Según el art. 11 de la Constitución, si un español se naturaliza como ciudadano de un país en el que España tenga suscrito tratado de doble nacionalidad: Pierde en todo caso su nacionalidad de origen. Sólo pierde su nacionalidad española de origen si en el país afectado no se reconoce a sus ciudadanos un derecho recíproco. No pierde la nacionalidad de origen en ningún caso. Pierde la nacionalidad de origen en los casos previstos en la Constitución y en las leyes.
Según el art. 55 de la Constitución, si se declarase el estado de excepción, ¿Cuál de los derechos constitucionales que se citan a continuación no podrá ser suspendido? El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho de asociación. El derecho a un procedimiento de “habeas corpus”. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión.
Según el art. 53 de la Constitución, los derechos y libertades reconocidas en el Capítulo II del Título I de la Constitución vinculan: a) A todos los ciudadanos. b) A todos los poderes públicos. c) A los tribunales. d) Son correcta a) y b).
En la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía para las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del art. 151 de la Constitución, ¿Qué requisitos se exigen si no hay acuerdo entre la Comisión Constitucional del Congreso y la delegación de la Asamblea? a) Deberá ser ratificado mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. b) Voto de ratificación de las Cortes Generales. c) Será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales y será sometido a referéndum que deberá ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia. d) Son correctas a) y b).
El artículo 152 de La Constitución española se refiere a la organización
institucional básica de cada Comunidad Autónoma, la cual se basará en: Una Consejería legislativa, una Delegación de Gobierno, un Presidente y un Tribunal Superior de Justicia. Una Asamblea legislativa, un Presidente, un Delegado de Gobierno y un Comité Superior del Poder Judicial. Una Asamblea legislativa, un Consejo de Gobierno, un Presidente y un Tribunal Superior de Justicia. Un Consejo legislativo, una Delegación de Gobierno, un Presidente y un Tribunal Superior de Justicia.
La creación o supresión de municipios: Se regulará por Ley Orgánica y requerirá audiencia de la Diputación provincial afectada, dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Se regulará por Ley Orgánica y requerirá audiencia de los municipios afectados, dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Se regulará por la legislación autonómica sobre régimen local y
requerirá audiencia de la Diputación provincial afectada y el informe favorable de la Administración General del Estado. Se regulará por la legislación autonómica sobre régimen local y
requerirá audiencia de los municipios interesados, dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
Indique la respuesta correcta en relación al artículo 140 de la C.E: La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica efectiva. La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica individual. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica completa.
Señala la respuesta INCORRECTA en relación a la provincia, según lo dispuesto en el Artículo 141 CE: El gobierno y la administración autónoma de las provincias estará
encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter
representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildo o Consejos.
La Administración local viene recogida en la Constitución Española en: Título VII Capitulo II, del artículo 137 al 139. Título VII Capitulo II, del artículo 140 al 142. Título VIII Capitulo II, del artículo 137 al 139. Título VIII Capitulo II, del artículo 140 al 142.
La Constitución Española de 1978 se compone de: Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Un preámbulo, 167 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y una final. Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez
títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y una final.
La C.E regula el Poder Judicial en: El título VI (artículos 117 a 127) El título VI (artículos 116 a 127) El título V (artículos 117 a 125) El título VII (artículos 117 a 127).
En aplicación de la disposición transitoria undécima de la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, una Mancomunidad de Municipios que a 28 de febrero de 2014 no haya adaptado sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Está incursa en causa de suspensión. Está incursa en causa de disolución. Está en plazo para adaptarlos. Está incursa en causa de extinción.
Según el artículo 27.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales, la Administración del Estado y las de las Comunidades autónomas podrán delegar en los municipios las siguientes competencias: Protección del medio natural. Prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de
oportunidades y la prevención de la violencia sobre la mujer. Realización de actividades complementarias en los centros docentes. Todas las respuestas anteriores son correctas.
No tienen la condición de Entidades Locales, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. Las Áreas Metropolitanas. Las Mancomunidades de Municipios.
El defecto de forma en un acto administrativo determina: La anulabilidad del acto, en todo caso. La nulidad de pleno derecho. La rectificación. La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
El acto administrativo: Será siempre de carácter jurídico o económico. Será determinado o adecuado a sus fines. No puede tener carácter retroactivo. Procede siempre de la Administración Pública, aún cuando actúe como persona jurídica de derecho privado.
Sobre un asunto que no figure en el orden del día de la sesión que celebre, la Junta de Gobierno Local podrá adoptar acuerdo: En ningún caso. Si el asunto se declara urgente con el voto favorable de la mayoría de miembros de la misma. Si el asunto se declara urgente con el voto favorable de los 3/5 del número de miembros de la misma. Si el Alcalde-Presidente así lo decide.
Serán motivados los actos administrativos: a) Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados. b) Los que no se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. c) Los que acuerden el desistimiento por la Administración en
procedimientos iniciados a solicitud de parte. d) La respuesta a y b son correctas.
De las siguientes respuestas, indica la correcta, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Todas son correctas.
Indica la respuesta incorrecta. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias así como los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la
posibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos. Indica la respuesta incorrecta: La identidad de los miembros o personas que los suplan. El contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se
producen. La interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real o diferido. La disponibilidad de los medios durante la sesión.
Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como: Nombramientos. Concesiones. Licencias. Todas son correctas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas requerirán a los interesados en el procedimiento administrativo el uso obligatorio de firma: Siempre y con carácter general para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo. Sólo para interponer recursos y desistir de acciones. Únicamente para formular solicitudes cuando actúen como representantes de persona jurídica y para presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Solo para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de procedimientos de carácter sancionador: El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con
archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, siempre y cuando los hechos no resulten acreditados, excepto en el caso de prescripción de la infracción. Una vez concluida la fase de ordenación del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o
responsabilidad, la propuesta declarará únicamente esa circunstancia en cualquier caso.
El RD 203/2021, de 30 de marzo, establece en relación al registro electrónico: De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Los registros electrónicos admitirán únicamente documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos siempre que sean
dirigidos a cualquier Administración Pública. No podrá realizarse el correspondiente asiento cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico. Los documentos en soporte electrónico se presentarán a través de las oficinas de asistencia en materia de registros.
Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre en su art. 116, como una causa de inadmisión de un recurso: No incluir en el mismo el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del
recurrente. La presentación del recurso por parte del recurrente en una Administración distinta de la obligada a resolver.
Respecto del recurso extraordinario de revisión regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Se interpondrá en el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de
notificación de la resolución impugnada, en el supuesto de que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Se ha de interponer contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano superior jerárquico que los dictó, que también será el competente para su resolución. Se podrá interponer en el plazo de dos meses cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el art. 125.1 de dicha Ley.
Establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, respecto de la interposición del recurso contencioso administrativo que: La falta de impugnación directa de una disposición general o la
desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Una vez planteada la cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. Es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración, excepto contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear en todos los casos la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición.
Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de: Recurso de apelación en todos los casos. Recurso de súplica. Recurso de reposición. Recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del art. 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, será objeto de publicación en el perfil del contratante, entre otros, la información relativa a: Los contratos menores, que será al menos semestralmente. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe no fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. Contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
En el procedimiento de adjudicación de los contratos del sector público: En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. Podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. El deber de confidencialidad del órgano de contratación podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
Respecto a la ejecución de los contratos del sector público: La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. En caso de incumplimiento del contratista, no se podrá acordar la
inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las establecidas en la ley. En caso de incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales, la Administración podrá imponer penalidades sólo cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación habrá de proceder a la resolución del mismo.
Según el artículo 38 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos: Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil. Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes. En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Todas las respuestas son correctas.
Los miembros de las Corporaciones Locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos: Cuando sean funcionarios de carrera con habilitación de carácter
nacional. Cuando no sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas y desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retributivo y de dedicación exclusiva. Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas y desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo no retributivo y sin dedicación exclusiva.
En el Sector público son causas de resolución del Contrato: La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. El cumplimiento de la obligación principal del contrato. La incapacidad temporal del contratista individual. Todas las respuestas son correctas.
Las Entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán: a) El presupuesto de la propia Entidad y el de sus Organismos Autónomos dependientes de esta. b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. c) Únicamente estará integrado por el presupuesto de la propia entidad. d) Las respuestas a) y b) son correctas.
No es un requisito previo a la expropiación forzosa: La declaración de utilidad pública del bien objeto de expropiación. La declaración de interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. La necesidad patrimonial del objeto expropiado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva estará sujeta a la siguiente limitación: En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de seis. En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de siete. En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de nueve. En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de cinco.
Entre los recursos que constituyen la hacienda de las entidades locales no tienen el carácter de tributario: Las tasas. Los precios públicos. Los impuestos. Las contribuciones especiales.
Las ordenanzas fiscales contendrán, al menos: La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables,
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. Los regímenes de autodeclaración y de ingreso. Las fechas de disposición y del comienzo de su aplicación. Todas las respuestas son correctas.
Tendrá la consideración de parcelación urbanística según la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división
simultanea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta Ley y en la legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. En terrenos que no tengan el régimen de suelo urbanizable, la división múltiple de terrenos, fincas, parcelas y otros. En terrenos que tengan el régimen del suelo municipal, la división
simultanea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en tres o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta Ley y en la legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano, la
reclasificación múltiple en terrenos, fincas, predios y solares.
Según el artículo 144 de la ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía: El deber de conservación y rehabilitación integra igualmente el deber de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público y demás que exijan las leyes. Para el caso de construcciones y edificaciones, este deber alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, estando condicionado, asimismo, por el alcance de las obras autorizables en virtud del concreto régimen jurídico en que se encuentren. Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, (art 3.6), se entiende por acoso sexual: El referido a comportamientos que tengan como causa o estén
vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. El comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. El referido a comportamientos que tengan como causa o estén
vinculados con su género y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. El comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por la mujer contra el hombre, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral.
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Art. 7), el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: Cuando sea mayor de catorce años sin necesidad de asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela en ningún caso. Cuando sea mayor de dieciséis años. Cuando sea mayor de catorce años salvo excepciones. Requiere siempre la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.
El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios (Artículo 11 Ley 19/2013): Accesibilidad, Interoperabilidad y Reutilización. Accesibilidad, Transparencia, Interoperabilidad y Reutilización. Accesibilidad, Exactitud e Interoperabilidad. Accesibilidad, Transparencia, Interoperabilidad.
Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, también tienen derecho: A disponer de medios electrónicos para relacionarse con la
administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A las subvenciones públicas para la adquisición de medios
electrónicos. A ser atendidos prioritariamente.
¿En qué situación pueden las AAPP establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos?: Nunca Únicamente cuando los interesados sean personas jurídicas. Cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de
personas físicas que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En todo caso.
La indemnización procedente por responsabilidad patrimonial de la administración podrá sustituirse por una compensación en especie: Siempre que exista acuerdo con el interesado. No es posible la compensación en especie. Podrá declararse de oficio por la administración siempre que convenga al interés público. Ninguna de las anteriores es correcta.
En los casos de responsabilidad patrimonial por aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, serán indemnizables los daños producidos: En el plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley, salvo que la sentencia disponga otra cosa. En el plazo de los cuatro años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley. En el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley, salvo que la sentencia disponga otra cosa. En el plazo de un año desde a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley.
El acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo: Un plazo de diez días. Un plazo de quince días. Un plazo de treinta días. Un plazo de un mes.
En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el derecho a reclamar patrimonialmente a la Administración prescribirá, artículo 67 Ley 39/2015: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas. A los cuatro años desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiere: Acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la misma. Acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría simple del
número legal de miembros de la misma. Acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría simple del
número legal de miembros de la misma previa información pública durante un mes. Ninguna de las anteriores es correcta.
La vigencia de las Ordenanzas o Reglamentos acordada por las Corporaciones Locales se iniciará: A los veinte días naturales de haberse anunciado en el «Boletín
Oficial» de la provincia la aprobación definitiva. A contar desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia la aprobación definitiva. A los veinte días de haberse anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia la aprobación definitiva. A contar desde la publicación en el «Boletín Oficial» del Estado, si
así se decretare expresamente.
Si durante el procedimiento de concesión de licencias se detectasen deficiencias subsanables, el peticionario dispondrá, para que pueda subsanarlas, de un plazo: De diez días. De quince días. De veinte días. De un mes.
La gestión directa de los servicios públicos de competencia local puede realizarse en la forma de: Organismo autónomo local. Entidad pública empresarial local. Sociedad mercantil local. Todas las anteriores son correctas.
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