¿Qué tipo de derechos se tutelan mediante el recurso de amparo ante el tribunal constitucional? Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución. Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los derechos y libertades que se contienen en la sección primera del capítulo II, del Título primero (artículos 15 al 29) y en el artículo 30 de la Constitución en lo que se refiera a la objeción de conciencia. Los derechos y libertades que se contienen en el artículo 14; sección primera del capítulo II del título primero (artículos 15 a 29), y en el artículo 30 de la Constitución, en lo que se refiere a la objeción de conciencia.
Los reglamentos comunitarios: Tendrán carácter general, serán obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en cada estado miembro. Tendrán carácter general dejando a cada Estado miembro la elección de la forma y los medios para conseguir los objetivos propuestos. Cuando designe destinatarios solo será obligatoria para estos. No son vinculantes.
Son principios de las relaciones interadministrativas según el artículo 140 de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Cooperación, entendido como el deber de actuar con el resto de las administraciones Públicas para el logro de fines comunes. Colaboración, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones. Los principios de las relaciones interadministrativas no vienen regulados en el artículo 140.
La autonomía local se reconoce constitucionalmente: En el artículo 2 de la Constitución española de 1978. En el artículo 138 de la Constitución española de 1978. En el artículo 140 de la Constitución española de 1978. Todas las respuestas son incorrectas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Carta Europea de la autonomía Local: Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. Los recursos financieros de las Entidades locales deben ser proporcionales a las competencias previstas por la Constitución o por la Ley. Una parte al menos de los recursos financieros de las Entidades locales debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales respecto de los que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de la Ley. Todas las anteriores son correctas.
Señale la respuesta incorrecta. Según el TREBEP para poder participar en los procesos selectivos será necesario
reunir los siguientes requisitos: Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido para nacionales de otros estados. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos 18 años. No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario.
Los Principios constitucionales de las hacienda locales son: Suficiencia financiera y autonomía. La estabilidad presupuestaria no es un principio constitucional. Estabilidad presupuestaria y autonomía. Suficiencia financiera y autonomía y estabilidad presupuestaria. Suficiencia financiera y autonomía, estabilidad presupuestaria y trasparencia.
Los adquirentes de los inmuebles transmitidos en el término municipal responden por afección del bien al pago del IBI, en calidad de: Contribuyentes. Responsables subsidiarios. Responsables solidarios. Sustitutos del contribuyente.
¿Cuál es la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras? El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El valor de mercado de la construcción, instalación u obra. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiendo por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra incluido el beneficio empresarial del contratista.
Que impuestos municipales contemplan la figura del sustituto del contribuyente: a) El Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras; El impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b) El Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c) La contraprestación derivada del suministro domiciliario de agua cuyo sustituto del contribuyente es el propietario de la vivienda. d) La b) y la c).
El tipo de gravamen máximo para los inmuebles urbanos fijado en el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales es del 1,10 por ciento. ¿Puede incrementarse en algún caso? No, ya que es el tipo de gravamen máximo. Solo podrá incrementarse por los municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma. Podrá incrementarse cuando se autorice por la Administración Tributaria del Estado. Podrá incrementarse por aquellos ayuntamientos que presten más servicios de aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
En qué plazo deben los sujetos pasivos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana presentar ante el Ayuntamiento la declaración que permita practicar la liquidación del impuesto: Treinta días hábiles cuando se trate de actos ínter vivos. Un año cuando se trate de actos por causa de muerte. Seis meses cuando se trate de actos ínter vivos. Tres meses cuando se trate de actos por causa de muerte.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se devenga: En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra siempre que se haya obtenido la Licencia correspondiente. Si previamente se ha abonado la Tasa que grava la concesión de la Licencia para la construcción, instalación u obra. En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente Licencia. Cuando se acredite que se han pagado los honorarios de redacción de proyecto.
En el Impuesto de Bienes inmuebles no se puede bonificar: Inmuebles incluidos en asentamientos singularizados. Inmuebles de organismos públicos de investigación. Inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Beneficio alguno no previsto expresamente en norma con rango de ley.
La garantía del cobro de las cuotas de urbanización procede de: a) La posibilidad de acudir al procedimiento de apremio en caso de impago.
b) La afección registral de la finca al pago de la cuota. c) La concurrencia de lo establecido en los apartados a) y b) d) Ninguna es correcta, al ser un ingreso de derecho privado.
Si el ayuntamiento establece un pago por la celebración de matrimonios civiles, está fijando: a) Un precio público. b) Una tasa. c) La a) y la b) son correctas d) Ninguna es correcta, al ser un ingreso de derecho privado.
La distribución del importe total de la participación en tributos del estado, se determina en base a: Territorio, número de habitantes de derecho y unidades escolares. Número de habitantes de derecho; el esfuerzo fiscal y de forma inversa a la capacidad tributaria en los términos de la Ley General de Presupuestos. Territorio; número de habitantes de derecho y de forma inversa a la capacidad tributaria en los términos de la Ley General de
Presupuestos. Territorio; número de habitantes de derecho y el esfuerzo fiscal.
En relación con las siguientes afirmaciones:
1. Los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente son de aplicación en la fase de embargo de sueldos y salarios (mediante diligencia de embargo notificada a la empresa en la que trabaje el deudor).
2. El Salario Mínimo Interprofesional es inembargable.
3. Las cantidades percibidas en concepto de indemnización por despido no tienen la consideración de salario y por tanto no les resulta de aplicación los límites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Para la primera cuantía adicional al SMI hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, se podrá embargar un 50%. Todas las afirmaciones son incorrectas. Únicamente es correcta la afirmación 2. Todas son correctas excepto la afirmación 4 Únicamente son correctas las afirmaciones 2 y 3.
Las actuaciones de recaudación ejecutiva necesarias para el cobro de los tributos locales que deba desarrollar el servicio de recaudación de la entidad local fuera de su territorio, según lo establecido en el artículo 8.3 del RD
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL: Están sujetas a un principio de territorialidad que permite desarrollar el procedimiento de apremio en todas sus fases dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma. Al tratarse de deudas tributarias, sujetas al procedimiento de apremio previsto en la Ley General Tributaria, no se ven afectadas por ninguna limitación territorial. Deberán ser practicadas por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; modifica el artículo 27 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, incorporando el criterio del TEAC sobre la aplicación de los límites del embargo de salarios; resultando que: En el embargo de salarios, se debe aplicar el límite de inembargabilidad de una cuantía equivalente al SMI por mes; con independencia de que se prorrateen o no las pagas extraordinarias. Si el trabajador percibe una gratificación o paga extraordinaria; el límite de inembargabilidad estará constituido por el doble del importe del salario mínimo interprofesional mensual en dicho mes. En todo caso, el límite de inembargabilidad estará constituido por el importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual prorrateado entre catorce meses. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
Una de las formas de extinción de las deudas previstas en la normativa tributaria es la compensación. En relación con ella; señale la respuesta correcta: Las deudas podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos; y el procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte; y podrá afectar siempre, tanto a deudas en periodo
voluntario como en periodo ejecutivo en ambos casos. La presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario no impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda; ya que será necesario un acuerdo de compensación que declaré extinguida la deuda. Las deudas tributarias sólo podrán compensarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en las mismas se determinen. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
En relación con las siguientes afirmaciones relativas a la prescripción como forma de extinción de las obligaciones tributarias:
1. Según el artículo 66 de Ley General Tributaria prescribirán los cuatro años, entre otros el derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
2. El plazo de prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario para el deudor principal
y desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal para los responsables (tanto solidarios como subsidiarios).
3. Si se interrumpe el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables.
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario; siempre y cuando la deuda se encuentre pendiente de pago. Todas las afirmaciones son incorrectas. Todas las afirmaciones son correctas. Únicamente son correctas las afirmaciones 1 y 3 Únicamente es correcta la afirmación 1.
La prescripción es una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias previstas en la LGT. Según el artículo 66 letra b prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. En relación con este plazo, señale la respuesta correcta:
No existe ninguna causa de interrupción del plazo de prescripción previsto en el artículo 66 letra b, que será de cuatro años en todo caso. El plazo de prescripción a que hace referencia la pregunta únicamente puede verse interrumpido por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda o por la interposición por parte de éste de un recurso de cualquier clase. El plazo de prescripción a que hace referencia la pregunta puede verse interrumpido por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria, con independencia del conocimiento o no del obligado tributario El plazo de prescripción a que hace referencia la pregunta puede verse interrumpido, entre otras causas previstas en el artículo 68 de la LGT por la declaración de concurso de acreedores del deudor. El cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. .
Señale la respuesta correcta en relación con la declaración de insolvencia: La declaración de insolvencia es una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias prevista en la Ley General Tributaria, cuando las deudas no hayan podido hacerse efectivas en el respectivo procedimiento de recaudación por insolvencia probada de los obligados tributarios. La extinción se producirá con la declaración de deudor fallido y crédito incobrable. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos, siempre que no medie prescripción y la declaración de fallido hubiera sido parcial y no total. Se consideraran fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables. El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago;
siendo la declaración de fallido del deudor principal el requisito necesario para dirigir la acción de cobro contra los responsables solidarios o subsidiarios, si los hubiera. Declarado como deudor fallido un obligado al pago, las deudas de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidas y podrán ser dadas de baja por referencia. .
Señale la respuesta correcta en relación con la providencia de apremio dictada por impago de un recibo de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Villaescusa: Deberá ser notificada al obligado tributario y supone un requisito indispensable para el inicio del procedimiento de apremio junto con la certificación de descubierto; ya sea individual o colectiva. Contra la providencia de apremio solo serán admisibles los motivos de oposición previstos en el artículo 167.3 de la LGT, entre otros, la falta de notificación de la liquidación, la prescripción del derecho a exigir el pago o el error u omisión en el contenido de la providencia que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. La providencia de apremio deberá ser dictada por el Tesorero, y contra la misma podrán utilizarse todos los mecanismos previstos en el RD 520/2005, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo en materia de revisión en vía administrativa; tales como el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. Los recursos presentados contra la providencia de apremio se resolverán en todo caso por el Alcalde, de acuerdo con la clausula residual del artículo 21.1.s de la Ley 7/1985.
La recaudación de las deudas tributarias puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo; consistiendo en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas. En relación con el
periodo voluntario, señale la respuesta correcta: Consiste en el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario y abarca hasta el inicio del procedimiento administrativo de apremio. En el caso de la Administración Local, supone siempre el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria; que variaran en función de la fecha de notificación de la liquidación tributaria. En el caso de la Administración Local, los tributos se gestionan siempre como deudas de notificación colectiva y vencimiento periódico, cuyo periodo voluntario estará comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato siguiente; siempre que no se haya establecido otro plazo (no inferior a dos meses). Ninguna de las opciones anteriores es correcta. .
Considere un supuesto en el que se ha producido el pago de una liquidación tributaria después de haber transcurrido los plazos de prescripción, señale la respuesta correcta: El obligado tributario tendría derecho a la devolución del importe pagado tras la correspondiente solicitud; dentro de la tramitación del procedimiento de revocación de los actos de aplicación de tributos previsto en el artículo 219 de la Ley General Tributaria. Supone un supuesto de devolución de ingresos indebidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 221 de la Ley General Tributaria; sin que dé lugar a la liquidación de intereses de demora. Supone un supuesto de devolución de ingresos indebidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 221 de la Ley General Tributaria, liquidándose intereses de demora desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. El procedimiento se iniciará siempre a instancia del interesado. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
En el marco de un recurso de reposición contra un acto de aplicación de tributos, señale la respuesta correcta: Como regla general la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto recurrido; salvo que se garantice el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Este recargo será por tanto, el recargo ejecutivo del 5%. Como regla general la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto recurrido; salvo que se garantice el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y un 25% de la suma de ambas partidas. La suspensión de la ejecución del acto recurrido será automática sin necesidad de aportar garantías siempre que afecte a una sanción tributaria. La ejecución de la sanción quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario hasta que sean firmes en vía administrativa. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
Según el artículo 58 de la Ley General Tributaria, la deuda tributaria está compuesta por: La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, exclusivamente. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, así como intereses de demora, recargos por declaración extemporánea, y recargos de periodo ejecutivo, en todo caso. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, así como intereses de demora, recargos por declaración extemporánea, y recargos de periodo ejecutivo; en su caso; así como las sanciones tributarias que puedan imponerse. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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De acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el pago de la deuda tributaria:
1. Una vez iniciado el periodo ejecutivo, con la notificación de la providencia de apremio, el pago deberá realizarse en los plazos previstos en el artículo 62.5 de la LGT.
2. El pago de la deuda tributaria podrá efectuarse exclusivamente en efectivo.
3. El pago es la única forma válida de extinción de las obligaciones tributarias.
4. El pago de la deuda puede realizarse, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, por cualquier persona tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.
Señale la opción correcta: Todas las afirmaciones son correctas Únicamente son correctas las afirmaciones 1 y 2. Únicamente son correctas las afirmaciones 1 y 4 Son correctas las afirmaciones 1, 2 y 4.
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Cuando se solicita la domiciliación bancaria como medio de pago, señale la respuesta correcta: El obligado al pago debe ser titular de la cuenta en la que se domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, y se considerará como justificante de ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causas no imputables al obligado al pago, no se exigirán a éste recargos, intereses de demora ni sanciones. Todas las opciones son correctas.
En el marco de un concurso de acreedores, en relación a los créditos que ostenta una Administración Local:
1. Todos los créditos tendrán la consideración de créditos con privilegio general por tratarse de créditos de naturaleza pública.
2. No existe ningún supuesto de créditos con privilegio especial dentro de los tributos locales.
3. Los créditos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles pendientes de pago tendrán la consideración en todo caso de créditos con privilegio especial al estar protegidos por el derecho de afección previsto en el artículo 64 del TRLRHL.
4. La hipoteca legal tácita prevista en la LGT confiere la calificación de créditos con privilegio especial a los créditos de IBI correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.
5. Los recargos del periodo ejecutivo y los intereses de demora tienen la consideración de créditos subordinados.
Señale la opción correcta: Todas las afirmaciones son incorrectas. Únicamente es correcta la afirmación 5. Únicamente son correctas las afirmaciones 3 y 5 Únicamente son correctas las afirmaciones 4 y 5.
Suponga que durante la tramitación de un expediente de apremio compuesto por débitos pendientes de pago en concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de varios ejercicios, se obtiene, a través de un embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios un importe de 500€ (aproximadamente la mitad del importe pendiente de pago).
Señale la respuesta correcta: Según el artículo 63 de la LGT; las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de varias deudas puede imputar cada pago a la deuda que libremente determine dentro del expediente de apremio. De acuerdo con el artículo 63 de la LGT, se aplicará el importe obtenido a las deudas más recientes; ya que el cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración Tributaria a percibir los anteriores en descubierto. De acuerdo con el artículo 63 de la LGT; se aplicará el pago a la deuda más antigua, de acuerdo con la fecha en la que cada una fuera exigible. Ya que no encontramos en el supuesto de ejecución forzosa previsto en el apartado 3. Una vez solventadas las deudas tributarias el importe restante se aplicará a las costas del expediente (si las hubiera)
de acuerdo con el artículo 116 del RGR. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la LGT no es necesario aplicar el principio de reserva de ley a: La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. El establecimiento de presunciones que admitan prueba el contrario. Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta y su importe máximo. El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
Las declaraciones tributarias presentadas por los obligados tributarios, señale la respuesta correcta: Se presumen ciertas para los obligados tributarios y no podrán rectificarse por la Administración tributaria, salvo que previamente efectúe la declaración de lesividad para los intereses públicos, establecida en el artículo 218 de la LGT. Se presumen ciertas para los obligados tributarios y para la Administración y podrán rectificarse en todo caso por cualquiera de ellos, de acuerdo, con lo establecido en el artículo 108.4 de la LGT. No vinculan a la Administración tributaria respecto a los datos consignados en las declaraciones por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.1 de la LGT. Se presumen ciertas para la Administración tributaria salvo que se rectifiquen por los obligados tributarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la LGT. .
Indique cuál de estas afirmaciones es correcta, de conformidad con el art. 46 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local: Las Corporaciones podrán celebrar en todo caso sesiones telemáticas del pleno si concurren situaciones excepcionales de fuerza mayor. Las corporaciones podrán celebrar en todo caso sesiones telemáticas del pleno si concurren situaciones excepcionales de riesgo colectivo. La circunstancia habilitante de la celebración de sesión telemática la debe apreciar el Pleno municipal. La circunstancia habilitante de la celebración de sesión telemática la debe aprecia el alcalde o quien válidamente le sustituya.
¿Cuál de los siguientes actos administrativos puede adolecer de un vicio de nulidad administrativa? La resolución por la alcaldía de un recurso de reposición en materia de personal. El dictado de un bando por parte de teniente de alcalde que sustituye al alcalde por delegación. La suscripción por resolución de alcaldía de una operación de crédito por importe inferior al 10% de los recursos ordinarios de la corporación. Ninguna de las anteriores.
En relación con la Junta de Portavoces municipal, esté órgano colegiado se enuncia con tal denominación en: En la Ley 7/1685, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. En ninguna de las anteriores.
Indique la afirmación incorrecta: en relación con las certificaciones: Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno se expedirán siempre y en todo caso por el secretario con el “visto bueno” del Alcalde. Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y con su "visto bueno", para significar que el Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. Podrán expedirse certificaciones de acuerdos de los órganos de gobierno antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia en este sentido. Se reintegrarán en su caso conforme con la ordenanza de exacción vigente.
¿Qué artículo de la Ley 7/1985, de Ley 7/1685, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local regula los sujetos que, aparte de los legitimados en el régimen general del proceso contencioso administrativo, pueden impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico? El art. 68 de la citada norma El art. 67 de la citada norma El art. 64 de la citada norma El art. 63 de la citada norma.
De conformidad con el art. 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, en situación de servicios especiales, los funcionarios de carrera: Percibirán las retribuciones del puesto o cargo de origen. percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados Como máximo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.
Según el art. 103 del RBEL, indique cuál de las afirmaciones es incorrecta: el derecho de aprovechamiento y disfrute de bienes comunales: Corresponde simultáneamente a los vecinos sin distinción de sexo, estado civil o edad. Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante cortas de madera, de acuerdo con normas consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquéllos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local únicamente. Cualquier condición de especial vinculación o arraigo deberá estar fijada en ordenanzas especiales. Las Ordenanzas especiales necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Que efectos tiene la falta de motivación en una decisión discrecional de la Administración La falta de motivación es irrelevante en decisiones discrecionales, ya que la Administración tiene amplias facultades para decidir. La falta de motivación solo se requiere cuando se trata de actos de gravamen. La falta de motivación puede llevar a la anulación de la decisión administrativa. La falta de motivación solo afecta a las decisiones que afectan a los derechos individuales, pero no a las cuestiones de interés general.
Es posible la impugnación de un reglamento en vía administrativa: En ningún supuesto. Si, Primero debe agotarse la vía administrativa. No cabe recurso directo pero si es posible en vía administrativa ,mediante la impugnación de sus actos de aplicación , con fundamento en la nulidad del reglamento. Es potestativo.
Para que actuaciones puede exigir la administración el uso obligatorio de la firma a los interesados: Para formular solicitudes. Para presentar recursos. Desistir de acciones. Todas son correctas.
Cuando podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: En ningún caso Cuando se dicten en sustitución de actos anulados Cuando así lo decida la Administración en función de su competencia Cuando pueda producir efectos favorables para la Administración.
De acuerdo con el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación: Impedirá que se tenga por realizado el acto, cuando se trate de formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona. Impedirá que se tenga por realizado el acto, salvo manifestación expresa en contra del representado. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá́
conceder para ello el órgano administrativo. No impedirá́ que se tenga por realizado el acto cuando se trate de actos y gestiones de mero trámite y se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder para ello el órgano administrativo.
Qué plazo tienen las Administraciones Públicas para declarar lesivos los actos administrativos anulables: 4 años a partir del día siguiente a la publicación del acto administrativo En el plazo previsto para resolver el procedimiento, de 6 meses. 4 años desde que se dictó el acto administrativo. Pueden ser declarados lesivos en cualquier momento.
Las pruebas propuestas por los interesados en el procedimiento: Podrán ser rechazadas, a criterio del instructor del procedimiento. Solo podrán ser rechazadas, cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Deberán aportarse en el procedimiento contencioso, en su caso. No cabrán otras pruebas que las aportadas en el momento de la iniciación del procedimiento a instancia del interesado.
Cuando un informe no sea emitido en el plazo previsto legalmente: Se podrá continuar con el procedimiento , salvo que se trate de un informe preceptivo. Deberá suspenderse la tramitación del procedimiento en todos los supuestos, hasta la emisión del informe. La falta de informe solo dará lugar a la responsabilidad del funcionario. La falta de informe solo producirá efectos cuando estos sean vinculantes.
La Reforma del Estatuto de autonomía de Cantabria exigirá, en todo caso: El referéndum popular afirmativo de los electores inscritos en los censos correspondientes. Su aprobación mediante Ley. La aprobación por el Congreso. Todas las respuestas son correctas.
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Los anuncios de exposición de los acuerdos provisionales de aprobación de Ordenanzas fiscales se deben insertar: En el Boletín Oficial del Estado en todo caso. Solamente en el Boletín Oficial de la provincia o Comunidad Autónoma uniprovincial. En el tablón de anuncios de la Corporación, ya que la aprobación solamente es provisional. En el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la provincia o Comunidad Autónoma uniprovincial y para ayuntamientos con población mayor de 10.000 habitantes en un periódico de mayor difusión.
“En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquiriente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos; para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior”.
La anterior definición corresponde a: Derecho de afección de bienes. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita. Derecho de de retención.
La Administración puede recuperar por sí misma los bienes patrimoniales usurpados: (artículo 70.2 RBEL) En cualquier momento. Dentro del primer año tras la usurpación. Hasta el segundo año de la usurpación. Después de dos años de la usurpación.
Según la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento administrativo será: 4 meses. 1 mes. Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Ninguna de las anteriores es correcta.
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