Examen Dinamizador biblioteca 2024 Guillena (en proceso)

El Jefe del Estado es: El Presidente del Gobierno. El Rey. El Presidente del Congreso. Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su: Unidad e integridad. Unidad y permanencia. Independencia y soberanía. Integridad y soberanía.

¿Cuántos Senadores se eligen por cada provincia?. Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del estado: El Rey. El Presidente del Gobierno. El Congreso. El Gobierno.

El supremo órgano consultivo del Gobierno es: El Consejo de Estado. El Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Ministros. El Ministerio Fiscal.

Según el artículo 137 de la Constitución Española el Estado se organiza territorialmente: En Comunidades Autónomas, en provincias, en comarcas, en mancomunidades de municipios y municipios. En la península, los archipiélagos y las colonias. En provincias. En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Señale la respuesta FALSA: Los municipios gozarán de autonomía jurídica plena. La provincia es una entidad local con autonomía jurídica propia. El gobierno de las provincias estará encomendado al Consejo Provincial. Las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante: Ley orgánica. Ley ordinaria. Ley de bases. Decreto-ley.

Señale cuál de las siguientes NO es una competencia exclusiva del Estado: Administración de Justicia. Legislación laboral. Autorización de consultas populares vía referéndum. Asistencia social.

Las competencias de las entidades locales se regulan mediante: La Constitución Española. Los Estatutos de autonomía. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los municipios deben prestar, en todo caso, el servicio de biblioteca pública: Cualquiera que sea su población. Con población superior a 5.000 habitantes. Con población superior a 20.000 habitantes. Con población superior a 50.000 habitantes.

Los Estatutos de autonomía deberán contener (señala la incorrecta): La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. La delimitación de su territorio. La denominación, organización y sede de las instituciones del Estado en las que participa. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Las comunidades autónomas no podrán asumir competencias en: Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Fomento de la cultura.

Según los dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En todo momento deberán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que no supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que no pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él: Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante si ésta lo solicita. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, salvo que ésta lo solicite. Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado.

La representación podrá acreditarse: Mediante cualquier título jurídico. Mediante resolución judicial especial. Únicamente mediante poder notarial. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016: Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y conforme establece el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, los datos: Serán inexactos si hubiesen sido obtenidos por el responsable del tratamiento. Serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. Serán para una pluralidad de finalidades requiriendo el consentimiento general para su tratamiento. Personales de un menor sólo podrán ser tratados si el menor que consiente es menor de 14 años.

Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o advocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La competencia es renunciable y se podrá ejercer por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por cualquier órgano administrativo, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u toras leyes. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluido los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u toras leyes.

Según el art. 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con la motivación de la solicitud, el solicitante de un acceso a la información: Debe exponer los motivos por los que solicita la información, que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación será causa de rechazo de la solicitud. No está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. La ausencia de motivación será causa de subsanación de la solicitud.

El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La defensa. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. La protección del medio ambiente. Todas son correctas.

Según el art. 36.1 de la LPACAP ¿cómo se producirán los actos administrativos?: Por escrito a menos que por su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión o constancia. Siempre por escrito. Por escrito o a través de medios electrónicos, a menos que por su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Por escrito a menos que por su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de gestión y comunicación.