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Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, en el procedimiento administrativo deberá acreditarse la representación para: Los actos y gestiones de trámite. Desistir de acciones. El inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.

Según el artículo 11 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, los poderes públicos de Canarias, para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán incluir sistemáticamente en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen, la variable: Sexo. Estado civil. Profesión.

Conforme al artículo 7 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la atribución de competencias propias a los cabildos insulares por las leyes autonómicas atenderá al siguiente principio: Garantía de autonomía municipal. Máxima proximidad al ciudadano. Duplicidad de competencias.

Según establece el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y: Producirán efectos desde la fecha en que se dicten. Su eficacia nunca podrá ser demorada. Nunca podrán tener eficacia retroactiva.

Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos a intereses legítimos y directos, cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: Se dará por finalizado el procedimiento. Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Se les dará un plazo de diez días para que inicien el procedimiento.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, a efectos de la resolución del procedimiento, se podrán solicitar los informes que se juzguen pertinentes. Salvo disposición expresa en contrario, estos informes serán: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y no vinculantes.

En cumplimiento de la publicidad activa de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la concesión de autorizaciones de compatibilidad para segundas actividades del personal al servicio del sector público: Alcanza únicamente a las actividades privadas, siendo objeto de publicación en el BOC especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el BOC especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a la actividades públicas y privadas siendo objeto de publicación en el BOC especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña, la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad y el horario que dedica a cada actividad.

Es un principio recogido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos delas personas con discapacidad y de su inclusión social: La accesibilidad universal. La seguridad y salud en las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. La aplicación de medidas de acción positiva en el ámbito social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, es un derecho de los trabajadores: La vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. La participación en la empresa en las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar. Recibir la información necesaria para el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

A tenor de lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar normas con rango de ley, que se denominan: Real Decreto-Ley. Decretos leyes. Decretos legislativos.

De conformidad con el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, en el ámbito competencial de cada Departamento ¿A quién le corresponde la emisión de los informes anuales sobre el grado de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública?. Titular de la Consejería. Titular de la Viceconsejería. Titular de la Secretaría General Técnica.

De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, si el recurso de alzada se interpone antes el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá: Resolverlo y notificarlo en el plazo de tres meses. Resolverlo y notificarlo en el plazo de un mes. Remitirlo en el plazo de 10 días al órgano superior jerárquico, junto con un informe y el expediente.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, contra actos firmes en vía administrativa, que al dictarlos se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se podrá interponer: Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión.

Siguiendo lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la resolución administrativa de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: Agota la vía administrativa. Agota la vía administrativa siempre que su cuantía sea superior a 50.000€. No agota la vía administrativa.

Conforme al artículo 5 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la atribución de competencias a los municipios que hagan las leyes sectoriales se ajustará a los siguientes principios: Garantía de la autonomía insular, eficacia, eficiencia, máxima proximidad al ciudadano, no duplicidad de competencias, estabilidad financiera y suficiencia presupuestaria. Garantía de la autonomía municipal, máxima proximidad, igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos, suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria. Garantía de la autonomía insular, eficacia, eficiencia, igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos, publicidad e imparcialidad.

Como manifestaciones de la autonomía constitucional y legalmente reconocida a los municipios, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias garantiza: Su Pleno reconocimiento en sus respectivos Reglamentos Orgánicos. El reconocimiento de su personalidad propia y plena y la responsabilidad por sus actuaciones. La gestión por los municipios de los asuntos públicos de interés insular.

Según lo establecido en el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, contra los actos administrativos que dictan los directores generales ¿Qué recurso cabe?. Potestativo de reposición. Súplica. Alzada.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores: A la movilidad funcional. A la extinción de la relación laboral dando lugar a la situación legal de jubilación. A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.

Al amparo de lo establecido en el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, el permiso de paternidad por el nacimiento de un hijo se disfrutará por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha de nacimiento por un periodo de: Dieciséis semanas. Cuatro semanas. Diecinueve semanas.

En el régimen disciplinario de los empleados públicos, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas se encuentra tipificado como falta: Muy grave. Grave. Leve.

Un trabajador fijo al servicio de la Administración de la CAC ha resultado electo Alcalde del municipio donde reside desde hace treinta años. Las funciones de su cargo le impiden desarrollar con normalidad las tareas de su puesto de trabajo en la Administración. ¿En qué situación administrativa prevista en el III Convenio Colectivo del personal laboral de la CAC le correspondería quedar al acceder a su puesto de Alcalde?. Servicios especiales. Excedencia forzosa. Excedencia voluntaria por interés particular.

En aplicación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública, un funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que a través de un procedimiento de provisión ha obtenido un puesto de trabajo en la AGE le corresponderá quedar en su Administración de origen en: Servicios especiales. Suspensión de funciones. Servicio en otras Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye discriminación directa por razón de sexo: Aquella situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el régimen económico y fiscal de Canarias se basa en: La libertad comercial de importancia y exportación. La aplicación de monopolios. Una política fiscal diferenciada y con una imposición directa singular.

Conforme el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, contra la resolución expresa o presunta de las solicitudes de acceso a la información pública podrá interponerse: Reclamación ante el comisionado de transparencia y acceso a la información pública que tiene carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. Recurso de reposición ante el comisionado de transparencia y acceso a la información pública que tiene carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. Recurso de alzada o recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en función de si agota o no la vía administrativa conforme al capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, establece que, en todo caso, están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos: Todos los que ejerzan actividades profesionales. Las personas físicas. Las personas jurídicas.

La figura del responsable del contrato establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, LCSP: Es de designación obligatoria por el órgano de contratación, que podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Es de designación potestativa por el órgano de contratación, que podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Es de designación potestativa por el órgano de contratación, debiendo tener la condición de funcionario en los contratos celebrados por una Administración Pública.

Según el artículo 68 de la ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, el acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable se denomina: Reconocimiento de gasto. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación.

De conformidad con lo previsto en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, indique cuál de las siguientes causas es incorrecta en relación a la pérdida de la condición de funcionario de la Administración de la CAC: No incorporarse al servicio activo una vez finalizada la causa que le hizo pasar a la situación de servicios especiales. Jubilación. Pérdida de la nacionalidad.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Parlamento de Canarias es el órgano representativo del pueblo canario, y es elegido mediante: Sufragio indirecto, igual, libre y secreto. Sufragio universal, igual y público. Sufragio universal, directo, igual, libre y secreto.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad se considerará lícito: Siempre que sea mayor de 14 de años cuando conste su consentimiento conforme. Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste el consentimiento conforme del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen éstos. Nunca podrá ser objeto de tratamiento si tiene una edad inferior a 13 años.

De acuerdo con el artículo 116.4 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, LCSP, requiere justificación en el expediente de contratación: El precio del contrato. La elección del procedimiento de licitación. La división en lotes del objeto del contrato.

La tramitación de emergencia de un expediente de contratación conforme al artículo 120 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP requiere, en todo caso: La existencia de crédito suficiente. El inicio de la ejecución de las prestaciones en un plazo no superior a un mes. La tramitación del expediente y su publicación en el perfil de contratante.

De acuerdo con el artículo 35 del Decreto 36/2009. de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la CAC, relativo a los gatos subvencionables: Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000€ por expediente. Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 5.000€ por expediente. Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 6.000€ por expediente.

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la CAC, el plazo para la justificación por el beneficio, o en su caso, entidad colaboradora de una subvención forma parte del contenido mínimo de: El plan estratégico de subvenciones. Las bases reguladoras. La convocatoria.

El artículo 4 del Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 define los datos personales como: Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Toda información sobre una persona física o jurídica identificada o identificable. Toda información facilitada por una persona jurídica que identifique o haga identificable a una persona física.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, el acto administrativo dictado por un órgano incompetente por razón de jerarquía: Siempre es un supuesto de nulidad de pleno derecho no convalidable. Es un supuesto de anulabilidad convalidable por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Es un supuesto de nulidad convalidable por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

Conforme al artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, la suspensión de los actos administrativos incursos en un procedimiento de revisión de oficio: Está prevista únicamente para los actos nulos de pleno derecho. Está prevista para todos los casos de nulidad o anulabilidad siempre que sea adoptada por el órgano competente para su declaración. Está prevista únicamente para cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Según lo establecido en el Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales, el uso de la lengua será: Siempre el castellano. Según lo previsto en la Constitución Española. Ajustado a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

Tal como dispone el artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los siguientes procedimientos: Concurso y comisión de servicios. Procedimientos basados en igualdad y paridad. Concurso y de libre designación con convocatoria pública. Los procedimientos preestablecidos por la Administración para estos casos, en función de las necesidades que se puedan presentar, tal como establece el artículo 78 del Estatuto básico del Empleado Público.

Según refiere la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, en su artículo 10.2: El registro de los datos referidos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros generales administrativos. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así́ como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por personal funcionario. Los procedimientos y medidas cautelares solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por personal funcionario, siempre que tengan por objeto recoger la información facilitada.

¿En qué norma se regula el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias?. Decreto 40/2023, de 15 de julio, del Gobierno, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio. Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio. Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio. Decreto 40/2023, de 14 de julio, del Presidente, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 305 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se declaran expresamente comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que no conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador y presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, y presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo y directo de aquella. Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que no conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo de aquella.

El artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que, en los procedimientos iniciados de oficio, en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado: Se producirá la caducidad del procedimiento. Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. El procedimiento se entenderá desestimado por causas imputables al interesado. El procedimiento se entenderá desestimado por causas ajenas a la Administración.

(Señale la respuesta incorrecta). Según establece el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son materias objeto de negociación: Las variaciones de la representatividad sindical, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas mesas. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. Los criterios generales de acción social. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de la Sociedad Estatal de Correos Telégrafos se rige por: El personal funcionario y laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto, mientras que su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. El personal funcionario y laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá únicamente por sus normas específicas, y en ningún caso por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los Cabildos Insulares, en su condición de órganos de gobierno, administración y representación de las islas como entidades locales, debiendo obtener previamente los informes preceptivos y vinculantes de inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Podrán ejercer competencias diferentes de las propias y las atribuidas por transferencias, tal como establece el artículo 7.5 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Podrán ejercer competencias originarias y delegadas por atribución, según el artículo 7.4 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las asignadas por transferencia, tal como dispone el artículo 7.4 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

De acuerdo al artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando se soliciten los informes preceptivos a un órgano de la misma o de distinta Administración por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder: En ningún caso de seis meses. En ningún caso de tres meses. En ningún caso de un mes. En ningún caso de un mes.

Señale la respuesta correcta en relación a lo que dice este artículo. Según establece el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas circunstancias. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. No obstante: Transcurridos dos años, desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad. La vacante que se produce tras su cese, únicamente podrá ser ocupada por personal funcionario interino. La vacante que se produce tras su cese, podrá ser ocupada por funcionario interino, siempre que el correspondiente proceso selectivo quede desierto. La Administración, formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad, cuando comience el plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que no quepa algún recurso en vía administrativa, sin ser el potestativo de reposición. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la que no quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición lo establezca o no se necesite aprobación o autorización.

Según establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 24, a la hora de realizar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará posterior al trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas, un mes para que aleguen lo que a su derecho convenga. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: Cabrá recurso extraordinario de revisión. Cabrá recurso potestativo de revisión. No cabrá recurso alguno. Cabrá recurso de alzada.

Según establece el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la afirmación correcta: El período de excedencia agrupará por cada sujeto causante las excedencias planteadas. El inicio del período de la nueva solicitud se encadenará al que se viniera disfrutando. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia siempre que justifiquen haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Una de las modalidades de excedencia es la denominada, excedencia por razón de violencia terrorista. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores.

Según el artículo 3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, estarán sujetas al Impuesto General Indirecto Canario: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a las Islas Canarias, así como las importaciones de bienes en dicho territorio. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en las Islas Canarias, así como las exportaciones de bienes en dicho territorio. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en las Islas Canarias, así como las importaciones de bienes en dicho territorio. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a las Islas Canarias, así como las exportaciones de bienes en dicho territorio.