examen a2 pi

Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, ¿Qué tipo de datos catastrales tienen carácter reservado?. a) Los datos físicos del inmueble. d) La localización el inmueble. c) La referencia catastral. b) Los datos económicos.

En un convenio de colaboración tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, el coste del servicio prestado por la Agencia para las deudas ingresadas en periodo voluntario es: a) El 5 por 100 del importe principal ingresado, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas. b) El 3 por 100 del importe principal ingresado, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas. c) El 2,5 por 100 del importe principal ingresado, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas. d) El 3,5 por 100 del importe principal ingresado, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

Cuál es el plazo para que un obligado tributario, sujeto a actuaciones inspectoras parciales, solicite que estas pasen a tener carácter general, según el artículo 149 de la Ley General Tributaria?. a) 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras parciales. b) 10 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras parciales. c) 15 días desde el día siguiente a la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras parciales. d) 10 días desde el día siguiente a la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras parciales.

De acuerdo con el artículo 117 LGT, la gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: a) La emisión de certificados tributarios. d) Todas las contestaciones anteriores son correctas. c) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública. b) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la LGT, “no tienen la consideración de obligaciones accesorias. Los recargos por declaración extemporánea. b) Los recargos del periodo ejecutivo. c) Sanciones tributarias. d) Intereses de demora.

Según determina el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o , si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o , si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o , si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿qué derecho no prescribirá a los cuatro años?. d) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. c) El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. a) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

De conformidad con lo regulado en el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en las actuaciones y procedimientos tributarios: a) Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un periodo específico y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. b) Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos no podrán realizarse a través de sistemas digitales. c) Se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. d) El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 20.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en el siguiente supuesto: b) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada y se refiera al desarrollo de actividades económicas. d) Cuando los datos declarados no coincidan con los que obren en poder de la Administración tributaria. c) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario no incurra en errores aritméticos. a) Cuando los datos declarados coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado.

De acuerdo con el artículo 2.2 de la LTG, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, se denominan: a) Impuestos. b) Contribuciones especiales. d) Precios públicos. c) Tasas.

El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece las competencias que en materia de tributos cedidos podrán asumir las Comunidades Autónomas, entre ellas se encuentran: (Indique la falsa). a) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión. b) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota. c) En el Impuesto sobre el Patrimonio, el devengo, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones. d) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos.

El artículo 3.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos, establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99% para las adquisiciones «mortis causa», cuando ésta incluya el valor de una finca rústica y se cumplan una serie de requisitos. Entre dichos requisitos no se encuentra: c) Que la transmisión se formalice en escritura pública. d) Todos estos requisitos están comprendidos dentro del artículo 3.3. b) Que las parcelas transmitidas deberán mantenerse afectas a la explotación agraria durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que dentro del citado plazo fallezca la persona adquirente. a) Que sea transmitida en el plazo de un año a una persona agricultora profesional que sea titular de una explotación agraria.

Según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos, y en relación con los tributos sobre el juego, la Base Imponible será: En los casinos de juego los ingresos brutos que obtengan procedentes del juego, computándose en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las salas reservadas para el juego. b) En las apuestas la base imponible vendrá constituida por el importe total de los billetes, boletos o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el medio o soporte a través del cual se hayan realizado. c) En la modalidad del juego del bingo tradicional, la base imponible será el importe del valor facial de los cartones adquiridos. d) Para la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como modalidad electrónica de bingo, la base imponible el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego de esta modalidad.

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria se encuentra regulado en los artículos 15 y 159 de la Ley General Tributaria. a) En las liquidaciones que se realicen como consecuencia de su aplicación se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora. d) Todas son correctas. c) El plazo máximo para emitir el informe por la Comisión Consultiva será de tres meses desde la remisión del expediente a la Comisión consultiva. b) El informe de la Comisión consultiva vinculará al órgano de inspección sobre la declaración del conflicto en la aplicación de la norma, podrá ser ampliado mediante acuerdo motivado de la comisión consultiva, sin que dicha ampliación pueda exceder de un mes.

El artículo 172 de la Ley General Tributaria establece el momento hasta cuándo puede el obligado tributario liberar los bienes de los embargos extinguiendo la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio: c) Hasta la notificación de la fecha de la subasta. d) En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes embargados. b) Hasta la notificación de la valoración de los bienes embargados. a) En cualquier momento anterior a la notificación de la providencia de embargo.

En cuanto al objeto y naturaleza del Recurso de Reposición, establecido en el artículo 222 de la Ley General Tributaria: b) Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo estimado por silencio administrativo. a) El recurso de reposición deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa. c) Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se dará por desistido del recurso y se tramitará la reclamación económico administrativa. d) Todas las respuestas son correctas.

Relativo a la solicitud de suspensión del acto impugnado por interposición de Recurso de Reposición, según el artículo 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. a) La mera interposición del recurso de reposición suspenderá la ejecución del acto impugnado. b) Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para que dicho ingreso sea realizado. c) Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la notificación del acuerdo de denegación implicará que deba iniciarse el procedimiento de embargo, en todo caso. d) Las resoluciones denegatorias de la suspensión serán susceptibles de Recurso de Reposición, o, en su caso, de reclamación económico-administrativa ante el tribunal al que correspondería resolver la impugnación del acto cuya suspensión se solicita.

En relación con las medidas cautelares que puede adoptar la Administración Tributaria para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación es competente, que se establecen en el artículo 81 de la Ley General Tributaria: c) En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. d) Todas las respuestas anteriores son falsas. b) Podrán consistir en el embargo definitivo de bienes y derechos. a) Sus efectos cautelares han de cesar en un plazo máximo de 6 meses, en todo caso.

Cuando se intente notificar un procedimiento tributario, según se establece en los artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria: En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. c) Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. d) Todas son verdaderas.

En relación con la Tasación Pericial Contradictoria: a) Se podrá interponer contra las comprobaciones de valor por valor de referencia. b) Terminará con la aprobación por parte del contribuyente de la valoración del tercer perito. c) El plazo para su resolución no podrá ser superior de 3 meses. d) Todas son falsas.

No podrán ser objeto de aplazamiento/fraccionamiento (Art. 65.2 LGT). d) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. c) Aquellas cuya exacción no se realice por medio de efectos timbrados. b) Aquellas inferiores a 30.000 euros. a) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos privilegiados.

El incumplimiento del plazo de las actuaciones inspectoras establecido en el artículo 150.1 de la Ley General Tributaria: a) Determinará la caducidad del procedimiento, pudiendo volver a iniciar las actuaciones dentro del plazo de prescripción. b) No se exigirán intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento. c) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras serán nulos de pleno derecho. d) Todas son falsas.

Iniciado el procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables, según dispone el artículo 218 de la Ley General Tributaria, se producirá la caducidad una vez transcurrido el plazo de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Un año. d) No se produce la caducidad, la administración tiene la obligación de resolver.

Se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuyos importes sean . c) Igual o superior a 50.000 euros en cuota o igual o superior a 1.500.000 euros en la base. d) Superior a 50.000 euros en cuota o superior a 1.500.000 euros en la base. b) Igual o superior a 150.000 euros en cuota tributaria o igual o superior a 1.800.000 euros en la base. a) Superior a 150.000 euros en cuota tributaria o superior a 1.800.000 euros en la base.

Son procedimientos especiales de revisión según el artículo 216 de la Ley General Tributaria: d) Todas son ciertas. c) La Devolución de Ingresos Indebidos. b) La Reclamación Económico Administrativa. a) El Recurso de Reposición.