Examen admin 2 extraordinaria sept 24 C

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo ¿puede la Administración resolver tardíamente?. A. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. B. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. C. Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. D. Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la Administración sólo podrá resolver en tal sentido.

Atendiendo a las razones históricas, el procedimiento administrativo: A. Surge como reacción natural del Estado liberal de Derecho. B. Es una causa del crecimiento orgánico que la Administración experimenta. C. Responde a la presión de la burocracia funcionarial. D. Todas las anteriores.

La autotutela ejecutiva de la Administración supone: A. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. C. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. D. La potestad de revocar sus propios actos.

La desviación de poder: A. Es una causa de nulidad del acto administrativo. B. Es una causa de revocación del acto administrativo. C. Es un vicio subsanable. D. Es una causa de anulabilidad.

Son actos administrativos ablatorios: A. Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. B. Aquellos que crean una situación ex novo. C. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. D. Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección.

Son actos nulos de pleno Derecho: A. Los que tengan un contenido posible. B. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. C. Los que infrinjan lo convenido en un contrato administrativo. D. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: A. La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio.. B. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. C. Las prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. D. La realización de una obra que incluya las prestaciones de restauración, mantenimiento y conservación de los elementos construidos.

Están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público las siguientes categorías: A. Los contratos mixtos. B. Los contratos atípicos. C. Los contratos sujetos a regulación armonizada. D. Las concesiones sobre bienes demaniales.

Sobre las autorizaciones, señale la incorrecta: A. Su régimen jurídico se encuentra establecido en las respectivas normas sectoriales que las regulan. B. Se otorgan siempre previo procedimiento administrativo iniciado mediante solicitud. C. Tienen carácter constitutivo. D. Pueden ser regladas.

Una característica típica de los servicios públicos en nuestro ordenamiento actual es: A. Su titularidad pública en régimen de exclusividad. B. Su compatibilidad con la prestación simultánea de ciertos servicios públicos por el sector privado y por el sector público. C. La relación de sujeción general a la que queda sujeto cualquier usuario del servicio público. D. La necesidad de prestar los servicios públicos siempre bajo una modalidad de gestión indirecta.

La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: A. Mediante un contrato de concesión de servicio público. B. Mediante un concierto. C. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. D. Mediante un ente instrumental o empresa pública.

¿Cual es un límite básico de cualquier subvención?. A. El principio de concurrencia. B. La justificación de la realización de la actividad subvencionada. C. La competencia del órgano que otorga la subvención. D. Su importe nunca debe superar el coste de la actividad subvencionada.

En derecho sancionador, las infracciones leves: A. Caducan a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. B. Prescriben al año, salvo que una ley establezca otro plazo. C. Prescriben a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. D. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

Señala el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador: A. La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. B. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. C. La Administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. D. El órgano instructor es distinto del competente para resolver.

En la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública o interés social debe efectuarse: A. Por ley. B. Por decisión del Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Alcalde según la administración territorial que decida la expropiación. C. Es suficiente por una disposición general de rango reglamentario. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: A. Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. B. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. C. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante. D. Que se rige por la legislación vigente al momento de su nacimiento en lugar del régimen correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa.

El procedimiento abreviado (o de tramitación simplificada. de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puede seguirse: A. Cuando el interesado justifique la urgencia. B. Cuando la Administración entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. C. Cuando lo pida de forma razonada el interesado. D. La A. y la C. son correctas.

El uso privativo de un bien demanial requiere: A. De una autorización administrativa. B. De una concesión administrativa. C. De una concesión por regla general, salvo para ocupaciones de menos de cuatro años para lo que bastará una autorización. D. De un contrato público adjudicado tras una licitación por el procedimiento restringido.

La declaración de lesividad: A. Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. B. Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables. C. Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El órgano judicial competente para conocer de un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es: A. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. B. Los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo. C. La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la sede de la CNMC. D. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.