EXAMEN ABOGADO 4

La empresa Playmusic, S.L, contrata al abogado Jaime para que se querelle contra un antiguo empleado, Manuel, quién se ha llevado documentos internos de la empresa y los ha entregado a otro empresario. Antes de formular la querella, Jaime negocia un acuerdo con Emelina, la abogada de Manuel, a fin de que éste reconozca los hechos, devuelva la documentación e indemnice a Playmusic. El acuerdo lo redacta Isabel, empleada de Emelina, pero el día de la firma Manuel no lo acepta, por lo que Emelina renuncia a representarlo. Por su parte, Jaime se aparta del caso y se lo cede a una compañera de despacho Helena, quien presenta una querella contra Manuel y pide como diligencias de investigación la declaración testifical de Emelina e Isabel y el documento que iba a firmar Manuel. ¿Puede Helena proponer esas pruebas con arreglo a los criterios deontológicos profesionales? a) Sí, porque se trata de la investigación de un hecho delictivo y Manuel no es ni ha sido nunca su cliente ni ha tenido relación con él. b) Sí la prueba documental y la declaración testifical de Isabel, pero no la declaración de Emelina, porque ha sido la letrada de Manuel. c) No, porque esa acción vulnera el deber de guardar secreto profesional. d) Sí, porque no es la letrada que mantuvo las conversaciones con la parte contraria, ya que Jaime se ha apartado del litigio. A. B. C. D.

Estrella defiende a Miguel en un procedimiento penal seguido por malos tratos en violencia de género. Estrella sabe que el juez instructor, Francisco Manuel, es un ardiente defensor de los derechos de las mujeres y sospecha que no va a ser sensible a los argumentos de su cliente, pero sabe que la juez de violencia que le sustituye, Candela, tiene opiniones escépticas sobre la violencia de género. Con la finalidad de que su cliente tenga un trato más equitativo, interpone un recurso de reforma contra el auto de incoación de las diligencias previas en el cual tacha de “ignorante”, “lego en derecho” y “parcial” al juez instructor. A consecuencia de estos reproches, Francisco Manuel incoa un expediente separado para una posible sanción a Estrella, quien de forma inmediata presenta una recusación contra el juez instructor. ¿Es deontológicamente correcta esta actuación? a) No, porque vulnera la obligación de relacionarse con los órganos judiciales bajo los principios de respeto en las formas y buena fe procesal. b) Sí, porque el primer deber del abogado es el de lealtad con su cliente, cumpliendo su función de defensa con celo y diligencia. c) Sí, porque las expresiones vertidas por el letrado forman parte de su libertad de expresión y la actuación del instructor no está justificada. d) No, porque al recusar al juez lo predispone contra su cliente.se ha apartado del litigio. A. B. C. D.

Carmen interviene de abogada única en un juicio de divorcio tramitado de mutuo acuerdo. Posteriormente dirige la demanda de ejecución del decreto contra el incumplidor. ¿Es correcta la intervención de Carmen contra el que fue inicialmente su cliente? Indique la respuesta correcta. a) No, Carmen no puede defender a uno de los ex cónyuges en perjuicio del otro. b) Sí, pero la Letrada de la Administración de Justicia tendrá que solicitar del ejecutado que designe nuevo abogado. c) Sí, podrá defender a cualquiera de los dos porque actuó en nombre de ambos en el juicio principal. d) No, Carmen debe pedir autorización al que también fue su cliente para dirigir la demanda ejecutiva contra él. A. B. C. D.

Andrea ha superado el master de acceso a la profesión de abogado y la prueba de aptitud profesional de la abogacía, teniendo intención de ejercer como abogada en un despacho pero sin acudir a tribunales, por lo que ha decidido no colegiarse en un Colegio de Abogados. ¿Es ello posible? a) No, porque para el ejercicio de la abogacía es obligatoria la colegiación en un Colegio de Abogados, salvo en los casos determinados expresamente por la Ley o por el Estatuto General de la Abogacía Española. b) No, aunque podrá colegiarse como no ejerciente. c) Sí, porque la colegiación es obligatoria únicamente si se quiere ejercer ante cualquier clase de Tribunales. d) Sí, porque la colegiación es voluntaria. A. B. C. D.

Carmelo recibe en su despacho a Juan Fernández Galindo, quien le explica que quiere adquirir un inmueble en la Costa del Sol. En un momento dado, ante las imprecisiones en que incurre a las preguntas de Carmelo, le reconoce que en realidad el comprador es un ciudadano ruso del que solo sabe que se llama Anatoly, pero que él se compromete a firmar los contratos de compraventa y hacer los pagos por la compra del inmueble, con la condición de que Anatoly no figure en ningún documento. Carmelo se pregunta si en estas condiciones puede seguir asesorando a Juan: a) No, ya que la legislación de blanqueo de capitales le obliga a recabar la información precisa a fin de determinar la exacta identidad de la persona por cuenta de la cual actúa Juan. b) Sí, ya que Juan está dispuesto a figurar como parte contratante, siendo Carmelo ajeno a las obligaciones que tenga suscritas con el tal Anatoly. c) No, ya que la legislación de blanqueo de capitales prohíbe a los abogados participar en el asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles. d) Sí, porque los abogados no son sujetos obligados por la legislación de blanqueo, al estar amparados por el derecho al secreto profesional. A. B. C. D.

Antonio, abogado, está intermediando en la compraventa de un inmueble. A fin de que comparezca en su nombre un día concreto a hacer efectivos 5.000 euros en concepto de arras, su clienta María Fernanda le entrega un cheque al portador por ese importe. Como quedan varios días para firmar las arras, Antonio ingresa el cheque en la cuenta de facturación general del bufete y anota el concepto en un cuaderno que lleva para depósitos de los clientes. ¿Es correcta la actuación de Antonio?: a) Sí, siempre que el día de la firma haga efectivo el pago de las arras. b) Sí, porque lleva una contabilidad separada de la suma ingresada. c) No, porque debería depositar el dinero en una cuenta específica. d) No, porque el abogado no puede hacerse cargo de fondos propiedad de un cliente. A. B. C. D.

Imanol recibe el encargo de defender a Carmentxu, quien es acusada en un procedimiento abreviado por haber causado lesiones a su vecina Iratxe, en una discusión en el vestíbulo del inmueble en el que residen. Carmentxu le propone a Imanol que declare como testigo su amiga Conrada, quien está dispuesta a asegurar que Carmentxu no ha tocado a Iratxe, pero admite ante Imanol que Conrada no estaba presente en el incidente y que lo hace para favorecerla. ¿Puede incurrir en responsabilidad penal Imanol si propone en su escrito de defensa como testigo a Conrada y ésta declara en el sentido que le ha comentado Carmentxu? a) Sí, puede cometer un delito e incurrir en las penas señaladas en la ley para los autores de falso testimonio, agravadas por su condición de letrado. b) No, porque el delito lo comete únicamente el testigo, al tratarse de una acción personal de quien declara. c) Sí, pero solo si finalmente el juez tiene en cuenta el testimonio de Conrada al dictar sentencia. d) No, dado que se trata de una iniciativa de Carmentxu, si bien Imanol podría incurrir en responsabilidad disciplinaria ante el Colegio de Abogados. A. B. C. D.

Martín acaba de colegiarse como abogado y pide ayuda a Blanca, abogada ejerciente desde hace muchos años, para que le aconseje y le guíe en unas dudas que tiene en relación con un procedimiento civil de reclamación de cantidad. Blanca le dice que lo siente, pero que ella no está para enseñar a otros abogados que le hacen competencia. ¿Es correcta la actuación de Blanca? a) Sí, porque el abogado que acepta un asunto debe saber defenderlo. b) Sí, porque si los abogados experimentados ayudan a los noveles se crea un conflicto de intereses. c) Hoy se puede decir que no tendrá consecuencias disciplinarias. d) No, porque cualquier abogado debe ayudar a un compañero que le pida ayuda. A. B. C. D.

El abogado Patricio envía a su cliente el correo electrónico recibido de la abogada Margaret, con quien está negociando un asunto. ¿Es correcta la actuación de Patricio? a) Sí, siempre y cuando dicha comunicación no se aporte a un procedimiento judicial. b) No, ya que el abogado no puede nunca facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte. c) No, ya que el abogado no puede facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo. d) Sí, ya que el abogado puede facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa prohibición del mismo. A. B. C. D.

La abogada Elvira recibe el encargo, en nombre de su cliente Clara, de presentar demanda de divorcio frente a su esposo Eduardo, abogado de profesión. ¿Qué debe hacer Elvira antes de presentar la demanda? a) Debe comunicarlo a Eduardo, por si entiende oportuno entablar una negociación previa. b) Debe comunicarlo al Decano del Colegio de Abogados al que pertenezca Eduardo, por si éste entiende necesario realizar una mediación previa. c) Debe realizar una comunicación previa a la Junta de gobierno del Colegio de Abogados al que pertenezca Eduardo. d) Puede presentar directamente la demanda. A. B. C. D.

Izaskun, abogada, llega a un acuerdo con Francisco para presentar una demanda de reclamación de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente laboral. Izaskun elabora una hoja de encargo en el cual se pactan los siguientes honorarios: una cantidad inicial de 3.000 euros en concepto de gastos fijos por estudio del asunto y preparación de la demanda, que no se devolverán, y un porcentaje del 15 % de la cantidad que resulte en caso de sentencia favorable, incluyendo los 3000 euros iniciales. Asimismo, pactan que Izaskun queda autorizada no solo para recibir pagos que se deriven de la reclamación, sino para aplicar dichos fondos al pago de la parte proporcional pactada como honorarios. ¿Es correcto este pacto de honorarios? a) No, porque el pacto de cuota Litis está estrictamente prohibido. b) Sí, pero el cliente puede impugnar los honorarios por excesivos si la cuantía final supera los baremos del Colegio de Abogados. c) Sí, porque existe libertad de pactos y no hay ninguno que contravenga normas imperativas. d) No, ya que el pacto es abusivo al establecer una cantidad fija y un porcentaje y por autorizar a Izaskun a detraer sus honorarios de las cantidades percibidas en interés del cliente. A. B. C. D.

Justino se hace cargo de la defensa de Mariano en un procedimiento civil de reclamación de cantidad en el que éste es demandado. Finalmente, Mariano pierde el pleito y además es condenado al pago de las costas de la parte contraria. Justino, que no le había planteado a Mariano a cuánto ascenderían sus honorarios, le presenta una minuta detallada que, sin embargo, Mariano rechaza. ¿Puede Justino reclamar judicialmente el pago de sus honorarios profesionales? a) Sí, porque tiene derecho a percibir honorarios por su actuación. b) No, porque al no haber concretado el importe de sus honorarios y haber perdido el pleito, no tiene derecho a reclamar la minuta. c) Sí, pero previamente tiene que solicitar al Colegio de Abogados que fije la cuantía de la minuta. d) No, dado que al haber sido Mariano condenado a pagar las costas de la parte contraria, Justino no puede minutar a su cliente. A. B. C. D.

Francesca defiende a Evaristo en un proceso penal que se sigue por delito de estafa agravada y que está pendiente de juicio en la Audiencia Provincial. El procurador le remite un auto citando a las partes a juicio, firmado por el Presidente de la sección, D. Manuel. Al llegar a la sala, el día del juicio, D. Manuel no está presente, puesto que se encuentra enfermo y así se lo comunican verbalmente a Francesca. Preside la vista Dª Rosa, siendo el ponente D. José y la tercera magistrada doña Maria Fernanda, todos ellos integrantes de la sección. Tras la vista oral, descontenta por el desconocimiento de la composición del tribunal antes del juicio, Francesca se plantea por ese motivo pedir la nulidad del juicio por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. ¿Puede prosperar su petición?: a) Sí, pues en ningún momento se le ha comunicado con antelación la composición del tribunal antes de la vista ni los motivos por los que intervienen unos magistrados y no otros. b) No porque, aunque se haya incumplido la ley, Francesca no tiene motivos para recusar a ninguno de los integrantes del tribunal. c) Sí en lo relativo al cambio en la presidencia, pues no se le acredita documentalmente en el acto la enfermedad del presidente de la sección. d) No, porque la lesión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no comporta la nulidad del juicio, sino de la sentencia.no puede minutar a su cliente. A. B. C. D.

María, abogada de oficio de Juan en un proceso matrimonial terminado por sentencia del Juzgado de Familia de 26 de enero de 2018, recibe, en febrero de 2019, la llamada de Juan para que le asista al haber recibido una demanda de ejecución de la sentencia en lo relativo a la guardia y custodia de los hijos menores. ¿Puede María asistir a Juan con el nombramiento de letrada de oficio original?: a) No, Juan debe solicitar una nueva designación de abogado de oficio para la ejecución, ya que la primera designación era solo para la fase declarativa. b) Si, ya que la designación del turno de oficio comporta que el letrado habrá de llevar el asunto cada vez que se plantee algún incidente de ejecución. c) No, ya que transcurrido un año desde la sentencia se extingue la designación y ha de solicitarse una nueva. d) Sí, ya que la asistencia jurídica gratuita comprende el trámite de ejecución, si se produce dentro de los dos años de la sentencia de la instancia. A. B. C. D.

Federico es designado abogado de Juana, quien quiere entablar una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Mataró por haber sufrido lesiones al resbalarse en la plaza del mercado. Federico analiza la documentación y alegaciones de Juana y llega a la conclusión de que la pretensión es insostenible y lo expone a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que pide informe al Colegio de Abogados, el cual, por el contrario, informa que la pretensión es sostenible. En consecuencia, a) Federico tendrá que asumir la asistencia jurídica que reclama Juana. b) La comisión de asistencia jurídica gratuita designará un nuevo abogado, que no podrá alegar la insostenibilidad de la pretensión. c) Se solicitará un informe adicional al Ministerio Fiscal, y solo si coincide con el del colegio, Federico tendrá que continuar con la defensa de Juana. d) Federico tiene que asumir la defensa de Juana, pero puede renunciar a la designación exponiendo motivadamente la inconveniencia de que continúe con la defensa. A. B. C. D.

Joana, Pere y Joan Francesc quieren ejercer colectivamente la abogacía, constituyendo una sociedad mercantil. ¿Deben constituirse como sociedad profesional?: a) Sí, independientemente de la forma social que adopten b) No, ya que pueden acogerse a cualquiera de las formas mercantiles existentes c) Sí, siempre que vayan a tener colaboradores o pasantes en régimen de derecho laboral d) No, ya que los abogados están exentos de la obligación de constituirse como sociedad profesional. A. B. C. D.

Joan, Pere y Joan Francesc deciden finalmente constituir una sociedad profesional e integrar en ella un procurador para ofertar y prestar a los clientes un servicio integral de defensa y representación. ¿Es esto posible? a) No, porque las sociedades formadas para realizar actividades profesionales nunca pueden integrar a socios que se dediquen a otra actividad. b) Sí, ya que es posible que la actividad de la sociedad sea multidisciplinar. c) No, ya que el desempeño de la actividad de abogado y procurador es incompatible según la ley. d) Sí, ya que la legislación mercantil no establece ninguna limitación en función de la actividad a la que se dediquen los socios. A. B. C. D.

Perfecto recibe el encargo de un cliente, Marcelo, de iniciar una reclamación por responsabilidad extracontractual contra una entidad mercantil. Tras contactar con la parte contraria, llegan al pacto de someter la cuestión a mediación a fin de evitar el litigio, por lo que firman un documento y Perfecto queda encargado materialmente de presenter la solicitud de mediación. Sin embargo, Perfecto se da cuenta de que el plazo de prescripción (1 año) podría transcurrir sin que se resolviera la mediación, por lo que se plantea qué debe hacer con la mediación, siendo lo correcto: a) Interponer demanda judicial para que se interrumpa el plazo de prescripción, sin perjuicio de instar la mediación al mismo tiempo y pedir la suspensión del proceso. b) Desistir de llevar a cabo la mediación, pues dada la naturaleza del asunto nunca se resolverá antes de que transcurra el plazo de prescripción. c) Acudir a la mediación antes de que se cumpla el plazo de prescripción, pues la presentación de la solicitud de mediación suspenderá el plazo de prescripción desde su recepción por el mediador o depósito en la institución de mediación. d) Olvidarse del tema de la prescripción, pues al someterse el asunto a mediación se va a llegar a un acuerdo vinculante para las partes. A. B. C. D.

Juan Manuel acude a pedir asistencia letrada a Marta porque ha recibido la notificación de un laudo arbitral y no está conforme con la decisión de los árbitros, queriendo información de qué tipo de recursos podrían ejercitarse. Marta le informa que: a) Mientras no se homologue el laudo arbitral por un juez de primera instancia, no tiene que preocuparse del contenido del laudo, ya que lo que se recurriría es el auto de homologación. b) Puede interponer recurso de apelación contra el laudo en el plazo establecido por la ley para recurrir una sentencia de primera instancia. c) Puede ejercitar la acción de anulación por cualquiera de los motivos señalados en la ley de enjuiciamiento civil para la revisión de las sentencias de primera instancia. d) Puede ejercitar la acción de anulación por motivos tasados y, además, pedir la revisión del laudo en los mismos términos previstos en la ley para las sentencias firmes. A. B. C. D.

En una sentencia penal firme, Juan es absuelto de un delito de estafa por el que venía siendo acusado exclusivamente por la acusación particular, sin que la sentencia contenga un pronunciamiento expreso sobre las costas y habiendo transcurrido ya el plazo para solicitar aclaración o ampliación de la sentencia. Fernando, abogado de Juan, se plantea solicitar la imposición de las costas de la acusación particular. ¿Es posible?: a) Sí, ya que ha de aplicarse el criterio del vencimiento objetivo de la jurisdicción civil e imponerse las costas a la única acusación formulada, pues se han desestimado íntegramente sus pretensiones. b) No, porque la sentencia no tiene un pronunciamiento expreso sobre imposición de costas a la acusación. c) Sí, pero tendrá que ser a través de un incidente de ejecución de sentencia, presentando la minuta y sometiéndola a la impugnación de la misma por costas indebidas o excesivas. d) No, porque en el proceso penal las costas únicamente se imponen al acusado en caso de condena o se declaran de oficio en caso de absolución, no pudiendo imponerse a ninguna de las acusaciones. A. B. C. D.

Ernesto es designado como letrado del turno de oficio para defender a Marcelo, quien se encuentra detenido en dependencias policiales por un supuesto delito de agresión sexual. Ernesto asiste a su declaración y demás diligencias de guardia y además le tramita la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, a Marcelo se le deniega tal derecho por no cumplir los requisitos legales. ¿Puede Ernesto cobrar alguna retribución del turno de oficio por su trabajo con arreglo a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?: a) Sí, puede cobrar del turno de oficio hasta que se le denegó la asistencia jurídica gratuita, ya que lo hizo por designación colegial para unas diligencias inaplazables, pero a partir de entonces debe minutar al cliente o renunciar a la defensa. b) Sí, mientras no se revoque la designación Ernesto tiene derecho a cobrar sus honorarios como letrado de oficio, sin perjuicio de que la administración reclame a Marcelo el reintegro de lo abonado. c) No, no puede cobrar por el turno de oficio, pero Marcelo tendrá que abonarle los honorarios devengados por su actuación profesional. d) No, no puede cobrar en ningún caso, porque no fue contratado por Marcelo ya que su intervención fue por obligación legal y la administración solo pagará si se tiene derecho a asistencia jurídica gratuita. A. B. C. D.

Clara solicita el reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita y obtiene una resolución favorable de la Comisión de Asistencia Jurídica competente. Sin embargo, Clara quiere hacerle un favor a su sobrino Antonio, que acaba de colegiarse como procurador, y quiere que le represente, por lo que lo comunica a la comisión para que solamente le asista un abogado del turno de oficio. ¿Es ello posible?: a) No, ya que el reconocimiento del derecho implica aceptar que todos los profesionales pertenecerán al turno de oficio. b) Sí, ya que el interesado con derecho a la asistencia jurídica gratuita tiene libertad para decidir si quiere un profesional privado y si le va a pagar o no sus honorarios, en función del pacto que alcance con él. c) Sí, pero Antonio no podrá facturarle ninguna cantidad a Clara sin incurrir en una infracción disciplinaria. d) No, salvo que Antonio renuncie por escrito a percibir sus derechos ante Clara y ante el Colegio en el que se halle inscrito. A. B. C. D.

En el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Majadahonda se sigue un pleito por demanda interpuesta por Francisco, dueño de un chalet, contra la constructora Edificaciones Fernando SLU, por defectos de construcción. Durante el proceso, la representación de Edificaciones Fernando SLU se entera de que en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Majadahonda se sigue un pleito en el que Francisco es demandado por la promotora Promociones Majariegas, SA., que solicita la resolución del contrato de compraventa del chalet por impago de precio aplazado. Edificaciones Fernando SLU pone en conocimiento del Juzgado nº 1 esta circunstancia para que se suspenda el curso del proceso. ¿Qué decisión debe tomar el juzgado nº 1?: a) Debe acordar la acumulación de autos, ya que lo que se decida en el Juzgado nº 2 afecta a la legitimación del actor en el pleito seguido en el nº 1. b) Debe acordar la suspensión inmediata del procedimiento hasta que se resuelva por sentencia firme el pleito seguido en el Juzgado nº 2 de Majadahonda. c) No debe suspender el proceso, ya que no está en cuestión la legitimación del actor para presentar la demanda ni es cuestión que sea necesario decidir en el juicio seguido en el nº 1. d) Debe suspender el proceso, pero solo cuando queden las actuaciones vistas para dictar sentencia. A. B. C. D.

En un procedimiento civil por incumplimiento de contrato en materia de edificación, la parte demandada alega, tras la práctica de la prueba, que la licencia de obra es ilegal y que dicha cuestión va a plantearla ante la administración y, en su caso, formular una demanda contenciosa para que se declare la nulidad, ya que afecta a la decisión de fondo del pleito. Tras esta alegación, ambas partes solicitan, de común acuerdo al tribunal, que suspenda el curso de la causa antes de dictar sentencia mientras se resuelve por la administración pública competente o los órganos jurisdiccionales la cuestión de la legalidad de la licencia. ¿Es posible esta actuación de las partes?: a) Sí, y el tribunal quedará vinculado por la decisión que se adopte, sobre el tema concreto de la licencia, por el órgano competente en materia administrativa. b) No, ya que a efectos prejudiciales los tribunales civiles pueden conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales del orden contencioso-administrativo. c) Sí, pero el tribunal civil tendrá luego libertad para aceptar lo que se haya resuelto en vía administrativa. d) No, ya que la suspensión del proceso y la posible vinculación o no deldocumental no es relevante para el objeto de este pleito. A. B. C. D.

A consecuencia de la caída de un árbol en la finca colindante del chalet de Ramón y Francisca, sito en la localidad de Collado Villalba, su vivienda sufre daños en el tejado y una pared, cuya reparación asciende a 85.000 euros. Como no tienen seguro de vivienda que cubra esos daños, se ponen en contacto con un abogado, Raimundo, para que demande al dueño del terreno donde estaba el árbol, Jaime, cuyo domicilio está en Madrid, a fin de que repare la vivienda o pague el importe de la reparación. Dado que Raimundo no consigue que Jaime le atienda, decide formular una diligencia preliminar de juicio, a fin de que Jaime exhiba el contrato de seguro de la vivienda, si lo tuviera, con el objeto también de demandar a la compañía aseguradora. ¿Quién es competente para resolver sobre esta petición: a) El juez Decano de Collado Villalba. b) El juez Decano de Madrid. c) El juez de primera instancia de Collado Villalba. d) El juez de primera instancia de Madrid. A. B. C. D.

La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en primera instancia por la que absolvió al acusado Endrino del delito de estafa, al entender que los hechos por los que era acusado constituían un mero incumplimiento de obligaciones civiles, sin voluntad de fraude. La Sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia por parte del fiscal Tomás, quien consigue que en segunda instancia el tribunal de apelación revise el material probatorio y concluya que Endrino tenía la clara intención de estafar a sus víctimas. Contra la sentencia cabe recurso de casación por infracción de ley. El abogado Inocencio advierte que la revocación de la resolución de instancia podría vulnerar normas procesales y sobre todo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué trámites debe seguir para llevar la cuestión a dicho tribunal? a) Tiene que recurrir en casación y luego en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de presentar demanda ante el Tribunal Europeo, a fin de agotar todos los recursos internos. b) Tiene que recurrir en casación pero no es necesario acudir al amparo antes de acudir al Tribunal Europeo por tratarse de jurisdicción constitucional. c) No tiene que recurrir ni en casación ni en amparo, al tratarse de recursos extraordinarios. d) No puede llevar la cuestión al Tribunal Europeo, pues solo pueden acudir los estados y la resolución que se dicte solo obliga a modificar la legislación interna. A. B. C. D.

Casimiro es detenido por la supuesta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas. Como no está de acuerdo con la detención, Casimiro solicita un “habeas corpus” ya que considera que ha sido detenido arbitraria e ilegalmente porque no había cometido ningún delito de robo, a lo sumo un delito leve de hurto que no justifica la detención. El juez de instrucción, a la vista del escrito y, sin tramitar el hábeas corpus, dicta resolución inadmitiéndolo por entender que la privación de libertad fue correcta. Dos días después, Casimiro pasa a disposición judicial y queda en libertad con obligación de comparecencia apud acta. El abogado de Casimiro intenta que se declare la nulidad de actuaciones, por no haberse tramitado el procedimiento de habeas corpus, pero el juez de instrucción la rechaza. ¿Puede interponer Casimiro recurso de amparo para que se revise la decisión de inadmisión de habeas corpus? a) Sí, por vulneración del art. 17.4 de la Constitución. b) No, pues al haberse inadmitido a trámite el hábeas corpus, no cabe recurso alguno. c) Sí, pero solo después de que se dicte resolución definitiva en el proceso judicial en el que se acordó la privación de libertad. d) No, ya que ha quedado en libertad a los dos días y por tanto el recurso de amparo carece de objeto. A. B. C. D.

El ciudadano John Smith, británico y residente en una localidad de la Costa del Sol, realiza un viaje a Tailandia donde mantiene relaciones sexuales de pago con menores de edad del país de destino. Al llegar a España, la fiscalía, informada por un familiar de John, presenta denuncia por supuesto delito contra la libertad sexual de menores de edad. ¿Sería competente la jurisdicción española para conocer de esa investigación?: a) No, ya que los hechos han ocurrido en el extranjero y ni la víctima ni el autor son españoles. b) Sí, ya que el supuesto autor es residente en España y el delito es contra la libertad sexual de menores de edad. c) Sí, porque la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos cometidos por españoles o residentes en el extranjero. d) No, ya que los hechos solo podrían perseguirse en el lugar de su comisión (Tailandia) o en el país del que es nacional John (Reino Unido). A. B. C. D.

Los Juzgados de lo Mercantil y Salas de Audiencia Provincial, con sede en Alicante, especializados en marca comunitaria, en relación con dicha materia tienen competencia: a) Sobre todo el territorio de la Unión Europea. b) Sobre todo el territorio nacional. c) Sobre el territorio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. d) Sobre el territorio del partido judicial de Alicante. A. B. C. D.

Emiliano demandó a María Luz y Juan José, reclamando la rescisión del contrato de compraventa del piso que le habían vendido, con arreglo al art. 1469 del Código Civil, dado que el inmueble tenía menos metros cuadrados que los que aparecían en la escritura. No obstante, perdió el pleito porque los jueces entendieron que la venta no se había hecho en función del número de metros cuadrados de la vivienda, como exigiría ese artículo. Descontento con el resultado, Emiliano acude a un nuevo abogado, que plantea una nueva demanda en la que solicita la nulidad del contrato por vicio de consentimiento de Emiliano, al haber incurrido en error esencial sobre el número de metros cuadrados del piso con arreglo a los arts. 1.300 y ss. del Código Civil. En ambos casos, Emiliano sigue pidiendo lo mismo, es decir, que las partes se devuelvan las prestaciones del contrato. ¿Puede el tribunal examinar las alegaciones de fondo de esta segunda demanda?: a) Sí, ya que el primer pleito se fundamentaba en la rescisión y ahora se basa en la nulidad del contrato, por lo que no se trata de la misma pretensión. b) No, ya que la demanda recae sobre el mismo bien inmueble, por lo que debieron ejercitarse todas las acciones posibles sobre el mismo que existieran entre las partes. c) Sí, porque ni los hechos ni los fundamentos jurídicos que se alegan en el segundo pleito son los mismos que los del primero. d) No, porque lo que se pide en la demanda es lo mismo, y los nuevos hechos y fundamentos pudieron y debieron haberse alegado en el primer pleito. A. B. C. D.

El letrado Mario presentó en la tasación de costas del Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid una minuta de honorarios por importe de 4.500 euros. La parte vencida en costas impugnó los honorarios por excesivos, al estimar que no debían rebasar la suma de 4.000 euros. Al dársele traslado de la impugnación, Mario aceptó que se redujera la minuta a la suma de 4.000 euros renunciando a lo demás y pidió el archivo del incidente. Sin embargo, el juzgado no se dio cuenta de ese escrito y tramitó un incidente de impugnación de costas dando traslado al Colegio de Abogados, que informó que la minuta era correcta con arreglo a los baremos colegiales, por lo que dictó resolución firme ratificando la tasación de costas creyendo que se mantenía la reclamación de 4.500 euros. Tanto Mario como la parte obligada al pago piden la nulidad del auto por haber incurrido en error sobre las pretensiones de las partes, pero el juzgado la rechaza afirmando que es una decisión firme. ¿Puede la parte perjudicada formular recurso de amparo constitucional?: a) Sí, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la resolución dictada se basa en un error manifiesto del juzgado y no cabe otro recurso contra ella. b) No, porque la resolución es firme y no hay comprometido ningún derecho constitucional susceptible de recurso de amparo. c) Sí, porque el Tribunal Constitucional es la última instancia para revisar cualquier resolución judicial firme, sea cual sea su contenido. d) No, porque en materia de tasación de costas no cabe interponer recurso de amparo en ningún caso. A. B. C. D.

En el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se sigue un procedimiento judicial por la reclamación de Francesc contra Montserrat y la Compañía aseguradora ASEGURA, como consecuencia de un supuesto accidente de tráfico en el que se vieron implicados Francesc y Montserrat. Paralelamente, al llegar un parte de lesiones al Juzgado de Instrucción nº 1 de Vilanova i la Geltrú, se incoan unas actuaciones penales en las que los Mossos d’Esquadra deducen que el accidente constituye una simulación para defraudar a la compañía aseguradora ASEGURA, y podría constituir un supuesto de estafa cometido por Francesc y Montserrat, que son imputados. El Abogado de Francesc, al enterarse de lo sucedido, insta al Juez de Primera Instancia para que plantee un conflicto de competencia con el orden jurisdiccional penal. ¿Puede plantearse dicho conflicto y ante qué órgano?: a) Sí, puede plantearse, y será resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona, órgano superior común a los dos juzgados. b) No, ya que los jueces civiles no pueden plantear cuestiones de competencia al orden penal. c) Sí, puede plantearse, y será resuelto por una sala especial del Tribunal Supremo. d) No, ya que no es posible suscitar conflictos de competencia entre órganos judiciales de distintos órdenes jurisdiccionales, sino únicamente cuestiones prejudiciales. A. B. C. D.

Inés y Álvaro se encuentran al frente de un despacho de abogados especializado en derecho penal, en el que prestan sus servicios una empleada administrativa y un pasante. Dado que tratan datos de los clientes que se relacionan con el despacho, ¿deben nombrar a un delegado de protección de datos? a) No, ya que no tratan datos a gran escala ni se encuentran dentro de los supuestos de obligación legal de nombramiento de delegado, pero pueden hacerlo voluntariamente. b) Sí, ya que deben nombrar un delegado siempre que traten datos personales. c) No, dado que un despacho de abogados no está sujeto a las obligaciones de la legislación de protección de datos, sino a los deberes deontológicos y legales de confidencialidad. d) Sí, ya que es la persona que se va a responsabilizar de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para el tratamiento de los datos, pudiendo ser cualquiera de los dos abogados o la administrativa. A. B. C. D.

El abogado Juan Carlos ha renunciado a seguir defendiendo a Manuel en un tema penal por motivos económicos, al no haber abonado la provisión de fondos solicitada. Manuel acude a tu despacho y te encarga continuar con la defensa de dicho asunto. ¿Qué deberéis hacer? a) Solicitar a Juan Carlos la venia profesional antes de la primera actuación, que no podrá negarla. b) Podéis personaros en el procedimiento en nombre de Manuel. c) Necesariamente firmar hoja de encargo y presupuesto de honorarios antes de realizar cualquier actuación. d) Comunicar a Juan Carlos el encargo realizado por Manuel antes de realizar la primera actuación. A. B. C. D.

Isabel es contratada por un despacho de abogados bajo el régimen del Real Decreto 1331/2006 sobre la prestación de la actividad profesional de abogado en despachos de abogados. En su contrato se incluye un pacto de permanencia de dos años y durante su relación se le da formación especializada por parte del despacho. Al cabo de once meses, Isabel comunica su intención de dejar voluntariamente el despacho. ¿Puede obligarle el despacho a permanecer en su puesto de trabajo hasta cumplirse los dos años pactados? a) No, pero el despacho tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios que se hubiera pactado en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. b) No, pero el despacho tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios que se hubiera pactado en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, que en ningún caso podrá ser superior a los gastos que hubiera soportado el despacho como consecuencia de la formación o especialización. c) Sí, pero Isabel tendrá derecho a una reducción de jornada en los términos que se hubiera pactado en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. d) No, pero el despacho podrá exigirle que finalice los asuntos encomendados que tenga. A. B. C. D.

Se está tramitando un procedimiento penal frente al abogado Miguel por, presuntamente, haberse apropiado indebidamente de fondos de su cliente. ¿Cuál debe ser la actuación del Colegio de Abogados donde se cometieron los hechos al tener conocimiento de los mismos? a) No deberá llevar a cabo ninguna actuación hasta la terminación del procedimiento penal por los mismos hechos. b) El Colegio de Abogados podrá incoar un procedimiento sancionador por dichos hechos y suspender su tramitación hasta la terminación del procedimiento penal. c) El Colegio de Abogados no podrá llevar a cabo ninguna actuación en virtud del principio non bis in ídem. d) El Colegio de Abogados deberá incoar obligatoriamente el procedimiento sancionador y deberá suspender su tramitación hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. A. B. C. D.

Carlos es un abogado que interviene en un proceso penal como acusación en nombre de su cliente Marcos, y consigue una condena de prisión de 3 años para Esteban. Una vez firme la sentencia y, con Esteban en prisión cumpliendo condena, Carlos tiene noticias de que una de las pruebas utilizadas, la más fundamental para la condena de Esteban, es falsa y se debía a una falsificación realizada por su cliente Marcos. ¿Cuál debe ser el comportamiento de Carlos? a) Comunicar la existencia de dicha falsificación al abogado de Esteban para que interponga recurso de revisión. b) Hacer pública dicha circunstancia a los efectos que procedan dada la gravedad de la situación. c) No comunicar nada de cuanto ha tenido conocimiento al encontrarse sometido al secreto profesional. d) Comunicárselo al abogado contrario, pero previamente avisarle a su cliente Marcos de las consecuencias de dicha comunicación. A. B. C. D.

La abogada Amanda colabora con el abogado Alejandro en la tramitación de diversos asuntos judiciales, habiendo pactado el reparto de honorarios en un porcentaje del 75% para la primera y 25% para el segundo ¿Es correcto este acuerdo? a) Dicha actuación no es correcta, toda vez que perjudica a uno de los abogados. b) Dicha actuación no es correcta, toda vez que el abogado no puede pagar ninguna compensación a otra persona por haberle enviado un cliente. c) Dicha actuación será correcta si el cliente conoce el pacto de honorarios y lo acepta de manera expresa. d) El acuerdo es correcto puesto que hay una colaboración profesional. A. B. C. D.

Isabel, cliente de Marta, a quién le ha encomendado la defensa de sus intereses en el procedimiento judicial de separación que ha iniciado frente a ella su marido David, tiene sospechas de que su letrada, Marta, pudiera tener relaciones de amistad con el abogado de David, y así se lo expone a Marta. ¿Qué debe hacer Marta? a) Marta tiene la obligación de poner en conocimiento de Isabel, exclusivamente de manera verbal, aunque Isabel lo solicitara por escrito, todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o con sus representantes. b) Marta no tiene la obligación de poner en conocimiento de Isabel ninguna situación que aparentemente pudiera afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o con sus representantes. c) Marta tiene la obligación de poner en conocimiento de Isabel, exclusivamente de manera verbal, aunque Isabel lo solicitara por escrito, todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia pero no las referidas a sus relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con los representantes de la parte contraria. d) Marta tiene la obligación de poner en conocimiento de Isabel, incluso por escrito si Isabel se lo solicitara del mismo modo, todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o con sus representantes. A. B. C. D.

Andrea y Luis están divorciados. Andrea se fue a vivir a Francia por lo que la custodia de los hijos menores quedó a cargo de Luis, manteniendo la patria potestad compartida. Tras unos meses, Luis acude al despacho de su abogada Ana y le comunica que está pasando un mal momento económico al carecer de ingresos y para que sus hijos no queden desasistidos ha solicitado la custodia temporal de la Diputación para los menores. Luis le pide a Ana que no comunique esa circunstancia al abogado de su ex mujer. Ana, tras informarle de que la madre debería conocer la situación, respeta la petición de Luis. ¿Ha sido correcta su actuación? a) No, porque la patria potestad es compartida y por tanto una situación así debe ser conocida y consensuada por ambos progenitores. b) Sí, porque la abogada está obligada por el secreto profesional. c) No, porque el deber de secreto profesional no es ilimitado y absoluto y debe primar el interés del menor y derecho del cónyuge no custodio a conocer la situación. d) Sí, porque la abogada de Luis solo debe defender los intereses de su cliente. A. B. C. D.

Marta defiende a dos demandados en un procedimiento de responsabilidad civil, planteando uno de ellos que la responsabilidad es del otro. ¿Qué debería hacer Marta? a) Debería renunciar a la defensa de ambos clientes en todo caso. b) Debería renunciar a la defensa de ambos clientes, salvo autorización expresa de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos. c) Debería renunciar a la defensa de uno de ellos, el último que le encomendó su defensa. d) Debería seguir con el procedimiento hasta que se dicte sentencia para no generar indefensión a ninguno de ellos. A. B. C. D.

Maite es clienta habitual de Sandro, abogado de su confianza con el que lleva trabajando muchos años. En fecha reciente, Maite encomienda a Sandro que le lleve un nuevo asunto y le pide firmar, con anterioridad, una hoja de encargo para conocer con seguridad el importe de los honorarios y su forma de pago. ¿Cuál es la actuación que debería tener Sandro ante esta solicitud de hoja de encargo?: a) Debe de negarse porque supone una desconfianza impropia en las relaciones entre abogado y cliente. b) Debe suscribir la hoja de encargo porque su cliente se lo pide. c) Debe suscribirla porque es una obligación de los abogados en todos los casos firmar una hoja de encargo, aunque no se lo hubiera solicitado Maite. d) Debe negarse porque para eso están los criterios orientadores para tasaciones de costas. A. B. C. D.

Juan, letrado de León, es titular de un despacho profesional individual en el que colabora, con relación laboral, Aitor, abogado también colegiado y ejerciente. En uno de los asuntos en los que Aitor colaboraba con Juan, y debido exclusivamente a unas gestiones llevadas a cabo personalmente por el propio Aitor, se genera un perjuicio al cliente. a) Juan, en cuanto abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones efectuadas por Aitor, en cuanto que es su colaborador, sin perjuicio de la facultad de repetir contra él si procediera. b) Juan en ningún caso responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones efectuadas por Aitor. c) Juan, en cuanto abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones efectuadas por Aitor, en cuanto que es su colaborador, sólo en el caso de que las mismas fueran constitutivas de delito. d) Juan, en cuanto abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones efectuadas por Aitor, en cuanto que es su colaborador, sólo en el caso de que así lo estableciera expresamente la Junta del Colegio de Abogados. A. B. C. D.

Asier es graduado en derecho, habiendo superado en 2017 el Master de acceso a la profesión de abogado y la prueba de estado para acceso a la abogacía convocada por el Ministerio de Justicia, si bien no se ha incorporado a ningún Colegio de Abogados. En fechas recientes ha recibido demanda de divorcio de su esposa y se está planteando defenderse a sí mismo. ¿Es ello posible si no está colegiado? a) No, porque para poder actuar en cualquier juzgado necesariamente se ha de estar colegiado en un Colegio de abogados. b) Sí, porque cumpliendo los requisitos para incorporarse a un Colegio de abogados no se necesita dicha incorporación para la defensa de asuntos propios, aunque sí tiene que solicitar una habilitación al Decano del Colegio de Abogados para dicha intervención. c) Sí, porque en los procedimientos de divorcio puede actuar cualquier licenciado o graduado en derecho que sea parte aunque no esté colegiado. d) Sí, ya que ha superado un Master de acceso a la profesión de abogado y aprobado la prueba de estado convocada por el Ministerio de Justicia. A. B. C. D.

Felipe quiere incorporarse al ejercicio profesional dándose de alta en el Colegio de Abogados de Sevilla y teniendo su despacho profesional en Vigo, ¿puede hacerlo? a) Si, porque hay libertad de elección de Colegio. b) Si, porque el domicilio sólo es relevante a efectos fiscales. c) Si, porque su domicilio profesional situado en localidad distinta a la del territorio del Colegio, sólo le impediría su incorporación al Turno de Oficio en dicho Colegio. d) No, tiene obligación de incorporarse al Colegio dónde radique su domicilio profesional único o principal. A. B. C. D.

Izaskun asume, como abogada, la defensa de los intereses de Olga en un procedimiento de despido contra ella formulada por la empresa Palacios Gómez, SL. Izaskun había defendido en el pasado a Palacios Gómez SL frente a la demanda presentada por otro empleado en un juicio celebrado cuatro años antes, y entonces había obtenido documentación interna de la empresa de la que se desprendía la existencia de anomalías contractuales en sus relaciones con los empleados. Olga pide a Izaskun que presente dicha documentación, junto con la demanda. ¿Qué debe hacer Izaskun?: a) Presentar el documento, ya que el deber de secreto profesional solo permanece por un plazo de tres años después de haber finalizado la prestación de servicios al cliente. b) Presentar el documento, ya que la petición de su actual cliente Olga es suficiente para que se vea excusada de sus deberes de secreto profesional. c) No presentar el documento ya que no ha transcurrido el plazo de 5 años después de haber finalizado la prestación de servicios al cliente. d) No presentar el documento ya que el deber de secreto permanece en el tiempo ilimitadamente. A. B. C. D.

Carla y Roberto trabajan como abogados en el despacho de abogados del que es titular Lucas, habiendo firmado un contrato laboral. Carla desconoce hasta qué punto está obligada a cumplir las indicaciones de Lucas respecto de la forma de prestar sus servicios profesionales por lo que pregunta al respecto a su compañero Roberto. Roberto le informa: a) Que debe cumplir las indicaciones de Lucas, incluso cuando se trate de un caso en el que exista conflicto de intereses entre ambos. b) Que no debe cumplir las indicaciones de Lucas ya que éste sólo verificará el cumplimiento de sus obligaciones laborales. c) Que debe cumplir las indicaciones de Lucas, salvo que contravengan los principios y valores de la abogacía o las obligaciones que imponen a los abogados las normas que rigen la profesión. d) Que debe cumplir las indicaciones de Lucas ya que es el titular del despacho, quedando por ello eximido de la responsabilidad disciplinaria que de su actuación profesional pudiera derivarse. A. B. C. D.

Carla, abogada italiana incorporada a la Orden de los Abogados de Florencia, tiene como cliente habitual a Sergio, que se encuentra en una cárcel española por un asunto de tráfico de drogas. Carla recibe la llamada de Sergio, que le explica su situación y le pide que le defienda ante los tribunales españoles. ¿Qué requisitos tiene que cumplir Carla para poder defender a Sergio en España? a) Carla tiene que presentar el carnet de colegiada en la Orden de los Abogados de Florencia cuando intervenga en defensa de Sergio en cualquier instancia. b) Carla tiene que solicitar la habilitación en el ámbito territorial del Colegio en donde se encuentren los órganos judiciales competentes. c) Carla tiene que actuar concertadamente con un abogado colegiado en un colegio de abogados de España. d) Carla tiene que pedir una autorización al Consejo General de la Abogacía Española. A. B. C. D.

África, abogada, está negociando con su compañero Pedro el cumplimiento de un contrato mercantil entre clientes de ambos y, en concreto, el pago de la cantidad de 1.200 euros. Las negociaciones se prolongan intentando evitar el juicio, pero África sospecha que el ánimo de su compañero es dilatorio. El ejercicio de la acción de reclamación prescribe en breve por lo que el cliente de África le ordena presentar la demanda, y ella así lo hace, sin previo aviso a Pedro ¿es correcta la actuación de África?: a) Sí, porque está obedeciendo las indicaciones de su cliente. b) Sí, porque está próxima la posible prescripción de la acción. c) No, porque debe comunicarse el cese de las negociaciones al letrado contrario antes de demandar. d) No, porque en este caso la intervención del Letrado no es preceptiva y la demanda la presenta el cliente a su nombre. A. B. C. D.

Agustí, que vive en Sevilla ha interpuesto una demanda de juicio verbal en Madrid en reclamación de 1.900 euros, habiéndose valido para su representación y defensa de abogado y procurador. La sentencia dictada en el procedimiento estima íntegramente la reclamación con expresa condena en costas. ¿Puede Agustí reclamar las costas causadas por su abogado y procurador? a) No, porque en los procedimientos de juicio verbal de menos de 2.000 euros no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. b) No, sólo puede reclamar las costas derivadas de su letrado. c) Sí, porque presentó su demanda con abogado y procurador. d) Sí, porque el domicilio de Agustí está en lugar distinto de donde se ha presentado la demanda. A. B. C. D.