EXAMEN

1. ¿El carácter excepcional de la prisión preventiva se fundamenta en?. A. El principio de proporcionalidad y el derecho a la presunción de inocencia. B. La necesidad de garantizar la investigación fiscal. C. La obligación estatal de sancionar todo delito grave. D. La discrecionalidad judicial frente a la peligrosidad social.

2. ¿Según la Corte Constitucional ecuatoriana (sentencia 8-20-CN/21), el análisis de la proporcionalidad de una medida cautelar exige?. A. Que el juez valore la gravedad del delito y la sanción esperada. B. Que el fiscal justifique la necesidad de prisión preventiva. C. Que se verifique idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. D. Que se priorice la opinión de la víctima sobre la del procesado.

3. ¿Cuál es la consecuencia jurídica inmediata de dictar una medida cautelar personal sin motivación suficiente?. A. Nulidad procesal absoluta. B. Convalidación por el tribunal de apelación. C. Efecto relativo y subsanable. D. Suspensión de la medida hasta nuevo auto motivado.

4. ¿En el caso de las medidas cautelares reales, el juez debe justificar su decisión principalmente en?. A. La proporcionalidad entre la medida y la expectativa de reparación del daño. B. La gravedad del ilícito y el impacto mediático del caso. C. La solicitud expresa de la víctima o de la Fiscalía. D. La solicitud expresa de la víctima o de la Fiscalía.

5. La prohibición de salida del país, como medida cautelar, encuentra su fundamento en: A. El principio de mínima intervención penal. B. El derecho constitucional a la libertad de tránsito. C. La necesidad de asegurar la comparecencia del procesado al proceso. D. La potestad investigativa del fiscal.

6. El juicio de proporcionalidad aplicado a la prisión preventiva se integra con: A. Legalidad, legitimidad y proporcionalidad. B. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. C. Finalidad, motivación y legalidad formal. D. Inmediatez, urgencia y utilidad social.

7. En los delitos económicos cometidos por personas jurídicas, la aplicación de medidas cautelares debe respetar: A. El principio de culpabilidad individual. B. El juicio de proporcionalidad con enfoque diferenciado. C. El principio de in dubio pro reo. D. La irretroactividad de la norma.

8. Una característica o elementos de las medidas cautelares en el proceso penal ecuatoriano es que: A. Son definitivas en caso de delitos graves. B. Deben revisarse periódicamente para garantizar su vigencia. C. Sustituyen la pena en casos de reincidencia. D. Se dictan solo en etapa de juzgamiento.

9. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva: A. Es una medida ordinaria de política criminal. B. Es la única medida legítima para delitos graves. C. Debe ser excepcional, motivada y sujeta a control judicial estricto. D. Puede imponerse sin límite temporal cuando el delito es grave.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye un ejemplo de medida cautelar real?. A. Arresto domiciliario. B. Incautación de bienes. C. Prohibición de acercarse a la víctima. D. Presentación periódica.

11. La aplicación de medidas cautelares contra personas jurídicas en Ecuador encuentra sustento en: A. La doctrina del levantamiento del velo societario. B. El principio de territorialidad de la ley penal. C. La subsidiariedad procesal. D. La responsabilidad objetiva de los administradores.

1. El principio de idoneidad en el juicio de proporcionalidad implica: A. Que la medida sea apta para alcanzar el fin legítimo. B. Que el juez valore la proporcionalidad de la sanción. A. Que se respete la autonomía de la víctima. D. Que se considere la carga procesal del sistema judicial.

13. ¿Qué sucede si el juez dicta prisión preventiva sin analizar medidas menos gravosas?. A. Se configura vulneración de derechos fundamentales. B. Se convalida con la apelación. C. Se aplica automáticamente la revisión semestral. D. La resolución es inmotivada.

14. La caución económica, como medida cautelar, busca principalmente: A. Evitar la reincidencia. B. Garantizar la comparecencia del procesado. C. Que el procesado eluda al sistema de justicia. D. Determinar una reparación integral.

15. La doctrina procesal sostiene que el fundamento epistemológico de las medidas cautelares es: A. La prevención general de la pena. B. La tutela anticipada de bienes jurídicos. C. La política criminal del Estado. D. La supremacía de la víctima sobre el procesado.

16. ¿Cuál es la diferencia central entre medidas cautelares reales y personales?. A. Las reales afectan bienes, las personales afectan la libertad o conducta. B. Las reales son provisionales, las personales son definitivas. C. Las reales son administrativas, las personales son judiciales. D. Las reales son facultativas, las personales obligatorias.

17. Una medida cautelar aplicada sin respeto al principio de legalidad produce: A. Vicio motivacional. B. Inconstitucionalidad sobrevenida. C. Nulidad absoluta de la decisión judicial. D. Carácter subsanable mediante recurso de revisión.

Qué principio protege al procesado frente a una medida cautelar desproporcionada?. A. Non bis in idem. B. Presunción de inocencia. C. Favorabilidad. D. Legalidad.

19. La Corte Constitucional en la sentencia 1158-17 señaló que: A. La prisión preventiva es obligatoria un control de legalidad. B. La prisión preventiva debe superar un control estricto de proporcionalidad. C. Las medidas cautelares pueden convertirse en penas anticipadas. D. La prisión preventiva procede siempre que exista acusación fiscal.

20. La medida de prohibición de acercarse a la víctima busca garantizar: A. La reparación integral. B. La protección de derechos de la víctima. C. El cumplimiento de la sentencia. D. La igualdad procesal.

21. La finalidad esencial de las medidas cautelares personales es: A. Evitar la reincidencia del acusado. B. Garantizar la comparecencia del procesado y el normal desarrollo del proceso. C. Asegurar la reparación integral de la víctima. D. Sustituir la pena anticipadamente.

22. Cuál es la clasificación de las medidas cautelares en el proceso penal ecuatoriano: A. Ordinarias y extraordinarias. B. Reales y personales. C. Judiciales y administrativas. D. Civiles y penales.

23. El control judicial de las medidas cautelares implica que: A. Pueden ser revisadas y modificadas en cualquier etapa procesal. B. Solo se aplican en fase de instrucción. C. Son inimpugnables por la víctima. D. Quedan al arbitrio de la Fiscalía.

24. ¿Cuál de los siguientes NO constituye un principio que rige la imposición de medidas cautelares?. A. Proporcionalidad. B. Provisionalidad. C. Prejudicialidad. D. Legalidad.

25. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares exige: A. Solicitud del fiscal, motivación judicial y notificación inmediata. B. Petición escrita de la víctima sin control judicial. C. Resolución del juez. D. Solicitud fiscal con aprobación posterior del juez.

26. En el juicio de proporcionalidad aplicado a las medidas cautelares, la etapa de necesidad exige: A. Seleccionar la medida que cause menor afectación a derechos fundamentales. B. Valorar la gravedad social del delito. C. Priorizar la petición de la víctima. D. Considerar la reincidencia previa del acusado.

27. Una medida cautelar de carácter real, como la incautación de bienes, busca principalmente: A. Resguardar bienes que garanticen una posible reparación. B. Evitar la fuga del procesado. C. Mantener el orden público. D. Proteger a testigos de represalias.

28. El principio de legalidad en las medidas cautelares significa que: A. Solo el fiscal puede aplicarlas. B. Deben estar previamente previstas en la ley. C. Se aplican de forma automática en delitos graves. D. Pueden ser creadas por acuerdo judicial.

29. Una característica común de todas las medidas cautelares es que: A. Son definitivas y sustitutivas de la pena. B. Son provisorias y esencialmente mutables. C. Son discrecionales y no impugnables. D. Se aplican exclusivamente en sentencia.

30. El control de convencionalidad obliga al juez, al dictar una medida cautelar, a: A. Considerar la opinión del fiscal. B. Ajustarse a la doctrina de la Corte Suprema de EE.UU. C. Compatibilizar la medida con los tratados internacionales de derechos humanos. D. Priorizar la eficacia procesal sobre los derechos del procesado.

31. La caución económica, como medida cautelar personal, debe establecerse: A. De acuerdo al criterio del procesado. B. Proporcional a la capacidad económica y al daño causado. A. Como una sanción pecuniaria anticipada. D. Con carácter simbólico.

32. El arresto domiciliario se diferencia de la prisión preventiva porque: A. Requiere mayor motivación judicial. B. Es una medida menos gravosa que restringe movilidad pero no libertad total. C. Tiene carácter definitivo. D. Solo aplica a menores de edad.

33. El principio de proporcionalidad en sentido estricto obliga a: A. Comparar beneficios y perjuicios de la medida frente a los derechos afectados. B. Aplicar la medida más severa para delitos graves. C. Valorar exclusivamente el interés de la víctima. D. Imponer la prisión preventiva como medida estándar.

34. El control y revisión periódica de las medidas cautelares tiene como finalidad: A. Convertirlas en penas anticipadas. B. Evitar su prolongación injustificada. C. Asegurar la presión social sobre el procesado. D. Reemplazar la función sancionadora de la pena.

35. Una medida cautelar personal puede ser sustituida por otra: A. Cuando lo decide discrecionalmente la Fiscalía. B. Si el procesado lo solicita verbalmente. C. Cuando el juez verifica que otra medida menos gravosa resulta idónea. D. Si la víctima no se opone.

36. En la clasificación de medidas cautelares, la prohibición de enajenar bienes corresponde a: A. Una medida personal. B. Una medida real. C. Una medida mixta. D. Una sanción definitiva.

37. ¿Cuál es el fundamento filosófico principal de las medidas cautelares en el proceso penal?. A. El derecho penal del enemigo. B. La tutela anticipada de derechos y bienes jurídicos. C. La sanción ejemplarizante. D. La presunción de culpabilidad.

38. El procedimiento para dictar prisión preventiva exige: A. Motivación expresa, audiencia pública y control de proporcionalidad. B. Solicitud escrita de la víctima. C. Resolución sumaria sin motivación. D. Dictamen fiscal como único requisito.

39. En el marco del proceso penal, las medidas cautelares deben interpretarse: A. Restrictivamente, por su carácter limitativo de derechos. B. Ampliamente, en favor de la víctima. C. Flexiblemente, según la carga procesal. D. Políticamente, conforme a la política criminal del gobierno.

40. El principio de provisionalidad significa que: A. La medida cautelar solo rige hasta sentencia o hasta que cese su justificación. B. Las medidas son definitivas si se aplican en delitos graves. C. Pueden durar indefinidamente si el juez lo decide. D. No admiten recursos judiciales.

41. La prohibición de acercarse a la víctima es un ejemplo de medida cautelar: A. Real. B. Personal. C. Administrativa. D. Internacional.

42. El objetivo de las medidas cautelares contra personas jurídicas es: A. Sancionar directamente a sus representantes. B. Asegurar la comparecencia de sus socios. C. Garantizar que la empresa no frustre el proceso ni el cumplimiento de la sentencia. D. Proteger exclusivamente el interés económico del Estado.

43. ¿Qué diferencia esencial existe entre prisión preventiva y arresto domiciliario?. A. La prisión preventiva es excepcional; el arresto domiciliario es ordinario. B. La prisión preventiva implica privación de libertad absoluta; el arresto domiciliario restringe movilidad en el domicilio. C. El arresto domiciliario solo procede en delitos económicos. D. La prisión preventiva no requiere control de proporcionalidad.

44. El principio de idoneidad exige al juez determinar que la medida cautelar: A. Sea capaz de cumplir el fin de asegurar el proceso. B. Sea la menos gravosa posible. C. Proteja principalmente a la víctima. D. Garantice la sanción futura.

45. Las medidas cautelares reales pueden imponerse sobre bienes de: A. Única y exclusivamente del procesado. B. Del procesado y de terceros responsables civiles. C. Únicamente de la víctima. D. Exclusivamente del Estado.

46. La proporcionalidad en sentido estricto se diferencia de la necesidad porque: A. La proporcionalidad compara costes y beneficios; la necesidad selecciona la medida menos gravosa. B. La necesidad exige idoneidad; la proporcionalidad no. C. La proporcionalidad se aplica a delitos graves; la necesidad a delitos leves. D. Ambas son equivalentes y no tienen diferencia.

47. Una medida cautelar personal se convierte en violatoria de derechos humanos cuando. A. No se justifica su aplicación con motivación suficiente. B. Es solicitada por la Fiscalía. C. La víctima la aprueba. D. Se dicta dentro del plazo legal.

48. La incautación de bienes como medida cautelar debe estar sustentada en: A. El principio de legalidad y proporcionalidad. B. El acuerdo de las partes. C. La discrecionalidad fiscal. D. La voluntad del juez sin control.

49. El procedimiento de revisión de medidas cautelares permite al juez: A. Mantener, modificar o levantar la medida en función de nuevos elementos. B. Rechazar automáticamente toda apelación. C. Convertir la medida en definitiva. D. Sustituirla siempre por prisión preventiva.

50. El análisis epistemológico de las medidas cautelares en el proceso penal concluye que: A. Son instrumentos sancionatorios previos. B. Son mecanismos de tutela anticipada y prevención procesal. C. Son sanciones administrativas. D. Son castigos ejemplares.

51. ¿Cuál fue el aporte central de las teorías criminológicas clásicas al sistema penitenciario moderno?. A. El desarrollo del principio de resocialización. B. La consolidación de la prisión como pena principal. C. La supresión de la pena de muerte. D. La introducción del hábeas corpus.

52. El modelo de sistema progresivo penitenciario tiene como fundamento principal: A. La imposición de sanciones sucesivas. B. La adaptación gradual del interno a la vida en libertad. C. La retribución proporcional al daño causado. D. La neutralización definitiva del delincuente.

53. En el contexto del Estado constitucional de derechos, la finalidad de la pena debe orientarse prioritariamente a: A. La prevención general negativa. B. La venganza social. C. La rehabilitación y reinserción social. D. La seguridad nacional.

54. Una de las críticas fundamentales al sistema penitenciario tradicional es que: A. Favorece excesivamente la rehabilitación. B. No cumple con la finalidad de reinserción social. C. Reduce en exceso las penas privativas de libertad. D. Se basa en el principio de mínima intervención.

55. Según el Código de Ejecución de Penas, los beneficios penitenciarios deben concederse bajo el principio de: A. Igualdad sustancial y progresividad. B. Discrecionalidad judicial absoluta. C. Favorabilidad automática al condenado. D. Exclusividad del criterio fiscal.

56. El régimen cerrado dentro del sistema progresivo se caracteriza por: A. El trabajo en comunidad y libertad vigilada. B. La máxima restricción de movilidad y actividades. C. La ausencia de todo contacto con el exterior. D. La concesión de beneficios penitenciarios inmediatos.

57. El hábeas corpus correctivo tiene por objeto: A. Revisar la constitucionalidad de la sentencia. B. Evaluar el cumplimiento de las condiciones de detención. C. Extinguir la pena privativa de libertad. D. Determinar la inocencia del procesado.

58. Una característica central del régimen semiabierto en el sistema penitenciario es: A. La privación total de libertad. B. El trabajo intramuros sin contacto externo. C. El acceso controlado a actividades comunitarias externas. D. La sustitución automática de la pena por multa.

59. El principio de dignidad humana en el ámbito penitenciario implica que: A. La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito. B. Ninguna persona privada de libertad puede ser sometida a tratos crueles o degradantes. C. Los beneficios penitenciarios deben ser inmediatos. D. El trabajo penitenciario debe ser siempre remunerado.

60. El fundamento constitucional del control judicial de la ejecución de la pena corresponde a: A. La independencia judicial. B. La tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. C. El principio de presunción de inocencia. D. El derecho a la seguridad ciudadana.

61. La función de los jueces de garantías penitenciarias incluye: A. Dictar sentencias de primera instancia. B. Controlar el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. C. Imponer medidas cautelares personales. D. Resolver recursos de casación penal.

62. Una crítica de las teorías criminológicas positivistas frente al sistema penitenciario es que: A. Desconocen el libre albedrío del delincuente. B. Favorecen el castigo retributivo. C. Promueven la abolición de las cárceles. D. Rechazan toda forma de resocialización.

63. El principio de progresividad en la ejecución de la pena se traduce en: A. La imposición de penas cada vez más severas. B. El tránsito gradual del condenado hacia condiciones menos restrictivas. C. La suspensión de toda pena privativa de libertad. D. La aplicación automática de indultos.

64. Un programa de reinserción social debe incluir: A. Exclusivamente medidas disciplinarias internas. B. Educación, trabajo y fortalecimiento de vínculos familiares. C. Aislamiento preventivo del interno. D. Una reducción automática de la pena.

65. La competencia de los jueces de garantías penitenciarias se diferencia de la de los jueces penales porque: A. Se centra en la tutela de derechos durante la ejecución de la pena. B. Aplica únicamente en procesos civiles. C. Es meramente administrativa. D. No admite recursos procesales.

66. El régimen abierto del sistema progresivo supone: A. El internamiento absoluto. B. El desarrollo de actividades en la comunidad bajo supervisión. C. La sustitución de la pena por sanciones pecuniarias. D. La reclusión nocturna obligatoria sin beneficios.

67. El concepto de rehabilitación social en el sistema penitenciario ecuatoriano se fundamenta en: La privación prolongada de libertad como fin en sí mismo. La recuperación integral de la persona para su reinserción en la sociedad. La aplicación de sanciones ejemplarizantes. El principio de retaliación histórica.

68. En el marco constitucional, los derechos de las personas privadas de libertad son: Absolutamente suspendidos por la sentencia. Limitados únicamente en lo relacionado con la libertad de tránsito. Respetados en toda su extensión salvo lo estrictamente restringido por la pena. Sujetos al criterio administrativo del centro penitenciario.

69. El beneficio de prelibertad requiere: A. Cumplimiento parcial de la pena, buena conducta y evaluación favorable. B. Solicitud de la víctima. C. Dictamen favorable del fiscal. D. Exclusivamente decisión del director del centro.

70. El principio de humanidad en la ejecución de la pena implica que: A. Las penas deben ser más severas para delitos graves. B. El Estado debe garantizar condiciones mínimas dignas en los centros de reclusión. C. El interno pierde todo derecho civil. D. El régimen penitenciario se adapta a criterios de seguridad exclusiva.

71. Las teorías abolicionistas del sistema penal critican a la prisión porque: A. Favorece la reinserción. B. Se convierte en mecanismo de exclusión social. C. Permite la libertad anticipada. D. Reduce la reincidencia.

72. El Estado constitucional ecuatoriano reconoce que la pena debe cumplir con la finalidad de: A. Reincorporar al individuo en la sociedad respetando sus derechos fundamentales. B. Garantizar exclusivamente la retribución proporcional. C. Neutralizar definitivamente al delincuente. D. Responder a la presión mediática.

73. El control de los jueces de garantías penitenciarias sobre beneficios penitenciarios busca: A. Reducir el número de sentencias. B. Asegurar que la concesión respete legalidad y proporcionalidad. C. Impedir toda forma de libertad anticipada. D. Sancionar a los directores de centros penitenciarios.

74. Un sistema penitenciario democrático debe: A. prevención Basarse en la especial positiva y la reinserción social. B. Priorizar la seguridad nacional sobre los derechos humanos. C. Implementar el aislamiento prolongado como regla. D. Restringir visitas familiares sin excepción.

75. La progresividad en la ejecución de penas constituye una expresión del principio de: A. Igualdad. B. Proporcionalidad. C. Resocialización. D. Subsidiariedad.

76. El trabajo penitenciario debe ser concebido como: A. Una forma de castigo ejemplarizante. B. Una herramienta de resocialización y capacitación laboral. C. Un medio de reducción automática de la pena. D. Una actividad discrecional sin regulación.

77. El régimen cerrado en el sistema progresivo busca: A. Facilitar el contacto social inmediato. B. Garantizar disciplina inicial y adaptación del interno. C. Suspender los derechos fundamentales. D. Reemplazar sanciones pecuniarias.

78. El hábeas corpus correctivo es una garantía constitucional que protege contra: A. Privación ilegítima de la libertad por sentencia. B. Condiciones inhumanas o ilegales de detención. C. Ejecución de penas alternativas. D. El control de progresividad de penas.

79. La finalidad principal de los beneficios penitenciarios es: A. Premiar la buena conducta. B. Incentivar la reinserción social y disminuir hacinamiento. C. Suplantar la pena. D. Garantizar la presión social.

80. La progresividad de régimen cerrado a abierto responde a: A. Una lógica retributiva. B. paraciUna técnica de tratamiento y preón para la vida libre. C. Una sanción disciplinaria. D. Una decisión exclusiva del fiscal.

81. Un sistema penitenciario respetuoso de derechos debe garantizar: A. Acceso a educación, salud y visitas familiares. B. Exclusivamente alimentación básica. C. El aislamiento de todos los reincidentes. D. La suspensión automática de la defensa técnica.

82. El sistema semiabierto facilita: A. El tránsito del interno mediante salidas controladas al exterior. B. La imposición de sanciones adicionales. C. La privación absoluta de contacto social. D. El aislamiento nocturno obligatorio.

83. En la reinserción social, los programas de educación penitenciaria se consideran: A. Beneficios discrecionales. B. Derechos fundamentales del interno. C. Actividades opcionales del centro. D. Medidas extraordinarias.

84. El principio de legalidad en la ejecución de la pena significa que: A. Las condiciones penitenciarias se regulan por costumbre. B. Todo acto de la autoridad debe estar previsto en la ley. C. Los beneficios penitenciarios son discrecionales. D. El director del centro tiene poder absoluto.

85. Un juez de garantías penitenciarias debe velar porque: A. El interno reciba trato digno y respetuoso conforme a la Constitución. B. El fiscal cumpla con la pena impuesta. C. El interno no acceda a beneficios penitenciarios. D. El régimen cerrado se aplique sin excepción.

86. La progresividad penitenciaria constituye un mecanismo de: A. Rehabilitación social gradual. B. Castigo simbólico. C. Exclusión de reincidentes. D. Ejecución automática de la pena.

87. El Estado es responsable por violaciones a derechos de personas privadas de libertad porque: A. Mantiene custodia y control total sobre ellas. B. La pena suspende todos sus derechos. C. El director del centro responde exclusivamente. D. La víctima lo exige.

88. El objetivo del régimen abierto es: A. Permitir la resocialización plena mediante actividades externas. B. Asegurar castigos disciplinarios severos. C. Extender la duración de la pena. D. Limitar beneficios penitenciarios.

89. El trabajo penitenciario sin remuneración vulnera el derecho a: A. Seguridad social. B. Igualdad ante la ley. C. No ser sometido a servidumbre forzada. D. Acceso a defensa técnica.

90. El Código de Ejecución de Penas establece que los beneficios penitenciarios deben evaluarse bajo: A. Principios de legalidad, proporcionalidad y reinserción social. B. Principio de discrecionalidad judicial. C. Criterios administrativos internos. D. La opinión de la víctima.

91. Las teorías criminológicas críticas sostienen que la cárcel: A. Cumple eficazmente su función de rehabilitación. B. Es un instrumento de control social y reproducción de desigualdades. C. Debe endurecer el castigo a reincidentes. D. Es la única forma de garantizar la paz social.

92. El sistema progresivo busca que la pena privativa de libertad sea: A. Estática y uniforme. B. Adaptada a la evolución y conducta del interno. C. Inmutable en su ejecución. D. Exclusivamente punitiva.

93. El juez de garantías penitenciarias puede conceder beneficios penitenciarios si: A. Se cumplen requisitos legales y existe informe técnico favorable. B. La víctima lo autoriza. C. El director del centro lo solicita. D. El interno lo exige como derecho inmediato.

94. El Estado constitucional considera la prisión: A. Un instrumento excepcional y limitado a los fines de reinserción. B. La única pena legítima. C. Un mecanismo automático para todo delito. D. Una forma de sanción anticipada.

95. El sistema de progresividad penitenciaria permite: A. Aplicar beneficios de manera arbitraria. B. Evaluar periódicamente la conducta del interno para modificar régimen. C. Suspender la pena en casos graves. D. Excluir derechos en delitos de violencia.

96. Los derechos de las personas privadas de libertad deben ser garantizados: A. Por el director del centro exclusivamente. B. Por el Estado en su conjunto bajo control judicial. C. Únicamente por los defensores públicos. D. Según criterio discrecional del juez penal.

97. La finalidad del trabajo intramuros en el régimen cerrado es: A. Generar disciplina y capacitar progresivamente al interno. B. Sustituir automáticamente la pena. C. Reducir costos del Estado. D. Aislar completamente al recluso.

98. Un programa de reinserción social efectivo incluye: A. Formación laboral, educación y acompañamiento psicológico. B. Aislamiento prolongado y sanciones internas. C. Exclusivamente reducción de penas. D. Eliminación de beneficios penitenciarios.

99. El principio de dignidad humana en la ejecución de penas implica que: A. El interno sea tratado como sujeto de derechos, no como objeto de castigo. B. Los reincidentes pierdan automáticamente beneficios. C. Los derechos humanos se suspendan por completo. D. El régimen cerrado sea indefinido.

100. La reinserción social en el sistema penitenciario ecuatoriano constituye: A. Una obligación estatal y un derecho del interno. B. Un beneficio discrecional de la autoridad. C. Una medida excepcional en casos leves. D. Una finalidad secundaria de la pena.

101. El fundamento constitucional de los recursos en el proceso penal es: A. Garantizar el derecho a la impugnación y al debido proceso. B. Reforzar la potestad sancionadora del Estado. C. Asegurar la supremacía de la víctima sobre el procesado. D. Reemplazar el juicio oral por medios escritos.

102. El recurso de apelación en el proceso penal tiene como finalidad: A. Suspender automáticamente la ejecución de la sentencia. B. Revisar la decisión de primera instancia en aspectos de hecho y derecho. C. Permitir un nuevo juicio completo. D. Garantizar la libertad inmediata del procesado.

103. En el análisis criminológico, el enfoque positivista se caracteriza por: A. Considerar al delito como una elección racional. B. Centrar la atención en factores biológicos y sociales del delincuente. C. Reducir el delito a un problema exclusivamente jurídico. D. Negar la posibilidad de resocialización.

104. La política criminal, entendida como política pública, debe orientarse a: A. Incrementar el rigor de las penas. B. Prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales. C. Reducir recursos procesales para ganar eficacia. D. Priorizar la represión policial.

105. El recurso de casación en materia penal procede cuando: A. La sentencia no se ajusta a la Constitución y la ley. B. Existen dudas sobre la prueba testimonial. C. La Fiscalía no presenta recurso. D. El juez de primera instancia no motiva adecuadamente la prisión preventiva.

106. En criminología, la teoría de la asociación diferencial sostiene que: A. El delito es producto de factores genéticos. B. La conducta criminal se aprende a través de la interacción social. C. La criminalidad es inevitable en sociedades capitalistas. D. El castigo severo previene el delito.

107. El principio de doble instancia en materia penal garantiza: A. La revisión judicial de decisiones mediante recursos ordinarios. B. La reducción automática de penas. C. La posibilidad de impugnar exclusivamente sentencias condenatorias. D. La suspensión del proceso en caso de apelación.

108. La criminología crítica se centra en analizar: A. La reincidencia del delincuente. B. El sistema penal como mecanismo de control social y desigualdad. C. El libre albedrío como explicación del delito. D. La efectividad de la sanción penal.

109. El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad: A. Volver a analizar pruebas periciales. B. Rectificar sentencias firmes cuando aparecen nuevos elementos de inocencia. C. Suspender indefinidamente la ejecución de la sentencia. D. Ampliar los derechos de la víctima en segunda instancia.

110. En criminología, el concepto de prevención general negativa significa: A. Que el castigo busca intimidar a la sociedad para evitar delitos. B. Que la pena sirve para rehabilitar al infractor. C. Que la sanción protege directamente a la víctima. D. Que la política criminal se centra en derechos humanos.

111. Una de las garantías procesales más relevantes vinculadas a los recursos es: A. Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. B. Derecho a la conmutación automática de la pena. C. Derecho a la prisión domiciliaria. D. Derecho a impugnar únicamente en casación.

112. La teoría del etiquetamiento en criminología plantea que: A. La delincuencia es innata. B. El delito surge de la estigmatización social y su efecto en la identidad del individuo. C. La pena resuelve el problema social. D. La criminalidad se concentra en factores biológicos.

113. La política criminal abolicionista sostiene que: A. El sistema penal es indispensable. B. La prisión debe endurecerse en delitos graves. C. La cárcel es un instrumento de exclusión social y debe ser reemplazada. D. El derecho penal es el único medio de control social.

114. El recurso de apelación en medidas cautelares busca: A. Reexaminar la proporcionalidad y necesidad de la medida impuesta. B. Convertir automáticamente la medida en pena. C. Garantizar la revocatoria inmediata de la prisión preventiva. D. Impedir cualquier modificación del fallo.

115. El enfoque de política criminal garantista se caracteriza por: A. Priorizar la eficiencia represiva. B. Restringir la intervención penal a los casos estrictamente necesarios. C. Suprimir garantías procesales para agilizar procesos. D. Concentrarse en sanciones simbólicas.

116. El recurso de hábeas corpus se enmarca dentro de: A. Las garantías procesales constitucionales. B. Los recursos ordinarios penales. C. Los beneficios penitenciarios. D. Los medios alternativos de solución de conflictos.

117. Según la criminología ambiental, la oportunidad del delito se explica por: A. Factores biológicos del individuo. B. Deficiencias en el control social y diseño urbano. C. La ausencia de libre albedrío. D. La política represiva estatal.

118. La política criminal orientada a la prevención social del delito se fundamenta en: A. Programas de educación, empleo y cohesión social. B. El aumento de penas privativas de libertad. C. La reducción de beneficios penitenciarios. D. La supresión de los recursos procesales.

119. El recurso de casación busca principalmente: A. Uniformar la interpretación de la ley y garantizar seguridad jurídica. B. Reexaminar la prueba testimonial. C. Revocar automáticamente la sentencia condenatoria. D. Priorizar la voluntad de la víctima.

120. En criminología, la prevención especial positiva significa: A. La intimidación general a la sociedad. B. La resocialización del infractor. C. El castigo ejemplarizante. D. La supresión de garantías procesales.

121. Una de las funciones principales de los recursos en el proceso penal es: A. Garantizar la revisión judicial de errores y proteger derechos fundamentales. B. Evitar la aplicación de la pena. C. Favorecer a la víctima en todo caso. D. Impedir la ejecución de medidas cautelares.

122. La criminología clásica considera que el delito es: A. Un fenómeno social explicable por factores externos. B. Una decisión racional basada en el cálculo costo–beneficio. C. Un destino biológico inmodificable. D. Una construcción derivada de la estigmatización social.

123. La política criminal minimalista defiende que: A. El derecho penal debe ser el último recurso del Estado. B. El Estado debe endurecer penas sin excepciones. C. La prisión es el mecanismo central de resocialización. D. Se deben eliminar todos los recursos procesales.

124. El recurso de revisión penal procede cuando: A. Surgen nuevas pruebas que demuestran la inocencia del condenado. B. El juez de primera instancia cometió un error procesal menor. C. La víctima lo solicita por inconformidad. D. La Fiscalía interpone apelación.

125. La criminología crítica plantea que la función real del sistema penal es: A. Neutralizar la criminalidad. B. Reproducir estructuras de poder y desigualdad social. C. Garantizar la paz social mediante penas proporcionales. D. Fomentar la reinserción social.

126. Entre las garantías procesales más relevantes se encuentra: A. Derecho a recurrir y a ser oído por un tribunal superior. B. Derecho a que el fiscal archive la causa a voluntad. C. Derecho a exigir una pena menor. D. Derecho a ser condenado en segunda instancia.

127. La política criminal orientada exclusivamente al endurecimiento de penas se critica porque: A. Reduce la capacidad de rehabilitación. B. Genera más reincidencia y hacinamiento carcelario. C. Contradice el principio de mínima intervención penal. D. Todas las anteriores.

128. El recurso de apelación se diferencia de la casación porque: A. La apelación revisa hechos y derecho; la casación solo cuestiones de derecho. B. La apelación procede ante la Corte Constitucional. C. La casación se interpone siempre antes de la sentencia. D. Ambas tienen el mismo alcance.

129. La teoría de la anomia de Merton explica la criminalidad como: A. Resultado del aprendizaje social. B. Consecuencia de la frustración por metas sociales inalcanzables. C. Producto de predisposiciones biológicas. D. Consecuencia de sanciones penales excesivas.

130. En el ámbito de política criminal, el principio de proporcionalidad implica: A. La pena debe guardar relación justa con la gravedad del hecho y la culpabilidad. B. Todas las penas deben ser iguales. C. Las penas deben ser máximas para prevenir reincidencia. D. Los recursos deben eliminarse para garantizar rapidez.

131. La garantía de non bis in idem protege al procesado de: A. Ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. B. Cumplir más de una medida cautelar. C. Apelar varias veces una sentencia. D. Interponer recursos ordinarios y extraordinarios a la vez.

132. El recurso de queja en materia penal procede cuando: A. Un tribunal niega injustificadamente la admisión de otro recurso. B. El fiscal se opone a la sentencia. C. El juez dicta prisión preventiva. D. La víctima solicita revisión.

133. La criminología positivista buscaba explicar el delito a partir de: A. La libertad de elección racional. B. Factores biológicos, sociales y psicológicos. C. Exclusivamente causas económicas. D. La imposición de sanciones severas.

134. En política criminal, el principio de mínima intervención se traduce en que: A. El derecho penal se reserva para conductas más graves. B. Todo acto ilícito debe ser sancionado penalmente. C. El sistema debe eliminar recursos. D. La prisión preventiva es regla general.

135. El recurso de casación penal garantiza principalmente: A. La uniformidad de la jurisprudencia y corrección en la aplicación de la ley. B. La revisión de todos los hechos del juicio. C. La suspensión automática de la sentencia. D. La sustitución de la pena.

136. La criminología feminista visibiliza que: A. El delito no tiene relación con género. B. El sistema penal reproduce desigualdades y discriminación contra las mujeres. C. Las mujeres cometen más delitos por predisposición biológica. D. La criminología debe centrarse solo en delitos violentos.

137. Una política criminal preventiva adecuada debe incluir: A. Estrategias de cohesión social, educación y empleo. B. Endurecimiento indiscriminado de penas. C. Suspensión de garantías procesales. D. Aumento de recursos judiciales.

138. El recurso extraordinario de revisión protege: A. Al condenado frente a una sentencia injusta basada en pruebas falsas. B. Exclusivamente los derechos de la víctima. C. El criterio del fiscal en segunda instancia. D. El principio de oportunidad.

139. En criminología, la prevención general positiva significa que la pena: A. Refuerza la confianza social en el orden jurídico y la justicia. B. Busca intimidar mediante el castigo ejemplar. C. Elimina la posibilidad de reincidencia. D. Sustituye programas de resocialización.

140. Una garantía procesal indispensable en segunda instancia es: A. Derecho a ser oído por un tribunal superior imparcial. B. Derecho a la reducción automática de pena. C. Derecho a apelar únicamente sentencias condenatorias. D. Derecho a conmutación inmediata.

141. La criminología radical sostiene que el delito es: A. Una construcción social vinculada a relaciones de poder y clase. B. Una conducta biológica inevitable. C. Un producto del libre albedrío absoluto. A. Una reacción psicológica individual.

142. El recurso de apelación puede modificar: A. La sentencia de primera instancia, total o parcialmente. B. Exclusivamente las medidas cautelares. C. Únicamente la valoración de pruebas documentales. D. Ningún aspecto sustantivo del fallo.

143. La política criminal expansionista se caracteriza por: A. Ampliar constantemente el catálogo de delitos y penas. B. Reducir la intervención del derecho penal. C. Limitar recursos judiciales. D. Excluir delitos económicos.

144. La teoría de la elección racional en criminología sostiene que: A. El delito es un acto irracional inevitable. B. El delincuente actúa tras evaluar costos y beneficios de su conducta. C. La criminalidad se debe exclusivamente a factores genéticos. D. La sanción elimina toda posibilidad de delito.

145. El principio de legalidad en materia de recursos procesales significa: A. Los recursos deben estar expresamente previstos en la ley. B. El juez puede crearlos de oficio. C. El fiscal decide cuáles aplicar. D. Son discrecionales según el caso.

146. En criminología crítica, la cárcel es entendida como: A. Un mecanismo de reinserción social efectivo. B. Una institución que perpetúa desigualdad y exclusión social. C. El único medio válido de sanción. D. Una medida preventiva absoluta.

147. La política criminal en un Estado garantista debe orientarse a: A. Defender los derechos fundamentales en equilibrio con la seguridad pública. B. Reducir todas las garantías para aumentar eficiencia. C. Incrementar el uso de penas privativas. D. Reemplazar los recursos procesales por sanciones directas.

148. El recurso de revisión se diferencia de la casación porque: A. La revisión corrige sentencias firmes con nuevos elementos; la casación revisa aplicación del derecho. B. La revisión es ordinaria; la casación es extraordinaria. C. La casación revisa hechos; la revisión no. D. La revisión sustituye a la apelación.

149. La criminología ambiental propone políticas criminales basadas en: A. Modificación de contextos urbanos para reducir oportunidades delictivas. B. Endurecimiento de penas privativas. C. Eliminación de garantías procesales. D. Sustitución de la prisión por multas.

150. Una política criminal de prevención integral debe combinar: A. Prevención social, situacional y jurídica. B. Exclusivamente endurecimiento de penas. C. Eliminación de recursos procesales. D. Aplicación de prisión preventiva como regla general.

151. El fundamento filosófico de los derechos humanos radica en: A. El positivismo jurídico. B. La dignidad inherente a toda persona. C. La voluntad del Estado. D. El principio de legalidad penal.

152. En el proceso penal, los derechos humanos cumplen la función de: Limitar la discrecionalidad estatal y proteger garantías fundamentales. Sustituir la pena en delitos leves. Favorecer únicamente a la víctima. Reemplazar la ley penal sustantiva.

153. La presunción de inocencia implica que: A. El acusado debe probar su inocencia. B. El juez puede aplicar prisión preventiva sin motivación. C. La carga de la prueba recae en la acusación. D. Toda persona acusada es culpable hasta demostrar lo contrario.

154. La justicia transicional se caracteriza por: A. Ignorar violaciones de derechos humanos pasadas. B. Combinar verdad, reparación y garantías de no repetición. C. Priorizar siempre el castigo penal. D. Negar responsabilidad estatal.

155. Un ejemplo de violación de derechos humanos en el proceso penal es: Aplicar prisión preventiva como regla general sin motivación. Respetar el derecho a la defensa. Reconocer medidas alternativas a la privación de libertad. Garantizar acceso a recursos.

156. Los sistemas universales de protección de DD.HH. se estructuran principalmente a través de: ONU y sus tratados internacionales. La Corte Internacional de Justicia exclusivamente. Los tribunales constitucionales nacionales. Las fiscalías generales.

157. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido proceso: A. Es una garantía exclusiva del procesado culpable. B. Debe respetarse en toda etapa judicial y administrativa. C. Puede ser omitido en delitos graves. D. Solo rige en procesos civiles.

158. Una de las garantías esenciales del derecho de defensa es: El acceso a un abogado desde la primera diligencia. El aislamiento del procesado durante la investigación. La supresión de recursos para evitar dilaciones. La decisión discrecional del juez.

159. La justicia transicional se aplica principalmente en contextos de: Transición política tras dictaduras o conflictos armados. Procesos civiles ordinarios. Procedimientos administrativos laborales. Reformas constitucionales formales.

160. El principio de proporcionalidad en medidas cautelares busca: Garantizar que la restricción de derechos sea idónea, necesaria y equilibrada. Aplicar siempre la pena máxima. Priorizar la voluntad de la víctima. Sustituir la sentencia definitiva.

161. En el marco del proceso penal, la vulneración del derecho a ser juzgado en plazo razonable implica: Nulidad procesal y responsabilidad estatal por violación de derechos humanos. La obligación del acusado de renunciar a su defensa. La reducción automática de la pena. Exclusivamente sanción disciplinaria al juez.

162. El sistema europeo de derechos humanos está regido por: La Corte Europea de Derechos Humanos. La ONU. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte Penal Internacional.

163. El principio de legalidad en materia penal garantiza que: Nadie puede ser juzgado o sancionado sin ley previa que tipifique la conducta. Toda conducta reprochable debe sancionarse penalmente. La pena se determine por costumbre jurídica. El juez tenga discrecionalidad total.

164. La vulneración de garantías procesales en la detención incluye: Falta de motivación y ausencia de asistencia legal inmediata. Derecho a comunicar la detención. Control judicial oportuno. Presencia de abogado defensor.

165. El derecho a la tutela judicial efectiva implica: Acceso a un juez independiente e imparcial con resolución motivada. Exigir reducción automática de penas. Que la Fiscalía archive la causa por voluntad. Que el juez resuelva sin motivación.

166. La justicia transicional busca equilibrar: Paz social, verdad histórica y reparación integral. Endurecimiento de penas y represión estatal. Supresión de recursos procesales. Exclusión de víctimas del proceso.

167. Un ejemplo de jurisprudencia internacional en DD.HH. aplicable a Ecuador es: Opiniones consultivas de la Corte IDH sobre debido proceso. Dictámenes del fiscal general de EE.UU. Sentencias de cortes militares internas. Opiniones de organismos privados.

168. El principio de igualdad procesal significa que: Las partes deben tener las mismas oportunidades de defensa y prueba. La víctima tiene más derechos que el acusado. El fiscal tiene poder absoluto sobre el proceso. El acusado debe probar su inocencia.

169. La privación de libertad en condiciones de hacinamiento constituye: Una violación de derechos humanos. Una medida disciplinaria legítima. Una política criminal preventiva. Una garantía de reinserción.

170. La justicia penal internacional sanciona principalmente: Crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Delitos comunes de derecho interno. Infracciones administrativas. Contravenciones leves.

171. El derecho a la defensa técnica implica que: Toda persona tiene derecho a un abogado desde la primera diligencia procesal. El procesado puede prescindir de abogado en audiencia de juicio. El fiscal debe designar la defensa del procesado. Solo la víctima tiene derecho a abogado.

172. La Corte Interamericana ha señalado que la prisión preventiva: Debe ser excepcional, proporcional y revisada periódicamente. Puede aplicarse como regla general. Sustituye la pena definitiva. No requiere motivación expresa.

173. El principio de no discriminación en el proceso penal garantiza que: Nadie sea tratado de forma desigual por razones de raza, género, religión u origen social. El juez pueda aplicar criterios de oportunidad. Solo la víctima reciba trato diferenciado. El procesado carezca de derechos en prisión.

174. Una medida alternativa a la prisión preventiva que respeta los derechos humanos es: Presentación periódica ante la autoridad. Prisión preventiva automática. Detención indefinida sin revisión. Suspensión del derecho a defensa.

175. En el contexto de justicia transicional, la verdad histórica se refiere a: Reconocimiento oficial y público de violaciones a DD.HH. La sanción penal del agresor. La reducción de penas. La eliminación de recursos procesales.

176. La garantía de ser juzgado por un juez imparcial implica: Que el juez no tenga interés personal en el caso. Que el juez siempre falle a favor de la víctima. Que el fiscal pueda sustituir al juez. Que el procesado elija al juez.

177. El derecho a recurrir la sentencia se encuentra reconocido en: La Convención Americana sobre Derechos Humanos. El reglamento penitenciario interno. El Código Tributario. La doctrina judicial nacional.

178. En el ámbito de derechos humanos, la reparación integral debe incluir: Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Solo sanción penal del agresor. Exclusivamente compensación económica. La reducción de la pena.

179. El principio de publicidad del proceso penal busca: Transparentar la administración de justicia y garantizar control social. Favorecer únicamente a la Fiscalía. Limitar la defensa del procesado. Mantener el proceso en secreto indefinidamente.

180. La relación entre DD.HH. y proceso penal implica que: Los DD.HH. son parámetro de validez y límite en la aplicación de normas procesales. El proceso penal está por encima de los DD.HH. Los DD.HH. solo aplican en procesos internacionales. El juez puede prescindir de ellos en delitos graves.

181. Una violación de DD.HH. en el proceso penal ocurre cuando: Se dicta sentencia sin motivación suficiente. Se garantiza la defensa pública gratuita. Se permite la apelación de la sentencia. Se respeta el principio de legalidad.

182. El principio pro persona en derechos humanos implica: Interpretar y aplicar la norma más favorable a la protección del individuo. Aplicar automáticamente la norma penal más severa. Priorizar la voluntad del fiscal. Favorecer únicamente a la víctima.

183. La garantía de juez natural significa que: Nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción creados ad hoc. El acusado puede elegir al juez de su conveniencia. El fiscal actúa como juez en ciertos casos. El juez puede crear nuevas competencias procesales.

184. La justicia transicional tiene como pilares: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sanción penal y endurecimiento de penas. Supresión de recursos y detención indefinida. Eliminación de la reparación económica.

185. El derecho al plazo razonable se vulnera cuando: Un proceso penal se prolonga injustificadamente sin sentencia. El acusado presenta recursos. Se concede libertad anticipada. El juez dicta sentencia motivada.

186. La Corte IDH ha señalado que el hábeas corpus es: Una garantía indispensable e irrenunciable de protección de la libertad personal. Un recurso administrativo opcional. Una medida exclusiva para delitos leves. Un recurso subsidiario en materia civil.

187. Una obligación positiva del Estado frente a DD.HH. en el proceso penal es: Prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos. Limitar recursos procesales para ganar eficacia. Endurecer las penas como regla general. Restringir el acceso a abogados.

188. El derecho a la defensa material significa que: El procesado puede participar activamente en su defensa. Solo el abogado puede hablar en juicio. El fiscal representa al acusado. La víctima dirige la defensa.

189. El derecho de acceso a la justicia implica: Que toda persona pueda acudir a tribunales imparciales sin obstáculos indebidos. Que solo la víctima pueda demandar. Que el Estado limite la defensa en delitos graves. Que el acusado renuncie a garantías procesales.

190. El derecho a la reparación integral de las víctimas en el proceso penal implica que: Estado debe adoptar medidas judiciales y extrajudiciales que restablezcan sus derechos. Solo se entregue indemnización económica. Se elimine la sanción penal. El juez decida discrecionalmente sin reglas.

191. El principio de dignidad humana en el proceso penal exige: A. Trato respetuoso y no degradante a todo procesado. B. Endurecer sanciones en delitos graves. C. Privación total de derechos en prisión. D. Mantener incomunicado al acusado.

192. El derecho al recurso en segunda instancia garantiza: Revisión de la sentencia por un tribunal superior. Suspensión automática de la pena. Libertad inmediata del acusado. Exclusivamente una nueva audiencia probatoria.

193. La jurisprudencia internacional en DD.HH. ha establecido que: El debido proceso se aplica en todas las etapas judiciales y administrativas. La prisión preventiva debe ser obligatoria en delitos graves. Los Estados pueden restringir indefinidamente derechos fundamentales. El recurso de apelación no es necesario en el ámbito penal.

194. La justicia transicional equilibra: Necesidad de paz y reconciliación con exigencias de justicia y reparación. Exclusivamente la sanción penal. Eliminación de recursos judiciales. Aumento de penas sin condiciones.

195. El principio de contradicción en el proceso penal implica que: Las partes tienen derecho a conocer y controvertir las pruebas presentadas. Solo el fiscal puede presentar pruebas. El acusado carece de derecho a réplica. La víctima puede impedir la defensa técnica.

196. El derecho a ser informado de la acusación significa que: Toda persona debe conocer de manera clara y precisa los cargos en su contra. El fiscal puede omitir información estratégica. El juez puede imponer cargos no anunciados. La víctima debe redactar la acusación.

197. El derecho a la intimidad del procesado se respeta cuando: Se protegen datos personales y comunicaciones privadas salvo orden judicial. Se publican sin restricción sus antecedentes. El fiscal difunde su vida privada. La prensa accede libremente a información sensible.

198. La violación de DD.HH. en el proceso penal se configura si: Se aplica tortura o tratos crueles para obtener pruebas. Se respeta la defensa técnica. Se permite interponer recursos. Se garantizan visitas familiares.

199. El principio de favorabilidad procesal implica que: En caso de duda, debe aplicarse la interpretación más beneficiosa al procesado. El juez puede imponer la pena más grave. El fiscal tiene discrecionalidad total. La víctima decide el alcance de la ley.

200. Una característica esencial del sistema interamericano de DD.HH. es: La competencia de la Corte IDH para juzgar violaciones de derechos cometidas por los Estados. El control exclusivo de tribunales nacionales. La imposibilidad de acceder a medidas cautelares internacionales. El carácter consultivo únicamente.

1. La prisión preventiva en el Ecuador es una medida cautelar de aplicación automática en delitos graves. A. Verdadero. B. Falso.

202. El juicio de proporcionalidad aplicado a medidas cautelares exige un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Verdadero. Falso.

203. Las medidas cautelares reales buscan asegurar la reparación del daño mediante la afectación a bienes. Verdadero. Falso.

204. Las medidas cautelares en el proceso penal ecuatoriano son de carácter definitivo y sancionador. VERDADERO. FALSO.

205. El principio de legalidad en medidas cautelares exige que solo se apliquen aquellas previstas en la ley. VERDADERO. FALSO.

206. El recurso de apelación en el proceso penal revisa exclusivamente los aspectos de derecho, sin posibilidad de revisar los hechos. VERDADERO. FALSO.

207. El recurso de casación busca garantizar la correcta aplicación e interpretación uniforme de la ley penal. VERDADERO. FALSO.

208. El recurso extraordinario de revisión permite cuestionar una sentencia firme cuando surgen nuevos elementos de inocencia. VERDADERO. FALSO.

209. La criminología clásica entiende el delito como un fenómeno biológico inevitable. Verdadero. Falso.

210. La criminología crítica analiza el sistema penal como un mecanismo de reproducción de desigualdades sociales. Verdadero. Falso.

211. El principio de mínima intervención penal sostiene que el derecho penal debe usarse como último recurso del Estado. Verdadero. Falso.

212. En política criminal expansionista se amplía progresivamente el catálogo de delitos y penas. Verdadero. Falso.

213. El sistema progresivo penitenciario consiste en el tránsito gradual del interno desde el régimen cerrado hasta el abierto. A. Verdadero. B. Falso.

214. El régimen cerrado penitenciario se caracteriza por la máxima restricción de la movilidad y actividades del interno. A. Verdadero. B. Falso.

215. El régimen abierto se limita a un aislamiento nocturno obligatorio, sin contacto comunitario. A. Verdadero. B. Falso.

216. El sistema semiabierto permite actividades controladas fuera del centro penitenciario. A. Verdadero. B. Falso.

217. El beneficio de prelibertad se otorga automáticamente a todo condenado por cumplimiento parcial de la pena. A. Verdadero. B. Falso.

218. La reinserción social es un derecho del interno y una obligación del Estado. A. Verdadero. B. Falso.

219. El hábeas corpus correctivo busca revisar la legalidad y condiciones de detención. A. Verdadero. B. Falso.

220. El trabajo penitenciario como sanción forzada y sin remuneración vulnera derechos humanos. A. Verdadero. B. Falso.

221. El derecho a la defensa en el proceso penal se garantiza únicamente desde la etapa de juicio. A. Verdadero. B. Falso.

222. La presunción de inocencia implica que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. A. Verdadero. B. Falso.

223. La garantía de juez natural significa que nadie puede ser juzgado por tribunales creados para un caso específico. A. Verdadero. B. Falso.

224. El derecho al recurso en segunda instancia está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A. Verdadero. B. Falso.

225. La justicia transicional solo busca castigar penalmente a los responsables de violaciones de derechos humanos. A. Verdadero. B. Falso.

226. La justicia transicional combina justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. A. Verdadero. B. Falso.

227. El principio de igualdad procesal implica que ambas partes tengan las mismas oportunidades de defensa. A. Verdadero. B. Falso.

228. La Corte Interamericana ha señalado que el debido proceso puede ser omitido en delitos de lesa humanidad. A. Verdadero. B. Falso.

229. El principio pro persona exige aplicar la norma más favorable a la protección de los derechos humanos. A. Verdadero. B. Falso.

230. La detención sin asistencia legal inmediata constituye una violación de garantías procesales. A. Verdadero. B. Falso.

231. El derecho al plazo razonable protege contra procesos excesivamente prolongados sin justificación. A. Verdadero. B. Falso.

232. El principio de contradicción garantiza que las partes conozcan y puedan controvertir pruebas. A. Verdadero. B. Falso.

233. La prisión preventiva debe ser entendida como regla general en todo proceso penal. A. Verdadero. B. Falso.

234. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido al hábeas corpus como garantía indispensable de libertad. A. Verdadero. B. Falso.

235. El hacinamiento penitenciario no constituye violación de derechos humanos si se garantiza alimentación. A. Verdadero. B. Falso.

236. El acceso a educación, salud y visitas familiares son derechos que deben respetarse en el sistema penitenciario. A. Verdadero. B. Falso.

237. La política criminal minimalista defiende la reducción de la intervención penal al mínimo necesario. A. Verdadero. B. Falso.

238. La política criminal abolicionista sostiene que la prisión es un mecanismo de exclusión social que debe superarse. A. Verdadero. B. Falso.

239. La criminología ambiental analiza la relación entre diseño urbano, oportunidades y comisión de delitos. A. Verdadero. B. Falso.

240. La teoría del etiquetamiento explica que la estigmatización social contribuye a la persistencia del delito. A. Verdadero. B. Falso.

241. La teoría de la elección racional sostiene que el delincuente actúa sin valorar costos y beneficios. A. Verdadero. B. Falso.

242. El principio de proporcionalidad obliga a que la pena sea adecuada a la gravedad del delito y culpabilidad del autor. A. Verdadero. B. Falso.

243. El recurso de queja se utiliza para impugnar la negativa injustificada de admisión de otro recurso. A. Verdadero. B. Falso.

244. La tutela judicial efectiva incluye acceso a un juez independiente e imparcial con resolución motivada. A. Verdadero. B. Falso.

245. La privación de libertad en régimen abierto busca favorecer la reinserción a través de actividades comunitarias. A. Verdadero. B. Falso.

246. El derecho a la intimidad del procesado se respeta únicamente en delitos leves. A. Verdadero. B. Falso.

247. La justicia penal internacional sanciona crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad. A. Verdadero. B. Falso.

248. El principio non bis in idem protege contra ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. A. Verdadero. B. Falso.

249. La reparación integral de las víctimas solo contempla compensación económica. A. Verdadero. B. Falso.

250. La reparación integral debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. A. Verdadero. B. Falso.