C1 Examen

¿Cómo está estructurada nuestra Constitución de 1978?. Un preámbulo, 168 artículos, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un preámbulo, 168 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un preámbulo, 169 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos1 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un preámbulo, 169 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

Según el artículo 167 de la Constitución española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: Una mayoría de dos tercios de cada uno de las Cámaras. Una mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso y dos tercios de los miembros del Senado. Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso y tres quintos de los miembros del Senado.

El artículo 137 de la Constitución Española establece que: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado se organiza territorialmente en municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Según el artículo 140 de la Constitución, el gobierno y la administración de los municipios corresponde: Al Alcalde. Al Pleno. A la Junta de Gobierno Local. Al Ayuntamiento.

Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no serán motivados los actos administrativos: De suspensión de actos. Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los de aplicación de la tramitación de urgencia. Los que resuelvan un recurso de reforma.

Toda notificación debe ser cursada: Dentro del plazo de quince días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de diez, días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de veinte días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que no limiten derechos subjetivos intereses legítimos. Los actos que mantengan el criterio seguido en actuaciones precedentes. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

Según el artículo 39 de la LPAC, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior: Su eficacia quedará demorada. Su eficacia será automática. Dicho acto será inmediatamente ejecutivo. Dicho acto pondrá fin a la vía administrativa.

Son anulables los actos Administrativos que: Incurran en algunos casos tasados de infracción del ordenamiento jurídico. Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, pero no por desviación de poder. Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los actos de la Administración no son anulab.es.

En relación a la nulidad de los actos administrativos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indica que los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señale la incorrecta): Los que sean constitutivos de infracción civil o se dicten como consecuencia de ésta. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 (LPACAP), los errores materiales, de hecho, o asimétricos existentes en los actos que dicten las Administraciones Publicas podrán ser rectificados (señale la respuesta correcta): En el plazo de seis meses desde que se dicten. En el plazo de tres meses desde que se dicten. En el plazo de un año desde que se dicten. En cualquier momento.

¿Cuál es el plazo de caducidad para que la Administración declare la lesividad de un acto anulable desde la iniciación del procedimiento?. Tres meses. Seis meses. Un año. No existe plazo de caducidad.

Según el artículo 14 de la LPAC en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Las personas físicas y jurídicas. Las personas físicas, en todo caso. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. En todo caso, los empleados de las Administraciones Públicas.

Los procedimientos administrativos podrán: Iniciarse de oficio exclusivamente. Iniciarse de oficio y excepcionalmente a instancia de parte. Iniciados de oficio o a solicitud del interesado. Ninguna respuesta es correcta.

Según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos: Que no exceda de la mitad de los mismos. Que no exceda de la duración de los mismos. Que no exceda del doble de los mismos. Que no exceda de quince días.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 LPACAP 39/2015, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados y excluyéndose os domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados y excluyéndose los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter: Facultativa. Preceptivo. Vinculante. Potestativo no vinculante.

Según el artículo 77.2 de la Ley 39/20215, de 1 de octubre, el instructor de un procedimiento administrativo, si procediera, acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo: No superior a diez días ni inferior a cinco, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. No superior a quince días ni inferior a diez, a fin que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. No superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. No superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no tienen obligación legal de relacionarse con las Administraciones Públicas, en todo caso, por medios electrónicos,. Las personas jurídicas. Las personas físicas. Los empleados de las Administraciones para los trámites y adecuaciones que realicen ellas en su condición de empleado público. Las entidades sin personalidad jurídica.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio (señale la incorrecta): En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio privado. Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

EL artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la caducidad, establece que (señale la incorrecta): La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, no podrán incorporarse a este acto los trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el siguiente plazo, a contar desde el día siguiente al que se notifique a la persona interesada el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento: Quince días. Treinta días. La ley no establece plazo. Dos meses.

Según el artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán por el derecho privado en lo que respecta a: Su preparación y adjudicación. Sus efectos, modificación y extinción. Su preparación, adjudicación y extinción. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Son contratos públicos, según el artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público: Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que se celebren en las entidades del sector público entre sí. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público. Los contratos de obras, suministro y servicios y los contratos patrimoniales que celebren las entidades pertenecientes al sector público. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público-privado.

Según la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, señala la respuesta incorrecta sobre la Mesa de Contratación en las entidades públicas: Tendrá un número de vocales no inferior a 3. Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas personal eventual. Los miembros electos que formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de la mitad del total de sus miembros.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, en un contrato administrativo, la falta de capacidad de obrar o de solvencia económica supone: Causa de modificación del contrato. Causa de rescisión del contrato. Causa de nulidad de pleno derecho. Ninguna es correcta.

En los pliegos de prescripciones técnicas particulares se incluirán: Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato. Condiciones especiales de ejecución dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual. Las prescripciones que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales. La obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

Según lo dispuesto el artículo 101 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de un contrato de obras no deberán tenerse en cuenta: El beneficio industrial. Las eventuales prórrogas del contrario. Los gastos generales de estructura. El IVA.

Un contrato de servicios con valor estimado de 138.000€ donde se valora la organización del servicio con 25 puntos sobre 100, y los restantes 75 puntos se aplican al precio, ¿Cuál sería el procedimiento de tramitación correcto?: Abierto. Abierto simplificado. Abierto simplificado. Negociado sin publicidad.

Los contratos de las Administraciones Públicas, cuando la modificación se encuentra prevista en el PCAP, podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo de un: 10% del precio inicial. 15% del precio inicial. 20% del precio inicial. 30% del precio inicial.

¿Cuál de las siguientes causas es motivo de resolución del contrato de obras?: La demora justificada de la comprobación del replanteo por plazo superior a 4 meses. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 3 meses. La suspensión de las obras por plazo superior a 6 meses por parte de la Administración. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 4 meses.

¿Cuál es el objeto de contrato de servicios?: La prestación de hacer consistente el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto a una obra o suministro. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes inmuebles. La encomienda por uno o varios poderes adjudicadores, a una o varias personas, a título oneroso, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. Los que contienen prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por culpa o negligencia graves. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Sólo se derivará respeto de las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Su cuantía se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo sin que en ningún caso pueda ser actualizada. Los intereses que procedan por demora en su pago se exigirán de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, aunque no exista acuerdo con el interesado.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que son principios de la potestad sancionadora, entre otros: Legalidad, retroactividad y responsabilidad. Tipicidad, proporcionalidad y eficacia. Eficacia, responsabilidad y proporcionalidad. Irretroactividad, responsabilidad y proporcionalidad.

No es empleado público: Personal interino. Personal laboral. Personal eventual. Directivo público profesional.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es funcionario de carrera: Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración Pública por una relación estatuaria regulada por el Derecho Administrativo. Quien, en virtud de nombramiento discrecional, está vinculado a una Administración Pública por una relación estatuaria regulada por el Derecho Administrativo. Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración Pública por una relación estatuaria regulada por el Derecho Civil. Quien, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal.

De conformidad con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al alcalde: El control y fiscalización de los órganos de gobierno. La regulación del pleno. El ejercicio del régimen disciplinario. Dictar bandos.

No es una competencia del Pleno: La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. El control y fiscalización de órganos de gobierno. La aceptación de la delegación de competencias hechas por otras Administraciones Públicas.

Sobre los servicios mínimos municipales, señale la respuesta incorrecta: En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, deberán prestarse servicios relacionados con el medio ambiente urbano. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestarse servicios de biblioteca. En todos los Municipios deberá prestarse servicio de tratamiento de residuos. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, deberá prestarse el servicio relacionado con la pavimentación de vías públicas.

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985 dispone que, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas: La conservación y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y secundaria, y de educación especial. Participar en la vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. La construcción, conservación y mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación primaria o de educación especial.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto: Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Antes del último día de marzo del ejercicio siguiente. Antes del 31 de diciembre del año natural correspondiente. Ninguna es correcta.

Según el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, ¿a quién compete las funciones de ordenación de pagos?. Al presidente de la entidad. Al presidente o al Pleno de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. Al tesorero de la entidad local. Al interventor de la entidad local.

¿Cuál de las siguientes fases del gasto público se recoge en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regularizadora de Haciendas Locales?. Autorización del pago. Ordenación del gasto. Disposición o compromiso del gasto. Compromiso del pago.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 199 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, los entes locales podrán colocar los excedentes de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de: Rentabilidad y oportunidad. Beneficio y prudencia. Liquidez y seguridad. Estabilidad y sostenibilidad.

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados,. Deberá formular la omisión de la función interventora por escrito antes de la adopción de acuerdo o resolución. Deberá formular sus recomendaciones por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Deberá formular sus observaciones por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

En relación con las fases de gestión de los gastos, las Entidades Locales: Podrán abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución. No podrán abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución. Han de abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución. Podrán abarcar en un solo acto administrativo todas las fases de ejecución, excepto la de ordenación del pago.

Los derechos que recoge el capítulo 11 del Título 1 de la L.O. 3172018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales son: Acceso, rectificación, suspensión, seguridad, confidencialidad y oposición. Acceso, rectificación, suspensión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Acceso, rectificación, supresión, seguridad, confidencialidad y oposición. Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.

De acuerdo con la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, para el tratamiento de los datos personales de un menor de edad será necesario: Su consentimiento, cuando sea mayor de 16 años, o del titular de la patria potestad o tutela si fuera menor. El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, exclusivamente cuando se refiera a datos de carácter sexual. Su consentimiento, cuando sea mayor de 14 años, o del titular de la patria potestad o tutela si fuera menor. La LO 3/2018 prohíbe el tratamiento de datos personales de los menores de edad.

¿Cuál de los siguientes no es un límite al derecho de acceso a la información pública, según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia?. La seguridad nacional. la protección del medio ambiente. La igualdad entre mujeres y hombres. La defensa.

¿Cuál de las siguientes es una infracción muy grave del personal al servicio de las administraciones públicas?. El retraso injustificado en la tramitación de procedimientos. El abandono del servicio. La desobediencia leve a los superiores. El descuido en el cumplimiento de las tareas.

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de recurso administrativo?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de casación. Recurso potestativo de reposición.

¿Qué plazo tiene la administración para dictar resolución expresa en un procedimiento iniciado de oficio si no está establecido de forma específica?. 10 días. 1 mes. 3 meses. 6 meses.

Son competencias de la Junta de Gobierno Local: Aprobar el número y régimen del personal eventual. La creación de los distritos y su regulación. Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde. La aprobación de los presupuestos.

¿Cuál es la forma política del Estado Español?. Monarquía parlamentaria. Estado social y democrático de derecho. Estado público democrático de derecho. Monarquía constitucional.