Examen convocatorias 2022 y 2023

¿Cuál de los siguientes es un valor superior recogido en el artículo 1 de la Constitución Española de 1978?. El pluralismo jurídico. El pluralismo político. El pluralismo autonómico. El pluralismo religioso.

Si se pretendiera modificar el artículo 13.2 de la Constitución Española para extender el derecho de sufragio activo y pasivo a personas extranjeras en elecciones municipales y autonómicas, ¿qué procedimiento de reforma resultaría aplicable según la Constitución?. El procedimiento de reforma del artículo 168, con aprobación por una mayoría de 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes y referéndum obligatorio. El procedimiento de reforma del artículo 168, con aprobación por una mayoría simple de cada una de las Cámaras, sin necesidad de disolución inmediata de las Cortes, pero con referéndum obligatorio. El procedimiento del artículo 167, con aprobación por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras, y referéndum opcional si lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento de reforma del artículo 167, con aprobación por mayoría absoluta de cada una de la Cámaras y con disolución inmediata de las Cortes, pero con referéndum opcional si lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

En materia medioambiental, ¿qué órgano constitucional puede fiscalizar las cuentas públicas destinadas a la conservación y mejora del entorno natural?. El Tribunal de Cuentas. El Consejo Económico y Social. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El Ministerio de Economía y Hacienda.

De acuerdo con los artículos 81 y 82 de la Constitución Española, en relación con la aprobación de leyes orgánicas y la delegación legislativa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la aprobación o reforma del régimen electoral general, siempre que se trate de una ley de bases. La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final, y no puede delegarse en el Gobierno. Las leyes de bases permiten delegar en el Gobierno la modificación de Estatutos de Autonomía sin plazos ni restricciones, pues se trata de desarrollo normativo. La delegación legislativa admite que las materias reservadas a ley orgánica se regulen mediante texto refundido, con vigencia indefinida y sin acotación de objeto.

De acuerdo al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ¿a quién corresponde la competencia de asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación?. A la Comunidad Autónoma a través de sus propios servicios de emergencia. A la Subdelegación del Gobierno en la provincia correspondiente. Al Municipio en todo caso, independientemente del número de habitantes, tal y como se recoge en el artículo 26.1 a) de la LRBRL. A la Diputación o entidad equivalente.

Según la Constitución Española, ¿Quién ostenta la competencia en la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección?. El Estado tiene plena competencia exclusiva en la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Corresponde únicamente a la Administración Local por acuerdo con los Ayuntamientos con las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas tienen plena competencia exclusiva en la legislación básica sobre protección del medio ambiente así como en las normas adicionales de protección si así se recoge en sus respectivos Estatutos de Autonomías.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, ¿qué principio rige la actuación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (en adelante, la Oficina) respecto de las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades del artículo 3 de su ley reguladora?. La Oficina debe actuar bajo la supervisión y control del Parlamento de Andalucía en todas sus actuaciones. La Oficina actuará únicamente en coordinación con los órganos judiciales, bajo la supervisión y control del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en todas sus actuaciones. La Oficina actuará subordinada y con dependencia funcional de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La Oficina actuará con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de Andalucía estará compuesto por: Un mínimo de 109 Diputados y Diputadas. 350 Diputados y Diputadas. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados y Diputadas. En proporción a la población de Andalucía con un reparto por provincias de 1 Diputado o Diputada por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el Título I de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), ¿cuál de los siguientes NO es un instrumento de colaboración con otras Administraciones Públicas?. Organizaciones personificadas de gestión. Participación en conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación con la Administración del Estado. Contratos administrativos. Convenios de colaboración interadministrativa.

Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional. Según el artículo 54 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta de Andalucía (LAJA), las agencias se clasifican en los siguientes tipos: Agencias públicas empresariales y Agencias de régimen especial. Agencias administrativas, Agencias públicas empresariales, Agencias de régimen especial y Agencias de control. Agencias administrativas, Agencias públicas empresariales y Agencias de régimen especial. Agencias públicas empresariales, Agencias de régimen especial y Agencias de control.