Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEExamen Auxiliar Ayuntamiento Santander

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Examen Auxiliar Ayuntamiento Santander

Descripción:
Examen Oficial Auxiliar de Administración General Ayuntamiento Santander

Autor:
paylsan
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
31/03/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 100
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Señale la afirmación correcta sobre la estructura del texto constitucional: La vigente Constitución Española consta de un preámbulo, ciento sesenta y nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una denegatoria y una final. El Titulo Preliminar contiene la parte orgánica de la Constitución. El articulado de la Constitución se agrupa en once títulos, además del preámbulo y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Solo el Titulo I tiene varios capítulos. .
Según la Constitución Española (art. 7), la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, son: Reglados. Democráticos. Una manifestación de la voluntad popular. Libres.
Según el artículo 17 de la Constitución Española (en adelante CE), la detención preventiva no podrá durar más de: Setenta y dos horas. Veinticuatro horas. Cuarenta y ocho horas. Cinco días.
En el artículo 18.1 de la CE, se garantiza: La igualdad ante la ley El derecho a la vida El derecho al honor La libertad de expresión.
¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978? El 6 de diciembre El 31 de octubre El 27 de diciembre El 29 de diciembre.
El articulo 9.3 CE recoge importantes principios jurídicos entre los cuáles se encuentran: El principio de legalidad, jerarquía normativa, la publicidad de las normas. La indisoluble unidad de la nación. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El derecho a la autonomía de nacionalidad y regiones. .
El derecho de petición contenido en el artículo 29 CE (señale la afirmación falsa): Se reconoce a todos los españoles a título individual o colectivo, sin excepciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo pueden ejercerlo de forma individual. Comprende todas las peticiones graciables. Solo puede solicitarse por escrito. .
¿Cuáles son los principios que, conforme a la CE, "informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", pero sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria "de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen"? Los contenidos en el capítulo tercero del Titulo I. Los incluidos en la sección primera del capitulo segundo del Titulo I (art. 15 al 29) Los incluidos en la sección primera del capitulo segundo del Titulo I y además el artículo 14 y el 30. Todos los recogidos en el Titulo I.
El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Real Casa, Que ha de emplear bajo la supervisión del Gobierno. Que puede distribuir libremente. Que será como máximo el 1% de los ingresos tributarios del Estado. Que está exenta de tributación en el IRPF.
¿Cuál de estas funciones no corresponde al Rey? Controlar la acción de gobierno. Sancionar y promulgar las leyes. El Alto Patronazgo de las Reales Academias. Presidir las sesiones del Consejo de Ministros a petición del Presidente del Gobierno para ser informado de los asuntos de Estado. .
Señale la respuesta verdadera sobre el refrendo: Las personas refrendantes son: el Presidente del Gobierno, el Presidente del Senado y del Congreso, y los Ministros. Los actos del Rey estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 CE. De los actos del Rey serán responsables las personas que no los refrenden. El refrendo traslada al Rey la responsabilidad por el acto de la persona refrendante.
Según el artículo 68 de la Constitución española, el Congreso se compone de: Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados. 350 diputados. 250 senadores.
Una persona ha conseguido 1.000.000 de firmas para que las Cortes aprueben una proposición de ley que incluya en el Código Penal la pena de muerte para ciertos delitos muy graves No procede tramitarla, pues solo el Gobierno tiene la iniciativa legislativa. No procede tramitarla pues se trata de una materia propia ley orgánica. Ha de tramitarse por qué se han recogido más de 500.000 firmas acreditadas No ha de tramitarse porque afecta a la prerrogativa de gracia.
Conforme a lo establecido en el artículo 85 de la CE, qué nombre reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada Decreto Legislativo Ley Orgánica Decreto ley Real Decreto.
La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes generales, en los siguientes casos: Los de carácter político o militar Los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I Los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública En todos los casos anteriores se requiere previa autorización de las Cortes generales.
Señales cuál de las siguientes opciones no es uno de los mecanismos de control qué las Cortes pueden ejercer sobre el Gobierno: Moción de censura cuestión de confianza Disolución del Congreso Preguntas e interpelaciones.
La propuesta de disolución de las cámaras no podrá presentarse: Cuando esté en tramite una moción de censura Cuando esté reunida la Diputación Permanente En el primer periodo de sesiones Sin el visto bueno del Rey.
Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra: Antes de transcurridos 5 días. Durante lo que reste de la legislatura. En ningún caso. Durante el mismo periodo de sesiones.
Indiqué cuál de las siguientes materias puede regularse por decreto ley: El derecho de huelga La institución del Defensor del Pueblo Medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales El régimen electoral general.
Según el artículo 103 de la CE, la administración publica sirve con objetividad a los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de: Competencia, proporcionalidad, desconcentración y coordinación Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación Eficacia, proporcionalidad, desconcentración y solidaridad Competencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y solidaridad.
El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante: El Congreso de los Diputados Los tribunales El Senado Las Cortes Generales.
Según el artículo 106 de la CE, el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de está los fines que la justifican corresponde a: El Defensor del Pueblo El Ministerio Fiscal El Congreso de los Diputados Los tribunales.
¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno? El Tribunal de Cuentas El Consejo General del Poder Judicial El Consejo de Estado El Consejo Jurídico Consultivo.
Señale la afirmación falsa sobre las actuaciones y decisiones judiciales: Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente escrito Las sentencias serán siempre motivadas Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales.
Tienen jurisdicción en toda España: La Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Consuetudinario. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal. Sólo el Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España. .
El articulo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), señala que las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo: No superior a 10 días. Superior a 15 días. No superior a 15 días. Superior a 10 días.
El art. 38 LPAC establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos: Con arreglo a lo dispuesto en las leyes reguladoras del correspondiente procedimiento. Con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Con arreglo a lo dispuesto en las normas reguladoras del correspondiente procedimiento. Cuando así lo prevea expresamente una disposición legal o reglamentaria.
El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Expediente administrativo. Ninguna es correcta.
Según lo dispuesto en la LPAC: *La comunicación prevista en el art. 69 podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno. *El órgano que declare la nulidad o anulabilidad de las actuaciones podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Las respuestas marcadas con * son correctas.
El art. 71 LPAC señala que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Economía y eficacia. Simplificación administrativa. Contradicción e igualdad. Transparencia y publicidad.
El art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala que el plazo para realizar alegaciones en un procedimiento de exigencia de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas es de: 10 días. 15 días. 5 días. No inferior a 10 días ni superior a 15. .
El art. 81 LPAC señala que, el dictamen del Consejo de Estado (o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma), cuando sea preceptivo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, deberá emitirse en un plazo de: 10 días. 2 meses. 1 mes 30 días.
De conformidad con lo indicado en el art. 68 LPAC al interesado que, una vez transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento, no subsane la solicitud: Se le aplicará la tramitación simplificada y se dictará resolución desestimatoria. Se le tendrá por desistido en su petición sin necesidad de previa resolución. Se le tendrá por decaído en su derecho al trámite y el procedimiento continuará. Se le tendrá por desistido en su petición previa resolución. .
Según lo dispuesto en LPAC: La declaración de lesividad podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. El plazo para reclamar, en los casos de daños de carácter físico o psíquico, comenzará a computarse desde que se produzca el hecho que motive la indemnización. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de cinco días para formular alegaciones. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
El art. 56 LPAC señala que, iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución de acuerdo con los principios de: Legalidad, eficiencia y menor onerosidad. Efectividad, proporcionalidad y seguridad. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Suficiencia, proporcionalidad y legalidad. .
No se corresponde con el plazo de un mes: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición. El plazo para la interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso extraordinario de revisión. Todas las opciones anteriores se corresponden con el plazo de un mes. .
Según lo dispuesto en la LPAC, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: Podrán modificar la disposición reglamentaria cuando aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía. Podrán aplicarse preferentemente, cuando así proceda, en virtud del principio de competencia entre las administraciones públicas. Deberán ser motivadas. Son nulas. .
El art. 117 LPAC señala que, cuando se hubiera interpuesto un recurso, el plazo para entender suspendida la ejecución del acto desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre la misma es de; 30 días. 1 mes. 15 días. 2 meses.
El art. 80 LPAC establece que los informes serán facultativos y no vinculantes: Salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Salvo disposición expresa en contrario. En cualquier caso. Salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contra de la que quede constancia. .
El art. 91 LPAC indica, en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que cuando no fuera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma): El órgano competente elevará la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Inmediatamente antes del trámite de audiencia, el órgano instructor elevará la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para la resolución definitiva. Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano competente para suscribirlo. El órgano competente para resolver emitirá una propuesta que será puesta a disposición del interesado, dándose inicio al trámite de audiencia por un plazo no superior a 15 días. .
Según lo dispuesto en la LPAC: Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o desfavorables. La declaración de lesividad exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados. Podrá acordarse la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no inferior a diez días. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
El art. 47.1 LPAC señala los supuestos que dan lugar a la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas y posibilita la ampliación de dichos supuestos a cualquier otro que se establezca expresamente en: Una disposición reglamentaria. Una disposición legal o reglamentaria. Una disposición con rango de ley. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
Transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada interpuesto contra una desestimación expresa de una solicitud, el interesado: Podrá entender, en todo caso, estimado el recurso. Podrá entender, en todo caso, desestimado el recurso. Podrá entender, según el caso, estimado o desestimado el recurso. Deberá esperar a que la administración resuelva de forma expresa para acudir a la vía contencioso administrativa. .
El art. 83 LPAC señala que podrá acordar la apertura de un período de información pública el órgano competente para: Resolver el procedimiento cuando razones de interés público lo aconsejen. Iniciar el procedimiento cuando razones de interés público lo aconsejen. Resolver el procedimiento cuando la naturaleza de éste lo requiera. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
El art. 52 LPAC indica que, si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser convalidado: En todo caso, por el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Por el propio órgano que dictó el acto, previo informe del órgano competente. No podrá ser convalidado porque el acto es nulo de pleno derecho. .
El art. 39 LPAC señala que, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: En todo caso, cuando produzca efectos favorables al interesado. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Cuando estén supeditados a notificación, publicación o aprobación superior. Todas las opciones anteriores son correctas. .
Según lo dispuesto en la LEy 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP): *Aquellos contratos celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada tendrán la consideración de un contrato administrativo de servicios. *El procedimiento restringido es especialmente adecuado cuando se trate de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. Las respuestas marcadas con * son correctas. Las respuestas marcadas con * son incorrectas.
Según lo indicado en el art. 131 LCSP, con carácter general, la adjudicación de los contratos se realizará ordinariamente utilizando el procedimiento: Abierto o restringido. Abierto, restringido o negociado. Abierto, restringido, negociado o diálogo competitivo. Abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo o asociación para la innovación.
Según lo dispuesto en la LCSP: Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publicidad cuando el valor estimado del contrato no supere determinados umbrales previstos en la ley. En un contrato de concesión de obras, el derecho de explotación de las obras no implicará necesariamente la transferencia al concesionario del riesgo operacional. El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno o varios socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
El artículo 156 LCSP establece que en los procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo general de presentación de proposiciones para los contratos de obra: No será inferior a 30 días Será, como mínimo, de 26 días No será inferior a 15 días Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que la autorización de compatibilidad se efectuará: Compatibilizando, en lo posible, los intereses de la administración y el solicitante de la compatibilidad. En atención al interés de la persona que solicita la compatibilidad. En todo caso en razón del interés público. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Para el ejercicio de la segunda actividad, en aplicación de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: La autorización de compatibilidad debe obtenerse en un plazo no superior a dos meses desde que se inicia la segunda actividad. La autorización de compatibilidad será expresa. Solo puede modificar un 20 % de la jornada de uno de los puestos de trabajo, pero no el horario de ninguno de los dos puestos. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
El Estatuto Básico del Empleado Público regula entre los derechos individuales del empleado público: A la defensa jurídica y protección de la administración publica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo o ilegitimo de sus funciones o cargos públicos. A las prestaciones de la Seguridad Social en el régimen que le resulte más conveniente. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. A la inamovilidad en su puesto de trabajo.
Las retribuciones de los funcionarios, en aplicación de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público: Excepcionalmente podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un aumento del importe de la masa global de retribuciones, ya que las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado son genéricas. Las retribuciones básicas retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Las pagas extraordinarias serán dos al año, por importe de una anualidad de retribuciones básicas y complementarias. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
El Estatuto Básico del Empleado Público establece, respecto al régimen disciplinario previsto para los funcionarios y personal laboral: Cuándo de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, la falta se calificará cómo muy grave. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se conozca la comisión de la misma. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Se pueden establecer cómo sanción otras que, no estando previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, se establezcan legal o reglamentariamente.
Para constituir válidamente el Pleno del Ayuntamiento de Santander se requiere: La asistencia, al menos, de tres concejales, el Presidente y el Secretario. La asistencia de la mitad más uno del número legal de concejales y el Presidente. La asistencia de dos tercios del número legal de concejales y el Secretario de la Corporación. Ninguna de las anteriores respuestas es válida. .
En las sesiones plenarias del Ayuntamiento: En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. La ausencia de un concejal, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale a un voto negativo. La votación será siempre nominal. Ningún concejal puede abstenerse de emitir su voto en sentido positivo o negativo. .
Las sesiones plenarias ordinarias del Ayuntamiento se convocarán: Con, al menos, 48 horas de antelación. Con, al menos, dos días hábiles de antelación. Con, al menos, dos días naturales de antelación. No se requiere antelación, si se ratifican por el pleno. .
La Secretaría de la Junta de Gobierno Local en un ayuntamiento de un municipio de gran población: Le corresponde a uno de sus miembros, que reúna la condición de concejal. Le corresponde a un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Le corresponde el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. Será designado por mayoría simple de los miembros de la Junta. .
Según la regulación de la organización territorial del Estado establecida en la Constitución Española: La provincia es una entidad de carácter estatal con personalidad jurídica plena. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. El gobierno y administración de los municipios corresponde al Alcalde. Todas las respuestas anteriores son falsas. .
La legislación aplicable establece, respecto a la comarca: No podrá crearse una comarca si se opone la quinta parte de los municipios que deban integrarse en ella. No podrán crearse comarcas que deban agrupar a municipios de más de una provinicia. El ámbito territorial de las comarcas se determinará en las leyes de las comunidades autónomas. Con la creación de las comarcas, los municipios pierden la competencia para prestar los servicios que se presten a través de la misma. .
Según establece el art. 44 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a las mancomunidades de municipios: Sus estatutos serán elaborados por los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. Los estatutos requerirán el informe previo del Abogado del Estado. Los estatutos serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. En las mancomunidades de municipios, todos los municipios deben pertenecer a la misma comunidad autónoma. .
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que, en la esfera de sus competencias, le corresponde, en todo caso, al Municipio: Las potestades tributaria y financiera. La potestad de programación o planificación. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Todas las potestades citadas en las respuestas anteriores son competencia del municipio, en el ámbito de sus competencias. .
¿Cuál de las siguientes entidades locales no tiene carácter territorial?: El municipio. La Mancomunidad de Municipios La Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Todas las entidades locales enumeradas en las opciones anteriores tienen carácter territorial.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que la Comisión Especial de Cuentas Municipal: Estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación. Existirá solo en los municipios de más de 5.000 habitantes. Se someterán a ella las cuentas anuales antes del 30 de junio. Solo existirá en los municipios cuyo reglamento orgánico la establezca. .
Las normas previstas en el título X de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo al Régimen de Organización de los municipios de gran población, serán de aplicación: A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes. A los municipios que sean capitales de provincia si así lo decide la Asamblea Legislativa correspondiente, a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. Municipios que superen los 50.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Todas las opciones anteriores son incorrectas. .
Según establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local entre los servicios que deben prestar los municipios, el servicio de instalaciones deportivas de uso público será obligatorio: En todos los municipios. En ningún municipio. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes. .
Según establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre los servicios que deben prestar los municipios, el servicio de medio ambiente urbano se prestará: En todos los municipios. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes. Es optativo para todos los municipios prestar este servicio. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes. .
El Alcalde es responsable de su gestión política: Ante la Junta de Gobierno Local. Ante el Pleno. Ante los vecinos. El Alcalde no responde de su gestión política. .
¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio en la inscripción como vecino en el padrón municipal? Certificado o título escolar o académico que posea. Sexo. Número de teléfono. Nacionalidad. .
E, de l art. 73 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, señala literalmente que los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su padrón como vecinos: A los españoles que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo. A los ciudadanos comunitarios europeos que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo. A los españoles mayores de edad que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo. A las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo. .
Según establece el Estatuto Básico del Empleado Público para los funcionarios, la suspensión firme de funciones por sanción disciplinaria no podrá exceder de: Seis años. Cuatro años. Dos años. Tres años. .
Cuál de las afirmaciones es cierta, respecto al personal eventual al Servicio de Corporaciones Locales: Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal no figuran en la plantilla de personal de la Corporación. No podrán desempeñar puestos de trabajo de carácter directivo. El desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la función pública. El desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual no podrá constituir mérito para la promoción interna. .
¿Cuál es la afirmación correcta, respecto al personal al Servicio de Corporaciones Locales? La Policía Local y sus auxiliares pertenecerán a la subescala de Servicios Especiales. El Personal de Oficios pertenecerá a la subescala de Administración General. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración General los que tengan atribuido el desempeño de funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones Locales, se incluirá, en todo caso, en la escala de Administración General. .
En virtud de la legislación aplicable a los funcionarios de carrera de la Administración Local (señálese la opción incorrecta): La Escala de Administración General se divide en las Subescalas siguientes: Técnica, de Gestión, Administrativa, Auxiliar y Subalterna. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General los funcionarios que realicen tareas de estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel intermedio. La escala de administración especial se divide en las Subescalas siguientes: Técnica y de Servicios Especiales. Los puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General. .
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán exigir tasas por: Limpieza de la vía pública. Alumbrado de vías públicas. Rodaje y arrastre de cualquier tipo de vehículo por las vías públicas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. .
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que: Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. Las tasas por la prestación de servicios son incompatibles con la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquellos servicios. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 75 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Las ordenanzas fiscales podrán establecer una bonificación de hasta el diez por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. .
En materia de impuestos, es cierto que: En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas, los municipios deberán acordar su imposición y supresión, así como aprobar la correspondiente ordenanza fiscal reguladora. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la constitución y transmisión de derechos de servidumbre. No están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados y se encuentren afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, salvo cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del dos por cien. .
Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante: Un mes. Treinta días, como mínimo. Treinta días, como máximo. Quince días, como mínimo. .
De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente. Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público por el plazo que el Pleno de la corporación determine en el acuerdo de aprobación. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año oficial. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, así como con los créditos para servicios o programas que estén financiados con ingresos específicos o afectados. .
Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos. El presupuesto general de la Entidad Local será remitidos al Pleno de la corporación, como máximo, el día 1 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. .
La cuota tributaria de las tasas locales podrá consistir en: Una cantidad fija, por importe mínimo de diez euros. La cantidad que se obtenga por aplicación de una tarifa. La cantidad resultante de la aplicación de un coeficiente corrector ponderado, con aplicación de criterios genéricos de capacidad económica. Todas las respuestas anteriores son ciertas. .
Las Entidades Lcoales podrán exigir en régimen de autoliquidación: Las tasas y los precios públicos. Solamente los ingresos de naturaleza tributaria. Únicamente las tasas. Todos sus impuestos, a excepción del Impuesto sobre Actividades Económicas. .
Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamente de Bienes de las Entidades Locales, son bienes de dominio público aquellas obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad Local, o cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos tales como: Los mercados. Los campos de deporte. Los parques. Todas las respuestas anteriores son correctas. .
Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos: Solamente a título gratuito. Solamente a título oneroso. Solamente a título gratuito por herencia, legado o donación Por cualquier modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. .
El arrendamiento de bienes demaniales de las Entidades Locales: Se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la normativa reguladora de su contratación de las Entidades Locales. Requiere la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera superior a diez años o el precio estipulado exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no superior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes. No es autorizable. .
En relación con los bienes de las Entidades Locales: Corresponden a los Municipios las potestades de deslinde, investigación y recuperación de oficio. El ejercicio de la acción investigadora podrá acordarse de oficio o por denuncia de los particulares. Para la defensa de su patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones Locales podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable. Todas las respuestas anteriores son correctas. .
Señale la afirmación correcta: La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiere expediente en el que se acredite únicamente su oportunidad. El expediente de alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales deberá ser resuelto, previa información pública durante treinta días, por la Corporación Local respectiva, mediante "acuerdo adoptado" con el voto favorable de una mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la misma. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce automáticamente por adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público o comunal. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce automáticamente en el supuesto de aprobación inicial de los planes de ordenación urbana. .
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los servicios públicos de competencia local podrán prestarse mediante_ Gestión indirecta a través de un organismo autónomo local. Gestión indirecta a través de una entidad pública empresarial local. Gestión directa a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Gestión directa a través de las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. .
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base del Régimen Local prevé que las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de: Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. Órdenes individuales constitutivas de sugerencia para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. Ordenanzas y bandos, exclusivamente. Todas las respuestas anteriores son correctas.
En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local está prevista la reserva en favor de las Entidades Locales de actividades o servicios esenciales, tales como: Alcantarillado público. Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. Transporte privado de viajeros. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local no prevé la posibilidad de reserva de ningún tipo de actividad o servicio en favor de las Entidades Locales, por la primacía del principio de libre concurrencia. .
En los denominados "municipios de gran población", la competencia para la concesión de cualquier tipo de licencia corresponde, salvo que la legislación sectorial atribuya dicho competencia expresamente a otro órgano: Al Alcalde. Al Pleno. A la Junta de Gobierno Local. Al Concejal Delegado en materia correspondiente. .
De las siguientes afirmaciones, cuál es correcta: Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, según el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y en perjuicio del de tercero, según el Decreto de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Las autorizaciones y licencias podrán invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades, según el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. El Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales ya no es aplicable al haber sido derogado íntegramente por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. .
La normativa local determina que se considerará subvención cualquier auxilio directo o indirecto, valorable económicamente, a expensas de las Entidades Locales, que otorguen las Corporaciones, tales como: Los premios. Las primas. Las becas. Todas las anteriores respuestas son ciertas. .
A las subvenciones otorgadas por las entidades que integran la Administración Local, les será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: En todo caso. Exclusivamente cuando el importe de la subvención sea igual o superior a 3.000 euros. Exclusivamente cuando el importe de la subvención sea igual o superior a 6.000 euros. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones únicamente se aplica a la Administración General del Estado. .
El establecimiento por parte del Ayuntamiento de zonas en las que el establecimiento de vehículos está prohibido constituye una manifestación de la actividad administrativa de: Policía. Fomento. Servicio público. No es manifestación de ninguna actividad administrativa. .
El Reglamento orgánico del Pleno de los llamadas "municipios de gran población" requiere como mínimo, la siguiente mayoría para su aprobación: Absoluta del número legal de sus miembros. Dos quintos del número legal de sus miembros. Dos tercios del número legal de sus miembros. Simple de miembros presentes. .
En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles: El acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal que regule dicho impuesto deberá adoptarse simultáneamente al acuerdo municipal para su imposición. El acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal que regule este impuesto habrá de ser posterior al acuerdo municipal para su imposición. Cuando, con carácter previo, existiera una ordenanza fiscal específicamente reguladora de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, únicamente será necesario el acuerdo de imposición. Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta. .
Las entidades locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden cuando se trate: De las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De las Ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En todos los supuestos mencionados. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: Contra el acuerdo de aprobación definitiva de las Ordenanzas fiscales, a diferencia de lo que ocurre con las Ordenanzas que no tienen carácter fiscal, previamente a la interposición de recurso contencioso-administrativo, habrá de interponerse recurso de reposición específico en materia tributaria local. Contra el acuerdo de aprobación definitiva de las Ordenanzas fiscales, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, al igual que ocurre con el resto de Ordenanzas locales, podrá interponerse recurso de reposición con carácter potestativo. Contra las Ordenanzas fiscales, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. Las Ordenanzas fiscales, debido a su naturaleza normativa, únicamente podrán ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, regulado en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso