Examen Aux. Adm. CARM

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español: Patria común e indivisible de todos los españoles. Del que emanan los poderes del Estado. Conforme a los principios de la presente Constitución. Respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

2. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución española, en cuanto al derecho de reunión pacífica y sin armas, señale la respuesta correcta: Es un derecho que no necesita autorización previa. Es un derecho que solo necesita comunicación previa a la autoridad, en todo caso. Los miembros de la reunión pacífica deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de su publicidad. El derecho de reunión necesita autorización previa cuando se realiza en la vía pública.

3. De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución española, ¿quiénes tienen derecho a sindicarse libremente?: Los españoles. Los poderes públicos. Todos. Todos los españoles.

4. De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución española, ¿a quién corresponde promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada?: A los partidos políticos. A las Administraciones Públicas. Al Gobierno de la Nación. A los poderes públicos.

5. De acuerdo con la Constitución española, la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, será regulada por: Ley. Por Decreto-Legislativo. Por Ley Orgánica. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. De acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de: La Constitución y las leyes. El derecho internacional, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico. La Constitución, del presente Estatuto y del pueblo. Del pueblo español.

7. De acuerdo con el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los derechos y deberes fundamentales de los murcianos son los establecidos: En la Constitución española y el presente Estatuto de Autonomía. Los establecidos en todo el ordenamiento jurídico. En el presente Estatuto de Autonomía. En la Constitución para los españoles.

8. De acuerdo con el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los órganos institucionales de la Región de Murcia son: El Presidente, el Consejo de Gobierno y los Consejeros. El Consejo Jurídico, el Consejo de Gobierno y la Asamblea Regional. La Asamblea Regional, el presidente y el Consejo de Gobierno. La Asamblea Regional, el presidente y los consejeros.

9. De acuerdo con el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ¿a quién corresponde la elección del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia?: A la Asamblea Regional, de entre sus miembros. Al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. A los murcianos, mediante elecciones generales. A la Asamblea General.

10. De acuerdo con el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ¿en qué plazo deben promulgarse las leyes aprobadas por la Asamblea regional desde su aprobación?: Quince días. Diez días. Un mes. Cinco días.

11. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 6/2004, del Estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, la convocatoria de elecciones a la Asamblea regional, así como la disolución de la Asamblea es una función de: El presidente del gobierno regional. Al presidente de la Asamblea regional. Al Consejo de Gobierno. Cualquiera de los anteriores.

12. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 6/2004, del Estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, la potestad reglamentaria es competencia de: La Asamblea Regional. El presidente de la Asamblea regional. El Consejo de Gobierno. El presidente del Consejo del Consejo de Gobierno en los supuestos en que el ordenamiento jurídico le habilite para ello.

13. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 6/2004, del Estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, señale cuál de las siguientes funciones del presidente del gobierno pueden ser delegadas en alguno de los consejeros: Convocar al Consejo de Gobierno. Crear y suprimir consejerías. Representar a la Región en sus relaciones con las demás instituciones del Estado. Proponer la concesión de honores y distinciones de la C.A.

14. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 7/2004, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la CARM, ¿quién aprueba los estatutos de los consorcios en los que participe la Administración Pública de la CARM?: El Consejo de Gobierno. El presidente de la CARM. El consejero competente. El Consejo Jurídico de la CARM.

15. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 7/2004, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la CARM, los directores generales son: Órganos superiores de la Administración. Órganos políticos. Órganos directivos. Personal eventual.

16. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 7/2004, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la CARM, señale la respuesta incorrecta en cuanto a las funciones de los consejeros como titulares de su consejería: Corresponde a los consejeros aprobar los anteproyectos de ley. Corresponde a los consejeros declarar la lesividad de los actos anulables. Elevar al Consejo de Gobierno los proyectos de decreto. La propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento y cese de los altos cargos de su departamento.

17. La Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas entra en vigor: El 1 de octubre de 2016. El 2 de octubre de 2017. El 2 de octubre de 2016. El 1 de octubre de 2017.

18. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los que se señalan no constituyen sector público institucional: Las corporaciones de derecho público. Las entidades de derecho público dependientes de una administración pública. Las entidades de derecho privado vinculadas a una administración pública. Las universidades públicas.

19. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes medios no está previsto como sistema de firma electrónica: Firma electrónica reconocida o cualificada. Sello electrónico reconocido o cualificado. Sistema de clave concertada. Sello electrónico avanzado.

20. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señale en cuál de los siguientes casos la Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificar un procedimiento: En caso de prescripción. En caso de desaparición sobrevenida de la causa objeto del procedimiento. En caso de finalización convencional. Cuando el procedimiento se inicie de oficio.

21. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el contenido de los actos administrativos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será: Objetivo y se producirá por el órgano competente. Determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Objetivo y la forma por escrito. Adecuado a las pretensiones del interesado.

22. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes actos administrativos no será necesariamente motivado: Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que declaren la inadmisión de solicitudes. Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Las propuestas de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

23. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la notificación se realizará preferentemente: Por medios electrónicos. En el domicilio del interesado. En el lugar que indique expresamente el interesado. Por cualquier medio admitido en derecho.

24. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando un interesado rechace la notificación: Se volverá a intentar por una sola vez, dentro de los tres días siguientes y en un horario distinto. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará en el diario oficial correspondiente. Se dará por efectuado el trámite y se proseguirá el procedimiento.

25. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, serán nulos los actos administrativos: Manifiestamente incompetentes por razón de territorio. Los dictados como consecuencia de desviación de poder. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Todas las respuestas anteriores son correctas.

26. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, las actuaciones previas se realizarán: Con anterioridad al inicio del procedimiento. En la iniciación del procedimiento. En la instrucción del procedimiento. En la finalización del procedimiento.

27. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por solicitud?: A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

28. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: La nulidad. La recusación. La inderogabilidad singular. Que el acto se hubiera dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.

29. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué plazo tiene el instructor para enviar al competente la propuesta de resolución?: Diez días, desde el período de información pública. Diez días, desde el acuerdo de propuesta de resolución. Diez días, desde el trámite de audiencia. Diez días, desde que lo solicite el competente para resolver.

30. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho y la caducidad. La resolución, el desistimiento y la renuncia. La resolución, la caducidad, la imposibilidad material de continuar el procedimiento y la declaración de lesividad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la revisión de oficio de actos nulos se podrá realizar: Con todos los actos nulos de pleno derecho. Con los actos nulos y anulables. Con los actos que no hayan sido recurridos en plazo. Con los actos que tengan un superior jerárquico.

32. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes actos no pone necesariamente fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores. Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora. Las resoluciones de los procedimientos de arbitraje.

33. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer recurso de alzada en el supuesto de actos presuntos será: Un mes. En cualquier momento a partir del día siguiente al silencio administrativo. Cuatro años. Tres meses.

34. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso potestativo de reposición: Se podrá interponer recurso de alzada. No se podrá interponer recurso extraordinario de revisión. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo. 35.

35. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta en cuanto a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las AA. PP.: Dicha responsabilidad se podrá exigir de oficio o a solicitud de persona afectada. El acuerdo de iniciación se notificará a los interesados. El trámite de audiencia se realizará durante un plazo de quince días. Contra la resolución declaratoria se podrá interponer recurso de alzada.

36. De acuerdo con el ámbito de aplicación Estatuto Básico del Empleado Público, regulado en su artículo 2, señale la respuesta incorrecta: El personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. Las universidades públicas se regirán por su legislación específica y supletoriamente por este estatuto. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

37. De acuerdo con el artículo 4 del Estatuto Básico del Empleado Público, las disposiciones de este Estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo dispongan su legislación específica al siguiente personal; señale la respuesta incorrecta: Al personal del Centro Nacional de Inteligencia. Al personal de la Asamblea Regional de Murcia. Al personal del Banco de España. Al personal estatutario de los servicios de Salud.

38. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, un funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia que sea nombrado director general de la Administración General del Estado se encontrará en situación administrativa de: Servicios especiales. Excedencia voluntaria. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia forzosa.

39. De acuerdo con el artículo 75 del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta en cuanto a la concesión de permisos: Se concederá permiso de dos días en caso de muerte o enfermedad grave u operación de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o de la personal con quien conviva maritalmente de forma habitual, que será de cinco días cuando se produzca en localidad distinta. Se concederán hasta cuatro días de permiso por traslado de domicilio con traslado de localidad. Para concurrir a exámenes preceptivos en centros oficiales, durante el tiempo necesario para su cumplimiento. En caso de nacimiento de un hijo, dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.

40. De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 236/2010 de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la CARM, la información administrativa, por su contenido puede ser: Presencial, telefónica y electrónica. Inmediata y diferida. General, especializada e inmediata. General, especializada y particular.

41. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 236/2010 de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la CARM, la información administrativa, con carácter general se ofrecerá: De modo inmediata en el momento en que se solicite. De forma telemática. Por escrito o utilizando medios informáticos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

42. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 236/2010 de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la CARM, la información administrativa especializada requiere la consulta complementaria al órgano competente para conocer del asunto, dado que tiene un grado de detalle superior al contenido en la Guía de Procedimientos y Servicios, y esta se facilitará a los ciudadanos que la soliciten: De forma obligatoria y sin necesidad y sin exigir para ello la acreditación de la legitimación. De forma diferida, en todo caso, y exigiendo para ello la acreditación de la legitimación. Siempre por escrito y acreditando la legitimación. Ninguna respuesta es correcta.

43. Las unidades constituidas en la CARM con la finalidad de prestar el servicio de atención presencial a los ciudadanos, recibe el nombre de: Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano. Oficinas Presenciales de Atención al Ciudadano. Oficinas en Materia de Atención al Ciudadano. Oficinas de Atención Administrativa y Atención al Ciudadano.

44. Respecto a la Administración electrónica, y en cuanto a los sistemas de firma e identificación electrónicas, señale la respuesta incorrecta: Será exigible la identificación para presentar comunicaciones. Será exigible la firma para presentar solicitudes. No se requerirá firma para gestiones de mero trámite. Será exigible la firma para presentar comunicaciones.

45. En cuanto a la Administración Electrónica y la interoperabilidad, establece la ley que deberán ser plenamente interoperables entre sí: Los registros electrónicos generales de apoderamiento. Los registros electrónicos particulares de apoderamiento. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

46. Los registros electrónicos de apoderamiento deberán ser: Interoperables entre sí. Plenamente interoperables entre sí. Puntualmente interoperables entre sí. Directamente interoperables entre sí.

47. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: Con derecho a remuneración, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización fuera de la jornada de trabajo. Con derecho a remuneración y posterior aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo al empresario. Con derecho a remuneración, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. La Ley de Prevención no prevé esta posibilidad en caso de técnicas de preparación al parto, que deberán realizarse fuera de la jornada laboral.

48. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgo específico: Serán establecidas por el Gobierno. Serán establecidas por el empresario, de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Serán establecidas por cada Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. Son las establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

49. En cuanto a la vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo establecida en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señale quiénes de los que se citan a continuación no tienen derecho de acceso a la información médica de carácter personal de un trabajador determinado: Ese trabajador. El personal médico. Las autoridades sanitarias que llevan a cabo la vigilancia. El empresario, que no podrá utilizar los resultados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

50. En caso de riesgo grave e inminente para la salud con ocasión del puesto de trabajo, señale la respuesta incorrecta: El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo. Si el empresario no adopta las medidas establecidas en la opción b) de este test, los representantes legales de los trabajadores podrán acordar por mayoría de sus miembros la paralización de la actividad. El acuerdo a que se refiere el apartado c) de este test será comunicado a la autoridad laboral, que tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para anular o ratificar la paralización acordada.

SUPUESTO PRÁCTICO 1 Doña María López Peñalver, tiene una hija de 20 años, con una discapacidad reconocida del 95%. Hasta hace cinco meses, que enviudó, su marido aportaba ingresos que le permitían disponer de una chica que le ayudaba en las tareas del cuidado de su hija. Ante la actual situación decide solicitar algún tipo de ayudas asistenciales para poder atender a su hija. Una amiga le comenta que puede solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia de su hija y el derecho a las prestaciones desde su casa. Efectivamente, obtiene la información sobre los documentos a aportar y sobre los lugares en los que puede presentar la solicitud. A los pocos días presenta la documentación en el Instituto de Murciano de Acción Social (IMAS). Días después recibe una carta en la que le indican que ha sido valorada favorablemente su solicitud y que se ha detectado ausencia de certificado de empadronamiento, por lo que le requieren su aportación, para poder resolver el expediente. Al día siguiente, 2 de marzo de 2015, se dirige al registro del IMAS a presentar su solicitud de forma presencial. Como va un poco nerviosa porque ha tenido que dejar a su hija sola en casa, aparca el coche en zona peatonal, pensando que tardará poco en entregar la documentación. Al entrar en la oficina, el conserje le indica que tiene que subir al primer piso, que si tiene prisa mejor lo haga por las escaleras, aunque ponga que están en obras, porque ya están terminando, pero que tenga cuidado porque el servicio de mantenimiento las está pintando. Cuando está llegando al último peldaño tropieza con un bote de pintura y cae rodando hasta el suelo. El accidente tuvo como consecuencia una rotura de fémur que tuvo que ser intervenida de urgencia el día 4 de marzo, lo que provocó una estancia hospitalaria de veinte días, más dos meses de rehabilitación. El día 10 de junio recibe el alta definitiva de los servicios de Traumatología y de Rehabilitación del Hospital, donde se le entrega un informe detallado con todas las lesiones producidas. Aconsejada por un vecino, doña María López decide iniciar un procedimiento de Responsabilidad Patrimonial contra el IMAS, donde pretende exigir también una indemnización por todos los daños y gastos causados a ella y a su hija durante su recuperación. En cuanto al coche, que finalmente fue multado dos veces, decide recurrirlas, puesto que fue ingresada y no pudo enviar a una amiga a recogerlo hasta dos semanas después. Con relación a este supuesto y al objeto de facilitar a la interesada el ejercicio de sus derechos en su relación con las Administraciones Públicas, conteste a preguntas que se le formulan a continuación. 51. En cuanto a las sanciones impuestas por mal aparcamiento, señale la -afirmación correcta: La Administración no puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la misma infracción continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. El acuerdo de iniciación del procedimiento debió ser comunicado a doña María. La calificación de los hechos por parte de la Administración se deberá hacer mediante la elaboración de un pliego de cargos. El procedimiento sancionador se pudo iniciar a solicitud de persona interesada.

52. De acuerdo con la LPAC, doña María solo podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. En el caso que nos ocupa, ¿desde cuándo empezará a computarse el plazo?. El día 2 de marzo, en que tuvo el accidente, al tratarse de daños de carácter físico a las personas. El día 4 de marzo, puesto que es la fecha en que fue intervenida quirúrgicamente, y se trata de daños de carácter físico o psíquico a las personas. El día 24 de marzo, ya que fue el día que salió del hospital y obtuvo un informe médico que valorara su situación. El día 10 de junio, que recibe el alta definitiva, pues al tratarse de daños de carácter físico el plazo empezará a computarse desde la determinación del alcance de las secuelas.

53. En la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial, es preceptivo que la Administración solicite un informe a: Al Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la lesión indemnizable. Al médico rehabilitador y al médico traumatólogo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

54. ¿Puede doña María desistir de su solicitud en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado?: Sí, pero la Administración está obligada a continuar el procedimiento. Sí, y la Administración aceptará de plano, aunque la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento, si considera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. No, porque la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entraña interés general. No, porque el órgano instructor ya ha realizado el trámite de audiencia.

55. En la sanción impuesta por mal aparcamiento del coche, si doña María hubiera pagado la sanción pecuniaria voluntariamente antes de finalizar el procedimiento; señale la respuesta incorrecta: Dicho pago implicaría la terminación del procedimiento. El órgano competente para resolver podrá aplicar una reducción de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. La reducción sobre el importe de la sanción podrá ser acumulable a la otra sanción. La reducción sobre el importe de la sanción estará condicionada al desistimiento o la renuncia de cualquier acción o recurso administrativo contra la sanción.

56. ¿Cuándo podrá ser ejecutiva la primera sanción impuesta a doña María por haber aparcado el coche en zona peatonal?: Cuando finalice el procedimiento sancionador. Cuando la Administración notifique a doña María la resolución del procedimiento sancionador. Cuando no quepa contra la resolución ningún recurso ordinario en vía administrativa. Cuando se resuelva el procedimiento sancionador.

57. El procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por doña María tendrá una duración máxima de: Tres meses, y la resolución pondrá fin a la vía administrativa. Seis meses, y la resolución presunta podrá entenderse contraria a la indemnización del particular. Seis meses, y contra la resolución cabrá recurso de alzada. Tres meses, y la resolución deberá ser notificada a doña María en diez días.

58. Los procedimientos iniciados por doña María, tanto el de responsabilidad patrimonial como el recurso del procedimiento sancionador, ¿pueden terminar convencionalmente?. Sí, en ambos casos. Solo el recurso del procedimiento sancionador. Solo el procedimiento de responsabilidad patrimonial. No, en ninguno de los dos casos.

59. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a solicitud de doña María, ¿puede el órgano competente acordar su tramitación simplificada?: Sí, podrá hacerlo tanto de oficio como a solicitud de la interesada. Sí, y será resuelto en el plazo de un mes, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. No, ya que la LPAC prevé la tramitación simplificada para todos los procedimientos, excepto los de responsabilidad patrimonial y los de naturaleza sancionadora. Sí, si el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

60. En el caso que nos ocupa, ¿a quién debe exigirle la responsabilidad patrimonial doña María?: Al conserje que le dijo que podía subir por las escaleras. Al operario del servicio de mantenimiento, que dejó el bote de pintura en un lugar imprudente. Al director del IMAS, por ser el titular del órgano administrativo donde ocurrió el daño. A la Administración a la que esté adscrito el personal que causó la lesión.

61. ¿Puede doña María exigir responsabilidad directa al personal al servicio del IMAS?: No, dicha responsabilidad solo se iniciará de oficio y solo cuando la Administración correspondiente hubiere indemnizado a los lesionados. Sí, a través del recurso administrativo que proceda, pero debe esperar a que se resuelva el procedimiento sancionador. No, en ningún caso. Sí, siempre que se pueda demostrar de forma inequívoca el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional del personal al servicio de la Administración.

62. En el caso de iniciarse un procedimiento de responsabilidad contra el personal y las autoridades al servicio de la Administración, señale la respuesta correcta: La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a doña María. El procedimiento se iniciará por acuerdo del órgano competente. Todas las respuestas anteriores son correctas.

SUPUESTO PRÁCTICO 2 España vive un clima de tensión insoportable a causa de los ataques terroristas y de la crispación laboral existente, que hace que los sindicatos estén promoviendo constantemente conflictos colectivos. Ante esta situación, el Gobierno busca orden y las Cortes Generales deciden declarar el estado de excepción, a fin de poder disminuir las garantías de los presuntos terroristas y acabar con tanto conflicto colectivo. Como la situación no mejora, se opta por reformar el artículo 17 de la Constitución española. Pasados unos meses, todo vuelve a la normalidad y finaliza la situación de estado de excepción, aunque parece que en el domicilio de Rosa María B.C. las cosas nunca terminan de resolverse. Ella sospecha fundadamente que su exmarido, Alberto M.L., quiere acabar con su vida, debido a las reiteradas amenazas de muerte proferidas por este. Por ello, decide ponerlo en conocimiento del Cuerpo de Policía. El día 23 de febrero de 2015, en el piso de la calle Comuneros, número 7, propiedad de Alberto M.L., a las 10:30 horas de la noche se personó una pareja de la Policía Nacional con intención de proceder a un registro de su domicilio. Alberto se negó al mismo, sin que sus ruegos y protestas fueran escuchados. Los agentes encontraron en el citado piso tres armas blancas y cuatro de fuego, procediéndose inmediatamente a su detención, a las 11:00 de la noche. El 27 de febrero de 2015 fue puesto en libertad a las 8:30 horas de la tarde. Por otro lado, en vista del aumento de casos de violencia de género, se opta por reformar el artículo 18 de la Constitución española. Con relación a este supuesto y al objeto de facilitar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución española, conteste a preguntas que se le formulan a continuación. 63. ¿Qué regula el artículo 17 de la Constitución española que se plantea reformar en el supuesto práctico propuesto?: El derecho al honor y a la intimidad. El derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho de reunión pacífica y sin armas. El derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales.

64. ¿Qué regula el artículo 18 de la Constitución española que se plantea reformar en el supuesto práctico propuesto?. El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. El derecho de propiedad privada y herencia. La inviolabilidad del domicilio. La dignidad de la persona.

65. En el supuesto que nos ocupa, y en relación con el artículo 55 de la CE, la declaración del estado de excepción, ¿es la única medida para limitar las garantías de la libertad individual de presuntos terroristas?. No, el artículo 55.2 también prevé limitar la libertad individual de presuntos terroristas mediante ley orgánica y el adecuado control parlamentario y la necesaria intervención judicial. Sí, la CE no prevé otras medidas para limitar la libertad individual de presuntos terroristas. La respuesta a) es correcta, y la utilización injustificada y abusiva de las facultades otorgadas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal. No, el artículo 55.1 de la CE prevé la obligatoriedad de declaración de estado de excepción o sitio en casos en que, a juicio del Gobierno, peligre la libertad y la seguridad.

66. Señale cuál de los siguientes derechos no se pueden suspender en estado de excepción: La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. Inviolabilidad del domicilio. Derecho a huelga. Libertad de residencia.

67. Señale cuál de los siguientes derechos se puede suspender en caso de estado de excepción o sitio: Libertad de empresa. Adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho de negociación colectiva laboral. Todos estos derechos se podrán suspender en caso de estado de excepción o sitio.

68. En cuanto a la actuación policial en el domicilio de Alberto M.L., ¿se ha vulnerado la inviolabilidad del domicilio protegida por la CE?: Sí, pues los policías no tenían su autorización y actuaron sin orden judicial. Sí, pues no se trataba de un caso de flagrante delito. No, pues la denuncia de amenazas fundada de Rosa María B.C. autoriza a los agentes a entrar en el domicilio, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución española. Las respuestas a) y b) son correctas.

69. De acuerdo con el artículo 55 de la CE, ¿qué tipo de norma podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual y para determinadas personas, puede ser suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio?. Una ley ordinaria. Una ley orgánica. La Constitución española. Un decreto-ley.

70. ¿Qué recurso puede interponer Alberto ante la presunta vulneración del derecho de inviolabilidad del domicilio?: Recurso extraordinario de revisión. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alberto podrá recabar la tutela ante los tribunales extraordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Las respuestas b) y c) son correctas.

71. ¿Cuánto tiempo debió durar la detención preventiva de Alberto?: Setenta y dos horas. El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Un máximo de cuarenta y ocho horas, finalizado el cual, Alberto debió ser puesto en todo caso en libertad. Un máximo de cuarenta y ocho horas, finalizado el cual, Alberto debió ser puesto en todo caso a disposición de la autoridad judicial.

72. ¿Debió ser informado Alberto de sus derechos de forma inmediata?: Sí, aunque le pueden obligar a declarar. No, si se hubiera declarado el estado de excepción. Sí, y no pudiendo ser obligado a declarar. Sí, si se hubiera declarado el estado de sitio.

73. El procedimiento de habeas corpus se establece en la Constitución española para casos de: Detención preventiva. Detención ilegal. Flagrante delito. Prisión preventiva.

74. El plazo máximo de la duración de prisión provisional de Alberto, en su caso, se determinará: En el artículo 17.2 de la Constitución española. Se determinará por ley orgánica. Se determinará por ley. Se determinará por acuerdo del Consejo de Gobierno.

75. ¿Se puede producir la indefensión de Alberto en algún caso?: No, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución española. No, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución española. Sí, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución española. Sí, solo en caso de estado de sitio.