Determinar qué ingreso de los indicados, no previstos en los presupuestos del ejercicio, pueden generar créditos. Mayor recaudación de la prevista en la tasa por recogida de basuras. Recaudación de 800,00 euros de reintegro de ejercicios anteriores. Firma de un convenio con la diputación por la que se compromete a aportar 5000 euros para la construcción de una sala de la juventud. Liquidación de 10.000,00 euros por la tasa sobre cementerios.
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, ¿en qué niveles son susceptibles de clasificación las previsiones de ingresos? 4 niveles, Grupo de función, Función, Subfunción y programa. 4 niveles, Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 4 niveles, Área de ingresos, Política de ingresos, Grupo de programas y Programas. 4 niveles, Compromiso de ingreso, derecho de ingreso, realización y cobro.
Si un Ayuntamiento de un municipio no considerado como de gran población, quiere firmar un contrato público cuya cuantía es del 12 % de los recursos ordinarios del presupuesto y un plazo de ejecución de 2 meses será competente para celebrar el contrato... El Pleno. El Alcalde. La junta de gobierno local. El concejal responsable del área según la naturaleza del contrato.
Conforme al artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece como procedimiento ordinario de concesión el de: Procedimiento general. Adjudicación directa. Concurrencia competitiva. Procedimiento abierto.
Según el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas: BDNS. BSDN. BNDS. BDSN.
Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es: Un impuesto directo, de carácter potestativo, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. Un impuesto directo, de carácter obligatorio, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. Un impuesto indirecto, de carácter obligatorio, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. Un impuesto indirecto, de carácter potestativo, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular.
Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por: El valor de mercado de los bienes inmuebles. El valor catastral de los bienes inmuebles. El valor catastral de la construcción, nunca del suelo. El valor catastral del suelo, nunca de la construcción.
Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: Un tributo directo de carácter personal que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales. Un tributo directo de carácter real que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales. Un tributo indirecto de carácter real que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales. Es un tributo indirecto de carácter personal que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales.
Según establece el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los impuestos exigidos por las Haciendas locales son: De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el ICIO. De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el IVTM. De carácter potestativo, el IVTM, el ICIO y el IIVTNU. De carácter potestativo el IBI, el IAE y el ICIO.
Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas: Está constituido por el ejercicio con beneficios, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Está constituido por el mero ejercicio, en territorio extranjero, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales exclusivamente.
Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho? Los actos que limiten deberes subjetivos o intereses ilegítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. Las respuestas b y c son correctas.
Según el tenor literal del artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación: Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales serán: Nulas de pleno derecho o anulable, según se den los supuestos del artículo 47.1 o del artículo 48 de la dicha Ley. Nulas de pleno derecho. Anulable y convalidable. Anulable.
Según el artículo 100.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de: Responsabilidad. Proporcionalidad. Racionalidad. Todas las respuestas son correctas.
Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otras, será causa de inadmisión: Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la resolución del recurso. Carecer el acto manifiestamente de fundamento. Todas las respuestas son incorrectas.
Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es taxativa. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango legal para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos
necesarios. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para cualquier procedimiento y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios siguientes: Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualesquiera otros que se autoricen. Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, efectivo, domiciliación bancaria o cualesquiera otros que se autoricen. Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque o cualesquiera otros que se autoricen. Todas las respuestas son incorrectas.
Según lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En ningún caso, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. En cualquier caso, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Todas las respuestas son incorrectas.
Según lo dispuesto en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico
producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2019. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico
producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2020. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico
producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2022.
El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de: Un artículo. Tres artículos. Ningún artículo. Dos artículos.
La Constitución Española de 1978 se estructura en: Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria. Un preámbulo, 11 títulos, 1disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
Es un servicio que debe prestar todo municipio: Protección Civil. Biblioteca Pública. Alcantarillado. Parque público.
El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura propuesta por: Mayoría simple. Mayoría de 3/5 del número legal de concejales. Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Mayoría de 2/3 de los concejales.
No es una atribución del Pleno del Ayuntamiento: La aprobación inicial del planeamiento general. La aprobación de los expedientes de municipalización. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio privado. Todas son atribuciones del Pleno.
No es cierto, respecto de las sesiones del Pleno, que: Habrán de respetar el principio de unidad de acto. Siempre serán públicas. El Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio. El público asistente no podrá intervenir en las mismas.
La celebración de sesión extraordinaria del Pleno, a instancia de los miembros de la Corporación Local, no podrá demorarse: Más de 20 días hábiles desde que fuera solicitada. Más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada. Más de 25 días hábiles desde que fuera solicitada. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Los Tenientes de Alcalde: Son nombrados mediante resolución del Alcalde. Son nombrados y separados libremente por el Alcalde. Su número no podrá exceder del número de miembros de la Junta de Gobierno Local. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Se incluirá siempre en el orden del día el punto de ruegos y preguntas, cuando se trate de sesiones: Ordinarias. Extraordinarias. Extraordinarias urgentes. Todas las respuestas son correctas.
El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por: La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público. La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que no forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público. La legislación de las Comunidades Autónomas, con respecto a la autonomía local. Las respuestas a) y c) son correctas.
Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información pública: Relativas a datos acerca del origen racial, la salud o la vida sexual de terceras personas. Relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración. Relativas a creencias religiosas o ideologías políticas de terceras personas. Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La protección del medio ambiente. La seguridad personal. Las respuestas a) y b) son correctas. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 14 de la Constitución. 18.4 de la Constitución. 2.3 de la Constitución. 15 de la Constitución.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679: Únicamente los responsables del tratamiento de datos. Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos. Sólo los encargados del tratamiento de datos. Únicamente los responsables y los encargados del tratamiento de datos.
A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entiende como «riesgo laboral grave e inminente»: La posibilidad de que un trabajador sufra un daño grave derivado del trabajo. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, establece que: Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección no constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho no supone la existencia de un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este derecho sí constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del
personal a su servicio.
A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, evitando la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que no les correspondan. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
De acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo: Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. Supere el cincuenta por ciento y no sea más del setenta por ciento. No varíe del cincuenta por ciento en ningún caso.
En una hoja de Microsoft Excel la celda A1 tiene el valor "Azul" y la celda A2 tiene el valor "Verde" (ambos sin las comillas). Si seleccionamos ambas celdas y pulsamos "Combinar y centrar". ¿Cuál será el valor en la celda resultante después de pulsar "Aceptar"? Se eliminan los valores previos a la combinación de las celdas y se muestra la celda vacía. Los valores “Azul” y “Verde” separados por un espacio y centrados. El valor “Verde” centrado. El valor “Azul” centrado.
Según el artículo 62.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de inicio del procedimiento por denuncia, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores el órgano competente para resolver el procedimiento: Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
¿Cuál NO es un principio general de las subvenciones públicas, según el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones? Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
Tienen la consideración de contratos privados según el artículo 26 de la LCSP: Los contratos celebrados por particulares cuando estén totalmente subvencionados con presupuestos públicos. Exclusivamente los contratos celebrados por particulares cuando estén mayoritariamente subvencionados con presupuestos públicos. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Exclusivamente los contratos celebrados por entes públicos sometidos al derecho privado.
Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Pondrá fin al procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Pondrán fin al procedimiento la incoación, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. Las respuestas a y b son correctas.
La reforma constitucional se regula en la Constitución Española de 1978 en el Título: VII. X. IX. VIII.
Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, esta Ley será de aplicación: En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de
desarrollo. En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, sin excepción. En los centros y establecimientos militares, con las particularidades previstas en su normativa específica. Todas las anteriores son correctas.
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