María

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá, en segunda instancia: Recursos contra actos de los órganos centrales del Ministerio de Defensa en materia de ascensos. Apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Apelaciones contra autos y sentencias de las Salas de lo Contenciosos-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Apelaciones contra autos y sentencias del Tribunal Económico-Administrativo Central.

¿Cuándo se entenderá emplazada la Administración en el proceso contencioso-administrativo?: Cuando remita acuse de recibo del órgano jurisdiccional que lo emitió. Por la reclamación del expediente. Con la admisión del recurso contencioso-administrativo por parte del órgano jurisdiccional. Por el envío del expediente.

El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna. El mismo órgano que dictó el acto que se impugna. El Ministro competente. La Presidencia del Gobierno.

¿Qué cuestiones podrá decidir el órgano que resuelva el recurso administrativo?: Todas las cuestiones que plantee el procedimiento, alegadas o no por los interesados. Solo las cuestiones alegadas por los interesados en el recurso. Las cuestiones alegadas y, en determinados casos concretados en la Ley, las cuestiones no alegadas. Todas, salvo las expresadas excluidas por los interesados.

Indique cuál de las siguientes materias no es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa: Las actuaciones de la Administración electoral. Los actos del Consejo General del Poder Judicial en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las actuaciones de la Administración electoral y los actos del Consejo General del Poder Judicial en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ninguna es correcta.

En los procedimientos contencioso-administrativos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo: El plazo par proponer la prueba se amplía de 30 días, y a 60 días el plazo para practicarla. El plazo para proponer la prueba puede ampliarse indefinidamente a petición fundada del demandante. Corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Se prevé un procedimiento especial en el que se reducen los plazos máximos para resolver.

Señale qué órgano judicial no se corresponde con la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Regionales de lo Contencioso-Administrativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Puede las Administraciones Públicas revisar de oficio actos nulos?: Si, previo dictamen favorable del Consejo de Estado. No, en ningún caso. Sí, siempre que se haya puesto fin a la vía administrativa o no se haya interpuesto recurso. Si, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y siempre que se haya puesto fin a la vía administrativa o no se haya interpuesto recurso.

¿Cuál de las siguientes materias no es competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo?: Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros. Las sanciones administrativas que consistan en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. Cuestiones de personal que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda 30.050 euros.

¿Qué órgano conocerá en única instancia del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un acto emanado del Defensor del Pueblo?: La Audiencia Nacional. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Supremo. Los actos emanados del Defensor del Pueblo son irrecurribles.

A diferencia de lo que ocurre en los recursos de alzada o potestativo de reposición, en el recurso extraordinario de revisión es requisito previo a su resolución: Dar trámite de audiencia al interesado. Recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Celebrar tramite de información pública. Qué finalice, en todo caso, la suspensión acordada.

Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo: Deberá acordar la resolución de los mismos antes de que recaiga pronunciamiento judicial. Deberá abstenerse de su conocimiento. Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Deberá, en todo caso, esperar para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

Señale la respuesta correcta en relación con el recurso de reposición regulado en la Ley 39/2015: El plazo de interposición del recurso de reposición es de un mes en el caso de actos presuntos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de dos meses. Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso de alzada. Contra la resolución del recurso de reposición solo podrá interponerse contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

En relación con el plazo para la interposición del recurso de reposición, señale la afirmación correcta: Un mes contado desde el día de la notificación del acto recurrible, si fuera expreso. Un mes contado a partir del día siguiente de la notificación del acto recurrible, si fuera expreso, y en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se entiende producido el acto presunto. Dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto recurrible, si fuera expreso. Tres meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto recurrible, si fuera expreso.

Ante la falta de resolución expresa de un recurso de alzada se podrá: Interponer un recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo. Solicitar una certificación de acto presunto, que deberá expedirse en el plazo improrrogable de un mes. Interponer el recurso de queja. Interponer el recurso contencioso-administrativo.

Contra la resolución de un recurso de alzada: Cabe interponer recurso contencioso-administrativo. No cabrá interponer ningún otro recurso administrativo. Cabe la interposición del recurso potestativo de reposición. Cabe platear la reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles.

¿La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado?: No, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. Sí, si se tratase del recurso potestativo de reposición. No, si el recurso interpuesto fuese el extraordinario de revisión. Sí, si el recurso interpuesto fuese el de alzada.

¿Qué recurso se puede interponer contra una disposición de carácter general?: Recurso en vía contencioso-administrativa. Recurso potestativo de reposición. Recurso potestativo de reposición si la disposición ha sido aprobada por un Ministro. Recurso de alzada ante el Consejo de Ministros si la disposición ha sido dictada por un Ministro.

Cuando se hayan interpuesto un recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, y haya transcurrido el plazo establecido para dictar resolución expresa sin haberse dictado la misma, se entenderá: Qué se ha estimado el recurso. Que se ha desestimado el recurso. Que se ha convalidado la solicitud. Que la solicitud no ha sido admitida.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los vicios y defectos que hagan anulable un acto: Podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. No podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. Podrán ser alegados, únicamente por la Administración. Podrán ser alegados, únicamente, por los interesados.

Interpuesto un recurso administrativo erróneamente calificado por el recurrente: Se declarará su inadmisión por el órgano que deba resolver. No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. Se devolverá al interesado para su subsanación en el plazo de diez días. Se resolverá con arreglo a la calificación efectuada por el recurrente.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse: Directamente ante el órgano que dictó el acto administrativo. Directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo. Directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿contra qué actos de trámite podrán los interesados interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición?: Contra los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra los que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca lo contrario. La interposición del recurso de alzada. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Si el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión hubiese desestimado, respecto al fondo, otros recursos sustancialmente iguales: Podrá acordar la inadmisión a trámite, sin necesidad de otro tipo de actuación. Podrá acordar la inadmisión a trámite, siempre que en los otros recursos se haya contratado la solicitud. Podrá acordar la inadmisión a trámite, en los casos que marca la ley, pero siempre de forma motivada. No podrá declarar la inadmisión del recurso en ningún caso.

El recurso de alzada podrá interponerse frente a: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. Los actos administrativos firmes que no pongan fin a la vía administrativa. Los actos administrativos que sean definitivos. Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa.

El artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Qué la ejecución pudiera causar perjuicios de posible reparación. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad o anulabilidad previstas en los artículos 47 y 48 de esta Ley. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.2 de esta Ley.

Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en cuál de los siguientes supuestos se deberá oír previamente a los interesados?: Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decidir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe tramitar el recurso entre a decidir las cuestiones, únicamente de fondo, no alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decidir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido o no alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, no alegadas por los interesados.

Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿puede prolongarse la suspensión de la ejecución de un acto impugnado después de agotada la vía administrativa?: No, en ningún caso. Sí, cuando exista medida cautelar. Sí, cuando hubiendolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Sí, solo en los supuestos enumerados en el artículo 117.

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será de: Tres meses desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró que hubo prevaricación en el dictado de la resolución que se impugna. Cuatro años desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró falsos los documentos o testimonios que sirviesen para dictar la resolución que se impugna. Tres meses desde que se dictó la sentencia judicial que determina que la resolución impugnada se dictó como consecuencia de cohecho. Tres meses desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró que hubo prevaricación en el dictado de la resolución que se impugna y cuatro años desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró falsos los documentos o testimonios que sirviesen para dictar la resolución que se impugna.

Si hubieran transcurridos los plazos legalmente establecidos para interponer recurso de alzada frente a un acto administrativo y éste no se hubiera interpuesto: Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo frente al acto. Se podrá interponer recurso potestativo de reposición frente al acto. Se podrá interponer recurso extraordinario de revisión frente al acto. La resolución será firme a todos los efectos.

¿Qué recurso administrativo cabrá interponer contra la resolución de un recurso de alzada?: El recurso potestativo de reposición. El recurso contencioso-administrativo. El recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1. El recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, según el caso.

¿Qué ocurrirá cuando se agote la vía administrativa y la ejecución del acto estuviese suspendida?: Que se procederá a levantar la suspensión con carácter inmediato. Que si se interpone el recurso contencioso-administrativo y se solicita la suspensión del acto, se mantendrá la suspensión del acto hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Que si se interpone el recurso contencioso-administrativo habrá que esperar a que se produzca la sentencia. odas las contestaciones son incorrectas.

Podrá el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión acordar la inadmisión del escrito de interposición?: No, en ningún caso. Solo cuando el escrito de interposición esté basado en las causas primera y segunda del artículo 125.1 de la Ley 39/2015. Sí, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Sí, motivadamente y sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de: Los actos que se produzcan en aplicación de una disposición de carácter general. Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Los actos anteriores que sean reproducción de otros anteriores. Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son competentes para resolver sobre los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando tengan por objeto: Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 60.000 euros. Ceses de actividades o privación del ejercicio de derechos que no excedan de un año. Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicios de funcionarios públicos de carrera o procedan de su respectivo Consejo de Gobierno. Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 90.000 euros.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 29/1998, en relación con el desistimiento: Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique la parte demandada. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Si fueran varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad. Implica la condena en costas del recurrente que desiste.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá del: Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado. Recurso contra actos y disposiciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Recurso contra actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recurso contra resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado cuya cuantía sea igual a 60.000 euros: Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Según el art. 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en: En cualquier registro electrónico de los sujetos a los que se refiere la Ley 39/2015 (AGE, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local y sector público institucional). En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, las personas físicas: Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Deberán elegir al inicio del procedimiento si se comunican con las Administrativas Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Podrán elegir al inicio del procedimiento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Deberán elegir en cualquier momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

En base al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su apartado de derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, ¿Se puede obligar a las administraciones a relacionarse electrónicamente entre ellas?: No, por el principio de multicanalidad, tanto las administraciones, empresas como los ciudadanos pueden escoger siempre la vía para relacionarse y la vía escogida inicialmente no les vincula a lo largo de los procedimientos. Sí, es obligatorio. Sólo si hay una norma con rango de ley que así lo establezca. No, todas las comunicaciones han de ser electrónicas entre administración-ciudadano, administración-empresa, pero no entre administraciones.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015, en el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale a quiénes se considera interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4 de la Ley 39/2015: A los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. A aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento. Únicamente a quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos. A todos aquellos que tengan capacidad de obrar.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cómo se acreditará la representación en los supuestos en que deba serlo?: Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. La representación siempre se presumirá, no es necesario acreditarla. Mediante apoderamiento apug acta efectuado por comparecencia personal del interesado. Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna y mediante apoderamiento apug acta efectuado por comparecencia personal del interesado.

¿Qué lengua podrán utilizar los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma?: Únicamente el castellano al tratarse de la Administración General del Estado. En todo caso, la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General de Estado. El castellano o la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General del Estado. La lengua española que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En relación al artículo 53 de la Ley 3972015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta: Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan o no la condición de interesados. Los interesados en un procedimiento tienen derecho a presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ahí se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Todas las alternativas anteriores son correctas.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen entre otros los siguientes derechos: El de acceso sin limitación a los archivos y registros de las Administraciones Públicas. El de utilización de todas las lenguas cooficiales en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma, aparte de la suya propia. El de no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentre en poder de la Administración actuante. El de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución.

¿Los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?: Sí, siempre. No, nunca. Solo para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación está permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de representante legal. Solo para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación está prohibida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de representante legal.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Serán motivados aquellos actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Los actos desfavorables no pueden ser revocados salvo que sean nulos. La compulsión sobre el patrimonio es uno de los medios de ejecución previstos en esta Ley. Los actos administrativos solo pueden manifestarse por escrito.

¿Qué requisitos deben concurrir para que la Administración Pública ejecute forzosamente sus actos a través de la compulsión sobre las personas?: Que la ley lo autorice expresamente. Que en virtud de un acto administrativo se hubiere impuesto la obligación de satisfacer cantidad líquida. Que se trate de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. Que la ley lo autorice expresamente y que se trate de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.

Señale la afirmación correcta en relación con los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder: Son nulos. Son insubsanables. Los actos administrativos no pueden incurrir en infracción del Ordenamiento Jurídico dado que se presumen válidos. Son anulables.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta incorrecta en relación a la producción de los actos administrativos: Los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Si la competencia se ejerce de forma verbal, el funcionario que la reciba oralmente efectuará y formará la constancia escrita del acto. Los actos administrativos de una misma naturaleza podrán refundirse en un único acto. Todas la anteriores son correctas.

De conformidad con la legislación positiva aplicable, señale la alternativa correcta en relación a la notificación de los actos administrativos: Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitieran alguno de los demás requisitos, surtirán efectos solo y exclusivamente a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución. Si el órgano competente apreciara que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto, lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo de 20 días desde la publicación del acto para el conocimiento del contenido íntegro. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Cuando los interesados sean desconocidos, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio o en el Boletín Oficial correspondiente.

Cuando una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúna los requisitos exigidos por la ley y requerido el interesado no lo subsane en plazo, la Administración entenderá que: Desiste de su petición. Prescribe su derecho. Renuncia a su derecho. Ha caducado su derecho.

Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, en la solicitud de iniciación a instancia de parte deberá figurar: Nombre y, al menos, el primer apellido del interesado. Lugar, hora y fecha. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige la solicitud. Todas son correctas.

El plazo de prueba en el procedimiento administrativo es: No superior a 30 días ni inferior a 10. No superior a 30 días ni inferior a 20. No superior a 30 días ni inferior a 15. No superior a 20 días ni inferior a 10.

Cuando el procedimiento es paralizado por causas imputables al interesado, la caducidad se producirá transcurridos: Diez días desde la advertencia por la Administración. Advertencia por la Administración. Treinta días desde la advertencia por la Administración. Tres meses desde la advertencia por la Administración.

En el procedimiento administrativo, las actuaciones de desarrollo del mismo, tales como alegaciones, pruebas o informes, se llevan a cabo en la fase de: Iniciación. Instrucción. Terminación. Ninguna es correcta.

El plazo máximo de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo es de: Quince días. Diez días. Cinco días. Veinte días.

La Administración, en un procedimiento administrativo actúa: Como parte a la que se dirige la solicitud. Como juez y parte. Sólo como juez. Como juez y parte, garantizando además el principio de imparcialidad.

¿Qué significa el principio de oficialidad?: Que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. Que el procedimiento recibe cobertura normativa a través de una ley ordinaria. Que el procedimiento recibe cobertura normativa a través de una ley ordinaria. Todas son correctas.

El procedimiento de urgencia se podrá acordar: Por razones de interés público o interés particular. De oficio, exclusivamente. De oficio o a petición del interesado. Todas son correctas.

En el procedimiento administrativo, las Administraciones Públicas deberán facilitar modelos y sistemas normalizados de solicitudes: En todo caso. En procedimientos declarados urgentes. En los procedimientos de resolución más sencilla. En procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.

Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación: Siempre que se les requiera. Sólo en los casos previstos por la Ley. Sólo por resolución judicial. Sólo en los casos previstos por Reglamento.

Contra las resoluciones que acuerden el carácter urgente del procedimiento, ¿qué tipo de recurso cabe?: Alzada. Contencioso-administrativo. Revisión. No puede interponerse recurso alguno.

El plazo para formular alegaciones, en el supuesto de que acuerde un periodo de información pública, deberá constar en el anuncio que se publique y en ningún caso podrá ser inferior a: 10 días. 15 días. 20 días. 30 días.

Respecto a la declaración responsable y de comunicación, la Ley 39/2015 establece que: Sustituirán una u otra a la solicitud de iniciación del procedimiento, según la naturaleza y finalidad de éste. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de unas y de otras. Podrán presentarse solamente durante el trámite de audiencia del procedimiento. Se utilizarán exclusivamente en el procedimiento ordinario de responsabilidad patrimonial para eximir a la Administración de aquélla, asumiendo, en consecuencia, los particulares, la responsabilidad por los perjuicios y daños causados.

Las medidas provisionales, de acuerdo con el art. 56 de la Ley 39/2015: Podrá adoptarse con carácter previo a la iniciación del procedimiento. Se adoptarán por el órgano competente, en la fase de iniciación del procedimiento. Se adoptarán en la fase de ordenación del procedimiento. Únicamente podrán adoptarse de oficio.

¿Con qué antelación la Administración Pública comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas?: Con 10 días de antelación. Con 15 días de antelación. Con 5 días de antelación. Con antelación suficiente.

En el ejercicio del derecho de petición, la falta de resolución expresa por parte de la Administración tendrá sentido: Positivo. Negativo. Dependerá del tipo de petición. Ninguna es correcta.

¿Cuáles de los siguientes plazos no se podrán reducir nunca en el supuesto de declaración de procedimiento de urgencia?: Plazo para la práctica de la prueba. Plazo para la audiencia del interesado. Plazo para presentación de instancias y recursos. Plazo para la emisión de dictámenes.

¿Qué medios de prueba caben en el procedimiento administrativo?: Todos los admisibles en Derecho. Los que el instructor predetermine. Los que admitan de común acuerdo el instructor y los interesados. Todos los admisibles en Derecho e incluso los no admisibles, siempre que el instructor lo motive.

¿En cuál de los siguientes supuestos las Administraciones Públicas podrán limitar los efectos del desistimiento y de la renuncia?: Cuando la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañe interés general. Cuando no fuera conveniente sustanciarla para su definición o esclarecimiento. Cuando habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 15 días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia. En los mismos que se prevén para la terminación convencional del procedimiento.

El plazo para subsanación o mejora de la solicitud podrá ser ampliado en: 5 días naturales. Hasta 5 días hábiles. 10 días hábiles. Hasta 10 días hábiles.

Una de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con el silencio administrativo: La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer ante la Administración, pero no ante cualquier persona, física o jurídica privada. Su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitida en Derecho. En el caso de recurso de alzada, si se ha interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por transcurso del tiempo, haya que entender estimado aquél si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no ha dictado resolución expresa sobre el mismo.

En el procedimiento administrativo, el trámite por que se anuncia la existencia del procedimiento en diarios oficiales para que llegue a conocimiento de posibles interesados, se denomina: Comunicación en estrados. Información pública. Anuncio oficial. Comunicación pública.

Contra el acuerdo de acumulación de expedientes: Cabe recurso de alzada. Cabe recurso contencioso-administrativo. Cabe recurso de revisión. No cabe recurso alguno.

¿Cuál es el plazo del silencio administrativo en la solicitud de suspensión de los actos administrativos recurridos?: Un mes. El que señale la norma reguladora del procedimiento que, en cada caso, sea aplicable. Tres meses. Ninguna es correcta.

Los interesados en un procedimiento administrativo podrán aducir alegaciones y aportar documentos: En cualquier momento del procedimiento. Con anterioridad al trámite de audiencia. Con anterioridad a la propuesta de resolución. Siempre, incluso despúes del procedimiento, si los documentos eran ignorados al tiempo de dictar resolución.

¿En qué plazo máximo deberá resolver la Administración un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?: Siempre en el plazo máximo de 3 meses. Siempre en el plazo de 30 días. En el plazo máximo de 3 meses, si la norma de procedimiento no establece otro plazo de resolución. La Ley 39/2015 no fija ningún tipo de plazo.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración: Confirmando los efectos desestimatorios del silencio administrativo. Estimando la petición de los interesados. Concediendo un nuevo plazo a los interesados para formular alegaciones. Sin vinculación alguna al sentido del silencio administrativo.

En la resolución del procedimiento administrativo, la aceptación de informes y dictámenes servirá de motivación: Cuando el interesado deba conocerlos, por ser parte del procedimiento. Cuando se hayan presentado oportunamente en fase de prueba. En conjunto con los demás medios de prueba admitidos en Derecho. Cuando se incorporen al texto de la resolución.

El procedimiento administrativo se inicia de oficio, cuando: Lo acuerda el órgano competente, ya sea por orden superior, moción razonada de los interesados y necesidad perentoria. Lo acuerda el órgano competente por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Uno de los sujetos de la relación jurídica reclama a la Administración. Ninguna es correcta, el procedimiento nunca se inicia de oficio.

¿Se podrá prescindir del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo?: No, en ningún caso. Sí. Sí, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. No, cuando la naturaleza del trámite suponga una paralización en el procedimiento.

En el procedimiento administrativo, el plazo para la evacuación de informes puede interrumpir el plazo de tramitación: Sólo en el caso de informes vinculantes. En ningún caso. Si deben ser emitidos por una Administración Pública distinta de la que lo tramita. En los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución.

La resolución de un procedimiento administrativo, decidirá sobre: Las cuestiones planteadas por los interesados. Las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que, por su similitud con la planteada, puedan un día ser objeto de otros procedimientos administrativos. Las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente. Las cuestiones derivadas del expediente, según sea resuelto en procedimientos administrativos anteriores y aquellas otras de interés general que puedan deducirse de futuros procedimientos.

Un informe que se debe solicitar, pero que no es preciso seguir por el órgano decisor, se denomina: Facultativo pero vinculante. Preceptivo y vinculante. Preceptivo y no vinculante. Facultativo y no vinculante.

El desistimiento y la renuncia: Son dos modos de terminación del procedimiento administrativo con idénticos efectos. Son dos modos de terminación del procedimiento administrativo, pero mientras que en el desestimiento solo se abandona el derechos, en la renuncia se abandona la pretensión. La renuncia es una forma de terminación del procedimiento, no así el desistimiento ya que el interesado puede volver a ejercer su derecho en otro procedimiento posterior. Son modos de terminación del procedimiento administrativo con distintos efectos; el desistimiento supone el abandono de la pretensión, pero no del derecho.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimiento administrativos: En cualquier momento. En cualquier momento, siempre que tengan la condición de interesados en el procedimiento administrativo de que se trate. En cualquier momento antes del trámite de audiencia. En cualquier momento de la fase de instrucción de aquellos procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

En la fase de instrucción, a los interesados que no cumplimenten los trámites en plazo, se les podrá: Dar por desistidos de su petición. Declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. En todo caso, declarar el procedimiento caducado. Declarar en rebeldía.

El plazo para emitir un informe será normalmente: Diez días, salvo que una disposición exija otro mayor o menor. Quince días, desde que se recibió la petición de informe. Dos meses improrrogables. No superior a los treinta días ni inferior a diez.

Un acto dictado por un órgano incompetente: Puede ser convalidado. Solo puede convalidarse si es de trámite. No puede ser convalidado. Produce la invalidez de los actos subsistentes en el procedimiento.

Si el vicio de un acto consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse: Por el órgano competente, aunque no fuera superior jerárquico a que dictó el acto. Mediante el otorgamiento de la correspondiente autorización por el órgano competente. Por el órgano, cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto convalidado. No podrá convalidarse.

La desviación de poder en el acto administrativo: Acarrea su nulidad de pleno derecho. Determina su anulabilidad. Constituye una irregularidad no invalidante. Es una mera construcción doctrinal.

De los siguientes actos administrativos, ¿cuáles ponen fin a la vía administrativa?: Las resoluciones de los recursos administrativos. Los acuerdos, convenios o pactos que tienen la consideración de iniciadores del procedimiento. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en relación con las competencias que tenga atribuidas en materia de personal. Todas son correctas.

¿Qué órgano puede realizar una avocación?: El superior puede avocar asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos dependientes, salvo que tengan atribuido dicho asunto por delegación. El superior puede avocar asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes. El inferior puede avocar asuntos cuya resolución corresponda por delegación a sus órganos dependientes. El inferior puede avocar asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos superioes.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiere declarado la lesividad, se producirá: La prescripción del derecho. La caducidad del procedimiento. La firmeza del acto. Ninguna es correcta.

Los actos de la Administración dictados por órganos manifiestamente incompetentes: Son nulos de pleno derecho, cuando la incompetencia sea material o territorial. Son anulados en determinadas condiciones. Son nulos cuando limiten derechos subjetivos, pero no en otro caso. Son nulos si así lo establecen disposciones legales especiales.

La notificación de un acto administrativo fuera del plazo reglamentario constituye: Una irregularidad no invalidante. Una ilegalidad insubsanable. Desviación de poder. Una prerrogativa de la Administración.

Toda notificación deberá ser cursada: En el plazo de 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Ninguna es correcta.

El acto por el cual la Administración se entiende pronunciada por el transcurso del tiempo, se llama: Acto que causa estado. Acto presunto. Acto definitivo. Acto discrecional.

Son actos anulables: Los de contenido imposible. Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmente establecidos para ellos. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Deberán motivarse, según el art. 35 de la Ley 39/2015: Los actos nulos de pleno derecho. Los actos dictados fuera del plazo legal. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales de la Administración. Los actos dictados con manifiesta incompetencia.

¿Qué actos administrativos pueden ser revocados?. Todos, siempre que tal revocación no se contraria al ordenamiento jurídico. Los que contengan errores materiales. Los que contengan errores materiales, aritméticos o de hecho. Los de gravamen, siempre que la revocación no sea contraria al interés público o al ordenamiento jurídico.

La eficacia de los actos administrativos quedará demorada: Siempre que los interesados lo soliciten. Cuando tengan por destinarios una pluralidad indeterminada de sujetos. Cuando en función del contenido del acto, éste sea susceptible de recurso. Cuando así lo exija el contenido o esté supeditado a su notificación, publicación y aprobación superior.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, no serán motivados los actos que: Limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Resuelven recursos. Consoliden el criterio seguido en actuaciones precedentes. Se separen del dictamen de órganos consultivos.

Si un acto es impugnado basándose en una causa del artículo 47.1 de la Ley 39/2015: Será declarado nulo automáticamente. Podrá suspenderse su ejecución. No podrá suspenderse su ejecución. Ninguna es correcta.

¿Cabe dotar de eficacia retroactiva a los actos administrativos?: No, en ningún caso. Sí. Sólo excepcionalmente. No, a menos que sean restrictivos de derechos individuales.

La declaración de lesividad de actos anulables, según la LPA: No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde la notificación del acto. Podrá adoptarse en cualquier momento. La administración no puede adoptar declaraciones de lesividad de actos anulables. No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto.

Señale una de las causas de nulidad de pleno Derecho de los actos administrativos recogida en el artículo 47 LPA: Los que sean constitutivos de infracción penal o administrativa o se dicten como consecuencia de ellas. Cualquier otro supuesto que se establezca expresamente en una disposición de rango reglamentario. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos pero no los presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades y derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Conforme a los dispuesto en la LPA, ¿cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos?: Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Responsabilidad patrimonial. Ejecución subsidiaria.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta en relación con la notificación: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquél. Esta notificación no será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración si se ha señalado otro medio al efecto por parte del interesado. Las notificaciones se practicarán necesariamente por medios electrónicos. En los procedimientos iniciados de oficio, a los efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se deberá intentar por otro medio.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, siempre que previamente lo haya así establecido el órgano convocante. Necesariamente en el BOC.

Señale en qué casos se deben motivar los actos administrativos: En los actos declarativos de derechos. En los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. En los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. En los actos que afecten a los intereses legítimos de terceros.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en qué supuestos se podrá otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos?: Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, en cualquier caso. Cuando aún produciendo efectos desfavorables, no lesionen derecho o intereses legítimos de otras personas. No cabe otorgar eficacia retroactiva a los actos.

Las Administraciones Públicas, en relación con sus actos de gravamen: Solo podrán modificarse por Acuerdo del Consejo de Ministros. Solo podrán modificarse previa declaración de lesividad. Solo podrán modificarse por resolución judicial. Podrán revocarlos en cualquier momento, siempre que tal revocación no sea contraria a la ley o al interés público.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, implicará: Siempre su nulidad. Siempre su anulabilidad. Su anulabilidad solo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Automáticamente su revisión de oficio.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los requisitos que se deben dar para utilizar como medio de ejecución forzosa la multa coercitiva: Que lo autorice una norma legal o reglamento y en la forma y cuantía que la misma determine. Que se trate de actos personalísimos en que no procede la compulsión directa sobre las persona del obligado. Actos que, procediendo la compulsión, la Administración no lo estime conveniente. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

A los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente que la notificación contenga, cuando menos: Si la resolución o acto notificado es o no definitivo en vía administrativa. Los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Los recursos administrativos que procedan. El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.