EXAMEN - COMPLEXIVO - DERECHO - VERSION 2

DERECHO CONSTITUCIONAL. .

Una empresa internacional de telecomunicaciones solicita al Estado ecuatoriano una concesión exclusiva para la colocación de satélites en un segmento específico sobre el espacio aéreo del país. El Ministerio de Telecomunicaciones niega la solicitud, argumentando que el Estado no tiene potestad legal sobre el espacio exterior. La empresa demanda al Estado, alegando que la soberanía nacional se detiene en el límite del espacio suprayacente y no alcanza la órbita donde operan los satélites. ¿Qué fundamento constitucional técnico valida la posición del Estado ecuatoriano en este conflicto?. A. Que el Estado ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, además de los espacios marítimos y la Antártida. B. Que la capital del Ecuador es Quito, y desde allí se coordina la administración de todo el espacio suprayacente continental e insular. C. Que el territorio comprende únicamente el espacio continental y marítimo, dejando la órbita geoestacionaria fuera de la jurisdicción nacional. D. Que los límites del Estado son determinados por los tratados internacionales de telecomunicaciones y no por la Constitución interna.

Un movimiento político de una región insular del país redacta un “Estatuto de Independencia”, alegando que su geografía y cultura son distintas al continente. El estatuto propone que la región mantenga relaciones diplomáticas propias y se retire del control del Estado ecuatoriano. Los líderes del movimiento argumentan que la “autodeterminación de los pueblos” prevalece sobre cualquier norma interna de organización geográfica. ¿Qué prohibición constitucional directa impide la legalización de este Estatuto de Independencia?. A. La obligación de que los límites regionales sean determinados únicamente por tratados internacionales vigentes. B. El deber de mantener a Quito como la capital única y centro de todas las relaciones internacionales del país. C. La prohibición de que nadie atente contra la unidad territorial ni fomente la secesión. D. La disposición que establece que las islas adyacentes no forman parte de la unidad geográfica e histórica del Estado.

Ante una amenaza de incursión armada en la frontera, el Ejecutivo autoriza mediante decreto que una Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sea utilizada como centro de operaciones logísticas y reabastecimiento para las fuerzas armadas de un país aliado durante seis meses. El decreto argumenta que no se está creando una base extranjera, sino simplemente “cediendo el uso temporal” de una instalación nacional para la defensa mutua. ¿Por qué este decreto vulnera el ordenamiento constitucional vigente?. A. Porque el uso de bases nacionales por extranjeros requiere la aprobación previa de la Corte Constitucional mediante dictamen de constitucionalidad. B. Porque la Constitución prohíbe expresamente ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. C. Porque la soberanía nacional impide que las fuerzas armadas ecuatorianas colaboren con países aliados en temas de logística aérea. D. Porque la cesión de instalaciones solo es permitida para fines humanitarios y no para fines de seguridad o defensa fronteriza.

Un médico realiza una intervención quirúrgica utilizando materiales que no cumplen con las normas de bioseguridad, lo que provoca una infección grave en el paciente. Según la Constitución, ¿qué tipo de responsabilidad enfrenta el profesional?. A. Únicamente una amonestación escrita por parte del Ministerio de Salud. B. Responsabilidad civil, siempre que el paciente no haya firmado un consentimiento informado. C. Responsabilidad por mala práctica en el ejercicio de su profesión que ponga en riesgo la integridad o la vida. D. Ninguna, si demuestra que el hospital no le entregó los materiales adecuados a tiempo.

Una empresa petrolera estatal planea iniciar perforaciones en tierras habitadas ancestralmente por una comunidad indígena. La empresa publica un anuncio en el periódico nacional informando de la fecha de inicio. ¿Es suficiente este aviso para cumplir con los derechos colectivos?. A. Sí, porque el subsuelo pertenece al Estado y la publicación en el periódico garantiza la transparencia. B. Sí, siempre que la empresa prometa emplear a los jóvenes de la comunidad en tareas de limpieza. C. No, porque se requiere la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes de explotación. D. No, a menos que el Presidente de la República visite personalmente la comunidad para dar el aviso.

Un colectivo de ciudadanos presenta un proyecto de ley para regular el precio de los alquileres de vivienda, respaldado por miles de firmas. ¿Qué derecho de participación están ejerciendo conforme a la Constitución?. A. El derecho a fiscalizar los actos de los asambleístas de su provincia. B. El derecho a ser consultados sobre la ubicación de nuevas sedes judiciales. C. El derecho de las ecuatorianas y ecuatorianos a presentar proyectos de iniciativa popular normativa. D. El derecho a revocar el mandato del Ministro de Vivienda por no proponer la ley antes.

Caso: En medio de una investigación penal contra altos funcionarios del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas decide recortar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado en un 40%, alegando una política de austeridad. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura emite una resolución ordenando a la Fiscal General que traslade a todos los fiscales de la unidad de transparencia a otras provincias, argumentando que la Judicatura tiene la potestad de administrar los recursos humanos de toda la Función Judicial. La Fiscal General se niega, afirmando que dichas medidas atentan contra la operatividad de sus investigaciones. Al analizar las disposiciones del art. 194 de la Norma Suprema, ¿cuál es la conclusión jurídica correcta sobre la situación de la Fiscalía?. A. La Fiscalía debe acatar el recorte presupuestario y el traslado de fiscales, ya que, al ser un órgano de la Función Judicial, está subordinada administrativa y financieramente al Consejo de la Judicatura y al Ejecutivo. B. La Fiscalía es un órgano autónomo, único e indivisible que goza de autonomía administrativa, económica y financiera; por lo tanto, el control de su presupuesto y la gestión de su personal deben respetar su capacidad operativa independiente. C. La autonomía de la Fiscalía solo se refiere a la libertad para investigar delitos, pero en lo administrativo y financiero depende directamente de la Corte Nacional de Justicia para garantizar la unidad jurisdiccional. D. El Fiscal General es la máxima autoridad del sistema de justicia, lo que le permite dictar sus propias leyes procesales por encima del Código Orgánico Integral Penal para asegurar el debido proceso.

Debido al incremento de la actividad comercial en un cantón, un grupo de abogados solicita al Alcalde de la ciudad que crea tres nuevas notarías y designa a sus titulares, argumentando que el servicio es público y de interés local. Por su parte, un notario en funciones decide aumentar las tasas por servicios de escrituración en un 20% para mejorar el sueldo de su auxiliar personal, indicando que, al no recibir sueldo del Estado, él tiene autonomía financiera para administrar los cobros y el excedente de su despacho. Al analizar las disposiciones del art. 200 de la Norma Suprema, ¿cuál es la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. A. El servicio notarial es privado pero de interés público, por lo que cada notario es libre de contratar a su personal y fijar sus honorarios, rindiendo cuentas únicamente a la Contraloría General del Estado. B. Las notarías son autónomas y el notario puede fijar las tasas de acuerdo con la oferta y la demanda, siempre que los valores recuperados se reinviertan en el mismo cantón para mejorar el servicio. C. El Alcalde tiene la facultad de crear notarías bajo el principio de descentralización, pero el régimen de remuneraciones del personal auxiliar debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y no por el Consejo de la Judicatura. D. La creación de notarías y la fijación de tasas son competencias exclusivas del Consejo de la Judicatura; Además, los valores percibidos por tasas deben ingresar al Presupuesto General del Estado.

El Ejecutivo, mediante decreto, dispone que la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos deben someter sus planes operativos y presupuestos anuales a la aprobación directa del Ministerio de Economía para “alinear el control social a las metas del Gobierno”. Asimismo, se dispone que estas entidades dejen de supervisar a las empresas privadas que gestionan servicios públicos (como la recolección de basura), argumentando que la transparencia solo debe aplicarse a las instituciones del Estado y no a entes privados. Al analizar las disposiciones de los Art. 204 y 205 de la Norma Suprema, ¿cuál es la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. A. El decreto es constitucional, ya que el Ejecutivo es el administrador del Estado y la Función de Transparencia es un órgano de apoyo sin autonomía financiera real frente al Presupuesto General. B. La Función de Transparencia y Control Social solo tiene competencia sobre el sector público; por lo tanto, las empresas privadas están exentas de su supervisión aunque presentan servicios de interés público. C. Las entidades de la FTCS gozan de autonomía administrativa, financiera y presupuestaria, y tienen la facultad de controlar tanto al sector público como a entes privados que desarrollan actividades de interés público. D. El pueblo, como mandante, es el único que puede ejercer control sobre las empresas privadas, por lo que la Defensoría del Pueblo y las Superintendencias deben ser eliminadas de la estructura estatal para evitar duplicidad.

El gobierno parroquial rural de una parroquia del cantón Loja decide desconocer una política pública nacional en materia de ordenamiento territorial, alegando que su autonomía política le permite actuar sin coordinación con otros niveles de gobierno. En el marco constitucional, esta actuación: A. Es correcta, porque la autonomía política excluye cualquier forma de coordinación. B. Es válida solo si existe consulta popular parroquial. C. Es incorrecta, porque la autonomía se ejerce dentro de un sistema de coordinación y sujeción al orden constitucional. D. Es válida, siempre que no afecte recursos económicos del Estado.

El Gobierno Central decide asumir directamente una competencia que la ley ha asignado de forma exclusiva a los gobiernos municipales, sin modificar previamente el marco legal. Desde el modelo constitucional de descentralización, esta decisión. A. Es válida, porque el Estado es unitario. B. Es inconstitucional, porque desconoce la distribución constitucional y legal de competencias. C. Es válida, si se justifica en razones de urgencia. D. Es constitucional, si existe decreto ejecutivo.

El consejo provincial de Tungurahua dicta una ordenanza que establece requisitos adicionales a los previstos en la ley para la creación de nuevas parroquias rurales dentro de la provincia. Desde el punto de vista constitucional, corresponde afirmar que. A. La ordenanza es válida por la autonomía normativa provincial. B. La ordenanza es válida si mejora la planificación territorial. C. La ordenanza es inaplicable en lo que exceda o contradiga la ley. D. La ordenanza prevalece sobre la ley en el ámbito provincial.

El Gobierno Central impone un plan sectorial que obliga a los GAD a ejecutar proyectos sin considerar sus planes locales. En el marco constitucional, esta imposición: A. Es válida por la unidad del Estado. B. Es constitucional si mejora indicadores. C. Debe armonizarse con la planificación articulada entre niveles de gobierno. D. Es correcta si hay decreto ejecutivo.

El cantón Durán formula su plan sin considerar impactos inter-cantonales (movilidad, ambiente). Constitucionalmente, esto: A. Es válido por la autonomía. B. Es inconstitucional solo si hay quejas. C. Desconoce la necesidad de coordinación en el sistema de planificación. D. Es correcto si hay presupuesto.

El Gobierno Provincial de Pastaza elabora su plan sin participación ciudadana. En el marco constitucional, esto: A. Contradice el carácter participativo de la planificación del desarrollo. B. Es válido por tratarse de una función técnica. C. Es constitucional si lo aprueba el consejo. D. Es irrelevante si cumple metas.

El Ejecutivo sostiene que una política pública debe aplicarse aunque contradiga una disposición constitucional, porque fue aprobada por mayoría democrática y responde a una “necesidad social urgente”. En un control constitucional, ¿qué criterio debe prevalecer para resolver el conflicto?. A. La voluntad mayoritaria expresada en la política pública. B. La urgencia social alegada por el Ejecutivo. C. La conveniencia práctica de la medida. D. La supremacía de la Constitución como norma suprema del ordenamiento.

La Asamblea expide una ley que varios jueces consideran incompatible con la Constitución. Algunos la inaplican en casos concretos y otros la siguen aplicando. Desde el diseño constitucional, ¿cuál es el problema central que justifica la intervención de la Corte Constitucional?. A. La falta de capacitación de los jueces ordinarios. B. La ausencia de una ley interpretativa. C. La dispersión de criterios que afecta la coherencia del ordenamiento. D. La demora legislativa en reformar la norma.

Un ministerio sostiene que basta con que los jueces inapliquen una ley inconstitucional “caso por caso”, y que no es necesario un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Desde la lógica de la supremacía constitucional, ¿qué objeción principal cabe a esa postura?. A. Que los jueces ordinarios no tienen competencia interpretativa. B. Que se pierde la función unificadora del control constitucional con efectos generales. C. Que se afecta la independencia judicial. D. Que se retrasa la aplicación de las políticas públicas.

El Ejecutivo defiende una política pública contraria a una regla constitucional alegando mayoría democrática y urgencia social. En un control de constitucionalidad, ¿cuál es el error central de ese razonamiento?. A. Confundir legitimidad democrática con validez constitucional. B. Desconocer la competencia del legislador. C. Subestimar el impacto fiscal de la medida. D. Ignorar la necesidad de reglamentación previa.

Una autoridad afirma que, en situaciones excepcionales, puede apartarse de la Constitución para “proteger el interés general”, y que la Constitución debe ceder ante la necesidad. Desde la teoría constitucional ecuatoriana, ¿cuál es el problema principal de esa afirmación?. A. Que desconoce el principio de legalidad administrativa. B. Que sustituye el control constitucional por un juicio de conveniencia. C. Que convierte la Constitución en una norma disponible frente a decisiones políticas. D. Que ignora la competencia de la Corte Constitucional.

PROCESAL GENERAL. .