleza y circunstancias de la detención al momento de presentación de la acción demanda y a las condiciones en las cuales se encuentra la persona privada de libertad. Los jueces están obligados a realizar un análisis integral, respecto solamente al estado psicológico de la persona que esta privada de la libertad. Ninguna de las anteriores.
¿Según la sentencia 365-18-JH/21 cúales son los derechos que protege la acción de habeas corpus con fines correctivos? Los derechos que podrían vulnerarse durante la privación de libertad, integridad personal, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la incomunicación u otros tratamientos vejatorios que atenten contra la dignidad humana Los derechos al debido proceso en consecuencia el derecho a libertad de la persona se encuentro obstaculizada. Los derechos que podrían ser amenazados a vulnerarse antes de la privación de libertad, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la incomunicación u otros tratamientos vejatorios que atenten contra la dignidad humana. Ninguna de las anteriores.
¿Según la sentencia 365-18-JH/21 que no deben hacer los jueces constitucionales que sustancien la garantía de habeas corpus? Las juezas y jueces que conocen esta garantía tienen la obligación de atender diligentemente todas las alegaciones. Las juezas y jueces que conocen esta garantía tienen la obligación de realizar el máximo esfuerzo para descartar las vulneraciones alegadas Las juezas y jueces que conocen esta garantía no deben limitarse únicamente a verificar si la privación de la libertad fue legal y si no fue arbitraria o ilegítima. Las juezas y jueces que conocen esta garantía tienen la obligación de proteger uno o varios de los derechos previstos por la Constitución y la LOGJCC para esta garantía jurisdiccional.
Según la sentencia 365-18-JH/21 cuando se presentan acciones de hábeas corpus en las que se alega tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes y la consecuente vulneración del derecho a la integridad personal de personas privadas de libertad. ¿La carga de la prueba recae en? En la persona que presenta la acción de habeas corpus y la valoración probatoria que realice el juez al conocer un hábeas corpus deberá considerar los medios probatorios presentados por el accionante de la garantía jurisdiccional. En el Estado, por acción u omisión. La valoración probatoria que realice el juez al conocer un hábeas corpus deberá considerar la desigualdad de armas entre las partes procesales, es decir, entre el privado de libertad y las autoridades accionadas. La parte a quien normalmente le hubiera correspondido la carga de probar, queda exento de dicha carga, desplazándose a su contraparte, el accionado, la autoridad pública no judicial. Ninguna de las anteriores.
La acción de protección procede cuando se verifica: Que puede acceder a la justicia ordinaria. Actuaciones administrativas arbitrarias. Vicios de legalidad. Una real vulneración a derechos constitucionales.
De acuerdo al contexto, la destitución de un servidor público que padezca enfermedad catastrófica debido a su rendimiento laboral: Es una acción ilegal. Vulnera derechos constitucionales. Genera vicios de legalidad. Vulnera derechos del administrado.
El juez constitucional a más de verificar la real vulneración a derechos constitucionales debe verificar: Que pueda acceder a la tutela judicial efectiva en la vía ordinaria. Que se trate de un vicio de legalidad y no de constitucionalidad. Que no existe otra vía para la tutela de estos derechos. La existencia de otras vías jurisdiccionales.
De acuerdo al contexto, no tienen cabida para el debate en la esfera constitucional: Los conflictos de constitucionalidad. La vulneración de derechos constitucionales. Las garantías jurisdiccionales. Los conflictos de legalidad.
Cuando el acto administrativo contenga vicios de legalidad y no de constitucionalidad, el afectado deberá: Plantear la acción contenciosa administrativa que corresponda. Acudir al juez constitucional. Plantear una acción de protección. Verificar que no existan otras vías jurisdiccionales.
Impugnación del acto administrativo El Estado tienen como propósito precautelar el interés general y el bien común de la sociedad; además, tiene la obligación de garantizar el derecho a defenderse de los abusos y arbitrariedades de la autoridad pública, para ello, el afectado puede recurrir a los medios de impugnación del acto administrativo (CR. art. 173), que permiten ejercer el derecho a contradecir o refutar de manera fundamentada la resolución de la autoridad administrativa. En el sistema jurídico ecuatoriano, el acto administrativo puede ser impugnado en la vía administrativa o en la vía contenciosa administrativa como veremos a continuación: En la vía administrativa existen dos recursos que puede interponer el afectado del acto administrativo. Mediante apelación el afectado recurre del acto administrativo de un órgano inferior a un órgano superior. El término para la interposición del recurso es de diez días contados a partir de la notificación del acto. A través del recurso extraordinario de revisión se impugna el acto administrativo que ha causado estado, por no interponer el recurso en el tiempo determinado, la máxima autoridad expidió el acto administrativo o se lo impugnó en la vía contencioso administrativa. Sin embargo, para interponer este recurso el acto debe incurrir en las siguientes circunstancias: error de hecho; error de derecho; que aparezcan nuevos documentos; actos declarados nulos o documentos declarados falsos; y, cuando la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada. En vía judicial el afectado puede interponer las siguientes acciones contencioso administrativas: i) Acción de plena jurisdicción o subjetiva, ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. ii) Acción de anulación objetiva o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. iii) Acción de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. Esta acción, cobra vigencia desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Judicial, LOFJ, el COGEP y el COA, a través de esta acción la autoridad que expidió el acto administrativo, debe demandar la nulidad de su propio acto. Fuente: López, N. (2018). Recursos en sede administrativa y judicial. Con base en el fragmento anterior, responda las siguientes preguntas. Pregunta 1 El derecho a contradecir o refutar la resolución de la autoridad administrativa, se denomina: Impugnación Revocatoria del acto administrativo. Acción de plena jurisdicción. Recurso de apelación.
En la vía administrativa existen dos recursos que puede interponer el afectado del acto administrativo. Subjetivo y lesividad. Apelación y extraordinario de revisión. Anulación objetiva y apelación. Extraordinario de revisión y subjetivo.
Pregunta 3 Para que el acto administrativo no cause estado es necesario: Que se interponga el recurso en vía administrativa. Que se interponga el recurso ante la autoridad competente. Que se interponga el recurso en el tiempo determinado. Que se interponga el recurso en la vía judicial. .
El acto administrativo que lesiona el interés público debe revocarse mediante: Recurso de apelación. Acción de nulidad objetiva. Recurso extraordinario de revisión. Acción de lesividad. .
El afectado del acto administrativo para amparar sus derecho subjetivo en la vía contenciosa administrativa, debe plantear: Un recurso extraordinario de revisión. Una acción de plena jurisdicción. Una acción de nulidad objetiva. Un recurso de apelación.
Principio de autonomía administrativa El presidente encargado y dos vocales principales de la Junta Parroquial de Guayllabamba, el 15 de septiembre del 2011, formularon una acción de protección en contra del Gerente General del Banco Central del Ecuador, para que deje sin efecto la resolución administrativa contenida en el oficio N°. DSBN.1467-2011 de 25 de marzo del 2011 (ratificada en oficio N°. DSBN-1433-2011) por la cual el Banco Central del Ecuador deshabilitó las claves de acceso a la cuenta bancaria de la Junta Parroquial referida. El 28 de octubre del 2011, el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha aceptó la acción de protección y dispuso que la entidad accionada reintegre la habilitación de las claves. El 05 de enero del 2012, la Tercera Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, aceptó los recursos de apelación formulados y dejó sin efecto la sentencia de primera instancia. El 28 de febrero del 2012. Los representantes de la Junta Parroquial de Guayllabamba, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la decisión de segunda instancia. La Corte Constitucional, en el análisis previo a desestimar la acción extraordinaria de protección, hizo referencia al precedente jurisprudencial obligatorio contenido en la sentencia N°. 282-13-JP/19, en el cual se determina que «el Estado y sus organismos ejercen derechos constitucionales de índole o dimensión procesal, tales como la tutela judicial efectiva o las garantías del debido proceso.» Además, determinó que « los Gobiernos Autónomos Descentralizados no se encuentran legitimados para demandar mediante acción de protección o acción extraordinaria de protección, a otras entidades y organismos del Estado el reconocimiento del principio constitucional de autonomía administrativa, como si se tratase de un "derecho" constitucional de tales Gobiernos Autónomos Descentralizados.» Finalmente, este organismo de justicia constitucional determinó que «la autonomía administrativa se encuentra reconocida constitucionalmente como un principio orgánico mediante el cual se estructura y organiza el Estado y la administración pública, así como sus competencias y los distintos niveles descentralizados de gobernanza pública. Este es el caso de los consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos, concejos municipales y parroquiales rurales. Incluso, la autonomía administrativa es un mecanismo para promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, junto a la descentralización, conforme dispone el artículo 3, numeral 6 de la Constitución de la República.» La autonomía administrativa, por tanto, no constituye en sí mismo un derecho constitucional de las juntas parroquiales, ni de sus representantes. Fuente: Corte Constitucional. Sentencia No. 462-12-EP/19. Con base en el fragmento anterior, responda las siguientes preguntas. Pregunta 1 Los derechos constitucionales que ejerce el Estado y sus organismos, son de índole o dimensión: Orgánico. Procesal. Territorial. Administrativo. .
Uno de los derechos constitucionales que le corresponde ejercer al Estado y sus organismos, es: La autonomia administrative La descentralización La acción de protección La tutela judicial efectiva.
La autonomía administrativa: Constituye un derecho constitucional de las juntas parroquiales y de sus representantes. No constituye un derecho constitucional de las juntas parroquiales, ni de sus representantes. No constituye un derecho constitucional de las juntas parroquiales, pero sí de sus representantes. Al igual que la descentralización constituyen en sí mismo en derechos constitucional de las juntas parroquiales.
En relación al reconocimiento del principio constitucional de autonomía administrativa, los Gobiernos Autónomos Descentralizados: No se encuentran legitimados para demandar mediante acción de protección o acción extraordinaria de protección, a otras entidades y organismos del Estado. Se encuentran legitimados para demandar mediante acción de protección o acción extraordinaria de protección, a otras entidades y organismos del Estado. No se encuentran legitimados para demandar mediante acción de protección, pero si mediante acción extraordinaria de protección, a otras entidades y organismos del Estado. Se encuentran legitimados para demandar únicamente mediante acción de protección a otras entidades y organismos del Estado.
El Estado y la administración pública, se estructura y organiza mediante la aplicación del principio de: Tutela judicial efectiva. Autonomía administrativa. Gobernanza pública. Descentralización. .
CASO ECUATORIANO. SENTENCIA N° 2064-14-EP/21 Hechos del caso En esta sentencia se analiza si existe vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía a recurrir el fallo y a la motivación, al principio de non reformatium in pejus, al derecho a la defensa; y, a la tutela judicial efectiva en la sentencia de segundo nivel, misma que resolvió revocar la decisión de primer nivel y declaró sin lugar la acción de hábeas data planteada en contra de una persona natural que poseía fotografías íntimas y personales de la actora. La Corte decide entrar al mérito del caso y encuentra que hubo violación al derecho a la protección de datos personales y autodeterminación informativa, a la imagen, a la honra y buen nombre e intimidad. El 19 de agosto de 2014, NN1 (en adelante la “actora”) presentó acción de hábeas data en contra de DD2 (en adelante la “demandada”), con la finalidad de determinar el modo en que esta última llegó a poseer fotografías personales e íntimas de la actora. Asimismo, solicitó se determine desde cuándo la demandada las tiene en su posesión; cómo las ha utilizado; a quién las ha difundido; y, qué tecnología empleó para acceder y almacenar dichas fotografías. Además, solicitó la eliminación inmediata de las fotografías del soporte informático y/o material donde se encuentren. En concordancia con lo anterior, pidió la reparación integral de sus derechos. La actora argumentó que la demandada procedió a enseñar dichas fotografías a sus padres, un día que supuestamente concurrió a la institución pública donde ellos laboraban en aquel entonces, al parecer, en razón de que habría averiguado mediante engaños, sus nombres y lugar de trabajo. La demandada señaló que tuvo acceso a esas fotos en forma casual porque las encontró el día jueves 14 de agosto del 2014, cuando se encontraba realizando un trabajo en la computadora de su casa, que ocasionalmente su cónyuge lleva en sus viajes de trabajo, y ha referido que accedió a las fotografías íntimas y personales de la accionante, en razón de que se habrían guardado las conversaciones mantenidas por WhatsApp entre la accionante y el cónyuge de la accionada. Análisis Se platean, en relación a este caso las siguientes preguntas ¿La parte demandada en el proceso de origen, realizó un tratamiento no autorizado de los datos personales de la actora? ¿De ser afirmativa la respuesta, dicho tratamiento además vulneró los derechos constitucionales de la actora? De ser así, ¿Cuál es la reparación integral que corresponde en el presente caso? Y se realizan las siguientes consideraciones: Que, la fotografía de una persona constituye efectivamente un dato personal, ya sea porque identifica al individuo o porque lo hace identificable. En cuanto al consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales se establece que cualquier tipo de tratamiento de datos personales requiere la autorización de su titular o el mandato de la ley, sin que esto implique una renuncia de derechos. Y que la manifestación de voluntad, entonces, requiere ser libre, específica, informada e inequívoca. Por consiguiente, que aquella sea libre, implica que la misma no esté sujeta a algún tipo de vicio del consentimiento, como la fuerza, la coerción o cualquier tipo de presión que se pueda ejercer sobre el titular, con el fin de que aquel preste su consentimiento. El requisito de especificidad implica que haya claridad en cuanto al tipo de tratamiento que autoriza el titular y el dato personal sobre el cual lo autoriza, así como a los sujetos que pueden realizar el tratamiento sobre los datos personales. Es decir, que la manifestación de voluntad exprese concretamente el o los tipos de tratamiento que se autorizan y específicamente con respecto a qué dato personal del titular se está autorizando dicho uso, así como el sujeto o los sujetos autorizados a realizar dicho tratamiento a los datos personales del titular. En cuanto al requisito de que el consentimiento sea inequívoco, ello está vinculado a la especificidad y claridad e implica que la manifestación de voluntad no sea ambigua, esto es, que no dé lugar a dudas respecto del consentimiento en sí mismo y su alcance. Por último, un requisito que amerita mayor detenimiento al momento de analizarlo, es el que exige que la manifestación de la voluntad sea informada. Se establece que una conversación que mantienen dos personas concretas, así como los archivos que contengan datos personales y que se envíen por medio de esta aplicación, en principio cuentan con una expectativa razonable de privacidad, en razón de que el tipo de espacio, esto es, la aplicación digital de WhatsApp, está cerrado exclusivamente a esas dos personas concretas, sin que nadie más pueda ni deba acceder a ese espacio virtual. Que, incluso una autorización por parte del titular no puede considerarse como una renuncia del derecho del titular sobre sus datos personales. Así, en aras de garantizar los derechos constitucionales de las personas, el rol del juez dentro de estos escenarios presupone que, aun cuando verifique que ha mediado una autorización por parte del titular atinente al tratamiento de sus datos, efectúe el análisis correspondiente en cuanto al alcance del consentimiento supuestamente otorgado; de que el mismo esté completo en los términos establecidos y, del carácter mutable del libre desarrollo de la personalidad y sus implicaciones en el caso concreto. (…) En el presente caso, esta Corte verifica que la demandada sí ha otorgado un tratamiento a las imágenes objeto de la acción. La Corte acepta la demanda de acción de hábeas data planteada, y se declara la vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal y autodeterminación informativa, honra y buen nombre, imagen e intimidad de la accionante. En el contexto expuesto y en base a la bibliografía estudiada responda las siguientes preguntas: Pregunta 1 En relación al consentimiento para el tratamiento de datos personales: Se establece que la manifestación de voluntad requiere, necesariamente, para ser válida, cumplir con ser libre, específica, informada e inequívoca. Se establece que el consentimiento implica una renuncia de derechos sobre sus datos personales. Se establece que, si la manifestación de voluntad es libre, por no estar sujeta a ningún vicio de consentimiento, entonces es válida para tratar datos personales, sin necesidad de hacer más análisis Se establece que, si se verifica que la manifestación de voluntad del titular de datos personales es específica, entonces el consentimiento es válido para tratar datos personales, sin necesidad de hacer más análisis.
El requisito de especificidad – en la manifestación de la voluntad- implica: Que la manifestación de voluntad no esté sujeta a fuerza o coerción. Que se exprese concretamente el o los tipos de tratamiento que se autorizan, con indicación de sobre qué dato y los sujetos autorizados. Que, la manifestación de la voluntad se haya procurado con engaños. Que, la manifestación de la voluntad sea específicamente posterior al tratamiento de los datos personales.
En el contexto antes mencionado, con el fin de garantizar que no exista una vulneración de los derechos constitucionales del titular de los datos personales, antes de resolver: Se debe verificar únicamente que haya existido el consentimiento por parte del titular de los datos personales, pues este es suficiente, como base legal, para realizar el tratamiento de datos personales. Corresponde realizar un análisis adicional en cuanto al alcance del consentimiento supuestamente otorgado. Se debe considerar que la autorización que otorga el titular de un dato personal, lo hace en el marco de la libertad de contratación, y por lo tanto, es absoluta No corresponde analizar sobre la vulneración de derechos fundamentales si ya se ha verificado la existencia de consentimiento previo por parte del titular de los datos personales .
Si “XYZ” para acceder a un servicio de salud ofertado por “PBO”, firma un contrato de adhesión en el que autoriza el uso de su propia imagen, en los siguientes términos “Doy mi consentimiento para que mi imagen sea difundida por todos los medios conocidos y por conocer, para cualquier finalidad”. Entonces Usted diría que: La autorización se ajusta a los parámetros para que se configure el consentimiento y por tanto es válida, sin riesgo de vulneración de derechos fundamentales. “PBO” puede dar el tratamiento de la imagen de “XYZ” para cualquier finalidad, pues así lo ha autorizado su titular y debe respetarse pues se ha dado una autorización en el marco de la libertad de contratación. La autorización no se ajusta a los parámetros para que se configure el consentimiento y por tanto no es válida. Las respuestas a) y b) son correctas.
En este caso, la demandada señaló que tuvo acceso a esas fotos en forma casual porque las encontró el día jueves 14 de agosto del 2014, cuando se encontraba realizando un trabajo en la computadora de su casa, que ocasionalmente su cónyuge lleva en sus viajes de trabajo, y ha referido que accedió a las fotografías íntimas y personales de la accionante, en razón de que se habrían guardado las conversaciones mantenidas pr WhatsApp entre la accionante y el cónyuge de la accionada. Entoncoes Usted consideraría que: Hubo consentimiento, en los términos exigidos, para que la demanda muestra las imágenes a los padres de la actora, pues ésta envió voluntariamente sus fotografías. No se requiere consentimiento por parte de la actora toda vez que las personas a las que la demandada mostró las fotografías son los padres de la actora quienes forman parte de la espera personal de la actora. El envío de las fotografías a un tercero no equivale a prestar el consentimiento que autorice cualquier forma o todo tipo de tratamiento. Las respuestas a) y b) serían las correctas.
CASO PERUANO. EXP. Nº 4972-2006-PA/TC Hechos del caso Recurso de agravio constitucional interpuesto por Corporación M y P S.A.C. contra la resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Las recurrentes, representadas por el señor FDV, interponen demanda de amparo contra AT INC y AI PTY Limited, solicitando que se determine la incompatibilidad constitucional por el uso abusivo del derecho y se declaren inaplicables la Cláusula 20.3, 18.3 y 19 del Contrato de Compraventa de Máquinas Tragamonedas. Arguyen que en los tres casos se les pretende someter compulsivamente a un arbitraje de derecho, vulnerando de este modo sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a contratar con fines lícitos, a la contratación válida según las normas vigentes, a la proscripción del abuso del derecho, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Manifiestan las recurrentes que de la relación contractual surgieron una serie de incumplimientos y que los contratos se encuentran plagados de cláusulas abusivas y desproporcionadas. Las empresas emplazadas contestan deduciendo las excepciones de incompetencia y de prescripción extintiva. Por otra parte, y en cuanto al fondo, contestan la demanda negándola y señalando que los aspectos que los demandantes pretenden cuestionar (aspectos de naturaleza comercial y civil) no forman parte del contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, pudiendo en todo caso discutirse a través de los procesos ordinarios y no a través del amparo, que tiene carácter residual. El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 18 de Abril del 2005, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda de amparo. Argumenta que el reconocimiento constitucional de la instancia arbitral no significa que dicho fuero haya recibido competencias exclusivas y excluyentes, poderes extraterritoriales y competencias irrevisables por el Poder Judicial y que, los acuerdos deben regirse a las garantías de las normas vigentes. Análisis El tribunal señala el reconocimiento a los derechos fundamentales preferentemente para la persona humana, y por tanto, es ésta quien primordialmente puede invocar su respeto y protección a título subjetivo. Sin embargo, señalan que las personas jurídicas – de derecho privado- son un ente que opera como centro de imputación de obligaciones, pero también, y con igual relevancia, de derechos, aunque no los mismos que la persona humana. Y luego, la necesidad de garantizar el derecho a la participación de toda persona en forma individual o asociada en la vida de la nación, y da necesidad de que el principio del Estado democrático de derecho e, incluso, el de dignidad de la persona, permitan considerar un derecho al reconocimiento y tutela jurídica en el orden constitucional de las personas jurídicas. Además, el Tribunal establece tres situaciones en las que cabe el control constitucional sobre jurisdicción arbitral: a) cuando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela procesal b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta de modo unilateral sobre una persona c) Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, esta verse sobre materias absolutamente indisponibles. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta. En el contexto expuesto y en base a la bibliografía estudiada responda las siguientes preguntas: Pregunta 1 Sobre los derechos fundamentales invocables por las personas jurídicas: Se establece que las personas jurídicas no pueden invocar esos derechos pues la persona humana es la única que puede invocar su respeto y protección. Se establece que las personas jurídicas no pueden invocar esos derechos pues están únicamente sujetas a obligaciones. Es constitucionalmente legítimo el reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas. Se establece que todos los atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona natural son los mismos que corresponden a la persona jurídica. .
Sobre la jurisdicción arbitral se puede decir que: Se le han conferido competencias irrevisables por el Poder Judicial pues tiene su origen en el acuerdo entre particulares. Cabe un control constitucional pero únicamente cuando versa sobre aspectos de naturaleza civil o comercial. Se le han conferido competencias exclusivas y excluyentes. Resulta perfectamente legítimo acudir al proceso constitucional a efectos de cuestionar el carácter lesivo de los actos expedidos por la jurisdicción arbitral cuando se obre de modo arbitrario e insconstitucional.
El argumento del reconocimiento de derechos fundamentales a las personas jurídicas: Encuentra su fundamento siempre que se trate de personas jurídicas de derecho público. No existe reconocimiento expreso de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas. Encuentra su fundamento en que, a la persona jurídica se le atribuyen obligaciones, pero también, y con igual relevancia, derechos. Ninguna es correcta.
El enunciado: “Cabe el control constitucional sobre jurisdicción arbitral cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta de modo unilateral sobre una persona” Es un supuesto que habilitará con toda legitimidad el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Lleva implícita la regla de que los particulares no pueden ser despojados de su derecho a que sus conflictos o controversias sean prima facie ventilados ante la jurisdicción ordinaria. Desde dicha perspectiva, toda situación en que se le pretenda jurisdicción arbitral sin consentimiento expreso de quienes suscriban un contrato, se constituirá en un fenómeno abiertamente inconstitucional. a), b) y c) son correctas.
Sobre el caso planteado, en el que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta: Se aprecia que lo que pretende es discutir el alcance de cláusulas contractuales aceptadas de manera voluntaria por las empresas recurrentes. Se aprecia que el propósito del proceso planteado es discutir lo que se viene haciendo en la jurisdicción arbitral. Se aprecia que el propósito del proceso planteado es denunciar una imposición unilateral a la que los recurrentes hayan sido forzados o inducidos sin su conocimiento expreso. Se aprecia que el propósito del proceso planteado tiene que ver con un arbitraje de materias indisponibles. .
CASO COLOMBIANO. SENTENCIA T-1118/02 Hechos del caso La Corporación para la Rehabilitación del Valle del Cauca es una entidad que agrupa a todas las instituciones educativas y de rehabilitación encargadas de educar y vincular a la sociedad a personas con discapacidades, como por ejemplo retardo mental, Síndrome de Down, Síndrome de West R.M., Autismo, retardo mental asociado a Hipoacusia y baja visión, Síndrome Dismórfico, problemas de lenguaje, problemas motores, parálisis cerebral, Esclerosis Tuberculosa y Hemiparesia, entre otros. La Directora Ejecutiva de la Corporación para la Rehabilitación del Valle del Cauca, mediante carta del 7 de mayo de 2001, solicitó al subgerente de seguros de “La Previsora S.A. Compañía de Seguros”, seccional Pacífico, una cotización de póliza de accidentes escolares para la vigencia 2001 – 2002 para la población con discapacidad de las instituciones afiliadas a la Corporación. El número total de personas discapacitadas es de 64, en edades que van de los 10 a los 48 años. Mediante oficio No. SEP 003472 del 18 de mayo de 2002, los doctores Hernando Muriel Salazar y Juan Fernando Materon, Subgerente de Seguros y Subgerente Comercial de La Previsora S.A., Regional Pacífico, informaron a la directora ejecutiva de la Corporación para la Rehabilitación del Valle del Cauca sobre el recibo de su solicitud y respondieron: “Al respecto lamentamos informarles que no es posible presentar término de cotización teniendo en cuenta las características del grupo asegurable.” Ante esta respuesta, las señoras representantes de la “FUNDACIÓN PARA LIMITACIONES MÚLTIPLES –FULIM–” y la “FUNDACIÓN DE TALLERES ESPECIALES –FUNTAES–”, entidades sin ánimo de lucro interpusieron acción de tutela contra “La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Regional Pacífico”, por violación del derecho fundamental a la igualdad. Consideran que la decisión de la demandada es discriminatoria de la población con discapacidad. El presente caso plantea un interrogante concreto desde la perspectiva constitucional, a saber, si la negativa de una empresa aseguradora sujeta al derecho privado a cotizar el costo de un seguro de accidentes personales a favor de personas con discapacidad al cuidado de fundaciones para la capacitación, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas representadas por las tutelantes. Se resuelve conceder la tutela del derecho fundamental a la igualdad de los discapacitados vinculados a la FUNDACIÓN (FULIM) y (FUNTAES). En el contexto expuesto y en base a la bibliografía estudiada responda las siguientes preguntas: Pregunta 1 Por constitucionalización del derecho privado entendemos: La aplicación cada vez más recurrente de normas constitucionales en las relaciones particulares. La inclusión del derecho privado en los servicios públicos. La aplicación del derecho privado en forma independiente a los derechos fundamentales d) La inclusión de los se La inclusión de los servicios públicos en el derecho privado.
No cotizar el costo de la póliza “por las características del grupo asegurable” constituye: Una práctica común en dicho mercado y, por lo tanto, aceptada. Un trato desigual, pero que está constitucionalmente justificado en razón de la libertad contractual. Un trato discriminatorio en razón de la condición física o mental de la persona. Las respuestas a) y b) son correctas.
En el contexto arriba descrito, los particulares que se rigen por las reglas del derecho privado, ¿están sujetos al principio constitucional de no discriminación? No, su decision de rechazar la solicitud de personas con discapacidad obedece al ejercicio legítimo de la libertad contractual. No, pues la empresa está en libertad de decidir a quién prestar su servicio y a quién no. Si, pues las personas con discapacidad pueden exigir el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades. Generalmente sí, pero para el caso concreto, tratándose de una póliza de seguro, no estarían las empresas sujetas al mencionado principio.
Para este caso, el derecho fundamental a la igualdad: Obligaría a las aseguradoras a el trato igual en la cotización del costo de la póliza del seguro. Obligaría a las aseguradoras a permitir el acceso a la posibilidad de cotizar una póliza Obligaría a las aseguradoras a ofertar una cotización con un costo menor para las personas discapacitadas. El derecho fundamental no es aplicable.
Con respecto a la relación que podría existir entre la aseguradora y una persona con discapacidad Usted podría decir que: Existe una relación asimétrica de poder entre los particulares que podría limitar la autonomía de la persona y en ese marco cabría intervención en las relaciones entre particulares para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales. Existiría una relación de indefensión y en ese marco cabría intervención en las relaciones entre particulares para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales. Se rige a las normas de derecho privado, mismas que garantizan por sí solas la efectividad de los derechos fundamentales. Las respuestas a) y b) son correctas.
El positivismo jurídico ha agotado ya, nos parece, su ciclo histórico. En contra de lo que han sostenido algunos autores como Ferrajoli, Comanducci o Prieto, el llamado paradigma neoconstitucionalista no puede verse como la culminación del positivismo jurídico, sino más bien como el final de esa forma de entender el Derecho. El positivismo no es la teoría adecuada para dar cuenta y operar dentro de la nueva realidad del Derecho del Estado constitucional, además de por los déficits a los que se ha venido haciendo referencia, por un último rasgo vinculado a ellos: porque tiene (en todas sus variantes) un enfoque exclusivamente del Derecho como sistema, y no (también) del Derecho como práctica social. Como sistema, el Derecho puede considerarse como un conjunto de enunciados de carácter normativo y no normativo que cumplen ciertos requisitos. Pero además el Derecho puede (ha de) verse como una práctica social compleja consistente en decidir casos, en justificar esas decisiones, en producir normas, etc. Dicho quizás de otra manera, el Derecho no es simplemente una realidad que está ya dada de antemano (y esperando, por así decirlo, al jurista teórico que la describa y sistematice), sino una actividad en la que se participa y que el jurista teórico ha de contribuir a desarrollar. Por algo tanto en la obra de Dworkin como en la de Alexy, esto es, los dos autores que han desarrollado las que podría considerarse como teorías no positivistas del Derecho de mayor impacto, se subraya esa necesidad de considerar el Derecho como una práctica social (en la terminología de Dworkin, como una práctica interpretativa, en la de Alexy, como una serie de procedimientos), y no simplemente como un conjunto de reglas y principios. 1.El positivismo, según autores como Ferrajoli, ha alcanzado su máximo desarrollo con el: Neoconstitucionalismo Iusnaturalismo No positivismo Realismo jurídico .
En el positivismo, el derecho es visto predominantemente como: Un sistema axiológico Un sistema de normas Una práctica predominantemente arbitraria Ninguna de las anteriores.
El siguiente paradigma suscribe esta acepción: el derecho es un conjunto de reglas y principios jurídicos No positivismo Iusnaturalismo Positivismo Ninguna de las anteriores .
Los abogados y el público en general que criticaron la sentencia de la Corte Constitucional que permitió el matrimonio igualitario, argumentando que la Constitución literalmente define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, ven la Constitución y el derecho como: Un conjunto de enunciados de carácter normativo Un conjunto de procedimientos Una práctica que debe justificar decisiones Práctica social .
El derecho como un conjunto de procedimientos que intentan hacer realidad la razón práctica en la vida jurídica, es una concepción promovida por el siguiente autor: Kelsen Kelsen Alexy Ninguna de las anteriores .
“Sería ingenuo atribuir a los sistemas jurídicos la capacidad de producir su propia eficacia, pero también sería equívoco desdeñar las potencialidades de los nuevos actores para promover el cambio social mediante el empleo de estrategias jurídicas. Incluso un sistema legal frágil puede proveer mecanismos que, debidamente usados, fomentarán la imparcialidad y el reconocimiento de los sujetos jurídicos. La ley de interés público, la defensa de los derechos humanos, el litigio estratégico y los cargos de defensa pública y desinteresada pueden movilizar recursos jurídicos a favor de los intereses menos poderosos o contra los que ya tienen exceso de representación. Sin embargo, esta estrategia para dar más poder a los débiles, proteger a los demonizados y desestabilizar los privilegios acendrados dentro del sistema jurídico no debe considerarse una panacea sino parte de un esfuerzo mayor para construir sociedades más recíprocas, en las que el Estado de derecho tenga mejores condiciones para florecer. Esa alternativa se basa en la presunción de que el sistema jurídico ocupa una posición intermedia especial entre la política y la sociedad. Como producto de las relaciones sociales y las decisiones políticas, los sistemas jurídicos también son un vector de esas relaciones y decisiones. La ley no sólo refleja la distribución del poder dentro de la sociedad. Los sistemas jurídicos modernos están constituidos sobre los privilegios acendrados de los poderosos, pero también sobre normas y procedimientos que apuntan a obtener legitimación y cooperación. Por lo tanto, para esos agentes sociales e institucionales preocupados por la desigualdad desde la perspectiva del Estado de derecho, la cuestión es cómo movilizar la “moralidad interior de la ley” –en palabras de Fuller– para reducir la invisibilidad, la demonización y la inmunidad. ¿Cómo puede el sistema jurídico dar mayor valor a los que están por debajo de la ley, acabar con los privilegios de los que están por encima de esta y recuperar la lealtad de los que están contra ella? Los abogados y los jueces no pueden hacer mucho para cambiar la sociedad –de hecho, normalmente están interesados en reforzar el statu quo–, pero pueden influir cuando otros actores sociales los desafían. Como demuestra la experiencia reciente de muchos países extremadamente desiguales como India, Sudáfrica, Brasil o Colombia, la comunidad legal en general y los tribunales en particular pueden, en ciertas circunstancias, ser permeables a las demandas de los pobres cuando estos buscan una compensación por la vía del sistema jurídico (Gargarella, 2006). Por lo tanto, cualquier intento de hacer uso de la ley para mejorar el Estado de derecho en sí mismo presupone un respaldo político y social” Según Vilhena, las constituciones progresistas: Producen su propia eficacia Pueden ser más o menos eficaces siempre que cuenten con respaldo social No pueden ser nada eficaces en contextos de desigualdad estructural Ninguna de las anteriores.
Según Vilhena los abogados y jueces, por lo general, promueven: El litigio estratégico La defensa de los derechos humanos El reforzamiento del statu-quo La superación del statu-quo.
En Ecuador, las acciones de protección son presentadas predominantemente por servidores públicos. Esto evidencia, en palabras de Vilhena Un caso de demonización Un exceso de representación Un caso de visibilización Un exceso de exclusión .
Una mayoría de la sociedad ecuatoriana afirma que los privados de libertad no merecen que se protejan sus derechos humanos. Esta opinión promueve, en palabras de Vilhena: La inmunidad La demonización El racismo estructural La seguridad.
Según Vilhena, para que el sistema jurídico pueda dar mayor valor a los que están por debajo de la ley, acabar con los privilegios de los que están por encima de esta y recuperar la lealtad de los que están contra ella, es necesario Que abogados y jueces sean desafiados por sectores excluidos y promuevan una agenda activista y de igualdad dentro del Estado de derecho Que abogados y jueces sean desafiados por sectores excluidos y promuevan una agenda activista y de igualdad dentro de mecanismos de revolución social Que abogados y jueces sean desafiados por sectores poderosos y promuevan una agenda de reforzamiento del status quo. Todas las anteriores .
En la investigación comparativa, el examen de la diversidad, de los patrones de parecidos y diferencias, va de la mano del estudio de las causas. En general, los investigadores esperan que existan diferentes condiciones causales que provoquen los resultados divergentes y que esas condiciones puedan ser interpretables. Por consiguiente, el fin que tiene el examen que hace el investigador de los patrones de parecidos y diferencias es identificar vínculos causales, es decir, cómo las diferentes configuraciones de causas producen diferentes resultados dentro de la variedad de casos incluidos en un estudio. La especificación de diferentes patrones de causación es la principal base para la diferenciación de los tipos… …Si las causas de los resultados no pueden vincularse de manera que sean interpretables, entonces los investigadores deben reexaminar la especificación que han realizado de las causas y los resultados, y la diferenciación de los tipos. En muchos sentidos, este proceso de diferenciar los tipos y especificar los vínculos causales específicos para cada tipo se parece a la "doble correspondencia" entre categorías e imágenes que constituye el núcleo de los métodos cualitativos. Hay un diálogo entre ideas y pruebas empíricas que culmina en una representación significativa del objeto de investigación. La principal diferencia es que en la investigación cualitativa el énfasis reside en delimitar mejor una categoría y enriquecer su representación, mientras que en la investigación comparativa el énfasis se coloca en usar los contrastes entre casos para profundizar la comprensión que tiene el investigador de la diversidad existente en ellos” 1. Cuando investigamos comparativamente la Corte Constitucional de Ecuador, la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú, estamos frente a una variedad de casos de activismo judicial, en los que un Corte (la de Colombia) ha sido tradicionalmente mucho más activista que otras Cortes (la de Ecuador y Perú). Para que un investigador comparativo explique las similitudes y diferencias de esas cortes, debe analizar: Las diferentes configuraciones de causas que provocan un mayor activismo judicial en Colombia Las causas que provocan un mayor activismo judicial según la Constitución Las diferentes configuraciones de causas, sin que resulte necesario vincular causas y resultados Ninguna de las anteriores.
Para Uprimny, las condiciones causales que explican el mayor grado de activismo de la Corte Constitucional de Colombia, guardan relación con el sistema de partidos estable, la debilidad del populismo radical, el predominio de gobiernos civiles, el culto de las élites al derecho y los peligros de la movilización social en un país en Guerra Civil (Uprimny, 2003). Estas causas conforman: Los configuraciones de resultados Las configuraciones de causas de las que habla Ragin Las configuraciones de variables que dan voz Ninguna de las anteriores.
Cuando Ragin habla de las “imágenes” se refiere al resultado de: La teorización abstracta Las pruebas empíricas La construcción de categorías conceptuales Ninguna de las anteriores.
Para que la representación de un objeto de investigación sea significativa, es decir, válida para las ciencias sociales y jurídicas, es necesario que la representación resulte de: La especulación teórica El diálogo entre ideas y pruebas empíricas El diálogo entre autores Ninguna de las anteriores.
En una investigación sobre “judicialización de la política”, un autor se esfuerza por delimitar en qué consiste ese término que refiere a un fenómeno difuso y complejo, intentando recoger muchas pruebas empíricas explicar la categoría “judicialización de la política”. Ese autor, está realizando una investigación: Comparativa Cualitativa Cuantitativa Ninguna de las anteriores.
El investigador cualitativo comienza por seleccionar casos y lugares relevantes para la investigación y a continuación identifica los “conceptos guía”. Falso Verdadero.
Mientras que los conceptos definitivos proporciones prescripciones acerca de lo que debe observarse, los conceptos guía nos sugieren en las que mirar. Falso Verdadero.
Si un investigador decide estudiar la Corte Constitucional de forma cualitativa debe añadir todas las manifestaciones del fenómeno que busca explicar (v.gr. la dependencia política de los jueces) hasta alcanzar un punto de saturación en el cual se ha cesado de aprender cosas nuevas o las pruebas recogidas parecen ser repetitivas o redundantes con respecto a las pruebas recogidas con anterioridad. Verdadero Falso.
Sin conceptos, también es posible seleccionar las pruebas empíricas, ordenar los hechos o darle sentido a la mínima cantidad de información que puede extraerse de un único caso. Así, por ejemplo, si alguien decide investigar porque los jueces tienden a votar en base a sus preferencias, no requiere elaborar primero un marco analítico sobre el comportamiento judicial. Falso Verdadero.
Si un investigados intenta explicar las diferentes reacciones de protesta que están teniendo lugar en Ecuador luego de la eliminación de los subsidios, debería centrarse en el estudio a profundidad de las protestas violentas. Al menos eso es lo que recomienda el método comparativo. Falso Verdadero .
La discusión del trabajo de los demás estudio de las obras académicas y los aspectos técnicos de una investigación no son necesarios cuando el trabajo del investigador es presentado a otros investigadores sociales. Verdadero Falso. .
Las audiencias socio- científicas esperan que un trabajo de investigación cumpla los siguientes requisitos que la hacen relevante: a) que se ocupen de fenómenos socialmente relevantes) que sean relevantes directa o indirectamente para la teoría social; c) que esté basado en un gran número de pruebas empíricas cuidadosamente seleccionas; d) que las pruebas empíricas por un análisis sistemático. Verdadero Falso.
Los fenómenos sociales se califican como relevantes cuando refieren a: a) hechos de carácter general; b) hechos inusuales, raros o extremos; c) hechos de gran importancia histórica Verdadero Falso.
las ideas que constituyen una teoría siempre deben declararse al inicio del proyecto de investigación y nunca deberían ser depuradas durante la realización de la investigación. Verdadero Falso.
En las investigaciones tradicionales dentro de las carreras de derecho los estudiantes suelen encuestar a una veintena de jueces. ¿Ragin consideraría que este tipo de encuestas no reflejan tendencias generales en la población de jueces que permitan confirmar ideas teóricas, principalmente porque el muestreo no es correcto? Verdadero Falso.
En la investigación comparativa, el examen de la diversidad, de los patrones de parecidos y diferencias, va de la mano del estudio de las causas. En general, los investigadores esperan que existan diferentes condiciones causales que provoquen los resultados divergentes y que esas condiciones puedan ser interpretables. Por consiguiente, el fin que tiene el examen que hace el investigador de los patrones de parecidos y diferencias es identificar vínculos causales, es decir, como las diferentes configuraciones de causas produce diferentes resultados dentro de la variedad de casos incluidos en un estudio. La especificación de diferentes patrones de causación es la principal base para la diferenciación de los tipos… …Si las causas de los resultados no pueden vincularse de manera que sean interpretables, entonces los investigadores deben reexaminar la especificación que han realizado de las causas y los resultados, y la diferenciación de los tipos. En muchos sentidos, este proceso de diferenciar los tipos y especificar los vínculos causales específicos para cada tipo se parece a la “doble correspondencia” entre categorías e imagines que constituye el núcleo de los métodos cualitativos. Hay un dialogo entre ideas y pruebas empíricas que culmina en una representación significativa del objeto de investigación. La principal diferencia es que en la investigación cualitativa el énfasis reside en delimitar mejor una categoría y enriquecer su representación, mientras que en la investigación comparativa el énfasis se coloca en usar los contrastes entre casos para profundizar la comprensión que tiene el investigador de la diversidad existente en ellos” 1.- cuando investigamos comparativamente la Corte Constitucional de Ecuador, la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú, estamos frente a una variedad de casos de activismo judicial, en los que la Corte (la de Colombia) ha sido tradicionalmente mucho más activista que otras Cortes (la de Ecuador y Perú). Para que un investigador comparativo explique las similitudes y diferencias de esas cortes, debe analizar. Las diferentes configuraciones de causas que provocan un mayor activismo judicial en Colombia. Las causas que provocan un mayor activismo judicial según la Constitución. Las diferentes configuraciones de causas, sin que resulte necesario vincular causas y resultados. Ninguna de las anteriores.
Para Uprimny, las condiciones causales que explican el mayor grado de activismo de la Corte Constitucional de Colombia, guardan relación con el sistema de partidos estable, la debilidad del populismo radical, el predominio de gobiernos civiles, el culto de las elites al derecho y los peligros de la movilización social en un país en Guerra Civil (Uprimny, 2003). Estas causas conforman: Las configuraciones de resultados. Las configuraciones de causas de las que habla Ragin. Las configuraciones de variables que dan voz. Ninguna de las anteriores.
Cuando Ragin habla de las “imágenes” se refiere al resultado de: La teorización abstracta Las pruebas empíricas. La construcción de categorías conceptuales. Ninguna de las anteriores.
Para que la representación de un objeto de investigación sea significa, es decir, válida para las ciencias sociales y jurídicas, es necesario que la representación resulte de: La especulación teórica El dialogo entre ideas y pruebas empíricas El dialogo entre autores. Ninguna de las anteriores.
En una investigación sobre “judicialización de la política”, un autor se esfuerza por delimitar en que consiste ese término que refiere a un fenómeno difuso y complejo, intentando recoger muchas pruebas empíricas explicar la categoría “judicialización de la política”. Ese autor, está realizando una investigación: Comparativa Cualitativa Cuantitativa Ninguna de las anteriores.
La estrategia cuantitativa favorece la generalidad. Un investigador cuantitativo puede mostrar que existe un vínculo entre a variación en los niveles de ingreso y la variación de los niveles educativos en una muestra grande de adultos estadounidenses. Este patrón de covariacion sugiere una imagen general acerca de cómo las personas en los Estados Unidos salen adelante en la vida. Si los niveles de ingreso cavarían más estrechamente con los niveles de educación de lo que lo hacen con otros atributos a nivel individual (como la edad, la raza, el estado civil y otros similares), entonces parece que el éxito en el sistema educativo es el elemento fundamental para conseguir el bienestar material con posterioridad. Esta imagen de como surgen las diferencias en los niveles de ingreso a las diferencias en otros atributos como el color de la piel. Una cuestión esencial en la aplicación del enfoque cuantitativo es la fuerza de la correlación que tienen las diferentes variables causales, como el nivel de educación y el color de la piel, con las variables dependientes, como el ingreso. La naturaleza más estructurada de la investigación cuantitativa se deriva también de su énfasis en las variables, que son los ladrillos con los cuales los investigadores cuantitativos construyen sus imágenes. Pero antes de que los investigadores tengan variables que puedan conectar mediante correlaciones, deben ser capaces de especificar que sus casos son miembros de un conjunto existente, y deben ser capaces también de especificar que aspectos de sus casos son relevantes para ser examinados como variables. En resumen, en la investigación cuantitativa gran parte de lo que será la investigación futura tiende a establecerse al comienzo. 1.- Más que las cuartas partes de los fallecimientos por covid-19 en Estados Unidos, corresponden a niños latinos afroestadounidenses e indígenas, la mayoría de ellos pertenecientes a hogares de bajo ingresos. Estos datos evidencian una correlación entre las variables: Color de la piel, nivel de ingreso y muertes por covid. Ingreso y color de piel Muertes por covid y color de piel Ninguna de las anteriores .
Según el informe del Banco Mundial titulado “Latinoamérica indígena en el siglo XXI”, el hecho de nacer de padres indígenas aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un lugar pobre, lo que impide el pleno desarrollo de los niños indígenas y los ancha a la pobreza. Según este informe, existe una correlación entre: Padres indígenas, hogar pobre y pobreza futura. Pereza y pobreza. Padres indígenas y raza. Ninguna de las anteriores.
En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena: 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presentan anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas para toda la vida. Esta información revela una correlación entre las siguientes variables: Desnutrición, desarrollo integral de un niño y futuro de pobreza y exclusión. Desnutrición de niños mestizos y desnutrición de niños indígenas. Edad y desnutrición. Ninguna de las anteriores.
De acuerdo con los datos levantados por un estudio de Naciones Unidas, quienes no fueron madres en la adolescencia tienen un 6% más probabilidad de terminar la educación primaria y secundaria y 11% más de llegar al nivel de educación superior. Según estos datos, existe una correlación entre las siguientes variables: Moral y educación Embarazo adolescente y nivel de educación. Abstinencia y educación. Ninguna de las anteriores. .
Recientes estudios han demostrado que el coeficiente intelectual de los niños digitales ha disminuido, en relación con el coeficiente de sus padres y abuelos. Los investigadores sostienen que la inmersión desmedida en las pantallas desde la infancia provoca lo siguiente: disminución en la calidad y cantidad de interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional; disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras ( tareas, música, arte, lectura, etc.); interrupción del sueño que se acorta cuantitativamente; sobre estimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad; su estimulación intelectual, que impide que el derecho despliegue todo su potencial; y un estilo de vida sedentario excesivo que, además del desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. Esta investigación, considera como aspectos relevantes que pueden ser usados como variables, los siguientes: Coeficiente intelectual y actividades enriquecedoras como la música, el arte, la literatura, etc. Uso de pantallas excesivo y deficiente desarrollo cerebral y emocional. Sobre estimulación de la atención y mayor desarrollo de la inteligencia Ninguna de las anteriores. .
Un estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar porque el procedimiento abreviado es inconstitucional. Para generar imagines de pruebas empíricas, el estudiante resuelve entrevistar a 20 abogados con apellidos que inicien en la A y la B, por ser los apellidos más comunes de la ciudad. En la entrevista, el estudiante pregunta a los abogados si el procedimiento abreviado es inconstitucional o no. Una vez obtenidos los datos, el estudiante utiliza las respuestas de las entrevistas como marco analítico. Este tipo de investigación: Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. Ninguna de las anteriores. No es relevante para los científicos sociales Es especialmente relevante para los científicos sociales.
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar en la ciudad de Quito, a los reptilianos, esto es, los alienígenas que han adoptado forma humana para ganar poder e influenciar en la sociedad quiteña y especialmente en la Corte Constitucional. Para el efecto, decide entrevistar a personas que puedan informar sobre las personas reptilianas en la ciudad, triangular los datos y contribuir a la teoría general de la conspiración reptiliana. Esta investigación: Es especialmente relevante para los científicos sociales. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas conspirativos. No es relevante para los científicos sociales. Ninguna de las anteriores. .
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar que actores presentan la mayor cantidad de acciones extraordinarias de protección. Para investigar este fenómeno, recurre a la teoría sobre la desigualdad estructural en el Estado de Derecho que explica por qué en sociedades excluyentes existen impedimentos para el acceso al derecho a las grandes mayorías. Las pruebas empíricas que el estudiante utilizará son los estándares de derechos humanos de la Corte Interamericana que asegurara la tutela judicial efectiva. Este tipo de investigación: Ninguna de las anteriores. Es especialmente relevante para los científicos sociales. No es relevante para los científicos sociales. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos.
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar el incumplimiento de normas en la ciudad de Loja a partir de las teorías sobre la herencia cultural hispánica. Para el efecto aplicara una encuesta a agentes de tránsito para conocer la precepción de los agentes, respecto de las actitudes comunes de la elite económica de la ciudad cuando incumple reglas de tránsito. Luego, hará un análisis de los datos y confrontará las imágenes que obtenga como un marco analítico sobre el incumplimiento de normas en Loja. Este tipo de investigación: Ninguna de las anteriores. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos Es especialmente relevante para los científicos sociales. No es relevante para los científicos sociales.
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar la relación entre Dios y el derecho, a partir de sus propias experiencias místicas. Con esta investigación pretende contribuir a la teoría teocrática del derecho. Esta investigación: No es relevante para los científicos sociales Ninguna de las anteriores. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. Es especialmente relevante para los científicos sociales. .
El investigador cualitativo comienza por seleccionar casos y lugares relevantes para la investigación y a continuación identifica los “conceptos guía”. Falso Verdadero .
Mientras que los conceptos definitivos proporciones prescripciones acerca de lo que debe observarse, los conceptos guía nos sugieren en las que mirar. Falso Verdadero .
Si un investigador decide estudiar la Corte Constitucional de forma cualitativa debe añadir todas las manifestaciones del fenómeno que busca explicar (v.gr. la dependencia política de los jueces) hasta alcanzar un punto de saturación en el cual se ha cesado de aprender cosas nuevas o las pruebas recogidas parecen ser repetitivas o redundantes con respecto a las pruebas recogidas con anterioridad. Verdadero Falso .
Sin conceptos, también es posible seleccionar las pruebas empíricas, ordenar los hechos o darle sentido a la mínima cantidad de información que puede extraerse de un único caso. Así, por ejemplo, si alguien decide investigar porque los jueces tienden a votar en base a sus preferencias, no requiere elaborar primero un marco analítico sobre el comportamiento judicial. Falso Verdadero .
Si un investigados intenta explicar las diferentes reacciones de protesta que están teniendo lugar en Ecuador luego de la eliminación de los subsidios, debería centrarse en el estudio a profundidad de las protestas violentas. Al menos eso es lo que recomienda el método comparativo. Falso Verdadero .
La discusión del trabajo de los demás estudio de las obras académicas y los aspectos técnicos de una investigación no son necesarios cuando el trabajo del investigador es presentado a otros investigadores sociales. Verdadero Falso.
Las audiencias socio- científicas esperan que un trabajo de investigación cumpla los siguientes requisitos que la hacen relevante: a) que se ocupen de fenómenos socialmente relevantes) que sean relevantes directa o indirectamente para la teoría social; c) que esté basado en un gran número de pruebas empíricas cuidadosamente seleccionas; d) que las pruebas empíricas por un análisis sistemático. Verdadero Falso.
Los fenómenos sociales se califican como relevantes cuando refieren a: a) hechos de carácter general; b) hechos inusuales, raros o extremos; c) hechos de gran importancia histórica Verdadero Falso. .
las ideas que constituyen una teoría siempre deben declararse al inicio del proyecto de investigación y nunca deberían ser depuradas durante la realización de la investigación. Verdadero Falso.
En las investigaciones tradicionales dentro de las carreras de derecho los estudiantes suelen encuestar a una veintena de jueces. ¿Ragin consideraría que este tipo de encuestas no reflejan tendencias generales en la población de jueces que permitan confirmar ideas teóricas, principalmente porque el muestreo no es correcto? Verdadero Falso.
En la investigación comparativa, el examen de la diversidad, de los patrones de parecidos y diferencias, va de la mano del estudio de las causas. En general, los investigadores esperan que existan diferentes condiciones causales que provoquen los resultados divergentes y que esas condiciones puedan ser interpretables. Por consiguiente, el fin que tiene el examen que hace el investigador de los patrones de parecidos y diferencias es identificar vínculos causales, es decir, como las diferentes configuraciones de causas produce diferentes resultados dentro de la variedad de casos incluidos en un estudio. La especificación de diferentes patrones de causación es la principal base para la diferenciación de los tipos… …Si las causas de los resultados no pueden vincularse de manera que sean interpretables, entonces los investigadores deben reexaminar la especificación que han realizado de las causas y los resultados, y la diferenciación de los tipos. En muchos sentidos, este proceso de diferenciar los tipos y especificar los vínculos causales específicos para cada tipo se parece a la “doble correspondencia” entre categorías e imagines que constituye el núcleo de los métodos cualitativos. Hay un dialogo entre ideas y pruebas empíricas que culmina en una representación significativa del objeto de investigación. La principal diferencia es que en la investigación cualitativa el énfasis reside en delimitar mejor una categoría y enriquecer su representación, mientras que en la investigación comparativa el énfasis se coloca en usar los contrastes entre casos para profundizar la comprensión que tiene el investigador de la diversidad existente en ellos” 1.- cuando investigamos comparativamente la Corte Constitucional de Ecuador, la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú, estamos frente a una variedad de casos de activismo judicial, en los que la Corte (la de Colombia) ha sido tradicionalmente mucho más activista que otras Cortes (la de Ecuador y Perú). Para que un investigador comparativo explique las similitudes y diferencias de esas cortes, debe analizar. Las diferentes configuraciones de causas que provocan un mayor activismo judicial en Colombia. Las causas que provocan un mayor activismo judicial según la Constitución. Las diferentes configuraciones de causas, sin que resulte necesario vincular causas y resultados. Ninguna de las anteriores. .
Para Uprimny, las condiciones causales que explican el mayor grado de activismo de la Corte Constitucional de Colombia, guardan relación con el sistema de partidos estable, la debilidad del populismo radical, el predominio de gobiernos civiles, el culto de las elites al derecho y los peligros de la movilización social en un país en Guerra Civil (Uprimny, 2003). Estas causas conforman: Las configuraciones de resultados. Las configuraciones de causas de las que habla Ragin. Las configuraciones de variables que dan voz. Ninguna de las anteriores. .
Cuando Ragin habla de las “imágenes” se refiere al resultado de: La teorización abstracta Las pruebas empíricas. La construcción de categorías conceptuales Ninguna de las anteriores. .
Para que la representación de un objeto de investigación sea significa, es decir, válida para las ciencias sociales y jurídicas, es necesario que la representación resulte de: La especulación teórica El dialogo entre ideas y pruebas empíricas El dialogo entre autores Ninguna de las anteriores. .
En una investigación sobre “judicialización de la política”, un autor se esfuerza por delimitar en que consiste ese término que refiere a un fenómeno difuso y complejo, intentando recoger muchas pruebas empíricas explicar la categoría “judicialización de la política”. Ese autor, está realizando una investigación: Comparativa. Cualitativa Cuantitativa Ninguna de las anteriores. .
La estrategia cuantitativa favorece la generalidad. Un investigador cuantitativo puede mostrar que existe un vínculo entre a variación en los niveles de ingreso y la variación de los niveles educativos en una muestra grande de adultos estadounidenses. Este patrón de covariacion sugiere una imagen general acerca de cómo las personas en los Estados Unidos salen adelante en la vida. Si los niveles de ingreso cavarían más estrechamente con los niveles de educación de lo que lo hacen con otros atributos a nivel individual (como la edad, la raza, el estado civil y otros similares), entonces parece que el éxito en el sistema educativo es el elemento fundamental para conseguir el bienestar material con posterioridad. Esta imagen de como surgen las diferencias en los niveles de ingreso a las diferencias en otros atributos como el color de la piel. Una cuestión esencial en la aplicación del enfoque cuantitativo es la fuerza de la correlación que tienen las diferentes variables causales, como el nivel de educación y el color de la piel, con las variables dependientes, como el ingreso. La naturaleza más estructurada de la investigación cuantitativa se deriva también de su énfasis en las variables, que son los ladrillos con los cuales los investigadores cuantitativos construyen sus imágenes. Pero antes de que los investigadores tengan variables que puedan conectar mediante correlaciones, deben ser capaces de especificar que sus casos son miembros de un conjunto existente, y deben ser capaces también de especificar qué aspectos de sus casos son relevantes para ser examinados como variables. En resumen, en la investigación cuantitativa gran parte de lo que será la investigación futura tiende a establecerse al comienzo. 1.- Más que las cuartas partes de los fallecimientos por covid-19 en Estados Unidos, corresponden a niños latinos afro estadounidenses e indígenas, la mayoría de ellos pertenecientes a hogares de bajo ingresos. Estos datos evidencian una correlación entre las variables: Color de la piel, nivel de ingreso y muertes por covid. Ingreso y color de piel. Muertes por covid y color de piel Ninguna de las anteriores. .
Según el informe del Banco Mundial titulado “Latinoamérica indígena en el siglo XXI”, el hecho de nacer de padres indígenas aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un lugar pobre, lo que impide el pleno desarrollo de los niños indígenas y los ancha a la pobreza. Según este informe, existe una correlación entre: Padres indígenas, hogar pobre y pobreza futura. Pereza y pobreza Padres indígenas y raza. Ninguna de las anteriores. .
En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena: 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presentan anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas para toda la vida. Esta información revela una correlación entre las siguientes variables: Desnutrición, desarrollo integral de un niño y futuro de pobreza y exclusión. . Desnutrición de niños mestizos y desnutrición de niños indígenas. Edad y desnutrición. Todas las anteriores. .
De acuerdo con los datos levantados por un estudio de Naciones Unidas, quienes no fueron madres en la adolescencia tienen un 6% más probabilidad de terminar la educación primaria y secundaria y 11% más de llegar al nivel de educación superior. Según estos datos, existe una correlación entre las siguientes variables: Moral y educación Embarazo adolescente y nivel de educación Abstinencia y educación. Ninguna de las anteriores.
Recientes estudios han demostrado que el coeficiente intelectual de los niños digitales ha disminuido, en relación con el coeficiente de sus padres y abuelos. Los investigadores sostienen que la inmersión desmedida en las pantallas desde la infancia provoca lo siguiente: disminución en la calidad y cantidad de interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional; disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras ( tareas, música, arte, lectura, etc.); interrupción del sueño que se acorta cuantitativamente; sobre estimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad; subestimulacion intelectual, que impide que el derecho despliegue todo su potencial; y un estilo de vida sedentario excesivo que, además del desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. Esta investigación, considera como aspectos relevantes que pueden ser usados como variables, los siguientes: Coeficiente intelectual y actividades enriquecedoras como la música, el arte, la literatura, etc. Uso de pantallas excesivo y deficiente desarrollo cerebral y emocional. Sobre estimulación de la atención y mayor desarrollo de la inteligencia Ninguna de las anteriores. .
Un estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar porque el procedimiento abreviado es inconstitucional. Para generar imagines de pruebas empíricas, el estudiante resuelve entrevistar a 20 abogados con apellidos que inicien en la A y la B, por ser los apellidos más comunes de la ciudad. En la entrevista, el estudiante pregunta a los abogados si el procedimiento abreviado es inconstitucional o no. Una vez obtenidos los datos, el estudiante utiliza las respuestas de las entrevistas como marco analítico. Este tipo de investigación: Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. Ninguna de las anteriores. No es relevante para los científicos sociales Es especialmente relevante para los científicos sociales.
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar que actores presentan la mayor cantidad de acciones extraordinarias de protección. Para investigar este fenómeno, recurre a la teoría sobre la desigualdad estructural en el Estado de Derecho que explica por qué en sociedades excluyentes existen impedimentos para el acceso al derecho a las grandes mayorías. Las pruebas empíricas que el estudiante utilizará son los estándares de derechos humanos de la Corte Interamericana que asegurara la tutela judicial efectiva. Este tipo de investigación: Ninguna de las anteriores Es especialmente relevante para los científicos sociales. No es relevante para los científicos sociales. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. .
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar el incumplimiento de normas en la ciudad de Loja a partir de las teorías sobre la herencia cultural hispánica. Para el efecto aplicara una encuesta a agentes de tránsito para conocer la precepción de los agentes, respecto de las actitudes comunes de la elite económica de la ciudad cuando incumple reglas de tránsito. Luego, hará un análisis de los datos y confrontará las imágenes que obtenga como un marco analítico sobre el incumplimiento de normas en Loja. Este tipo de investigación: Ninguna de las anteriores. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. Es especialmente relevante para los científicos sociales. No es relevante para los científicos sociales. .
Una estudiante de la maestría en derecho constitucional de la UTPL, resuelve investigar la relación entre Dios y el derecho, a partir de sus propias experiencias místicas. Con esta investigación pretende contribuir a la teoría teocrática del derecho. Esta investigación: No es relevante para los científicos sociales Ninguna de las anteriores. Es relevante para los científicos sociales que se ocupan de problemas metafísicos. Es especialmente relevante para los científicos sociales. .
Lea el siguiente fragmento del texto de Gabriel Negretto y responda las preguntas. La selección de un procedimiento en lugar de otro es relevante por razones normativas o estratégicas que pueden ser cruciales en el momento en que se redacta y adopta una constitución. En el corto plazo y de acuerdo al contexto, la elección de una particular forma de organización puede aumentar o disminuir la legitimidad del proceso, beneficiar a algunos actores más que a otros, estabilizar o poner en peligro un proceso de democratización. Sin embargo, no existen prescripciones universales que puedan fundarse en la teoría o en la experiencia comparada para satisfacer los distintos objetivos normativos que persigue un proceso constituyente exitoso. Desde el punto de vista de la legitimidad democrática, podría pensarse como deseable romper con la legalidad precedente y realizar todas las transformaciones que tengan el apoyo de las mayorías. Sin embargo, podría no ser posible lograr este objetivo por medio de un proceso realmente incluyente a nivel representativo, pues las fuerzas del viejo orden se opondrían a una transformación radical. También podría pensarse como ideal eliminar la influencia de intereses institucionales y partidarios de corto plazo en el diseño de una constitución. Sin embargo, dado que el apoyo de esos intereses es crucial para la implementación de la nueva constitución, su exclusión podría no ser recomendable para que esta se torne estable y perdure en el tiempo. La existencia de efectos contradictorios y la ausencia de reglas universalmente válidas, no impide el análisis acerca de qué formas organizativas son las más adecuadas para un proceso constituyente. Lo que sí exige es que este análisis se realice de manera condicional y casuística. El uso de una asamblea constituyente puede ser mejor que una legislatura constituyente si los ciudadanos tienen bajos niveles de confianza en los legisladores. Sin embargo, la convocatoria de un congreso constituyente puede evitar importantes conflictos políticos cuando el apoyo popular para una convención especial es débil y actores poderosos con capacidad de veto están en contra de la misma. En igualdad de condiciones, un proceso incluyente y participativo debería ser preferido a uno excluyente y elitista. Sin embargo, en un contexto de conflicto político extremo, las negociaciones podrían tener que restringirse a unos pocos actores y la participación ciudadana reducirse al mínimo. El involucramiento ciudadano puede reforzar la legitimidad de la constitución y promover la democratización, pero sólo cuando no se utiliza para compensar la naturaleza excluyente del proceso. Estas opciones han sido y continuarán siendo fundamentales en la experiencia constitucional Latinoamericana aunque resulte inapropiado argumentar que en el largo plazo el éxito o fracaso del constitucionalismo depende de ellas. Pregunta de la marca: Pregunta 60.1 pts Antes del proceso constituyente ecuatoriano que inició en 2007, aproximadamente la mitad del electorado ecuatoriano anuló su voto para no legitimar la elección de congresistas en 2006. En un contexto así, el autor recomienda que el mecanismo elegido para redactar una nueva Constitución sea: Una asamblea constituyente Ninguna de las anteriores Una comisión de expertos designada por el poder ejecutivo El Congreso ordinario.
En el proceso constituyente ecuatoriano de 2007-2008, un conjunto de asesores españoles fue contratado por la Presidencia para promocionar estudios y criterios en torno a la legitimidad del poder constituyente por sobre el poder constituido en todo tiempo y lugar. Este tipo de trabajo académico se basa en criterios: Científicos Condicionales y casuísticos Todos los anteriores Universales y dogmáticos.
El proceso constituyente boliviano estuvo a punto de derivar en una guerra civil. En ese contexto, el autor recomienda que las negociaciones: Involucren a pocos actores y reduzcan la participación ciudadana Ninguna de las anteriores Incluyan al mayor número de actores posibles Se basen en el poder de movilización de cada fuerza social.
En criterio del autor, cuando hablamos de procesos constituyentes, no es posible formular: Reglas necesarias Reglas universalmente válidas Reglas razonablemente adecuadas para un proceso constituyente Ninguna de las anteriores.
Las constituyentes de Venezuela y Ecuador rompieron con la legalidad precedente y se fundaron en el apoyo de mayorías. Según el autor, este tipo de procesos constituyentes: Son los más democráticos a nivel representativo No favorecen un proceso realmente incluyente a nivel representativo y dificultan la implementación de la nueva constitución debido a que excluyen algunos intereses de las fuerzas del viejo orden. Todas las anteriores Favorecen un proceso realmente incluyente a nivel representativo y favorecen la implementación de la nueva constitución debido a que incluyen los intereses de las fuerzas del viejo orden.
“La actitud incumplidora del déspota tiene fuerte arraigo en una sociedad que acepta las desigualdades sociales profundas como si fuesen algo normal e incluso algo justificado. Esta actitud es frecuente en las sociedades latinoamericanas. En Colombia y Brasil la desigualdad es mayor que en Uruguay o en Chile, pero en todos los países las elites están acostumbradas a vivir en un entorno social en donde los pobres, cuando no mendigan, ofrecen de manera casi incondicional su fuerza de trabajo. Esto hace que las leyes, como dice Guillermo O’Donnell (1988), sean sólo aplicadas plenamente a los débiles o a los sonsos. Las elites, e incluso buena parte de las clases medias de la Argentina y Brasil, no se consideran obligadas a someterse a leyes que implícitamente están hechas para “los de abajo”(Da Matta, 1987)…” “El estudio de las mentalidades es importante, pero no suficiente, para entender el fenómeno del incumplimiento. Una misma persona con una mentalidad incumplidora bien definida puede convertirse de pronto en un cumplidor estricto al pasar de un contexto a otro. El vivo empedernido cumple cuando ve que la policía está cerca y que lo puede sancionar; el rebelde puede obedecer cuando cambian la autoridad o las normas; el arrogante acata las normas cuando son compatibles con los valores que defiende, etc. Eso no significa que las mentalidades sean irrelevantes. La presencia de la policía puede disuadir al vivo de incumplir, pero no necesariamente al rebelde o al arrogante. La mayor legitimidad de la autoridad puede ser una razón para que el rebelde cumpla y a su vez resultarle indiferente al vivo. Hay quienes no cambian aunque cambien los contextos, y siempre son vivos, rebeldes o taimados. La complejidad de las prácticas de incumplimiento deriva justamente de esa combinación variable entre visiones o mentalidades y contextos sociales… Cada una de estas mentalidades refleja una deficiencia básica del sistema político y jurídico. La viveza es producto de la ineficacia del Estado para imponer sanciones; la rebeldía es resultado de la falta de legitimidad del poder político, y la arrogancia es producto de la ausencia de una cultura de la legalidad (Rule of Law). En consecuencia, los remedios contra las prácticas de incumplimiento son una especie de antídoto contra los tres personajes incumplidores básicos mencionados. Así, contra la viveza se requiere un poder estatal capaz de imponer sanciones efectivas a los detractores. La actitud de los rebeldes se contrarresta incrementando la legitimidad. Por último, la actitud arrogante necesita una cultura ciudadana de respeto por la ley. Ninguno de estos remedios está destinado exclusivamente a un tipo de comportamiento incumplidor. Todos son complementarios: la efectividad contribuye a mejorar la legitimidad; la cultura de la legalidad requiere la legitimidad del poder; la efectividad se obtiene más fácilmente cuando existe una cultura de la legalidad. Así, los remedios están interconectados e influyen unos sobre otros de manera recíproca. 4. Ahora bien, como dije antes, en la práctica estos personajes no sólo se mezclan sino que un mismo sujeto puede cambiar de mentalidad de un momento a otro. Pero hay algo más: en la práctica, el fenómeno del incumplimiento en una sociedad determinada suele tener motivos mucho menos claros y definidos de lo que sugiere esta tipología. Con mucha frecuencia el incumplidor es un tipo negligente, perezoso, descuidado o simplemente indolente que no se refleja en ninguno de estos personajes. Pero eso no invalida la importancia de la tipología. Aun cuando muestra –como es natural en este procedimiento analítico– que la realidad es más compleja que las categorías que usamos para entenderla; aunque, justamente por eso, la tipología puede ser útil: para discernir mejor esa complejidad. Pregunta 10.1 pts La actitud incumplidora del déspota que caracterizaría a buena parte de las clases gobernantes y empresariales en América Latina, tiene relación, según el autor, con: Todas las anteriores El rechazo a las reglas sociales y jurídicas, salvo aquellas reglas aceptadas por el grupo al que cree pertenecer un individuo incumplidor de las élites El abuso del poder y la manipulación de valores familiares, religiosos y culturales que favorece una tendencia al abuso del derecho entre las élites y las clases medias La aceptación de la desigualdad como algo normal y legítimo entre buena parte de las élites.
El “remedio” que el autor recomienda de manera especial para los personajes que suelen afirmar “no sabes con quién te estás metiendo”, es: Todas las anteriores. El fomento de una cultura ciudadana de respeto por la ley. Un poder estatal capaz de imponer sanciones efectivas a los detractores. El incremento de la legitimidad del poder estatal.
En el ejemplo anterior, la explicación asociada a la actitud demostrada en la frase “no sabes con quién te estás metiendo”, tiene relación con la herencia de la: Mentalidad del conquistador, que privilegiaba el honor, la familia y la fe, por sobre las reglas generales del derecho Mentalidad republicana, que desarrolló una visión mesiánica de la vida, poco relacionada con la herencia española Mentalidad indígena, que desarrolló una fuerte resistencia frente al poder colonial y heredó el carácter indómito de los latinoamericanos Ninguna de las anteriores.
Es común que miembros de las élites rechacen vehementemente una sanción de tránsito impuesta por un agente proveniente de clases subordinadas. “No sabes con quién te estás metiendo” es una frase común entre los incumplidores a los que referimos. Conforme a la tipología desarrollada por el autor, las personas que suelen usar esa frase, son parte de los: Vivos Rebeldes Arrogantes Ninguno de los anteriores.
La tipología desarrollada por el autor intenta: Reflejar la realidad compleja del incumplimiento de normas Discernir mejor la complejidad propia del incumplimiento de normas Ninguna de las anteriores Agotar la explicación sobre el cumplimiento de normas.
EN EL CASO PUEBLO INDIGENA KICHWA DE SARAYACU VS. ECUADOR. LA CORTE IDH AFIRMO: ̋La corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente y de manera informada. Con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Así mismo, se debe con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si este fuera el caso. Así mismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos…̏ Responda las siguientes preguntas a partir de los estándares citados: 1.- En un caso hipotético, el Estado realizo una consulta a una comunidad indígena situada en un área de extracción petrolera, utilizando una encuesta online a la que la comunidad podía acceder usando el info- centro de la comunidad. Esta consulta: Cumple con los estándares mencionados. No cumple los estándares mencionados. Cumple parcialmente los estándares mencionados. Ninguna de las anteriores.
En un caso hipotético, el Estado realizo una consulta a una comunidad indígena situada en un área de extracción petrolera, recurriendo a una ronda de dialogo en la capital provincial, que incluyo a colonos interesados en la extracción petrolera. Esta consulta: Cumple con los estándares mencionados. No cumple los estándares mencionados. Cumple parcialmente los estándares mencionados. Ninguna de las anteriores.
En un caso hipotético, el Estado realizo una consulta a una comunidad indígena situada en un área de extracción petrolera, a través de varias reuniones con todos los miembros de la comunidad, en su idioma propio, siguiendo sus prácticas culturales y con el objetivo de llegar a un acuerdo. Esta consulta: Cumple con los estándares mencionados. No cumple los estándares mencionados. Cumple parcialmente los estándares mencionados Ninguna de las anteriores.
En un caso hipotético, el Estado realizo una consulta participativa y culturalmente adecuada a una comunidad indígena situada en un área de extracción petrolera, solo cuando el contrato de concesión petrolera entre el Estado y la transnacional petrolera ya había sido celebrado. En este caso la consulta: Cumple con los estándares mencionados. No cumple los estándares mencionados. Cumple parcialmente los estándares mencionados. Ninguna de las anteriores.
En un caso hipotético, el Estado realizo una consulta a una comunidad indígena situada en un área de concesión minera, en la que se informó a la comunidad sobre los beneficios de la inversión minera, al tiempo que se evitó la difusión de los resultados de los estudios de impacto ambiental. Según esos estudios, existiría un 90% de probabilidades de que el daño ambiental de la actividad minera afecte las fuentes de agua dulce de la comunidad. En este caso la consulta: Cumple con los estándares mencionados. No cumple los estándares mencionados. Cumple parcialmente los estándares mencionados. Ninguna de las anteriores.
Hacer una línea jurisprudencial consiste precisamente en el esfuerzo de dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales en con el propósito de responder de una manera técnica y correcta el problema jurídico planteado… El primer paso consiste en hacer un mapa de las sentencias hito que se han escogido como fundamentales dentro del problema jurídico (con su respectivo patrón fáctico) bajo estudio… El problema jurídico debe incluir el concepto jurídico fundamental que examina dentro de las circunstancias fácticas relevantes. Una vez que se ha formulado el problema jurídico, el gráfico de la línea se abre entre las dos solucione extremas… que pueden ofrecer al problema”. En base a este contexto obtenido del texto “Interpretación Constitucional”, responda las preguntas que van de la 1 a la 5, marcando con una equis (x) la opción que considere correcta. Pregunta 10.1 pts El problema jurídico debe incluir el concepto jurídico fundamental referido a: La supremacía constitucional Las circunstancias fácticas del caso Ninguna de las anteriores Relaciones sistemáticas entre las normas de un caso.
¿Cuál es el objetivo de la construcción de líneas jurisprudenciales? Dar sentido al problema jurídico planteado prescindiendo del análisis de patrones fácticos Dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales con el propósito de responder el problema jurídico planteado Ninguna de las anteriores Dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales con fines ilustrativos.
Cuando se “grafica” una línea, el intérprete debe considerar primero las soluciones: Extremas en los precedentes constitucionales sobre el patrón fáctico concreto Ninguna de las anteriores Extremas al problema jurídico en las normas constitucionales Uniformes de los precedentes constitucionales que demandan obediencia al precedente.
Las sentencias hito se caracterizan por fundar: Principios de obiter dicta Una sub-regla de derecho constitucional Ninguna de las anteriores Aplicar el principio o ratio contenido en una sentencia anterior.
Para construir una línea jurisprudencial, es menester dar cuenta de las sentencias: Hito De doctrina neo constitucional Fundadoras de disanalogía De doctrina probable.
Para López Medina esta es la característica de las sentencias con citas caóticas: “(i) la mayoría de las citas no concuerdan con la decisión adoptada por la Corte en el decisum de la sentencia, esto es, no tienen peso jurídico relevante en la decisión del caso; (u) contiene citas definitorias de cada derecho fundamental que no son necesarias para la solución; (iii) cita hasta dos veces una misma idea o pensamiento sobre un desarrollo jurisprudencial de un derecho particular; (iv) tiene una cita de cita (también llamada cita secundaria o indirecta) que, además de impertinente, demuestra impropiedad a la hora de citar y, finalmente, (y) cita desarrollos retóricos sobre un derecho, como el núcleo esencial, que reitero, en nada contribuyen a la decisión final de caso. Fuente: López Medina Diego. 2006. Interpretación constitucional. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Con base en el fragmento anterior, responda las preguntas 6 a 10. Pregunta 60.1 pts En criterio de López Medina, una sentencia que cita numerosos desarrollos retóricos y doctrinarios sobre los contenidos esenciales de los derechos revela Citas analógicas Citas de alto nivel Citas de calidad Ninguna de las anteriores.
En un caso sobre derecho a la honra, en el que un funcionario público exige disculpas públicas porque XX lo llamó “politiquero” en la televisión, la Corte Y resolvió en favor de XX, definiendo previamente el contenido de todos los derechos de comunicación reconocidos en la Constitución de 2008 (incluyendo el derecho a una información intercultural) a partir de instrumentos internacionales. En este caso, estamos frente a citas Pertinentes Armónicas Caóticas Ninguna de las anteriores .
En una sentencia de la Corte Constitucional, se cita una sentencia extensamente una sentencia previa que desarrolla ampliamente la definición doctrinaria de los derechos “poder” y los derechos “patrimoniales”. A partir de este desarrollo conceptual, la Corte niega una acción extraordinaria de protección que no debía ser admitida debido a que fue presentada fuera del plazo previsto en la Ley. Este caso revela citas: De peso relevante Analógias Caóticas Ninguna de las anteriores.
El peso jurídico “relevante” de los precedentes citados en una sentencia, está presente cuando existe Analogía conceptual Ninguna de las anteriores. Cambio de jurisprudencia Analogía fáctica.
Cuando el decisum de una sentencia no coincide con los precedentes jurisprudenciales citados, estamos frente a citas: Que tienen un peso jurídico relevante para el caso Ninguna de las anteriores. Disanalógicas. Que no tienen un peso jurídico relevante para el caso.
En el Dictamen N°4-19-RC/19 la Corte Constitucional, se preguntó lo siguiente: “¿Restringe el derecho a la igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a ser elegido, la norma según la cual, si un ciudadano no tiene título de educación superior de tercer nivel y no acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a ser candidato a senador?” Esta fue la respuesta de la Corte: Los fines perseguidos por el trato desigual evaluado (esto es la exigencia de un título profesional y experiencia) se pueden resumir así (según lo afirmado por los solicitantes y constantes en las hojas 36 y37 del expediente): mejorar la calidad del servicio público y de la Administración Pública en actividades que requieren conocimientos técnicos y permitir que el ejercicio de los derechos políticos se realice en función de los méritos y capacidades, conforme al artículo 61.7 de la Constitución. La Corte considera que los declarados por los solicitantes son fines legítimos por estar ordenados por la Constitución. Ahora corresponde analizar si el trato desigual en cuestión es adecuado para cumplir los fines señalados… El núcleo de la actividad asamblearia… es valorativa (ético-política) y no técnica, ya que el principio que la informa es el de representación democrática (propio del parlamento) y no el de sujeción burocrático-tecnocrática (propio de la administración). Atribuir al Senado una "representación técnica", como hace el proyecto examinado (hoja 38 del expediente) es casi una contradicción en los términos. De manera que el trato diferenciado en cuestión no es idóneo, en general, para promover los fines declarados por los solicitantes: la tecnificación y la meritocracia en el servicio público y en la Administración Pública. Estos no son atinentes a las dignidades de elección popular, sino a los empleos y funciones públicas que demandan de sus titulares conocimientos técnicos especializados. (…) Así las cosas, corresponde ahora dilucidar si es al menos plausible sostener que el grado de satisfacción de los fines buscados es siquiera equivalente a la intensidad de la afectación al derecho a la igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a ser elegido. (…) La regla proyectada conllevaría una seria limitación al derecho a ser elegidos de un número masivo de ciudadanos que, teniendo la edad prevista para ejercer la dignidad de senador (treinta y cinco años), estarían impedidos de hacerlo. Consecuentemente, se vería severamente afectado el derecho de los ciudadanos aludidos a la igualdad y no discriminación en el disfrute de sus derechos fundamentales (art. 11.2 de la Constitución); lo que tiene una gravedad reforzada en el caso de personas pertenecientes a grupos titulares de derechos colectivos: indígenas, afroecuatorianos y montubios (art. 57.2, en concordancia con los arts. 58 y 59 de la Constitución). Dado lo anterior, si mediante un procedimiento de reforma constitucional, democráticamente el pueblo aprobase la regla en cuestión, implicaría una suerte de limitación al autogobierno en lo que al Senado respecta; sería un caso de la paradoja de la democracia: la democracia sería socavada mediante un procedimiento democrático. Con base en el fragmento anterior, responda las preguntas 11 a 15. Pregunta 110.1 pts. En base a lo anterior, la Corte Constitucional considera que: No es posible armonizar los fines en conflicto si se aprueba la reforma que restringiría la participación política de la población sin título universitario y sin experiencia. Ninguna de las anteriores Es posible armonizar los fines en conflicto si se aprueba la reforma que restringiría la participación política de la población sin título universitario y sin experiencia. Es posible armonizar los fines en conflicto si se aprueba la reforma siempre que se creen cuotas para grupos vulnerables.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional aplica el siguiente método de interpretación: Literal Ponderación Sistemático. Histórico .
En base a lo anterior, la Corte Constitucional sostiene que el medio propuesto, con respecto a los fines, no es: Desigual Ilegítimo Idóneo Desproporcional.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional aplica el test de: Coherencia Sistematicidad Igualdad Racionalidad limitada.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional considera que el fin perseguido por la reforma es: Desproporcional Histórico Proporcional Legítimo.
El positivismo jurídico ha agotado ya, nos parece, su ciclo histórico. En contra de lo que han sostenido algunos autores como Ferrajoli, Comanducci o Prieto, el llamado paradigma neoconstitucionalista no puede verse como la culminación del positivismo jurídico, sino más bien como el final de esa forma de entender el Derecho. El positivismo no es la teoría adecuada para dar cuenta y operar dentro de la nueva realidad del Derecho del Estado constitucional, además de por los déficits a los que se ha venido haciendo referencia, por un último rasgo vinculado a ellos: porque tiene (en todas sus variantes) un enfoque exclusivamente del Derecho como sistema, y no (también) del Derecho como práctica social. Como sistema, el Derecho puede considerarse como un conjunto de enunciados de carácter normativo y no normativo que cumplen ciertos requisitos. Pero además el Derecho puede (ha de) verse como una práctica social compleja consistente en decidir casos, en justificar esas decisiones, en producir normas, etc. Dicho quizás de otra manera, el Derecho no es simplemente una realidad que está ya dada de antemano (y esperando, por así decirlo, al jurista teórico que la describa y sistematice), sino una actividad en la que se participa y que el jurista teórico ha de contribuir a desarrollar. Por algo tanto en la obra de Dworkin como en la de Alexy, esto es, los dos autores que han desarrollado las que podría considerarse como teorías no positivistas del Derecho de mayor impacto, se subraya esa necesidad de considerar el Derecho como una práctica social (en la terminología de Dworkin, como una práctica interpretativa, en la de Alexy, como una serie de procedimientos), y no simplemente como un conjunto de reglas y principios. 1. El positivismo, según autores como Ferrajoli, ha alcanzado su máximo desarrollo con el: Neoconstitucionalismo Iusnaturalismo No positivismo Realismo jurídico.
El derecho como práctica interpretativa exige un juez “hércules”, según el siguiente autor: Ferrajoli Dworkin Alexy Kelsen.
El derecho como un conjunto de procedimientos que intentan hacer realidad la razón práctica en la vida jurídica, es una concepción promovida por el siguiente autor: Kelsen Ferrajoli Alexy Ninguna de las anteriores .
“Sería ingenuo atribuir a los sistemas jurídicos la capacidad de producir su propia eficacia, pero también sería equívoco desdeñar las potencialidades de los nuevos actores para promover el cambio social mediante el empleo de estrategias jurídicas. Incluso un sistema legal frágil puede proveer mecanismos que, debidamente usados, fomentarán la imparcialidad y el reconocimiento de los sujetos jurídicos. La ley de interés público, la defensa de los derechos humanos, el litigio estratégico y los cargos de defensa pública y desinteresada pueden movilizar recursos jurídicos a favor de los intereses menos poderosos o contra los que ya tienen exceso de representación. Sin embargo, esta estrategia para dar más poder a los débiles, proteger a los demonizados y desestabilizar los privilegios acendrados dentro del sistema jurídico no debe considerarse una panacea sino parte de un esfuerzo mayor para construir sociedades más recíprocas, en las que el Estado de derecho tenga mejores condiciones para florecer. Esa alternativa se basa en la presunción de que el sistema jurídico ocupa una posición intermedia especial entre la política y la sociedad. Como producto de las relaciones sociales y las decisiones políticas, los sistemas jurídicos también son un vector de esas relaciones y decisiones. La ley no sólo refleja la distribución del poder dentro de la sociedad. Los sistemas jurídicos modernos están constituidos sobre los privilegios acendrados de los poderosos, pero también sobre normas y procedimientos que apuntan a obtener legitimación y cooperación. Por lo tanto, para esos agentes sociales e institucionales preocupados por la desigualdad desde la perspectiva del Estado de derecho, la cuestión es cómo movilizar la “moralidad interior de la ley” –en palabras de Fuller– para reducir la invisibilidad, la demonización y la inmunidad. ¿Cómo puede el sistema jurídico dar mayor valor a los que están por debajo de la ley, acabar con los privilegios de los que están por encima de esta y recuperar la lealtad de los que están contra ella? Los abogados y los jueces no pueden hacer mucho para cambiar la sociedad –de hecho, normalmente están interesados en reforzar el statu quo–, pero pueden influir cuando otros actores sociales los desafían. Como demuestra la experiencia reciente de muchos países extremadamente desiguales como India, Sudáfrica, Brasil o Colombia, la comunidad legal en general y los tribunales en particular pueden, en ciertas circunstancias, ser permeables a las demandas de los pobres cuando estos buscan una compensación por la vía del sistema jurídico (Gargarella, 2006). Por lo tanto, cualquier intento de hacer uso de la ley para mejorar el Estado de derecho en sí mismo presupone un respaldo político y social” 1. Según Vilhena, las constituciones progresistas Producen su propia eficacia Pueden ser más o menos eficaces siempre que cuenten con respaldo social Pueden ser más o menos eficaces siempre que cuenten con respaldo social Ninguna de las anteriores.
En Ecuador, las acciones de protección son presentadas predominantemente por servidores públicos. Esto evidencia, en palabras de Vilhena Un caso de demonización Un exceso de representación Un caso de visibilización Un exceso de exclusión.
Una mayoría de la sociedad ecuatoriana afirma que los privados de libertad no tienen derechos humanos. Esta opinión promueve, en palabras de Vilhena: La inmunidad La demonización El racismo estructural La seguridad.
Para Vilhena, para que el sistema jurídico pueda dar mayor valor a los que están por debajo de la ley, acabar con los privilegios de los que están por encima de esta y recuperar la lealtad de los que están contra ella, es necesario Que abogados y jueces sean desafiados por sectores excluidos y promuevan una agenda activista y de igualdad dentro del Estado de derecho Que abogados y jueces sean desafiados por sectores excluidos y promuevan una agenda activista y de igualdad dentro de agendas de revolución social Que abogados y jueces sean desafiados por sectores poderosos y promuevan una agenda de reforzamiento del status quo. Todas las anteriores .
Para López Medina esta es la característica de las sentencias con citas caóticas: “(i) la mayoría de las citas no concuerdan con la decisión adoptada por la Corte en el decisum de la sentencia, esto es, no tienen peso jurídico relevante en la decisión del caso; (u) contiene citas definitorias de cada derecho fundamental que no son necesarias para la solución; (iii) cita hasta dos veces una misma idea o pensamiento sobre un desarrollo jurisprudencial de un derecho particular; (iv) tiene una cita de cita (también llamada cita secundaria o indirecta) que, además de impertinente, demuestra impropiedad a la hora de citar y, finalmente, (y) cita desarrollos retóricos sobre un derecho, como el núcleo esencial, que reitero, en nada contribuyen a la decisión final de caso. 1.Cuando el decisum de una sentencia coincide plenamente con los precedentes jurisprudenciales citados, estamos frente a citas: Caóticas Impertinentes Pertinentes Ninguna de las anteriores.
El peso jurídico “relevante” de los precedentes citados en una sentencia, está presente cuando existe Analogía fáctica Analogía conceptual Cambio de jurisprudencia Ninguna de las anteriores.
En un caso sobre derecho a la honra, en el que un funcionario público exige disculpas públicas porque XX lo llamó “politiquero” en la televisión, la Corte Y resolvió en favor de XX, definiendo previamente el contenido de todos los derechos de comunicación reconocidos en la Constitución de 2008 a partir de instrumentos internacionales. En este caso, estamos frente a citas Armónicas Pertinentes Caóticas Ninguna de las anteriores .
En una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia desarrolla ampliamente la definición doctrinaria de los derechos “poder” y los derechos “patrimoniales”, citando a Luigi Ferrajoli. A partir de esta desarrollo conceptual, la Corte niega una acción extraordinaria de protección que no debía ser admitida debido a que fue presentada fuera del plazo previsto en la Ley. Esta caso revela citas: Pertinentes Analógicas Caóticas Dogmáticas.
En criterio de López Medina, una sentencia que cita numerosos desarrollos retóricos y doctrinarios sobre los contenidos esenciales de los derechos revela Citas de alto nivel Citas de citas Citas caóticas Todas las anteriores .
¿Cuál es la principal limitación del positivismo jurídico en la actualidad? Incentivar los estudios socio jurídicos mediante investigaciones interdisciplinarias. Darle demasiada fortaleza al control constitucional valorativo de las normas jurídicas. Concebir al derecho como un conjunto de normas prescriptivas sin correspondencia con la práctica social.
De acuerdo con el planteamiento de Rodríguez (2011) la teoría jurídica en América Latina pueden ser caracterizada como: La producción rica en conocimiento jurídico local. Una estrecha relación con las ciencias sociales e investigaciones profundas en el contexto social. Poner excesiva atención en la exégesis y el comentario de las normas sin atender el contexto económico, social y político.
Para López Medina (2006) la interpretación sistemática de la ley busca: Identificar una o varias normas, fines, valores o principios constitucionales que tiene mayor abstracción Realizar ejercicios de subsunción de los hechos a la norma para aplicarla directamente. Acudir a la investigación histórica para dar cuenta de la voluntad del legislador.
¿Cuál es la forma correcta de analizar una línea jurisprudencial? Se deben identificar las sentencias hitos agrupadas en torno a problemas bien definidos, basados en analogías fácticas. Construir catálogos de jurisprudencia agrupados por marcadores como “derechos” que puedan ser usadas por los operadores jurídicos. Una revisión diacrónica de las jurisprudencias que abarquen el mayor número de sentencias posible considerando únicamente la afinidad conceptual.
Por qué es importante promover complejos procesos de ingeniería constitucional en la definición de las formas de organización del poder? Porque deben plantearse preceptos que aseguren la participación democrática de las mayorías. Porque las formas de organización del poder deben perseguir fines morales superiores. Porque la organización del poder debe guiarse por una estructura de incentivos adecuada, en la que existan recompensas y castigos.
Hacer una línea jurisprudencial consiste precisamente en el esfuerzo de dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales en con el propósito de responder de una manera técnica y correcta el problema jurídico planteado… El primer paso consiste en hacer un mapa de las sentencias hito que se han escogido como fundamentales dentro del problema jurídico (con su respectivo patrón fáctico) bajo estudio… El problema jurídico debe incluir el concepto jurídico fundamental que examina dentro de las circunstancias fácticas relevantes. Una vez que se ha formulado el problema jurídico, el gráfico de la línea se abre entre las dos solucione extremas… que pueden ofrecer al problema”. En base a este contexto obtenido del texto “Interpretación Constitucional”, responda las preguntas que van de la 1 a la 5, marcando con una equis (x) la opción que considere correcta. Pregunta 10.1 pts El problema jurídico debe incluir el concepto jurídico fundamental referido a: la supremacía constitucional las circunstancias fácticas del caso ninguna de las anteriores relaciones sistemáticas entre las normas de un caso.
¿Cuál es el objetivo de la construcción de líneas jurisprudenciales? Dar sentido al problema jurídico planteado prescindiendo del análisis de patrones fácticos. Dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales con el propósito de responder el problema jurídico planteado. Ninguna de las anteriores. Dar sentido a los diversos pronunciamientos judiciales con fines ilustrativos.
Cuando se “grafica” una línea, el intérprete debe considerar primero las soluciones: extremas en los precedentes constitucionales sobre el patrón fáctico concreto. ninguna de las anteriores extremas al problema jurídico en las normas constitucionales. uniformes de los precedentes constitucionales que demandan obediencia al precedente.
Las sentencias hito se caracterizan por fundar: Principios de obiter dicta. una sub-regla de derecho constitucional. Ninguna de las anteriores. aplicar el principio o ratio contenido en una sentencia anterior.
Para construir una línea jurisprudencial, es menester dar cuenta de las sentencias: hito de doctrina neo constitucional fundadoras de disanalogía de doctrina probable.
Para López Medina esta es la característica de las sentencias con citas caóticas: “(i) la mayoría de las citas no concuerdan con la decisión adoptada por la Corte en el decisum de la sentencia, esto es, no tienen peso jurídico relevante en la decisión del caso; (u) contiene citas definitorias de cada derecho fundamental que no son necesarias para la solución; (iii) cita hasta dos veces una misma idea o pensamiento sobre un desarrollo jurisprudencial de un derecho particular; (iv) tiene una cita de cita (también llamada cita secundaria o indirecta) que, además de impertinente, demuestra impropiedad a la hora de citar y, finalmente, (y) cita desarrollos retóricos sobre un derecho, como el núcleo esencial, que reitero, en nada contribuyen a la decisión final de caso. Fuente: López Medina Diego. 2006. Interpretación constitucional. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Con base en el fragmento anterior, responda las preguntas 6 a 10. En criterio de López Medina, una sentencia que cita numerosos desarrollos retóricos y doctrinarios sobre los contenidos esenciales de los derechos revela Citas analógicas Citas de alto nivel Citas de calidad Ninguna de las anteriores.
En un caso sobre derecho a la honra, en el que un funcionario público exige disculpas públicas porque XX lo llamó “politiquero” en la televisión, la Corte Y resolvió en favor de XX, definiendo previamente el contenido de todos los derechos de comunicación reconocidos en la Constitución de 2008 (incluyendo el derecho a una información intercultural) a partir de instrumentos internacionales. En este caso, estamos frente a citas Pertinentes Armónicas Caóticas Ninguna de las anteriores.
En una sentencia de la Corte Constitucional, se cita una sentencia extensamente una sentencia previa que desarrolla ampliamente la definición doctrinaria de los derechos “poder” y los derechos “patrimoniales”. A partir de este desarrollo conceptual, la Corte niega una acción extraordinaria de protección que no debía ser admitida debido a que fue presentada fuera del plazo previsto en la Ley. Este caso revela citas: De peso relevante Analógicas Caóticas Ninguna de las anteriores.
El peso jurídico “relevante” de los precedentes citados en una sentencia, está presente cuando existe Analogía conceptual Ninguna de las anteriores Cambio de jurisprudencia Analogía fáctica.
Cuando el decisum de una sentencia no coincide con los precedentes jurisprudenciales citados, estamos frente a citas: Que tienen un peso jurídico relevante para el caso Ninguna de las anteriores Disanalógicas Que no tienen un peso jurídico relevante para el caso.
En el dictamen Dictamen N°4-19-RC/19 la Corte Constitucional, se preguntó lo siguiente: “¿Restringe el derecho a la igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a ser elegido, la norma según la cual, si un ciudadano no tiene título de educación superior de tercer nivel y no acredita al menos diez años de experiencia profesional, no tiene derecho a ser candidato a senador?” Esta fue la respuesta de la Corte: Los fines perseguidos por el trato desigual evaluado (esto es la exigencia de un título profesional y experiencia) se pueden resumir así (según lo afirmado por los solicitantes y constantes en las hojas 36 y37 del expediente): mejorar la calidad del servicio público y de la Administración Pública en actividades que requieren conocimientos técnicos y permitir que el ejercicio de los derechos políticos se realice en función de los méritos y capacidades, conforme al articulo 61.7 de la Constitución. La Corte considera que los declarados por los solicitantes son fines legítimos por estar ordenados por la Constitución. Ahora corresponde analizar si el trato desigual en cuestión es adecuado para cumplir los fines señalados… El núcleo de la actividad asamblearia… es valorativa (ético-política) y no técnica, ya que el principio que la informa es el de representación democrática (propio del parlamento) y no el de sujeción burocrático-tecnocrática (propio de la administración). Atribuir al Senado una "representación técnica", como hace el proyecto examinado (hoja 38 del expediente) es casi una contradicción en los términos. De manera que el trato diferenciado en cuestión no es idóneo, en general, para promover los fines declarados por los solicitantes: la tecnificación y la meritocracia en el servicio público y en la Administración Pública. Estos no son atinentes a las dignidades de elección popular, sino a los empleos y funciones públicas que demandan de sus titulares conocimientos técnicos especializados. (…) Así las cosas, corresponde ahora dilucidar si es al menos plausible sostener que el grado de satisfacción de los fines buscados es siquiera equivalente a la intensidad de la afectación al derecho a la igualdad y no discriminación conexamente con el derecho a ser elegido. (…) La regla proyectada conllevaría una seria limitación al derecho a ser elegidos de un número masivo de ciudadanos que, teniendo la edad prevista para ejercer la dignidad de senador (treinta y cinco años), estarían impedidos de hacerlo. Consecuentemente, se vería severamente afectado el derecho de los ciudadanos aludidos a la igualdad y no discriminación en el disfrute de sus derechos fundamentales (art. 11.2 de la Constitución); lo que tiene una gravedad reforzada en el caso de personas pertenecientes a grupos titulares de derechos colectivos: indígenas, afroecuatorianos y montubios (art. 57.2, en concordancia con los arts. 58 y 59 de la Constitución). Dado lo anterior, si mediante un procedimiento de reforma constitucional, democráticamente el pueblo aprobase la regla en cuestión, implicaría una suerte de limitación al autogobierno en lo que al Senado respecta; sería un caso de la paradoja de la democracia: la democracia sería socavada mediante un procedimiento democrático. Pregunta 110.1 pts En base a lo anterior, la Corte Constitucional considera que: No es posible armonizar los fines en conflicto si se aprueba la reforma que restringiría la participación política de la población sin título universitario y sin experiencia. Ninguna de las anteriores la reforma que restringiría la participación política de la población sin título universitario y sin experiencia. Es posible armonizar los fines en conflicto si se aprueba la reforma siempre que se creen cuotas para grupos vulnerables.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional aplica el siguiente método de interpretación: Literal Ponderación Sistemático Histórico.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional aplica el test de: Coherencia Sistematicidad Igualdad Racionalidad limitada.
En base a lo anterior, la Corte Constitucional considera que el fin perseguido por la reforma es: Desproporcional Histórico Proporcional Legítimo.
Fragmento sobre Presidencialismo/ Estados Unidos. “Irónicamente, por lo anterior, la opinión de que los sistemas presidenciales son sistemas fuertes se apoya en el peor de los acuerdos estructurales —un poder dividido sin defensa ante el gobierno dividido— y no comprende que el sistema estadunidense funciona, o ha funcionado, a pesar de su Constitución, y difícilmente gracias a su Constitución. En la medida en que puede seguir funcionando requiere, para destrabarse, de tres factores: falta de principios ideológicos, partidos débiles e indisciplinados y una política centrada en los asuntos locales. Con estos elementos un presidente puede obtener en el Congreso los votos que necesita negociando (horse trading) favores para los distritos electorales. Quedamos finalmente con la institucionalización de la política de las componendas, lo que no es nada admirable. Lo que tenemos estructuralmente, de hecho, es un Estado débil. (…) Es decir, que el factor o variable de que estamos hablando es el de cruzar la línea y elegir al otro partido en las votaciones legislativas. El que un presidente tenga o no "su mayoría" en el Congreso es importante y hace la diferencia si aceptamos el supuesto de que el concepto de mayoría es significativo, en el sentido de que hay algo que está unido y actúa cohesivamente. Sin embargo, si la mayoría existe sólo en el papel, si tiene que obtenerse en cada caso, entonces es razonable decir que la diferencia entre el gobierno unido y el dividido puede ser muy pequeña. De este modo, el problema es que incluso cuando la mayoría no está dividida en el papel, la realidad es que, en la actualidad, un presidente de los Estados Unidos nunca tiene una mayoría verdadera y confiable en el Congreso. (…) Las coaliciones son acuerdos, pero no acuerdos sobre un solo tema o a los que se llega diariamente. Para que sea significativo, el concepto de coalición supone un mínimo de constancia, es decir, alguna clase de entendimiento duradero que abarca una gama los líderes de un partido en el Congreso, los que podrán entregar sus votos posteriormente, o tenga que negociar con los miembros del Congreso uno por uno congruente de temas. Las coaliciones que se forman la noche anterior a la votación no son coaliciones, y los tratos que describe Polsby no corresponden a ellas; se trata más bien de parches. Reitero, por tanto, que con acuerdos parciales diarios no formamos mayorías reales. Una de las principales propuestas del "gobierno reunificado" del presidente Clinton fue el paquete de medidas económicas y para reducir el déficit que sometió al Congreso en agosto de 1993, el que fue aprobado (después de muchas consultas y tratos) por una mayoría de dos votos en la Cámara de Diputados, y por el margen de un solo voto (el del vicepresidente que lo preside) en el Senado. ¿Comprueba esto que el presidente está apoyado por una mayoría legislativa? Yo diría que no. Lo que aún es cierto, como lo expresa V. O. Key, es que el control partidista común del Ejecutivo y el Legislativo no asegura un gobierno fuerte, en tanto que la división del control partidista lo impide" (1965, p. 688). Sin embargo, hemos añadido otra característica básica: que el control partidista común de ninguna manera asegura una mayoría partidista común. Entonces, sin importar que el gobierno estadunidense este o no dividido, en ambos casos gran parte de su toma de decisiones requiere pagos laterales localistas a cambio de mosaicos mal unidos, en vez de compromisos sólidos. El sistema estadunidense funciona (a su manera) porque los estadunidenses están decididos a hacerlo funcionar. Es tan sencillo como eso, y por lo mismo, tan difícil. Porque los estadunidenses tienen una maquinaria constitucional diseñada para la parálisis gubernamental, defecto que surge con toda su fuerza cuando se exporta su presidencialismo.” (Sartori 2003, p.104) 1.Según el proceso de toma de decisiones en un sistema presidencialista, Sartori observa que: Por las características del sistema presidencialista estadunidense, es un proceso que favorece la institucionalización de la política, con acuerdos sólidos y racionales. Por las características del sistema presidencialista estadunidense, el proceso de toma de decisiones promueve el desarrollo de compromisos sólidos. A pesar de los pagos laterales localistas a cambio de mosaicos mal unidos, el control partidista común del Ejecutivo y el Legislativo asegura un gobierno fuerte. La maquinaria constitucional estadunidense favorece la parálisis gubernamental, defecto que surge con toda su fuerza cuando se exporta su presidencialismo a otros países. .
Identifique la opción que no indica una de las características del sistema presidencialista, según Sartori: Elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado. En los sistemas presidenciales, el gobierno, o el Ejecutivo, puede ser designado o desbancado mediante voto parlamentario, por eso el presidente suele someterse a intereses localistas a cambio de mosaicos mal unidos. Considerados como sistemas fuertes, se caracterizan por el jefe de Estado ser también jefe del gobierno. En los sistemas presidenciales, el gobierno, o el Ejecutivo, no puede ser designado o desbancado mediante voto parlamentario, sin embargo, para obtener en el Congreso los votos que necesita suele negociar favores para los distritos electorales. .
Cuáles son los 3 factores que permiten destrabar las negociaciones entre el presidente y el Congreso? Partidos débiles e indisciplinados, una política centrada en los asuntos locales y principios ideológicos consistentes. Partidos débiles e indisciplinados, una política centrada en los asuntos locales, coaliciones fuertes y sólidas. Un Estado débil, partidos débiles e indisciplinados y una política centrada en los asuntos locales. Partidos débiles y disciplinados, una política centrada en los asuntos locales y principios ideológicos inexistentes.
Según Sartori, “el sistema estadunidense funciona (a su manera)”… por medio de la institucionalización de la política de las componendas, gracias a la maquinaria constitucional favorable. a pesar de una maquinaria constitucional diseñada para la parálisis gubernamental, basándose en gobiernos fuertes. debido a acuerdos parciales que, progresivamente, llegan a formar mayorías reales. debido a acuerdos parciales que, progresivamente, llegan a formar mayorías reales. .
En el fragmento seleccionado, ¿qué afirma el autor sobre el control partidista en el sistema estadunidense? Es fundamental que el presidente tenga “su mayoría” en el Congreso. El control partidista no asegura una mayoría partidista común, siendo necesarios los pagos laterales localistas que generan mayorías contingenciales y no duraderas En el caso estadunidense, una mayoría verdadera y confiable en el Congreso solo es posible por medio de compromisos sólidos, que garantizan gobiernos fuertes. El control partidista común del Ejecutivo y el Legislativo aseguraría un gobierno fuerte. .
¿Cuál es el consejo de Sartori a los países presidencialistas que buscan un cambio? Que adopten el parlamentarismo, porque sería un cambio real, constituyendo un salto hacia lo diverso. Que busquen reforzar la disciplina partidaria antes de adoptar el parlamentarismo. Ese es el único requisito necesario. Que adopten el semipresidencialismo, porque no es tan frágil cuanto los demás. Que adopten el semipresidencialismo, porque es más fácil de aplicar, y no constituye un salto a lo diverso y desconocido, como el parlamentarismo. .
¿Cuál es la tesis defendida por Sartori? El semipresidencialismo es mejor que el presidencialismo, porque representa la solución al problema de la mayoría dividida. El semipresidencialismo es mejor que el presidencialismo, porque el primero puede enfrentar mejor a las mayorías divididas que el segundo. El parlamentarismo es más estable que el presidencialismo, y puede hacerse mediante el diseño constitucional. Los sistemas mixtos son mejores que los puros, por eso la mejor forma de todas es el semipresidencialismo. .
¿Cuáles de las siguientes, no es una característica específica del sistema semipresidencial? El jefe de Estado (el presidente) es elegido por el voto popular para un periodo predeterminado en el cargo. El jefe de Estado comparte el poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual. El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente. El jefe de gobierno no puede estar sujeto a censura y es independiente del parlamento .
Fragmento sobre semipresidencialismo y sobre “¿cuál es el mejor?” “Tomando en cuenta lo anterior, estipulo que un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características: a) El jefe de Estado (el presidente) es elegido por el voto popular —ya sea directa o indirectamente — para un periodo predeterminado en el cargo. b) El jefe de Estado comparte el poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son: c) El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno. d) De la otra parte, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura, y en ambos casos requieren el apoyo de una mayoría parlamentaria. e) La estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el "potencial de autonomía" de cada unidad componente del Ejecutivo subsista”. (…) “A los latinoamericanos se les aconseja que adopten el parlamentarismo, pero los franceses lo han abandonado con alivio. Muchos ingleses están frustrados por la camisa de fuerza de su sistema bipartidista, pero los más de los italianos piensan que el sistema inglés es grandioso. Por lo general, estamos justificados cuando criticamos al sistema político en el que vivimos, pero con igual frecuencia nos equivocamos al evaluar sus posibilidades y los beneficios que esperamos de ellas. Creo que es muy válido el alegato contra los dos extremos, el presidencialismo puro y el parlamentarismo puro. Por lo mismo, creo que el alegato en favor de los sistemas mixtos es igualmente fuerte. Sin embargo, argumentar que los sistemas mixtos son mejores que los puros, no significa que entre los sistemas mixtos la mejor sea una forma de semipresidencialismo. Este es un paso posterior que no estoy dispuesto a dar sin algunas condiciones. Empecemos con la afirmación de que el semipresidencialismo es mejor que el presidencialismo. De hecho, esta ha sido mi tesis, en particular porque el primero puede enfrentar mejor a las mayorías divididas que el segundo. Asimismo, sostengo que los países que tienen la intención de abandonar el presidencialismo harían bien en optar, prudentemente, por el semipresidencialismo en vista de que para un país presidencialista el salto al parlamentarismo es un salto hacia lo diverso y desconocido, mientras que un cambio al semipresidencialismo le permite a ese país seguir funcionando en un ámbito que conoce, en el que tiene experiencia y destreza. ¿Es válido el mismo consejo —simétricamente y para el otro extremo— en el caso de los países que desean abandonar el parlamentarismo? ¿Deben contemplar también al semiparlamentarismo como la opción que más les conviene, en vez del semipresidencialismo? En teoría podría parecer así, pero en la práctica no es cierto, ya que en este caso el problema es que la implantación de los sistemas de un primer ministro no puede hacerse mediante el diseño constitucional (…). El tipo inglés o el alemán de un parlamentarismo limitado sólo pueden funcionar con un determinado conjunto de condiciones favorables. Si el sistema inglés (en el que nunca terceros partidos han logrado, hasta ahora, terminar con el gobierno de un solo partido) dejara de ser bipartidista, o si el sistema político alemán se fragmentara y polarizara más que hasta la fecha, ambos "modelos" se desvanecerían. Esto implica que todo país que busque una solución semiparlamentaria iniciará un camino azaroso, pues muchos son los supuestos que deben cumplirse para que este trasplante se logre. (…)” “Obsérvese, sin embargo, que mi argumento no es —en el contexto del parlamentarismo— que el semipresidencialismo “sea mejor”, sino más bien, que es “más fácil de aplicar”. Entonces, por dos razones distintas y siguiendo dos caminos diferentes, término por recomendar generalmente el semipresidencialismo a los partidarios del cambio. Quisiera subrayar que hago esta recomendación con reservas. El semipresidencialismo deja muchos problemas sin resolver. Además no niego que el semipresidencialismo es un sistema algo frágil. El problema de la mayoría dividida sigue rondando —aunque con menor frecuencia que en el presidencialismo puro— al semipresidencialismo.” ¿Cuál es el consejo de Sartori a los países presidencialistas que buscan un cambio? Que adopten el parlamentarismo, porque sería un cambio real, constituyendo un salto hacia lo diverso. Que busquen reforzar la disciplina partidaria antes de adoptar el parlamentarismo. Ese es el único requisito necesario. Que adopten el semipresidencialismo, porque no es tan frágil cuanto los demás. Que adopten el semipresidencialismo, porque es más fácil de aplicar, y no constituye un salto a lo diverso y desconocido, como el parlamentarismo. .
¿Cuál es una característica común entre el sistema semipresidencial y presidencial? Elección popular del presidente Primer Ministro es Jefe de Gobierno. Censura al jefe de Gobierno. Jefe de Estado es Jefe de Gobierno. .
¿Por qué utilizamos el prefijo “semi” al semipresidencialismo? Por qué en este caso… se divide en dos al Parlamento, sustituyendo una estructura mono céntrica de autoridad con una autoridad dual. se divide en dos al Presidencialismo, siendo el poder compartido entre el presidente y el Parlamento. se divide en dos al Presidencialismo, siendo el poder compartido entre el presidente, que es el jefe de Estado, y un primero ministro, que encabeza al gobierno. se divide en dos al Presidencialismo, siendo el poder alternado entre el presidente y el jefe parlamentar .
Para López Medina esta es la característica de las sentencias con citas caóticas: “(i) la mayoría de las citas no concuerdan con la decisión adoptada por la Corte en el decisum de la sentencia, esto es, no tienen peso jurídico relevante en la decisión del caso; (u) contiene citas definitorias de cada derecho fundamental que no son necesarias para la solución; (iii) cita hasta dos veces una misma idea o pensamiento sobre un desarrollo jurisprudencial de un derecho particular; (iv) tiene una cita de cita (también llamada cita secundaria o indirecta) que, además de impertinente, demuestra impropiedad a la hora de citar y, finalmente, (y) cita desarrollos retóricos sobre un derecho, como el núcleo esencial, que reitero, en nada contribuyen a la decisión final de caso. 1.Cuando el decisum de una sentencia coincide plenamente con los precedentes jurisprudenciales citados, estamos frente a citas: Caóticas Impertinentes Pertinentes Ninguna de las anteriores .
En un caso sobre derecho a la honra, en el que un funcionario público exige disculpas públicas porque XX lo llamó “politiquero” en la televisión, la Corte Y resolvió en favor de XX, definiendo previamente el contenido de todos los derechos de comunicación reconocidos en la Constitución de 2008 a partir de instrumentos internacionales. En este caso, estamos frente a citas Armónicas Pertinentes Caóticas Ninguna de las anteriores .
En una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia desarrolla ampliamente la definición doctrinaria de los derechos “poder” y los derechos “patrimoniales”, citando a Luigi Ferrajoli. A partir de esta desarrollo conceptual, la Corte niega una acción extraordinaria de protección que no debía ser admitida debido a que fue presentada fuera del plazo previsto en la Ley. Esta caso revela citas: Pertinentes Analógicas Caóticas Dogmáticas.
En criterio de López Medina, una sentencia que cita numerosos desarrollos retóricos y doctrinarios sobre los contenidos esenciales de los derechos revela Citas de alto nivel Citas de citas Citas caóticas Todas las anteriores .
En la sentencia No. 11-18-CN/19la Corte estableció: “Por la Convención y por sus interpretaciones, toda autoridad pública tiene mandato de aplicación directa y no necesariamente, para la aplicación de los derechos, se requiere una norma legal. La exigencia de reforma normativa podría afectar la vigencia y eficacia de los derechos. La exigencia legal, entendida como la intervención de la representación popular y democrática es imprescindible cuando se trata de restricción y limitación de derechos. En esos casos existe lo que se conoce como reserva legal. Pero cuando se trata de garantizar derechos y en particular de una obligación de ius cogens como es la igualdad y la no discriminación, y de proteger y garantizar derechos de grupos humanos discriminados, entonces la aplicación convencional es directa y no requiere necesariamente regulación legislativa”. 1.- Suponga usted que la “Ley de igualdad sexual” prohíbe la educación de género en todas las instituciones educativas. En este caso, estamos frente a un caso: que limita derechos dentro del margen de discrecionalidad del legislador que viola normas ius congens de igualdad y no discriminación que protege los derechos humanos de todos los estudiantes al prohibir una ideología feminista que carece de validez científica que está permitido por la reserva legal, pues la educación de género es sólo una opción pedagógica, pudiéndose promover los derechos de las mujeres y grupos discriminados a partir de un enfoque que no distingue entre géneros, sino sólo entre sexos.
En qué casos debe intervenir la Asamblea Nacional para regular los derechos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional: cuando se trata de restricción y limitación de derechos. cuando la reserva legal no está prevista en la Constitución cuando se trata de aplicar normas ius-cogens ninguna de las anteriores.
Las normas ius cogens, a las que se refiere la sentencia son: normas imperativa de derecho internacional general normas imperativas de derecho nacional general normas aspirativas y programáticas de derecho internacional general todas las anteriores.
Imagine que usted es un juez de garantías jurisdiccionales que conoce una acción de protección, interpuesta por un migrante venezolano en contra de la Ley 333, que prohíbe el paso de la población venezolana por Ecuador en todos los casos. La reglamentación solo establece esa prohibición para la población venezolana. En este caso: debe rechazar la acción y solicitar que la Asamblea Nacional, órgano legítimo para interpretar la Ley, evalúe la constitucionalidad de la Ley 333 debe aplicar directamente el control de convencionalidad debe solicitar a la Corte Nacional una interpretación condicionada de la Ley 333 Ninguna de las anteriores.
La aplicación convencional, implica: El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de instrumentos internacionales de derechos humanos El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de las interpretaciones de los órganos autorizados por la Convención El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de las interpretaciones de los órganos autorizados por la Convención, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Todas las anteriores.
En la sentencia 10-18-CN/19, la Corte Constitucional estableció la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y del artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, porque limitan el derecho de las personas del mismo sexo al matrimonio, ¿Cuál fue la ratio decidendi de la Corte Constitucional? Que la interpretación correcta de la constitución no puede ser literal y restrictiva, debiendo primar una interpretación sistemática que privilegie la Opinión Consultiva OC-24/17, incluso si la ponderación evidencia que el matrimonio igualitario no representa un fin válido. Así las cosas, más allá de la ponderación, lo importante es aplicar las normas más favorables para los derechos en juego. Que la interpretación correcta de la constitución no puede ser literal y restrictiva, debiendo primar una interpretación favorable a los derechos en casos de discriminación, y que Ecuador debe priorizar las obligaciones internacionales derivadas de la Opinión Consultiva OC-24/17 en relación a los derechos de las familias conformadas por personas del mismo sexo, máxime si luego de un ejercicio de ponderación se evidencia la no afectación de los derechos de las personas heterosexuales. Que los jueces debían aplicar el principio de aplicación directa de la Constitución y tratados internacionales de derechos que contengan derechos más favorables, para resolver el caso sin declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Según el caso Gonzales Lluy vs Ecuador, ¿cuándo es atribuible la violación de derechos cometida por un privado al Estado? Cuando los actores privados brindan servicios de salud mediante concesión o delegación. Cuando el Estado no toma las medidas adecuadas para prevenir que los privados vulneren derechos, mediante procesos para fiscalizar y regular los servicios de salud brindados por privados. Cuando los particulares actúan fuera de la jurisdicción del estado donde se dieron las vulneraciones de derechos.
En la sentencia de la Corte IDH sobre el caso del Pueblo indígena Kichwa Sarayaku se estableció un precedente jurisprudencial sobre el siguiente tema: Los límites convencionales a los poderes extraordinarios de los Ejecutivos en contextos de Estado de Excepción. La protección de la propiedad comunal mediante la interpretación del artículo 21 de la CADH. La obligación de debida diligencia del estado en casos de desaparición forzosa.
En la Sentencia 159-11-JH/19 la Corte Constitucional estableció un precedente jurisprudencial sobre el trámite de los procesos de revisión ¿A qué se refiere? Estableció que la primacía del Estado Constitucional estaba en el eficientismo procesal para garantizar la mayor cantidad de casos resuelto, por tanto, debían respetarse estrictamente los términos establecidos en la LOGJCC. Consideró que en el caso al no existir afectaciones a los derechos, no era necesario pronunciarse sobre las cuestiones procesales, y conoció directamente las cuestiones de fondo. Declaró la inconstitucional el articulo 25 numeral 6 de la LOGJCC, que establece que luego de 20 días después de ingresado el caso debía excluirse de la revisión, porque afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la reparación integral.
¿A qué se refiere la interpretación condicionada de las normas realizada por la Corte Constitucional? Cuando existan normas que carezcan de validez constitucional se las debe expulsar del ordenamiento jurídico. Cuando existe una interpretación constitucional de una norma no se declarará su inconstitucionalidad sino una interpretación obligatoria compatible con las normas constitucionales.
“IV. Análisis constitucional I. Sobre el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación 25. Adicionalmente, esta Corte ha manifestado que para considerar que una decisión, que resuelve garantías jurisdiccionales, se encuentra debidamente motivada los juzgadores deben cumplir los siguientes parámetros: “(…) i) enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión, ii) explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; y, iii) realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos, si en dicho análisis no se determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino más bien conflictos de índole infra constitucional, le corresponde al juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto (…)”. I.2) Sobre la motivación en la sentencia de segunda instancia 30. Respecto a la sentencia dictada en segunda instancia, este Organismo observa, que los jueces de apelación consideraron rechazar la acción de protección sometida a su resolución con base en las siguientes consideraciones: “(…) En el presente caso el accionante no ha agotado el trámite administrativo, ni judicial, lo que es corroborado por la sentencia dictada por la Corte Constitucional dentro del caso 881-08-RA (…) Por lo que este juzgador sin entrar en otro análisis y en atención a lo que dispone el Art. 42, numerales 1 y 4, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que determinan respectivamente: “Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales”, “Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz (…)”. (Énfasis añadido). “(…) El Art. 173 de la Constitución de la República determina que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa, como ante el correspondiente órgano de la Función Judicial. (…)”. “(…) La Acción de Protección no procede cuando se refiere a asuntos de mera legalidad de un acto administrativo, en razón de los cuales existan vías judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos y particularmente la vía administrativa. (…)”. 31. A partir de lo revisado en la sentencia de segunda instancia, este Organismo encuentra que los jueces accionados enunciaron las normas relacionadas con las causales de improcedencia de la acción de protección en las cuales habría incurrido el accionante al proponer su acción de protección. También manifestaron que éstas serían aplicables al caso en concreto por considerar que se trata de un tema de mera legalidad. 32. No obstante, en ninguna de las consideraciones de los jueces de apelación se evidencia que éstos hayan analizado la cuestión de fondo propuesta por el accionante. Esto es si la desvinculación del accionante vulneró los derechos constitucionales alegados en la acción de protección. En tal sentido, se constata la inobservancia del tercer requisito de la motivación. 34. En consecuencia, esta Corte concluye que el tribunal de apelación inobservó el tercer requisito de la motivación, previsto para sentencias que se emiten en garantías jurisdiccionales, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, establecido en el artículo 76, numeral 7, letra l) de la CRE”… 42. No obstante, corresponde a este Organismo, efectuando un esfuerzo razonable, determinar si la decisión de cesar en funciones al accionante, adoptada por Petroecuador provocó vulneraciones a derechos constitucionales. Al respecto, esta Corte encuentra en primer lugar que la mencionada entidad decide separar al accionante de su cargo, principalmente, en razón de lo previsto en los artículos 66.16 de la CRE y 30.4 de la LOEP. 43. Asimismo, a fojas 84 y 85 del expediente de primera instancia se encuentra el acta de finiquito, por medio de la cual se liquidaron los haberes laborales que le habrían correspondido al accionante por concepto de despido intempestivo. En dicho documento se verifica la aceptación del ex trabajador y se constata que el accionante recibió en cheque certificado los valores liquidados mediante el referido documento. 44. Sin embargo, a criterio de esta Corte, el hecho de que el accionante haya aceptado los valores liquidados, a través de la mencionada acta de finiquito, no limitaban su accionar ante la justicia ordinaria. Es decir, que el accionante tuvo la posibilidad de impugnar dicha acta conforme las disposiciones infra constitucionales que prevé la ley de la materia para el efecto. 45. Por lo expuesto, en el caso concreto, la Corte Constitucional resuelve el mérito del presente caso en el sentido de descartar que el cese de funciones del accionante haya vulnerado alguno de los derechos constitucionales alegados por el accionante en el proceso de origen”. Según los parámetros determinados por la Corte Constitucional, ¿Qué debe hacer el juez cuando del análisis que se realiza para verificar la vulneración a los derechos se determinan únicamente conflictos de índole infraconstitucional? Le corresponde determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto Debe declarar la vulneración de los derechos Limitarse a señalar que el conflicto es infra constitucional y que no es la vía adecuada Abstenerse de conocer el asunto.
Según observó la Corte Constitucional, ¿los jueces de apelación realizaron otro análisis además de fijarse en la legalidad del caso? Únicamente analizaron el tema de la legalidad También analizaron la vulneración de los derechos constitucionales del accionante Adicionalmente analizaron la violación de derechos contemplados en tratados internacionales Analizaron asuntos como la novedad y trascendencia del caso.
¿Cuál fue el requisito de la motivación que inobservó el tribunal de apelación? El tercero: realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos El segundo: explicar la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho El primero: enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión El cuarto: explicar la línea jurisprudencial aplicable al caso.
¿Es procedente analizar en una acción de protección la vulneración a derechos constitucionales derivados de la suscripción de un acta de finiquito entre empleador y trabajador? Sí. Sí, cuando las partes son personas naturales. Sí, cuando una de las partes procesales es una persona natural. No, en ningún caso.
Lea el siguiente fragmento de la sentencia 253-16-EP/21 y responda las preguntas: “25. En este caso, la Corte considera que el tribunal actuó arbitrariamente al desnaturalizar la acción de protección, distrayéndola de su objeto, lo que acarreó una vulneración de derechos fundamentales, conforme al estándar citado en el párr. 21 supra. Esto, por cuanto la prescripción de la acción para solicitar el visto bueno es una razón típica para impugnarlo ante la jurisdicción laboral (conforme al inciso final del artículo 183 del Código del Trabajo) y la razón esgrimida por el tribunal de apelación para considerar ineficaz a tal jurisdicción inobserva el ordenamiento jurídico-laboral. Así, es evidente que, en este caso, la controversia sobre la oportunidad o no del visto bueno no podía dirimirse a través de una acción de protección. Además, el efecto de estimar la impugnación de un visto bueno concedido por un inspector de trabajo es la configuración de un despido intempestivo, lo que trae como consecuencia el pago de una indemnización. El tribunal reconoce la vigencia de este régimen legal, pero prescinde de él expresamente y, con ello, usa la acción de protección como instrumento para eludir los efectos prescritos en la ley y ordenar otros distintos: la ineficacia del despido y la reincorporación del trabajador. 26. En suma, la sentencia impugnada dejó de aplicar el régimen jurídico claramente establecido en la legislación laboral. Ahora bien, esta actuación del tribunal vulneró el derecho fundamental a la defensa del empleador pues, a diferencia de lo que ocurre con la impugnación de un visto bueno por la vía laboral, en la acción de protección el empleador no puede ser parte procesal por cuanto el acto impugnado no emanó de él… 37.… esta Corte confirma que la falta de notificación a CNT EP con la demanda de acción de protección generó que esta empresa pública no tenga la oportunidad de presentar pruebas, alegatos y contradecir los argumentos y pretensiones del ex trabajador. Tanto más que, aun cuando tuvo la oportunidad de comparecer a la audiencia de segunda instancia, sus alegatos no fueron considerados por el tribunal de apelación al momento de resolver. Es oportuno mencionar que, si bien no existe la obligación de referirse en la sentencia a los argumentos de un tercero, en el caso concreto sí correspondía que sus argumentos sean considerados puesto que las principales medidas de reparación de la acción de protección debían cumplirse por CNT EP. 38. Cabe advertir que la vulneración establecida en la resolución de este problema jurídico está relacionada con la examinada en la resolución del anterior, como se señaló en el párr. 26 supra, por cuanto el derecho de la defensa del empleador se compromete precisamente porque el diseño de la acción de protección no se estableció para casos como el que es materia de esta causa ‒la mera impugnación de un visto bueno porque habría prescrito la acción para solicitarlo‒ sino para vulneraciones directas de derechos fundamentales. 54. Esta medida de reparación no puede afectar a los valores recibidos de buena fe por el trabajador, pues la sentencia era ejecutable en su momento. Sin embargo, la medida traería como consecuencia que, por el paso del tiempo, el trabajador estaría imposibilitado de impugnar el visto bueno ante la justicia laboral. Dado que esta consecuencia no se debe únicamente a la actuación del trabajador, sino de su defensa técnica y, sobre todo, de los órganos jurisdiccionales que desnaturalizaron la acción de protección, esta Corte considera que, dadas las singularidades de este caso, habilitar excepcionalmente al señor Luis Ullón Paredes para que pueda impugnar el visto bueno en la vía laboral.” 1.- La discusión en torno a la configuración de un despido intempestivo y el pago de indemnizaciones en un proceso de acción de protección, declarando su procedencia implica: Desconocer el régimen legal laboral sobre el visto bueno y la jurisdicción constitucional. Reconocer el carácter complementario del régimen legal laboral y su necesaria aplicación en el campo constitucional. Aplicar las normas jurídicas ordinarias a la luz de las disposiciones constitucionales que garantizan los derechos de las personas en todos los procesos. Interpretar las disposiciones legales y constitucionales conforme al principio pro homine.
¿Puede la falta citación o notificación de una acción de protección a una empresa pública generar una lesión en su derecho a la defensa? Sí, pero sólo si al comparecer, sus alegatos no son tomados en cuenta. Sí, pero es subsanable si comparece y sus alegatos son tomados en cuenta. Sí, pero no es subsanable en ninguna instancia del proceso. Sí, pero solo si lo alega expresamente ante el juez de instancia.
Según la Corte Constitucional, ¿es posible impugnar resoluciones de visto bueno a través de una acción de protección cuando se vulneren derechos fundamentales? Sí. No. Depende del caso. Depende del juez.
La Corte Constitucional reconoce que no fue procedente una acción de protección en contra de una resolución de visto bueno, de lo cual se deriva: Un escenario constitucional que debe ser observado obligatoriamente por otros jueces. Un escenario constitucional que debe ser observado obligatoriamente por los mismos jueces de la Corte Constitucional. Un escenario constitucional que debe ser observado relativamente por los otros jueces. Un escenario constitucional que debe ser observado relativamente por los mismos jueces de la Corte Constitucional.
La habilitación de la vía laboral u ordinaria, pese a la prescripción de la acción laboral es de: Carácter excepcional y debe ser declarada por la Corte Constitucional Carácter excepcional y no necesariamente debe ser declarada por la Corte Constitucional Carácter excepcional y debe ser declarada por cualquier juez constitucional. Carácter excepcional y no necesariamente debe ser declarada por un juez constitucional.
Conferencia de Adam Przeworski 15 de abril de 2010, pp. 156-158. Dinero El dinero de campañas compra votos. En el ejercicio del poder, los candidatos elegidos siguen políticas que ellos prefieren, y así avanzan en los intereses de algunos grupos especiales, y los intereses especiales compran legislación en el “mercado al contado”, es decir, hacen contribuciones a los legisladores a cambio de su voto en una legislación en particular. Este no es el lugar para revisar la literatura concerniente al impacto del dinero en la política. El único punto que quiero hacer es que el impacto es un fenómeno genérico, no está limitado a instancias de “corrupción”. Los escándalos de corrupción sí abundan: maletas llenas de dinero se encuentran en la oficina del primer ministro, contratos de gobierno asignados a compañías en que los ministros son copropietarios, la lista sigue y sigue. Aún más, este tipo de escándalos no está en ningún caso limitado a los países menos desarrollados o a las democracias más jóvenes: estos ejemplos son de Alemania, España, Francia, Italia y Bélgica. Pero reducir el rol político del dinero a instancias de “corrupción” es profundamente engañoso y políticamente equivocado. Conceptualizada como “corrupción”, la influencia del dinero se convierte en algo anómalo. Los británicos aprendieron a fines del siglo XVIII que la “influencia” no es más que un eufemismo para “corrupción”, pero la ciencia política contemporánea ignora esta lección. Para existir y participar en elecciones, los partidos políticos necesitan dinero; y ya que los resultados de las elecciones le importan a los intereses privados, ellos comprensiblemente buscan acercarse a los partidos e influir en los resultados de las elecciones: la lógica de la competencia política es inexorable. Que los mismos actos sean legales en algunos países e ilegales en otros sistemas –las prácticas financieras políticas de Estados Unidos constituirían corrupción en varias democracias– es finalmente de importancia secundaria. La corrupción de la política por el dinero es una característica estructural de la democracia en sociedades económicamente desiguales. La democracia es un mecanismo que trata igual a todos los participantes. Pero cuando los individuos desiguales son tratados de manera igual, su influencia sobre las decisiones colectivas es desigual. Imagine un partido de básquetbol. Hay dos equipos, reglas perfectamente universales, y un árbitro imparcial que las administra. Pero un equipo consiste en jugadores que miden siete pies de altura y el otro de personas que con suerte llegan a cinco pies. El resultado del juego está predeterminado. Las reglas del juego tratan a todos de igual manera, pero esto solo implica que el resultado del partido depende de los recursos que los participantes traigan a él… La igualdad política perfecta es imposible en sociedades desiguales. 1.- Pedro es un asambleísta de KFC, que se ha desafiliado de su partido porque el oficialismo le ha ofrecido cargos diplomáticos a sus familiares. A cambio, Pedro vota a favor de las leyes del gobierno. Este comportamiento revela que: Los intereses especiales compran legislación en el “mercado al contado”. Los intereses especiales son legítimos No se puede comprar legislación Los intereses especiales compran legislación en el mercado de ideas.
En Ecuador, más o menos 200 grupos controlan el 90% de la riqueza no petrolera. La concentración de la riqueza se relaciona de la siguiente manera con la corrupción según Przeworski. La corrupción de la política por el dinero se limita al financiamiento de campañas La corrupción de la política por el dinero se limita a los actos tipificados como delitos La corrupción de la política por el dinero es propia de los políticos populistas La corrupción de la política por el dinero se convierte en un fenómeno estructural.
En un país tan desigualdad como Ecuador, según Przeworski, la democracia electoral, cuando las elecciones son limpias, trata por igual a todos los participantes. Esto implica: La existencia de igualdad política La existencia de igualdad política y electoral La existencia de igualdad electoral, y la inexistencia de igualdad política perfecta Ninguna de las anteriores.
Los resultados de las elecciones le importan a los intereses privados, ellos comprensiblemente buscan acercarse a los partidos e influir en los resultados de las elecciones. Esto quiere decir que: a) Los intereses privados no influyen en la política Los intereses privados inciden en la política a través de distintas formas de “influencia” Los intereses privados influyen en la política solamente a través de instancias de corrupción (v. gr. Los sobornos) Ninguna de las anteriores.
Si la igualdad política perfecta es imposible en sociedades desiguales, las elecciones: Son las culpables de la desigualdad Son incapaces de resolver la desigualdad económica No son democráticas en el sentido electoral Son democráticas en el sentido electoral y resuelven la desigualdad económica.
Fragmento del texto de Robert Dahl. En muchos de los países que consumaron la transición a la democracia a fines del siglo XX y principios del XXI, los problemas y desafíos que enfrentó la democracia fueron particularmente serios. Los obstáculos en la senda hacia una consolidación exitosa de las instituciones democráticas incluyeron problemas económicos, como la pobreza generalizada, el desempleo, desigualdades masivas en términos de ingresos y riqueza, una inflación vertiginosa e índices bajos o negativos de crecimiento económico. Los países con bajos niveles de desarrollo económico usualmente carecían de una clase media extensa y una población instruida. En muchos de estos países, la división de la población en grupos étnicos, raciales, religiosos o lingüísticos antagonistas dificultó el manejo pacífico de las diferencias políticas. En otros, la amplia intervención gubernamental en la economía, sumada o otros factores, generó una corrupción generalizada de los funcionarios de gobierno. Además, muchos países carecían de un sistema legal efectivo, lo cual tornaba los derechos civiles sumamente inseguros y permitía el abuso por las elites políticas y los elementos criminales. En estos países, la idea del Estado de derecho no estaba arraigada en la cultura política prevaleciente, en algunos casos a causa de la guerra constante o a muchos años de gobierno autoritario. En otros aspectos, la cultura política de estos países no inculcó en los ciudadanos las clases de creencias y valores que pueden respaldar a las instituciones y prácticas democráticas durante las crisis y aun durante los conflictos ordinarios de la vida política. A la luz de estas circunstancias, es bastante posible que el extraordinario ritmo de democratización que comenzó en el siglo XX no se adentre mucho en el siglo XXI. En algunos países, es probable que continúen en pie sistemas autoritarios. En ciertos países que han hecho la transición a la democracia, puede ocurrir que las nuevas instituciones democráticas permanezcan débiles y frágiles. Otros países podrían perder sus gobiernos democráticos y revertir a alguna forma de gobierno autoritario. Y sin embargo, a pesar de estas adversidades, hay grandes posibilidades de que en el futuro previsible una gran parte de la población mundial, en gran parte de los países del mundo, viva regida por formas de gobierno democráticas que continúen evolucionando para hacer frente a viejos y nuevos desafíos. 1.- Dahl considera que en las circunstancias de los países subdesarrollados, es bastante posible que el extraordinario ritmo de democratización que comenzó en el siglo XX: Se consolide en el siglo XXI No se adentre mucho en el siglo XXI. Se acelere en el siglo XXI Todas las anteriores.
Las circunstancias que impiden el desarrollo democrático según Dahl, refieren al: desarrollo económico, las divisiones o clivajes sociales y los sistemas legales efectivos desarrollo económico, las divisiones o clivajes sociales y la cultura política desarrollo económico y la cultura política desarrollo económico, las divisiones o clivajes sociales, los sistemas legales efectivos y la cultura política.
.- En 2007 el 70% de los ecuatorianos prefería un sistema autoritario o una dictadura según el Latinobarómetro. Las creencias y valores de los ecuatorianos parecen llevar por tanto a: Respaldar las instituciones y prácticas democráticas durante las crisis y aun durante los conflictos ordinarios de la vida política. Respaldar los gobiernos autoritarios durante las crisis y aun durante los conflictos ordinarios de la vida política. Respaldar las instituciones y prácticas democráticas siempre Ninguna de las anteriores.
Según varios estudios Ecuador tiene altas tasas de corrupción y su sistema de justicia es débil y politizado. En estas circunstancias la democracia: No subsiste Subsiste de manera débil y frágil Subsiste de manera consolidada No se ve afectada, porque no depende del sistema de justicia.
El 70% de los estudiantes secundarios en Ecuador parece aprender muy poco en la secundaria. Según varios estudios, los problemas de comprensión lectora y razonamiento lógico afectan a la mayoría de la población en el país. Esta realidad afecta la siguiente circunstancia necesaria para la democracia: Un sistema de justicia efectivo Una población instruida Un modelo económico estatista Ninguna de las anteriores.
Lea el siguiente fragmento y responda: En la sentencia No. 11-18-CN/19la Corte estableció: “Por la Convención y por sus interpretaciones, toda autoridad pública tiene mandato de aplicación directa y no necesariamente, para la aplicación de los derechos, se requiere una norma legal. La exigencia de reforma normativa podría afectar la vigencia y eficacia de los derechos. La exigencia legal, entendida como la intervención de la representación popular y democrática es imprescindible cuando se trata de restricción y limitación de derechos. En esos casos existe lo que se conoce como reserva legal. Pero cuando se trata de garantizar derechos y en particular de una obligación de ius cogens como es la igualdad y la no discriminación, y de proteger y garantizar derechos de grupos humanos discriminados, entonces la aplicación convencional es directa y no requiere necesariamente regulación legislativa”. 1.- Suponga usted que la “Ley de igualdad sexual” prohíbe la educación de género en todas las instituciones educativas. En este caso, estamos frente a un caso: que limita derechos dentro del margen de discrecionalidad del legislador que viola normas ius congens de igualdad y no discriminación que protege los derechos humanos de todos los estudiantes al prohibir una ideología feminista que carece de validez científica que está permitido por la reserva legal, pues la educación de género es sólo una opción pedagógica, pudiéndose promover los derechos de las mujeres y grupos discriminados a partir de un enfoque que no distingue entre géneros, sino sólo entre sexos.
En qué casos debe intervenir la Asamblea Nacional para regular los derechos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional: cuando se trata de restricción y limitación de derechos. cuando la reserva legal no está prevista en la Constitución cuando se trata de aplicar normas ius-cogens ninguna de las anteriores.
Las normas ius cogens, a las que se refiere la sentencia son: normas imperativa de derecho internacional general normas imperativas de derecho nacional general normas aspirativas y programáticas de derecho internacional general todas las anteriores.
Imagine que usted es un juez de garantías jurisdiccionales que conoce una acción de protección, interpuesta por un migrante venezolano en contra de la Ley 333, que prohíbe el paso de la población venezolana por Ecuador en todos los casos. La reglamentación solo establece esa prohibición para la población venezolana. En este caso: debe rechazar la acción y solicitar que la Asamblea Nacional, órgano legítimo para interpretar la Ley, evalúe la constitucionalidad de la Ley 333 debe aplicar directamente el control de convencionalidad debe solicitar a la Corte Nacional una interpretación condicionada de la Ley 333 Ninguna de las anteriores.
La aplicación convencional, implica: El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de instrumentos internacionales de derechos humanos El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de las interpretaciones de los órganos autorizados por la Convención El control de convencionalidad del derecho interno, respecto de las interpretaciones de los órganos autorizados por la Convención, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano Todas las anteriores .
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