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El derecho forestal autonómico, de conformidad con el artículo 148.1.8 CE, se constituye como. Competencia de ejecución. Competencia de desarrollo normativo. Competencia de desarrollo legislativo. Competencia exclusiva.

La delimitación negativa del concepto legal de monte excluye: Los terrenos yermos, roquedos y arenales. Los terrenos sin vocación urbana cultivados. Los terrenos agrícolas abandonados largo tiempo. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas.

Los montes catalogados de utilidad pública son: Montes demaniales con características especiales. Montes demaniales de aprovechamiento común. Montes públicos afectos a un uso público específico. Montes públicos afectos a un servicio público determinado.

Los montes vecinales en mano común son: Montes privados protectores. Montes privados especiales. Montes de dominio público. Montes públicos patrimoniales.

Los recursos mineros de la Sección B) incluyen: Los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Los minerales radioactivos. Los productos de cantera. ☐. Los yacimientos de origen no natural.

Los recursos mineros de la Sección C) requieren para su explotación. Autorización. Permiso. Licencia. Concesión.

Como regla general, el aprovechamiento de los recursos de la Sección A): Pertenecen al propietario. Pertenecen al peticionario. Es de dominio público. Es de patrimonio del Estado.

- La concesión minera debe tener, como mínimo, una extensión de: 20 hectáreas. 30. 50. 70.

Entre las causas de exoneración legal de la responsabilidad patrimonial, no se encuentra. El caso fortuito. La fuerza mayor. Daño que el particular tiene el deber jurídico de soportar. Daño imprevisible e inevitable.

La responsabilidad patrimonial no ampara: Los daños futuros. Los daños diferidos. Los daños generales. Los daños morales.

La imputación de la lesión a una Administración pública, como regla general susceptible de excepciones, alcanza a la actividad administrativa desarrollada por: Los contratados laborales. Los concesionarios. Los contratistas. Los funcionarios privados.

La teoría de la compensación de culpas presupone que las acciones que concurren a la producción del daño son: Equivalentes. No equivalentes. Proporcionales. Decisivas.

El art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Niega la responsabilidad patrimonial por actos legislativos no expropiatorios. Admite la responsabilidad patrimonial deriva de las leyes con alcance general. Niega la responsabilidad patrimonial por actos legislativos de naturaleza expropiatoria. Todas las anteriores son incorrectas.

En relación con la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial por leyes declaradas inconstitucionales, el art. 32 LRJSP. Contiene una declaración positiva y genérica de exigibilidad. Condiciona su exigencia a lo que disponga la propia ley. Exige el incumplimiento de una obligación por el Estado. Impone estar a lo que un segundo acto legislativo reconozca.

En la declaración de responsabilidad por leyes de las Cortes Generales contrarias a la Unión Europea, la petición de indemnización ha de presentarse ante. El Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros. La Comisión Europea. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión.

La responsabilidad por error judicial exige la previa declaración de su existencia mediante Sentencia de: La Sala competente del Tribunal Supremo por el recurso de revisión. La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional a través del recurso de revisión. La Sala competente del Tribunal Supremo por el recurso de casación. La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional por el recurso de casación.

El recurso de alzada o recurso ordinario se interpone contra. Los actos y disposiciones generales que no agotan la vía administrativa. Los actos y reglamentos que ponen fin a la vía administrativa. Las resoluciones dictadas por órganos jerárquicamente subordinados. Las resoluciones adoptadas por órganos funcionalmente autónomos.

El recurso de alzada o recurso ordinario se interpone en el plazo de. Un año desde que se dictó el acto administrativo que pretende impugnarse. El plazo de seis meses desde que se dictó el acto administrativo que pretende impugnarse. El plazo de tres meses desde la adopción y notificación de la resolución expresa. El plazo de un mes desde la adopción y notificación de la resolución expresa.

El recurso de reposición: Constituye un recurso voluntario previo a la jurisdicción contenciosoadministrativa. Constituye siempre, para el interesado, un recurso alternativo del recurso de alzada. Se interpone contra resoluciones y actos administrativos que no agotan la vía administrativa. Se interpone contra decisiones del subordinado jerárquico al que se le pide que reconsidere su opinión.

El recurso en materia de contratación. Excluye la tramitación simultánea del recurso de alzada u ordinario. No contempla la adopción de medidas cautelares a su tramitación. Cabe contra cualquier acto administrativo en materia de contratación. Cabe contra cualquier contrato celebrado por una entidad del sector público.

El Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813 atribuía el conocimiento de <<los asuntos contenciosos de la Hacienda>> en primera instancia a. Los Consejos Provinciales. Los Tribunales Administrativos. Consejeros de Estado. Jueces Letrados.

Entre los criterios subjetivos de delimitación del ámbito competencial de la justicia administrativa, se incluyen. Las empresas de titularidad pública. El comité arbitral del artículo 39 EAPV. Las fundaciones públicas. El Consejo General del Poder Judicial.

Las pretensiones de condena, del art. 31 LJCA, se refieren a. La declaración de no ser conformes a Derecho y anulación del acto o disposición impugnado. El reconocimiento de la situación jurídica individualizada y adopción de las medidas para su restablecimiento. La imposición de medidas cautelares y sanciones contra el infractor. La privación del ejercicio de derechos por el plazo que se establezca.

La tramitación del procedimiento abreviado, art. 78 LJCA, se caracteriza po. Que se inicia con el escrito de interposición. La concentración de trámites en la vista ora. La posible exclusión por el Juez de la vista ora. La brevedad de los escritos de conclusiones.

La Ley de Medidas para la Reforma de la Función pública (LMRFP) se caracterizó por el establecimiento de: La apertura de una etapa de reformas progresivas y parciales. La apertura a nuevas formas de vinculación profesional con la Administración. La incorporación de elementos de raíz anglosajona y empresarial. Un nuevo régimen o estatuto de función pública.

El concepto de funcionario de carrera contiene como rasgo: El carácter temporal de los servicios que presta. La exigencia de suscripción de un contrato. El carácter estatutario de la relación. El desempeño independiente de sus servicios.

Entre las directrices de los procedimientos de ingreso en la función pública, no se encuentra. El carácter abierto a los particulares de las convocatorias. La variedad de las pruebas en que puedan consistir las oposiciones. La exigencia de reservar un mínimo de plazas para la promoción interna. La posibilidad de que las pruebas sean evaluadas por órganos especializados permanentes.

Dentro del esquema de los derechos económicos de los funcionarios públicos, los trienios forman parte de. Las retribuciones complementaria. Las retribuciones básicas. Las pagas extraordinarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.

La compatibilidad entre puestos de trabajo públicos se exceptúa. Siempre que tenga autorización del superior jerárquico. Siempre que tenga reconocimiento de compatibilidad en la RPT. La prohibición de compatibilidad no admite excepciones. Existen excepciones legales a la prohibición de compatibilidad.

Los edificios públicos dedicados a dependencias u oficinas son considerados, por la legislación vigente, bienes integrantes de. El dominio público de uso público. El dominio público con servicio público. El Tesoro público de la AGE. El patrimonio particular de la AGE.

En el caso de adquisición por la AGE de derechos de propiedad incorporal, el procedimiento más conveniente parece ser: La adquisición directa. El concurso público. La subasta electrónica. La subasta al alza.

En el caso de que no se haya presupuestado la venta de un bien público, el dinero obtenido. Se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales pudiendo dedicarse al conjunto de estado de gastos del presupuesto. Se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales destinada a gasto corriente. Se limita el destino del dinero al mismo concepto patrimonial del que proviene. Se limita el destino del precio a inversiones financieras y de obra pública.

La imposición de servidumbres tiene como finalidad directa garantizar: La identidad del bien. La disponibilidad del bien. Un perímetro de protección. Un beneficio para la AP.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asume las competencias en relación con el mismo excepto en algún aspecto como. Los actos de arrendamiento. Los actos de enajenación. Los actos de afectación. Los actos de tasación.

Entre los principios a los que responde el uso común general normal de los bienes de uso público no se encuentra el de: Libertad. Transmisibilidad. Gratuidad. Igualdad.

A partir de 1845, con los liberales moderados, se implanta un sistema. Tradicional, fundado en la regulación histórica. Abstencionista, fundado en la libertad de industria. Estatalista con la publificación de todas las aguas. Intervencionista sobre las aguas continentales.

El deslinde aprobado en materia de aguas continentales. Declara la posesión y la propiedad a favor del Estado. Declara la posesión a favor del Estado. Cede frente a los títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. Cede frente a los titulares inscritos que hayan participado en el deslinde.

La inscripción de la concesión del aprovechamiento de aguas públicas en el Registro de Aguas: Es preferente respecto de los títulos dominicales inscritos en el Registro de la Propiedad. Es preferente respecto de los aprovechamientos de aguas públicas inscritos en el Registro de la Propiedad. Cede ante los títulos y aprovechamientos inscritos en el Registro de la Propiedad. No se ve afectado por las inscripciones y anotaciones del Registro de la Propiedad.

La zona económica exclusiva alcanza, desde el límite interior del mar territorial: 200 millas náuticas. 212 millas náuticas. 250 millas náuticas. 350 millas náuticas.

La zona marítimo-terrestre incluye a las: Las zonas de materiales sueltos. Los escarpes y bermas. Las dunas vivas y las fijadas con vegetación. Las partes de terrenos bajos inundables.

La Administración General del Estado debe, en relación con el deslinde de DPMT: Notificar el acto de incoación del deslinde a todos los interesados. Notificar el acto de incoación del deslinde a la CA y Entidad Local afectada. Comunicar al Registro la relación de interesados afectados. Comunicar al Registro la relación de bienes incluibles.

La autorización administrativa sobre DPMT: Tiene un plazo máximo de 1 año. Tiene un plazo máximo de 3 años. Puede ser revocada sin indemnización. Puede ser revocada con indemnización.