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¿Cuál de las siguientes NO es una línea de actuación integrante del Marco para la Innovación y Mejora, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la Innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias?: Simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas. Administración electrónica. Gestión por resultados.

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, al reconocer en su artículo 17.1 el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, señala que los poderes públicos canarios deberán garantizar: La igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado, y velarán por la conciliación de la vida familiar y profesional. La igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, exclusivamente en el ámbito público, promoviendo medidas que favorezcan la eliminación de la discriminación de la mujer. La dignidad de la mujer, el reconocimiento a su identidad de género y a la no discriminación por su orientación sexual, así como el acceso en condiciones de igualdad a los servicios y prestaciones de carácter público o privado.

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál es la definición de la discriminación directa por razón de sexo?: La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Cualquier comportamiento, verbal o físico, orden, criterio o práctica de naturaleza sexual o realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Atendiendo al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las disposiciones de la ley serán de aplicación, entre otros, a: Los cabildos insulares y los ayuntamientos. Las universidades públicas y privadas situadas en el territorio de las Islas Canarias. Las asociaciones constituidas por la Administración pública del Estado, en la medida que estén situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana, establece en su artículo 19 sobre las campañas informativas y formativas, que la creación de los órganos de participación ciudadana deberá respetar los siguientes principios: Celeridad, simplicidad, eficiencia y transparencia. Competencia, representatividad, publicidad, desconcentración y máxima proximidad a la ciudadanía. Eficacia, economía y coordinación, además de tener claramente delimitadas sus funciones y competencia.

Conforme al artículo 14.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué colectivo profesional se encuentra obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad?. Los trabajadores por cuenta propia dados de alta en el RETA, en el ejercicio de dicha actividad. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en el ejercicio de dicha actividad. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para cualquier trámite y actuación que realicen con las Administraciones Públicas.

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para dar cumplimiento al acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, utilizaran los siguientes medios: De forma presencial, por Internet y por vía telefónica. Únicamente de forma presencial. Nunca de forma telefónica.

Según el artículo 3.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es la regla general sobre la capacidad de obrar de los menores de edad ante las Administraciones Públicas?. Carecen de capacidad de obrar, debiendo ser siempre representados legalmente. Tienen capacidad de obrar si son mayores de 14 años, conforme a la legislación civil. Tienen capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Según lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. En el plazo de seis meses desde que se haya producido el hecho o acto que motive la indemnización. No existe plazo de reclamación.

En relación con el derecho de acceso a la vivienda (Artículo 22) de Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿con qué finalidad establece el Estatuto que se regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general?. Asegurar un desarrollo urbanístico sostenible en las islas capitalinas. Evitar la especulación. Garantizar la función social de la vivienda en suelo rústico.

De conformidad con la definición recogida en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente»: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo de manera inminente o en un futuro cercano.

Las ofertas públicas de empleo de la Administración canaria, según prevé el artículo 34 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, deberán ir acompañadas de: Un informe de impacto de género. Una estrategia de igualdad de género. Un programa operativo departamental.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 46 que están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: Los Comités de Personal. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. Los Delegados de empresa.

Según refiere la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 6, gozan de la condición política de canarios: Las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias. Las personas con nacionalidad española residentes en el extranjero, cuya última vecindad administrativa haya sido en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin necesidad de acreditarla. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea empadronados en cualquiera de los municipios de Canarias.

Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación de los trabajadores: Deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. No se podrá impartir por la empresa mediante medios propios por lo que deberá concertarse con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. Deberá impartirse, siempre que sea posible, fuera de la jornada de trabajo o, e.

De acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes: Sólo se podrá otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación obtenida en la fase de valoración de méritos no podrá superar el 80% de la puntuación máxima total del proceso selectivo. Los méritos solo podrán valorarse en la modalidad de concurso de traslado y no de ingreso.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, la Estrategia de Igualdad de Género se adoptará por: La persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad. El Gobierno de Canarias, a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de Igualdad. El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de igualdad.

La Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana, regula en su artículo 22 los paneles ciudadanos, señalando que estos son: Espacios de información variable que se crean con carácter permanente, sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública o privada. Espacios de información constante e inmediata que se crean con carácter temporal, sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública, mediante los que la Administración informa o realiza consultas relacionadas con cualquier asunto de interés público. Espacios de información constante pero no inmediata, creados con carácter permanente, sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública o privada, mediante los que la Administración realiza consultas relacionadas con asuntos de interés público, individual o corporativo.